Bustinduy anuncia el primer Plan Estatal contra el abandono de animales de compañía

 MADRID.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado que va a poner en marcha el primer Plan de Acción Estatal contra el Abandono de Animales de Compañía y para el Fomento de la Adopción. 

Así lo ha manifestado en la clausura del IV Congreso de Derechos de los Animales, organizado por el ministerio que dirige y que ha contado con expertos y expertas de diferentes ámbitos del mundo animal para abordar la problemática del abandono.

"Empatizar con el sufrimiento animal, considerar a los animales como parte de nuestras familias y nuestros entornos, es construir un país más justo y humano", ha dicho Pablo Bustinduy durante la clausura de este Congreso, organizado por la Dirección General de Derechos de los Animales bajo el objetivo de conseguir el "Abandono Cero" en España siguiendo la premisa que estableció la Ley de Bienestar Animal de alcanzar el "sacrificio cero" de animales en nuestro país.

Para lograr el reto nacional de acabar con el abandono, desde el Ministerio de Derechos Sociales se está trabajando en las medidas que integrarán este plan y que abordarán, entre otras cuestiones, la necesidad de llevar a cabo una identificación masiva de animales de compañía como perros, gatos y hurones. Así mismo, se desarrollará una normativa que permitirá un mejor control de las actividades de cría de animales y, de esta forma, restringir la cría irregular.

Otra parte importante de este plan estará referido a la adopción de animales de compañía, una actividad que se fomentará a nivel estatal con estrategias específicas y campañas de concienciación. Además, se ofrecerán ayudas a las entidades que se dedican a la protección y la acogida de aquellos animales que sean abandonados. 

"Vamos a demostrar que España ya no es ese país del pasado de maltrato y sufrimiento para los animales. Queremos reivindicar que podemos ser un país que cuida de sus animales, que los respeta, los cura y los acoge", ha manifestado Bustinduy, en la línea de lo que han declarado también Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, y José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales, durante este Congreso.

Además de la lucha contra el abandono, el plan también estará dirigido a una tenencia responsable de los animales. Por otra parte, el propio plan recogerá algunas de las propuestas lanzadas durante este Congreso que se ha celebrado en Madrid, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, durante las mesas redondas que han protagonizado expertos y expertas del mundo veterinario, animalista, ecologista y de otros ámbitos como la cría o la antrozoología.

Por último, el ministro Bustinduy ha querido destacar que las actuales exigencias legales de bienestar y protección para los animales que se han aprobado de forma reciente en España "son referentes a nivel internacional" y que va a trabajar para que estas exigencias "se empiecen a notar en la realidad palpable de nuestros hogares, de la vida pública, y de nuestras fiestas y celebraciones".

Los agricultores y pescadores españoles piden detener la ley europea de Restauración de la Naturaleza

 

MADRID.- Los agricultores y pescadores europeos han pedido al Parlamento Europeo que rechace la última locura que sale de Bruselas: la ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma obliga a los Estados a reparar todos los ecosistemas antes del año 2050 y reducir a la mitad el uso de plaguicidas antes del 2030. El mundo rural denuncia que se trata de una amenaza directa contra los cultivos y los caladeros por parte de un plan "irrealista que atenta contra la viabilidad del sector primario".

La Comisión Europea propuso el año pasado una ley de Restauración de la Naturaleza, introduciendo nuevos objetivos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, que también influyen en los sectores de producción del sector primario. El objetivo según la UE es "restaurar los humedales, ríos, bosques, pastizales, ecosistemas marinos y entornos urbanos de la UE y las especies que albergan".

Según un comunicado publicado por Asaja, "la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto que no representa con precisión el impacto real en los productores primarios en Europa, sino que se centró en los beneficios que tendrá para la sociedad". O lo que es lo mismo, propone cambios drásticos en el campo y en el mar sin haber echado cuentas de las pérdidas económicas que podría suponer.

Además, señala Asaja, la Comisión "espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, cuando ambos presupuestos ya están sobrecargados; y se niega a proponer un Fondo de Restauración concreto en beneficio de todos los actores de esta transición".

Las comisiones de pesca y agricultura rechazan la ley

En un movimiento sin precedentes, las Comisiones de Agricultura (AGRI) y Pesca (PECH) del Parlamento Europeo rechazaron la propuesta. Todos los miembros del Parlamento Europeo que apoyaron el rechazo dijeron sí a la restauración de la naturaleza, pero no a una legislación mal pensada, "poco realista e inaplicable que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos" de los agricultores y pescadores en la UE, según recoge www.libremercado.com.

Aún así, la decisión no depende de ellos. Será la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo la encargada de tomar la decisión final este jueves 15 de junio. Los agricultores y pescadores piden desesperadamente que se les escuche y se les respete y también exigen a la Comisión que reanude el proceso desde cero porque estos sectores se están enfrentando "a políticas medioambientales radicales de la UE que están afectando profundamente a la producción de alimentos y a la soberanía alimentaria de la UE."

- Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2023-06-13/los-agricultores-y-pescadores-piden-detener-el-ultimo-delirio-europeo-la-ley-de-restauracion-de-la-naturaleza-7024702/Desde Copa-Cogeca, los representantes de agricultores y cooperativas agrícolas europeas, insisten en que "una buena Ley de Restauración de la Naturaleza no puede diseñarse sin el claro compromiso de los agricultores y pescadores". Y piden a las autoridades de la UE que "en lugar de amenazas y acuerdos encubiertos" se respete a los que tienen que poner en práctica esta ley, ya que no la consideran "factible, viable ni implementable". - Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2023-06-13/los-agricultores-y-pescadores-piden-detener-el-ultimo-delirio-europeo-la-ley-de-restauracion-de-la-naturaleza-

Desde el sector de la pesca, Javier Garat, presidente de Europêche, comentó: "La Comisión ha creado un debate polarizado en torno a la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE. Del mismo modo, las ONG han politizado y simplificado el debate enumerando a los eurodiputados a favor o en contra de la naturaleza. 

Pero el problema es que hemos llegado a un punto en el que la protección es sinónimo de exclusión. Debemos intentar compatibilizar la protección del medio ambiente con la actividad humana y, en particular, con la tan necesaria producción de alimentos. Ya estamos importando el 70% de los productos del mar que consumimos en Europa. La nueva Ley sin duda contribuirá a aumentar la brecha de seguridad alimentaria".

¿Qué propone la ley de Restauración de la Naturaleza?

En unos términos muy poco concretos, la propia Comisión Europea asegura que la ley "desarrollará las experiencias existentes en materia de restauración de la naturaleza, como la renaturalización, la replantación de árboles, la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir la recuperación de la naturaleza".

Con respecto al impacto económico, las autoridades europeas señalan que "la restauración no excluye la actividad económica. La restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades".

Los objetivos propuestos incluyen que haya más poblaciones de polinizadores (reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas para 2030), que no haya ninguna pérdida neta de espacios verdes urbanos y que haya una cubierta mínima de árboles del 10% en todas las ciudades para 2050, así como "espacios verdes integrados en edificios".

Con respecto a las tierras de cultivo, no especifica nada en absoluto sobre la producción. La prioridad es el "aumento global de la biodiversidad y tendencia positiva para las mariposas de pradera, las aves de medios agrarios, el carbono orgánico en los suelos minerales de las tierras cultivadas y los elementos paisajísticos de gran diversidad en las tierras agrícolas".

También insiste en la destrucción de presas y embalses a través de la "eliminación de las barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos pasen a ser ríos de caudal libre de aquí a 2030". Con respecto al mar, el objetivo es restaurar "las praderas marinas o los fondos sedimentarios, y restauración de los hábitats de especies marinas emblemáticas, como delfines y marsopas, tiburones y aves marinas".

Según el sector rural, el "turbulento" debate sobre la nueva ley ambiental dejó una cosa clara: "Para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, la UE debe dar una respuesta directa a la pregunta fundamental: ¿Cuántos alimentos debe producir o importar la UE y es prudente confiar nuestra seguridad alimentaria a terceros países?"

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UGT: hay aspectos de la reforma laboral que se pueden derogar ya sin contar con los agentes sociales

MADRID.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este miércoles que hay aspectos de la reforma laboral que se pueden derogar sin contar con el diálogo social, como es el caso del artículo 52, apartado 'd', del Estatuto de los Trabajadores, que justifica el despido objetivo de un trabajador que falte el 20% o más de días laborables en su centro de trabajo de forma justificada durante dos meses.

En esta línea, Álvarez ha apuntado que la actuación de la CEOE, ante el despido de centenares de miles de personas por acumulación de bajas, "no es de recibo". Además, considera que la patronal debería pensar en las personas y ha afirmado que derogar este artículo "no es objeto de debate", porque "cuando hay grandes injusticias, hay que cortarlas de raíz". 

"He notado una falta de un mínimo de humanidad por parte de la CEOE al no reprochar a las empresas que hayan despedido a trabajadores por esta cuestión. Este país no se puede convertir en una jungla en el que una persona por estar más de ocho meses de baja pueda ser despedida", ha apostillado.

Asimismo, también considera que se puede aprobar ya, sin esperar al diálogo social, la derogación de las reformas de pensiones de 2013 y volver a la situación que había en 2011, que fue consensuada tanto por la patronal como por los sindicatos. Así, ha afirmado que le gustaría que estas dos cuestiones se derogaran en el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo.

En un encuentro con los medios, Álvarez ha dejado claro que el Gobierno tiene que ser consciente de que la derogación de las reformas laborales, negociada con agentes sociales, es una condición "necesaria" para poder entrar a discutir y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

"UGT quiere formar parte del cambio y creemos que es oportuno que los sindicatos podamos dialogar, discutir, negociar y, si es posible, acordar con el Gobierno aquellos elementos fundamentales que nos hagan conseguir que nuestro país sea un país en el que la redistribución de la riqueza, la recuperación de derechos y libertades sean elementos fundamentales", ha dejado claro. Por el contrario, ha insistido en que lo que sí que habrá que discutir con los agentes sociales es el futuro de la Seguridad Social.

Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Álvarez ha pedido al Gobierno que los convoque de manera "inmediata" para hablar del aumento de este año y para negociar que este se sitúe en el 60% del salario medio a final en esta legislatura. En otras ocasiones, el máximo representante de la organización sindical ya había dejado claro que su propuesta para este año sería la de establecer un salario mínimo de 1.000 euros.

Por otro lado, ha instado a recuperar "la plena potencia" de la negociación colectiva, porque va a ayudar a la propia recuperación de la economía y a que se redistribuya la riqueza. También cree que en las reformas del Gobierno se debe incluir además la lucha contra el fraude fiscal.

En materia fiscal, Álvarez afirma que subir dos puntos el IRPF a las rentas que ganan más de 130.000 es una medida "de justicia social" para hacer frente a las necesidades de las personas que no tienen nada. 

Asimismo, ha destacado que las medidas que se van a aprobar no van a ir en contra del crecimiento económico ni la creación de empleo, sino hacia "un crecimiento más serio". También ha subrayado que la CEOE no está preocupada por la situación de la economía española ni de los españoles.

"La patronal está preocupada por si algunos de sus representados van a poder seguir despidiendo de la manera que lo hacen, seguir teniendo los beneficios escandalosos que tienen o por si sus empresas van a poder continuar eludiendo impuestos o van a seguir pagando unos impuestos que están lejos de lo que se paga en la Unión Europea", ha remarcado. 

