ALMERÍA.- La oficina contra los desahucios que la
Consejería de Fomento y Vivienda tiene en Almería ha atendido a 44 familias en
su primer mes de funcionamiento. Esta cifra, según ha remarcado la
delegada del Gobierno de la Junta, Sonia Ferrer, refleja "claramente" la situación por la que están pasando las víctimas de la crisis" y la "necesidad" de que las administraciones activen "herramientas útiles" en defensa del derecho a la vivienda.
Ferrer y la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio, Encarna Caparrós, han visitado este miércoles la oficina
provincial, un servicio gratuito al frente del cual se encuentra
personal funcionario especialmente formado para ofrecer atención y
asesoramiento en materia de prevención, mediación y protección de las
familias afectadas por este problema.
Caparrós ha recordado que en Almería se han producido más de 11.000 desahucios y que la Junta de Andalucía, "sensible a este drama", ha apostado "desde el primer momento" por parar esta situación, "poniendo a disposición de la ciudadanía lo mejor que tenemos, que son los medios humanos" .
Las oficinas de asesoramiento las atiende un equipo especialmente
cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores
sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de los Servicios
Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina
realiza tareas de in-formación y asesoramiento previo a la contratación
de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de
Consumo. Las funciones de intermediación se desarrollan ante las
entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y
que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su
empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles
para la liquidación de la deuda contraída.
El equipo de profesionales presta un triple servicio, basado en el
estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la
mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a
través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza además la protección de las familias víctimas
de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución
concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se
encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
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