ALMERÍA.- “Rocío de Meer, Maribel Sánchez, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, diputados por Vox y Partido Popular, elegidos por nuestros vecinos para que defendieran sus intereses en Madrid, son los culpables directos de que a partir de febrero de más de 250.000 almerienses dejen de cobrar más de 117 millones de euros al año y deben rendir cuenta ante sus votantes”.
Así de contundente se ha mostrado la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, después de que el Congreso de los Diputados rechazara la convalidación de dos reales decretos con los votos en contra de Junts, Vox y PP.
“Estamos acostumbrados a las salidas de tono de los unos y los otros, pero ha sido especialmente doloroso ver cómo han dejado en la cuneta a jubilados, pensionistas, familias en situación de vulnerabilidad, jóvenes y mujeres, los principales beneficiarios del real decreto de medidas urgentes, para alinearse una vez más con las grandes compañías energéticas y rentistas de nuestro país”, ha señalado Amate, “pero su obsesión casi enfermiza contra el gobierno de coalición no justifica el gran daño que han causado a tantas y tantas familias, y esperemos que rindan cuentas ante ellos cuando haya casas donde llegue la factura de la luz, de esas compañías que siempre defienden, y no tengan con qué pagar porque les han bajado la pensión”.
La coordinadora de Izquierda Unida en la provincia ha cogido papel y lápiz para justificar los datos que denuncia: “Si en Almería hay en torno a 71.200 jubilados que van a dejar de percibir 475 € de revalorización de media al año, hablamos que nuestra provincia dejará de ingresar casi 34 millones de euros.
Del mismo modo, si de los casi 150.000 trabajadores que se iban a beneficiar de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, en torno a 100.000, entre las que se encuentran más de 20.000 trabajadoras del manipulado hortofrutícola, ya no se beneficiarán de esos 54 € mensuales, lo que supone una pérdida de 756 € al año; una merma de 756 millones de euros que no van a estar en las cuentas corrientes de los trabajadores más precarizados de nuestra tierra.
Tampoco verán a partir de febrero la subida del 9% del Ingreso Mínimo Vital los casi 15.000 hogares inscritos en nuestra provincia, que ya no recibirán una media de 530 euros al año, es decir, casi 45.000 personas en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos niños y ancianos, no recibirán casi 8 millones de euros, con particularidad de que ahora se encuentran con una espada de Damocles sobre sus cabezas al decaer también la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.
Sin olvidar que no son los únicos afectados, hay que añadir a otros 40.000 pensionistas por incapacidad o viudedad donde, por ejemplo, las pensiones de viudedad con familiares a su cargo, que a partir del mes que viene ya no contarán con la subida del 9’1%, o el aumento del gasto de las familias trabajadoras al caer las ayudas a los bonos de transporte que tras el rechazo de PP, Vox y Junts subirá prácticamente el doble”.
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