En general, sobre el programa económico acordado entre el PSOE y Unidas Podemos, Álvarez ha dejado claro que es positivo y que ahora se trata de que este programa no se haga de manera unilateral y que cuente con negociación.

Coordinación entre ministerios

Sobre el hecho de que posiblemente haya "muchos ministerios", Álvarez ha instado al Gobierno a que haya coordinación entre ministerios similares para que las políticas tengan "cierta homogeneidad". 

"Es bueno que haya coherencia en las políticas y que Seguridad Social y Trabajo estén juntas tiene sentido, porque hay cuestiones que difícilmente se van a poder desgajar de un Ministerio para llevarlo a otro", ha resaltado.

Preguntada sobre cómo valoraba el hecho de que Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, pueda ser la próxima ministra de Trabajo, Álvarez ha afirmado que es una persona que cuenta con experiencia, conocimiento y con sensibilidad para poder asumir cualquier cartera en el próximo Gobierno.

La futura Ley contra el Alcohol pide sanciones para los padres de los menores que beban

MADRID.- El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

Para que se pueda condonar la sanción, los padres deberán participar junto con los menores en las actividades reeducativas que se les impongan como alternativa, basadas en la evidencia y con objetivos de prevención y reeducación.
Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; prestar especial atención a la dispensación gratuita o no y a la venta de alcohol a menores en las fiestas con arraigo cultural o tradiciones y en eventos de gran confluencia; y, además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurados.
Otro de los apartados, propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; e incluso se considera la posibilidad de que una parte de dichos impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actuaciones preventivas y disuasorias del consumo o del tratamiento de los efectos adversos del mismo.
Además, se recomienda establecer regulación de horarios de venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, al igual que en la venta a domicilio y televenta (por ejemplo, de las 22.00 h a las 7.00h); prohibir los 'happy hour' en los locales; establecer la obligación a locales de suministrar agua gratuitamente y la embotellada a precio reducido; y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras.
Además, como ya ocurre con el tabaco, incluir en el etiquetado de las bebidas con contenido alcohólico - teniendo en cuenta la Directiva Europea - una advertencia sanitaria sobre los daños y riesgos para la salud.
Aconseja limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados por ellos, es decir colegios, institutos, centros sanitarios o salas de cine o teatro durante los espectáculos dirigidos a menores, y pone como ejemplo que se establezca el límite en torno a 100 metros lineales del perímetro de centros escolares.
Restringir el patrocinio, o cualquier otra forma de financiación, de bebidas alcohólicas a actividades deportivas, culturales, educativas, de ocio, etc, sobre todo en sitios susceptibles de acudir con los menores: patrocinio de conciertos, "beer runners", consumo en películas taquilleras, juegos online, fiestas patronales, turismo de alcohol, etc.
En cuanto a la publicidad en televisión de marcas de bebidas con alcohólico se pide que se establezca un horario infantil en el que no se podrá insertar publicidad de ningún tipo ni en programas emitidos una hora antes o después de ese horario.
El informe, que parte de que "los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes", muestra como "objetivo primordial" retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestran "escépticos" puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales "y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado".
En informe, por tanto, afirma que "cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario".
Esto implica "sensibilizar" a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.

Principales medidas

• El texto se fundamenta en diez ámbitos siendo el familiar uno de los más importantes, ya que se pretenden establecer mecanismos especiales de detección e intervención en familias con antecedentes de consumos abusivos de alcohol.
• La futura ley de menores sin alcohol debe tener un carácter "educativo y pedagógico", pero también debe garantizar la protección de los menores, por eso esta ley debe tener un régimen sancionador cuya orientación punitiva y recaudatoria se dirija hacia aquellas personas jurídicas y físicas mayores de edad, que permitan o fomenten el consumo de alcohol por parte de menores de edad, especialmente si obtuvieran beneficio.
• Se propone realizar campañas de concienciación social acerca de los abusos del alcohol y otras adicciones; fomentar otras formas de celebración en fiestas culturales y patronales, con el fin de modificar, pese a su dificultad los hábitos culturales relacionados con el consumo en espacios de ocio, valorando políticas de precio especial de alternativas de ocio para menores y de tal manera, que se faciliten hábitos alternativos.
• Modificar el logo de "consumo moderado o es tu responsabilidad" por logos más adecuados que no inciten al consumo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota"; y cambiar la consideración de consumo moderado por campañas que adviertan de que el abuso del consumo de alcohol puede provocar adicción y el consumo habitual es nocivo para la salud.

Andalucía recurrirá la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional

MADRID.-  Las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias presentarán antes del 30 de agosto en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988, al entender que vulnera varios principios constitucionales.

   "Hemos puesto en común nuestra preocupación. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad Asturias, Canarias, País Vasco, Andalucía y Cataluña", ha anunciado el consejero de obras públicas, transporte y política territorial de Canarias, Domingo Berriel en rueda de prensa.

Berriel ha explicado que la norma recientemente aprobada por el Parlamento viola el principio de igualdad ante la ley; algunos aspectos competenciales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y plantea algunas "retroactividades intolerables".

   El representante canario ha señalado que, aunque las distintas administraciones autonómicas presentarán por separado el recurso, este lunes han mantenido una reunión en la que han concretado los aspectos comunes y la línea argumental. Además, ha destacado que las comunidades autónomas reunidas representan más de la mitad del litoral español y que están prácticamente de acuerdo en un 80 por ciento de sus argumentos.

   Al encuentro han asistido, comisionados por sus respectivos consejeros el secretario general técnico y el director general de ordenación del territorio y urbanismo de Cataluña; por parte del País Vasco, el viceconsejero de Medio Ambiente y el director general de la Agencia del Agua; el subsecretario general técnico de Andalucía, y la jefa de servicios de gestión y disciplina urbanística de Asturias.

