En Alemania crece
la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta" de los
españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta
dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja
de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es
Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con
Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería
recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico,
hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y
financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones
políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante
generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de
las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y
completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de
Estado.
Este tema es la
clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones
son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones
frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000
millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y
corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del
país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado
altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-,
pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media
de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania.
A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad.
Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores
de primer nivel.
La razón de la
enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo
y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia
con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los
organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes,
ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los
ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva
también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la
competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con
los que podrían financiarse educación y sanidad.
Las ayudas para
España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a
bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha
comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia,
23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir
pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo
tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en
vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la
siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y
duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas
tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas
condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas
brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la
excusa de Europa. Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social,
que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos
infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de
corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno
solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado
por personas tan increíblemente venales.
La pasada semana
el ministro de Industria Soria imputado también por corrupción urbanística en
Canarias acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer
descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido
asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000
millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta
probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede
permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones
funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados
por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200
embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o
4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente
para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización
alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se
despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de
transparencia.
Y con esto se
tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos
de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El
déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del
3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y
ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble
de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones
de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y
ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación
fiscal.
El tema del
déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra
perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En
noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB;
a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el
déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda
precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta
fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de
Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual…
el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la
semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la
nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su
déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15
CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único
que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede
estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se
ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”.
Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la
joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y
de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa,
si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es
lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una
asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto
una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que
a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y
creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera,
muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza
que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española
está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es
una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del
norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su
Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán
y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la
solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y
corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
(*) Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista
