TÚNEZ.- Las fuerzas armadas de Túnez se pronunciaron por primera vez este lunes, declarándose "garantes de la revolución" y prometiendo respetar la Constitución, al tiempo que miles de huelguistas y manifestantes exigían de nuevo en las calles la dimisión del gobierno de transición.
"El ejército nacional es garante de la revolución. El ejército ha protegido y protege al pueblo y al país", declaró el jefe del Estado Mayor del ejército tunecino, general Rashid Amar, en un discurso improvisado en la explanada de la Kasbah, sede del poder político en Túnez.
"Somos fieles a la Constitución del país. No saldremos de ese marco", dijo el general, desconocido hasta que se negó a disparar contra los manifestantes de la 'revolución de los jazmines' como se lo pedía el presidente derrocado, y que ahora goza de una gran popularidad en Túnez.
El jefe del ejército llamó a los manifestantes, entre ellos numerosos jóvenes de las provincias desheredadas y rebeldes del centro del país, a levantar el cerco a las oficinas del primer ministro, que se inició el domingo y continuaba este lunes, desafiando el toque de queda.
"Sus peticiones son legítimas, pero me gustaría que esta plaza sea desocupada para que el gobierno trabaje, éste gobierno u otro", añadió, evitando aportar un apoyo explícito al gobierno de transición, pero advirtiendo a la multitud: "El vacío (de poder) engendra el terror, que engendra la dictadura".
Miles de manifestantes exigieron este lunes la dimisión del gobierno de transición a causa de la presencia controvertida en sus filas de caciques del régimen de Ben Alí.
Los manifestantes, que eran centenares al amanecer, aumentaron en horas de la tarde para alcanzar, según un militar, una cifra de entre "tres mil y cinco mil" en la plaza de la Kasbah, cerca del palacio donde trabaja el primer ministro tunecino, Mohamed Ghanuchi.
Cientos de personas seguían manifestándose por la noche del lunes en la ciudad de Túnez, pese al toque de queda, para reclamar la renuncia del gobierno de transición integrado por ex dirigentes allegados al derocado presidente Zine El Abidine Ben Alí.
Los manifestantes tampoco escucharon al jefe de Estado Mayor del ejército. A las 20.00 (19.00 GMT), cuando empezaba el toque de queda que culmina a las 05.00, todavía había cientos de manifestantes en la explanada, los cuales se aprestaban a volver a pasar la noche a la intemperie, pese al frío.
Las puertas del palacio de la sede del Gobierno estaban por la tarde estrechamente protegidas por militares. Los accesos a la Kasbah fueron cerrados mediante alambradas y cordones del ejército y la policía.
El portavoz del gobierno de transición y ministro de Educación, Taieb Bacush, anunció este lunes que una remodelación del gobierno es inminente, "tal vez de aquí a mañana"
"No hay que olvidar que hay puestos que no han sido atribuidos", declaró en una entrevista con periodistas, recordando que cinco ministros renunciaron la semana pasada: tres sindicalistas, un opositor y un miembro del ex partido en el gobierno, Unión Constitucional Tunecina.
Otras manifestaciones, a las que se unieron los estudiantes secundarios, desfilaron por la avenida Habib Burguiba, la principal arteria de la capital.
Ante las manifestaciones para pedir su dimisión, el gobierno parecía contar con un agotamiento del movimiento y trataba de poner en marcha el país.
La semana pasada, el gobierno de transición había decretado el reinicio de las clases para la enseñanza primaria y para los alumnos de los últimos cursos de segundaria.
Pero el sindicato de maestros llamó a una "huelga ilimitada" para exigir también la dimisión del gobierno. La consigna era acatada el lunes por casi todos los maestros tunecinos, según dirigentes sindicales del sector.
A su vez, el sindicato nacional de enseñanza secundaria llamó a un día de huelga para este jueves y a participar en las manifestaciones.
De otro lado, la fiscalía de París anunció que había abierto este lunes una investigación sobre los bienes que poseían en Francia el ex presidente tunecino Zine El Abidine Ben Alí y sus allegados, tras una demanda por corrupción presentada por tres organizaciones no gubernamentales.