   Concretamente el consejero canario ha calificado de "mala" la Ley actual porque no tiene ningún precepto que mejore, facilita o ponga en valor aspectos históricos del litoral o la economía local y porque vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que excluye a 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves.

   "No se sabe por qué estos y no otros", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que la ley no amnistíe municipios concretos sino un régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio. En cuanto a Canarias, considera que hay entre 60 y 80 municipios que necesitan un nuevo estudio.

   Asimismo, asegura que la ley invade competencias autonómicas y municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso municipal cuando así lo considere. Esta sería la conocida como cláusula anti-Algarrobico, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

   A su juicio, esta cláusula rescata "potestades de Gobernadores Civiles y jefes provinciales del Movimiento, cuando tenían la posibilidad de suspender cautelarmente, según su libre albedrío las resoluciones de los ayuntamientos" y ahora esa potestad la tendrán los delegados del Gobierno. "Eso nos parece una barbaridad", ha apostillado, al igual que las invasiones de las competencias de las comunidades autónomas, que tienen la ordenación del territorio y de la del litoral.

   Por ello, a su juicio, la norma en cuestión "hace un ablación casi completa" al exigir que habrá dos años para que el Estado pueda decidir si un enclave debe ser urbano o no. En este sentido, ha dicho que Canarias ha preguntado sobre esta cuestión, recogida en la disposición adicional primera, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   "Hay varias invasiones competecenciales que no podemos dejar pasar por alto. Hay que preservar el modelo constitucional de respeto a las comunidades autónomas", ha defendido.

   Finalmente, para el consejero esta ley va en contra del corazón del Estado para debilitar el reparto competencial y la descentralización. Berriel ha vaticinado que la Ley de Uso Sostenible y Protección del Litoral, en definitiva, no tendrá más futuro que su derogación.

Las enmiendas a la Ley de Costas "legalizan parcialmente" el hotel del Algarrobico, según Greenpeace

ALMERÍA.-   La organización Greenpeace ha advertido de que las enmiendas al proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas promovido por el Gobierno pueden facilitar que se "legalice de manera parcial" el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras.

   En un comunicado en el que alerta de este "riesgo", señala que el proyecto de ley, que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado, contempla la posibilidad de reducir la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en las áreas "no clasificadas como urbanas pero que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica".

   Según ha indicado Greenpeace, el establecimiento hotelero de 411 plantas y una veintena de habitaciones en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar entraría en esta disposición de la nueva normativa, "ya que invade la servidumbre de protección de 100 metros en una zona no urbana, "como se han encargado de reiterar" el Tribunal Supremo (TS) en tres sentencias firmes.

   El citado proyecto de nueva Ley de Costas también posibilita que se reduzca de 100 a 20 metros la servidumbre de protección cuando el sector esté edificado en un tercio de su superficie, como ocurre también en el sector ST-1 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU de Carboneras, sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol.

   Así, el colectivo conservacionista subraya que la Administración competente para informar sobre si determinadas zonas cumplen estos requisitos es la administración municipal. "En el caso de este hotel, no tenemos la menor duda de que el Ayuntamiento de Carboneras informará favorablemente que se reduzca la servidumbre de protección en el Algarrobico", han remarcado.

   "El ministro Arias Cañete ha afirmado que no tiene el menor problema en 'utilizar explosivos' para derribar el hotel ilegal. Sin embargo, esta nueva Ley deja en manos del Ayuntamiento de Carboneras la decisión de legalizar las 14 primeras plantas del hotel", ha asegurado la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

   El Tribunal Supremo (TS) se pronunció en septiembre por última vez con respecto al hotel de El Algarrobico y ha dictaminó de manera definitiva que viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre tras desestimar los dos últimos recursos de la promotora contra la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

   El Alto Tribunal señaló en dos sentencias que el Plan Parcial del sector ST-1 en el que se asienta el establecimiento no fue revisado para ajustarlo a la Ley de Costas y reitera, en los mismos términos en que se pronunció de forma previa la Audiencia Nacional (AN) y la misma sala del Supremo en un fallo de marzo de 2012, que la servidumbre de protección debió respetar los cien metros de anchura por no existir a la entrada en vigor de la citada ley aprovechamientos urbanísticos en la zona.

   Por otro lado, en junio de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que permanecía suspendido de manera cautelar por dejar la puerta abierta a la reactivación del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico con "uso turístico" al considerar que "no es ajustado a derecho" y calificaba la zona como "espacio protegido no urbanizable" tal y como se recogía en la normativa de 1994, derogada hace cuatro años por la Junta andaluza.

Elevan de 5 a 10 años la prescripción del delito fiscal

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y aumentar de dos a seis años, en lugar de uno a cinco años, las penas de cárcel impuestas a los defraudadores.

   El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros por ejercicio o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. La ley mantendrá la consideración de delito fiscal por cantidades por encima de los 120.000 euros.

   Este tipo agravado de defraudación también se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien explicó que estas modificaciones afectan a "los delitos fiscales, los fraudes masivos y a la Seguridad Social", con el objetivo de "luchar contra el fraude y la economía sumergida".

   Para introducir estos cambios, el Gobierno modificará el Código Penal (CP) en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. La propuesta parte de los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social.

   El anteproyecto de ley también fija mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figuran rebajas de penas por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.

   Este atenuante se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.

   Por otro lado, la Administración Tributaria podrá reclamar las cantidades defraudadas durante la tramitación del proceso penal, lo que evitará que los defraudadores malvendan los bienes durante el proceso y se declaren insolventes para no pagar. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.

