SEVILLA.- El juicio de la pieza política de los ERE, que quedó visto para
sentencia en diciembre de 2018, determinará si los altos cargos de la
Junta de Andalucía procesados, entre ellos los expresidentes andaluces
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, resultan sentenciados o absueltos.
Además de los expresidentes, la Audiencia de Sevilla ha procesado a
seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena
Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.
Entre los procesados hay también dos exviceconsejeros, dos directores
generales de Trabajo, un interventor general de la Junta, un ex
director general de Presupuestos, el exjefe del gabinete jurídico de la
Junta de Andalucía y dos directores generales de la agencia pública
IDEA, que pagaba las ayudas.
En esta pieza política se investiga el procedimiento específico que
se aplicó en Andalucía entre los años 2000 y 2011 para ayudas a
empresas, que supuso un desembolso discrecional y arbitrario de 855
millones de euros, según el juez que dictó el auto de procesamiento
contra los ex altos cargos, Álvaro Martín.
En su auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016, el juez exculpó a
24 ex altos cargos imputados inicialmente e incluyó a otros 26, y tras
los recursos presentados, la Audiencia ha dejado en 22 los responsables
públicos que se sentarán en el banquillo de los acusados.
El procedimiento específico tenía por objeto “eludir la aplicación de
los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control
previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía”, según el
juez Martín, que estuvo de refuerzo en el juzgado de instrucción 6, cuya
anterior titular, Mercedes Alaya, abrió la investigación en enero de
2011.
Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o
arbitraria al menos 854,8 millones de euros y a pesar de las
advertencias que se hicieron desde instancias públicas y privadas del
mal uso de los fondos públicos, indicó el juez de refuerzo.
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de
inhabilitación para Griñán -presidente entre los años 2009 y 2013- por
un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena
superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su
actuación cuando fue consejero de Hacienda.
Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el
2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de
prevaricación.
Además, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para los
exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de
malversación, y seis años para otra exconsejera, Martínez Aguayo, por el
mismo delito.
Los cuatro ex altos cargos exculpados por la Audiencia son el
viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez; el viceconsejero de Empleo
Justo Mañas; el director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y el
ex director general de la agencia pública Idea Antonio Valverde.
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