MADRID.- La Asociación de Directoras y
Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado el estancamiento del
Sistema de la Dependencia con una lista de espera de 258.000
dependientes pendientes de recibir prestaciones y una inversión pública
recortada, financiada el 83,3 % por las comunidades autónomas.
El gasto promedio por dependiente atendido se situó en 8.090 euros al
año en 2018, de los cuales la Administración Central aportó 1.348 euros
en concepto de nivel mínimo garantizado, el resto lo cubrieron las
comunidades autónomas, según el estudio realizado por esta asociación
con las certificaciones oficiales anuales remitidas por los gobiernos
regionales.
La inversión pública en el Sistema de Atención a la
Dependencia fue de 8.054 millones de euros el pasado año, una cantidad
que refleja que no se han recuperado los recortes de 2012 y "ni tan
siquiera se ha cumplido el compromiso de elevar un 5 % cada año desde
2018" el nivel mínimo que el Gobierno central aporta a las autonomías
para la atención de los dependientes, lamenta esta asociación.
Por su parte, las comunidades autónomas sí han aumentado un 7,5 por
ciento su aportación al sistema respecto a 2017, alcanzando los 6.707
millones de euros.
"En este contexto entendemos que
existen razones sobradas para abordar la cuestión con urgencia, más si
consideramos que se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos
de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen
sin haber llegado a ser atendidos; cada mes, aproximadamente el 1 % de
la lista de espera fallece, 80 personas al día mueren sin haber podido
ejercer su derecho", asegura el responsable de la asociación, José
Manuel Ramírez.
Reclaman al Gobierno en funciones que
apruebe "al menos" un real decreto para que se cumplan las previsiones
de los presupuestos prorrogados de subir el 5 % con efecto 1 de enero de
2019.
Recuerdan que para la eliminación del 75 % de
la lista de espera, tal y como se habían comprometido, se precisa un
incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros,
que deberían ser aportados íntegramente por la Administración central
para llegar a una aportación global del 36 %, aún lejos del 50 % que
establece la ley (el otro 50 % las comunidades autónomas).
"Esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y se
obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social,
IRPF, IVA, Sociedades) sin contar con los retornos inducidos", concluyen
los gerentes de servicios sociales.
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