   Además, Gobierno aumentará el control de las tramas defraudatorias y no será necesario esperar a que transcurra el ejercicio completo cuando la defraudación supere los 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar.

   El Gobierno endurece de cinco a seis años de cárcel los delitos agravados contra la Seguridad Social y amplía la prescripción de cinco a diez años para evitar casos de empresas ficticias y talleres clandestinos.

   Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación de 120.000 euros a 50.000 euros, que incluirá toda la deuda no prescrita. Por otra parte, se sancionará a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin la autorización de trabajo.

   Por último, se considerará delito de falsedad documental la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, y se introduce un nuevo delito contra los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando afecten al patrimonio público.

   El Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, planteadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia.

El PSOE e IU se comprometen a reformar la Ley Electoral en Andalucía

SEVILLA.- PSOE-A e IULV-CA se comprometen en su acuerdo programático para garantizar la gobernabilidad de Andalucía en condiciones de estabilidad en los próximos cuatro años a abordar una reforma de la Ley Electoral andaluza y a crear un grupo de trabajo sobre la renta básica. 

   En el documento del acuerdo programático ambas formaciones manifiestan su voluntad de reformar la Ley Electoral de Andalucía, al objeto de mejorar la proporcionalidad en la representación parlamentaria, de manera que se constituirá un grupo de trabajo que determine las posibilidades y límites de dicha modificación normativa "en el segundo periodo de sesiones", esto es, antes de final de año.

   De igual manera, se contempla la creación de un grupo de trabajo para analizar la legislación autonómica e internacional en materia de renta básica de ciudadanía, al objeto de fijar el alcance y las condiciones de una ley que regule el desarrollo progresivo de dicho derecho estatutario.

   Cabe destacar también del documento, que tiene 75 folios, la aprobación del estatuto de altos cargos de la Junta de Andalucía, con rango de ley, que contemplará una carta de compromiso ético que deben suscribir todos los cargos públicos, en el que la austeridad y los comportamientos ejemplares y la vocación de servicio público debe distinguir a los cargos de un gobierno progresista.

   Otro compromiso de ambas formaciones se refiere a la creación de una "entidad pública, social y ética que contribuya a mejorar la financiación de las pymes", debido a que los emprendedores y personas con proyectos de desarrollo empresarial están viendo "constreñidas sus posibilidades" pese a tener cualidades positivas para ello.

   En este punto, se incluye también la creación del Instituto Público de Crédito andaluz, un compromiso del PSOE-A en la pasada campaña electoral, para promover el crédito y coordinar la intervención en la actividad productiva de Andalucía en materia de fondos reembolsables.

   En la última hoja del documento se señala que la reordenación del presupuesto de 2012 contemplará la dotación presupuestaria suficiente para priorizar e impulsar todo el paquete de medidas que se recoge en el mismo. 

   En el acuerdo programático también se incluye un amplio paquete de compromisos legislativos, como son la aprobación de las leyes de fiscalidad ecológica; una integral de agricultura; la de lucha contra el fraude fiscal y social; la de participación ciudadana e institucional; la de transparencia y acceso a la información; la del estatuto de los altos cargos de la Junta; la de desarrollo de los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la de investigación, desarrollo y aplicación de las energías renovables y de la eficiencia energética, o la de reconocimiento social y promoción profesional del profesorado.

   Otras nuevas leyes serían la del estatuto básico del empleado público; la del voluntariado; la audiovisual; la de lucha contra el cambio climático; de espacios protegidos; de movilidad sostenible; de sostenibilidad sanitaria; de servicios sociales; la de juventud; de memoria democrática, la ley de carta de derechos de la ciudadanía, y de la transexualidad.

   Asimismo, ambas formaciones se comprometen a modificar y desarrollar la Ley de promoción de la igualdad de género, así como las de medidas de

prevención y protección integral contra la violencia de género; de atención y los derechos del menor, y la del Defensor del Pueblo Andaluz, así como a elaborar una nueva ley del deporte.

   Los tres grupos de trabajo que se crearán se refieren a la renta básica, a la reforma de la Ley Electoral andaluza y a la creación de una entidad pública financiera andaluza. 

   PSOE-A e IULV-CA entienden que el empleo tiene que ser la prioridad de la política económica, de manera que a corto plazo plantearán un gran acuerdo por el empleo con la aportación común de recursos y la puesta en marcha de

políticas consensuadas en una misma dirección, que constituya una 'Agenda de Andalucía por el Empleo', refrendada por el Parlamento. En el documento programático se plantea también un plan de choque por el empleo y la creación de una comisión parlamentaria para el seguimiento de la crisis y la creación de empleo.

   El documento, en el que se apuesta por un diálogo de Andalucía corresponsable, serio y activo con el Gobierno de la Nación desde la defensa del Estatuto de Autonomía, también refleja la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo porque se ha demostrado que en momentos de recesión produce situaciones de "choque asimétricos en las diferentes comunidades".

   En materia de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), ambas formaciones se comprometen a garantizar el carácter cien por cien público de la cadena, la racionalidad económica y la eficiencia en la gestión.

El nuevo Reglamento de Extranjería entrará en vigor en España el próximo 1 de julio

MADRID.- El nuevo Reglamento de Extranjería, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, entrará en vigor el próximo 1 de julio, dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

   El texto, aprobado el pasado 15 de abril en el Consejo de Ministros tras un periodo de audiencia pública y consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones especializadas en inmigración, llega así con un año de retraso respecto del calendario marcado en la norma que desarrolla y, según el cual, debió estar aprobado en los primeros seis meses del año pasado.

   Entre otras novedades, el Reglamento recoge más protección para víctimas de violencia de género en situación irregular, a quienes no se incoará expediente de expulsión hasta que no se produzca una resolución judicial sobre el su denuncia de malos tratos. Además, mientras se dirime el proceso, tanto la mujer como sus hijos podrán tener acceso a permisos temporales de residencia y trabajo.

   Otro de los aspectos destacados es la previsión legal de que las administraciones autonómicas acrediten el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar.

   "Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización", indica el texto que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

   En concreto, este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".

   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.

   Respecto a las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con una investigación policial está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.

   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.

   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".

Las discotecas estiman bajadas de hasta el 60% por la ley antitabaco

SEVILLA.- La Federación Andaluza de Asociaciones Provinciales de Salas de Fiesta y Discotecas (Fadys) han estimado importantes descensos en sus negocios, que pueden llegar hasta el 60 por ciento, como efecto de la aplicación de la reforma de la Ley Antitabaco, según han indicado fuentes de dicha federación, quienes mostraron su temor porque en estos meses, con la llegada de la temporada alta, se pueda ver aún más afectado el turismo.

   Las fuentes han considerado que la Ley Antitabaco está siendo "muy perjudicial para el sector y está causando mucho daño", de manera que "las ventas han bajado mucho en el sector de la noche, de hasta más del 50 o cerca del 60 por ciento de pérdida en las ventas en algunos sitios", mientras que la media de bajada de negocio se cifra entre el 30 y 40 por ciento.

   Asimismo, éstas reconocieron que "en un principio creíamos que iba a impactar menos y no pensábamos que iba a afectar tanto, pero ahora no sabemos hasta qué punto pueden llegar los efectos", toda vez que, según recordó, "el ocio nocturno es menos necesario y, por tanto, más prescindible".

   En ese sentido, han lamentado que en el caso de algunas empresas "la caída del negocio es tan grave que deben prescindir de parte del personal", de manera que "la situación es tan auténticamente debido a esta medida que no sabemos a largo plazo las consecuencias de la misma".

   En ese punto, han advertido del daño que pueda causar en los turistas y el turismo "cuando llegue la temporada alta a Andalucía, ahora con la primavera, pues creemos que pueden verse aún más afectados y en primavera y verano puede haber un descenso mayor de ventas". Han agregado que España "es un país turístico".

   Recordaron los "esfuerzos" de adaptación a la anterior normativa antitabaco, que, según aseguran, "nos parecía bien", de forma que "esos empresarios cumplieron con la Ley ahora se les causa un perjuicio muy importante".

   Han precisado que estos momentos "la gente está aguantando" y han asegurado que "tanta restricción no conduce a nada", por lo que espera que "se pueda cambiar la Ley y contentar a todo el mundo".

El área sanitaria de Poniente interpone las tres primeras denuncias por presunta violación de la Ley Antitabaco

ALMERÍA.- El área sanitaria de Poniente, que engloba tanto al Hospital de Poniente como al Centro de Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de El Toyo, ha interpuesto ya las tres primeras denuncias a fumadores en el marco de la nueva Ley Antitabaco debido a presuntas infracciones relacionadas con el consumo de cigarrillos en los recintos hospitalarios. 

   Fuentes de la Delegación Provincial de Salud de Almería han informado que hasta el momento sólo se han interpuesto estas tres denuncias desde la entrada en vigor de la nueva ley, si bien aún no han entrado en tramitación. Por otra parte, tanto el área sanitaria norte como la de la capital, correspondiente a Torrecárdenas, no ha habido denuncias por presuntas infracciones.

   Desde la entrada en vigor en 2006 de la Ley española 28/2005 hasta la aplicación de su reforma a inicios de este año, la Delegación Provincial de Salud llegó a tramitar hasta 106 denuncias a particulares que fumaban en el interior de los edificios hospitalarios, acción prohibida y sancionada.

   Del total de denuncias tramitadas durante los últimos cinco años en los que estuvo en aplicación la Ley Antitabaco antes de su reforma, 73 de ellas corresponden a los centros hospitalarios del área sanitaria del Poniente, mientras que 17 fueron en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas y 16 en el área sanitaria norte, en la que se incluyen tanto el Hospital de La Inmaculada como los centros de salud de la zona.

   Ante posibles nuevas infracciones relacionadas con el consumo de tabaco en los recintos hospitalarios, los usuarios pueden ponerse en contacto con el personal de seguridad de cada centro, que alertará al presunto infractor de las advertencias que indica la Ley. En caso de que no deponga su actitud, los hechos se ponen en conocimiento de la Policía Local.

El Gobierno lanza nueva ley de seguridad alimentaria y nutrición

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición por el que se introducen nuevos criterios para que la población se alimente mejor y con más garantías para la salud, además de unificar la normativa dispersa que existía en España en esta materia.

"Es una ley para alimentarnos mejor, con más confianza y con mayores garantías para nuestra salud", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al primer consejo de ministros tras el descanso estival.

El texto que empieza ahora su recorrido parlamentario busca introducir mecanismos para abordar el sobrepeso y la obesidad, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad española actual.

Una de sus principales objetivos es promover una alimentación saludable, fundamentalmente en el ámbito escolar, donde se limitará el consumo de alimentos con escaso valor nutricional como bollería industria y refrescos.

En España uno de cada cuatro niños padece sobrepeso u obesidad, y esta patología se ha triplicado entre los menores en los últimos 20 años, según datos del Ministerio de Sanidad.

La obesidad representa además el 7 por ciento del gasto sanitario español.

La Junta afirma que cuenta con el amparo del PORN para limitar el acceso de vehículos a Cabo de Gata

ALMERÍA.- El delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Clemente García, aseguró este jueves que la resolución dictaminada que limita el acceso de vehículos a las playas y calas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar "ha pasado por los servicios jurídicos de la Junta y cuenta con el amparo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)", por lo que se mostró satisfecho de que el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP) coja el "cauce administrativo correcto" para aclarar las competencias.

El delegado de Medio Ambiente manifestó que a partir de este viernes se permitirá el acceso a un máximo de 150 vehículos a las playas del municipio así como el billete de autobús para toda la jornada, pese a que no descartó más negociaciones con los agentes implicados en esta decisión.

No obstante, señaló haber mantenido una reunión con colectivos vecinales durante la presente jornada a los que se les explicó que la decisión de no aumentar el número de coches que pueden acceder al parque está "meditada técnicamente" a través de informes a favor de conservar las características medioambientales de este ecosistema.

Así, apeló a la "cordura" del alcalde nijareño para que "deje de hacer daño a su pueblo" con este asunto dada la repercusión turística que puede alcanzar y el "mensaje negativo" que se transmite del parque.

De igual modo, pidió un comportamiento "cívico" para los vecinos y comerciantes que en los últimos días ha arrancado la valla de acceso a las playas y que se concentran frente a la misma, según García, a instancia de Rodríguez.

"No se puede animar a la gente a que levante la valla, a que increpe a los que van en autobús o al propio vigilante" dijo García, quien insistió en el que el regidor conocía estas medidas desde el pasado 7 de junio y que "ha esperado hasta el día 16 para armar este lío".

El delegado de Medio Ambiente señaló que el elemento diferencial del parque natural de Cabo de Gata-Níjar reside en la propia naturaleza que hay en el mismo, con playas "prácticamente vírgenes" y una especial fisionomía; motivos por los que desde la Junta se apuesta para preservar el espacio.

Así, criticó que el propio alcalde de Níjar le propusiera, según él, en un encuentro mantenido en la oficina de Rodalquilar hace tiempo "ampliar la zona de parking" que se ubica dentro del parque natural en deterioro de una área del espacio protegido.

"Esto no es Benidorm", exclamó el delegado al recordar dicha propuesta.

El Gobierno aprueba la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

La nueva regulación, que incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterio para su aplicación, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como las entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos, los sociales, que favorecen indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente "legitimar" el producto del delito, y los económicos, que introducen distorsiones en los movimientos financieros, e indirectamente en los reales, ya que los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.

Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.

En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.

Asimismo, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención entre los 27. Asimismo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).

El Parlamento aprueba la Ley de Extranjería por 180 votos a favor y 163 en contra

MADRID.- El Parlamento ha aprobado hoy la nueva ley de Extranjería con 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones, gracias al apoyo del PSOE, CiU y Coalición Canaria.

Se han opuesto a la reforma, que necesitaba 176 apoyos por ser de carácter orgánica, el PNV, UpyD, ERC, IU-ICV y Nafarroa Bai, mientras que el BNG ha optado por la abstención.

Al debate en el Congreso de los Diputados, ha asistido el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que la ha definido como "una buena ley porque corrige elementos que discriminaban" y ha asegurado que "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada y potencia los elementos de la integración".

A su juicio, España tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal y por otro lado, apostar "decididamente" por un proyecto de integración para construir una sociedad "rica y plural".

La cuarta reforma de la ley de Extranjería, que incorpora directivas europeas y sentencias del Constitucional, ofrece protección a las extranjeras maltratadas, acota la reagrupación, incorpora nuevas infracciones como los matrimonios fraudulentos y amplía el plazo máximo de internamiento de cuarenta a sesenta días.

La nueva ley permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorga a las Comunidades Autónomas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, entre otros asuntos.

El diputado socialista Óscar Seco Revilla ha lamentado el uso por parte del PP de una "retórica xenófoba" en esta materia, así como el rechazo de IU-IcV-ERC al proyecto, porque "les ha dado vértigo aproximarse a un partido de Gobierno".

Ha opinado que la nueva ley es la más garantista de toda la democracia y que construye un nuevo modelo de convivencia e integración.

Carles Campuzano, de CiU, ha opinado que se mejora la regulación de extranjería, lo que justifica el apoyo de su grupo, a pesar de que mantenga algunas discrepancias en aspectos de reagrupación familiar y respecto a la ampliación del internamiento.

También ha defendido la ley, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien ha destacado "el avance" en la regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, porque lo aborda como "un tema de estado".

Frente a ella se ha posicionado el diputado popular, Rafael Hernando, quien ha considerado que se trata de una "reforma parcial y chapucera".

Ha opinado que la tramitación de urgencia ha sido "una auténtica chapuza", ya que de las 38 enmiendas aprobadas en el Senado, 30 han sido reformas técnicas y ha lamentado que no se hayan admitido ninguna de las 73 propuestas del PP.

Hernando ha aprovechado este debate para exigir al Gobierno que resuelva la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, que permanece en el aeropuerto de Lanzarote desde el pasado día 14.

Para el diputado de IU-ICV Joan Herrera, "la ley es mala, mantiene el discurso de la dureza y da pasos atrás", además de "abrir la puerta a la privatización en la tutela del menor".

Desde el PNV, Emilio Olabarría, ha dicho que su grupo combate la ley porque, entre otros motivos, "puede contravenir el contenido de determinados derechos de la Constitución".

El BNG se ha abstenido, ya que, según ha explicado la diputada Olaia Fernández, su formación considera "discriminatoria" la ampliación del plazo de internamiento de los extranjeros.

Fuera del hemiciclo, miembros de unas sesenta asociaciones y ONG, disfrazados con los monos naranjas de los presos de Guantánamo, han tachado la ley de "inhumana" e "injusta" y han entregado una carta abierta a los diputados donde detallan su rechazo y piden el cierre de los centros de internamiento.

El Gobierno remite al Parlamento una reforma del código penal para combatir la corrupción urbanística con más eficacia

MADRID.- El Consejo de Ministros acordó este viernes la remisión al Parlamento de una reforma de más de 130 artículos del Código Penal que crea, entre otros nuevos delitos, el de piratería en e mar -con penas de entre 10 y 15 años de prisión- y prevé una respuesta más contundente frente a los abusos contra los menores y las actuaciones que implican corrupción urbanística.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo la importancia "cuantitativa y cualitativa de esta reforma", presentada como anteproyecto en noviembre de 2008, y que implica la adopción de "nuevas medidas para hacer frente a las demandas de la sociedad española contra las nuevas formas de criminalidad".

"Sólo se debe acometer un cambio en una ley tan sensible cuando los valores colectivos lo requieren, no se trata de actuar de forma irreflexiva frente a hechos graves", dijo el ministro, que agregó que la propuesta que se remite a las Cortes "da respuesta a las inquietudes de los ciudadanos con medidas más modernas y garantizando al tiempo que las penas estarán reorientadas a la reinserción".

Respecto a la piratería, Caamaño señaló que "el Gobierno se encuentra plenamente comprometido con la seguridad de los barcos" y por ello introduce un tipo específico penal. "Con ello queremos dar respuesta a los que con violencia tratan de apoderarse del buque y atentan contra sus tripulantes", dijo.

La razón de ser de la creación de este nuevo delito de piratería, según la exposición de motivos del proyecto inicial, radica en la necesidad de dar respuesta a "la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea", como ahora ha puesto de manifiesto el secuestro sufrido por el atunero español 'Alakrana', apresado por piratas somalíes desde el pasado 2 de octubre.

Así, el proyecto de Ley prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes utilicen la violencia, la intimidación o el engaño contra embarcaciones o plataformas en el mar; y penas de entre 1 y 3 años de cárcel a quienes se resistan a las órdenes de un buque de guerra al servicio del Estado "con ocasión de la prevención o persecución" de este tipo de delitos.

Por lo que se refiere a la corrupción urbanística, la reforma del Código también introduce cambios como el endurecimiento de la respuesta penal para estos delitos, aumentándose el ámbito de las conductas típicas y persiguiéndose expresamente a las autoridades y funcionarios públicos que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto también endurece la lucha contra las conductas ilícitas en el sector privado, al regular el cohecho entre particulares y reprimir los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho.

Además, en el texto se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la consideración de conductas punibles en el ámbito informático y en los delitos de torturas y contra la integridad moral, y se introduce la conducta de acoso laboral, es decir, el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral que humille al que los sufre.

Otra de las novedades principales de esta reforma del Código Penal, que contó con el apoyo del PP en el momento de su presentación, es la no prescripción para los delitos graves de terrorismo, es decir, los que hayan causado una muerte, las más graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona.

El proyecto mantiene también medidas encaminadas a garantizar la mayor protección a menores de 13 años. En la actualidad, el hecho de que la víctima de un delito sexual no haya cumplido aún los 13 años se tiene en cuenta solamente a efectos de aplicar una agravante bajo la consideración de que se trata de un sujeto "especialmente vulnerable".

En el ámbito de la prostitución y la pornografía infantil se tipifican nuevas conductas, como la captación de menores para que participen en espectáculos pornográficos, o el ofrecimiento de pornografía infantil. También se propone la consideración como delito el hecho de lucrarse con estos espectáculos infantiles.

En cuanto al delito de prostitución, también se contemplaba incriminar la conducta del cliente cuando la relación sexual se lleve a cabo con un menor o incapaz.

Otro aspecto de la reforma del Código Penal es la tipificación de forma autónoma del delito de trata de seres humanos, que se separa así del fenómeno de la inmigración clandestina.

El proyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros mantiene la creación de la nueva medida de 'libertad vigilada' para terroristas y violadores una vez éstos cumplan su pena de prisión, una novedad que se incluía el Anteproyecto presentado el pasado año, si bien reduce su duración máxima de los 20 a los 10 años en relación con el texto inicial.

Esta medida, criticada en su momento tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por el Consejo Fiscal, será obligatoria para los delincuentes sexuales y terroristas, evitándose a demás que éstos puedan residir cerca de sus víctimas o se acerquen a éstas tras salir de la cárcel.

El contenido y duración de esta medida, según el Proyecto, dependerá de la peligrosidad del delincuente y consistirá en reglas de conducta que permitirán además su seguimiento telemático.

El pasado mes de febrero, tras serle remitido el Anteproyecto de reforma, el CGPJ calificó la libertad vigilada como de "muy difícil justificación" en nuestro ordenamiento jurídico.

A juicio del órgano de gobierno de los jueces, la aplicación de estas fórmulas de vigilancia, una vez cumplida la pena de cárcel, podría entrar colisión con las medidas penitenciarias de tercer grado y libertad provisional. Además, se apuntó que la reforma establece un "sistema restrictivo de derechos" al basarse en una responsabilidad dilatada en el tiempo que tiene difícil encaje constitucional.

Por su parte, el Consejo Fiscal señaló en su informe que esta medida sería más eficaz si se aplicase a los jóvenes que se inician en el terrorismo que a los terroristas con delitos graves que llevan 30 o 40 años de cárcel y alejados de la actividad delictiva.

La reforma también crea como nuevos delitos la captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo, una medida dirigida especialmente al fenómeno islamista.

Otras novedades son que el juez podrá optar entre la cárcel y la expulsión para extranjeros por menas menores a seis años de prisión, y que nadie se verá favorecido por cumplir al mismo tiempo una pena de prisión y una prisión preventiva.

Además, los pequeños 'manteros' podrán no ir a la cárcel, la Agencia Tributaria auxiliará a los jueces para el cobro de multas e indemnizaciones por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social y se incorporan como acciones punibles el reclutamiento de niños soldados y los delitos sexuales en conflictos armados.