LONDRES.- El escándalo de los PPI ha afectado a 2.7 millones de clientes del
Santander en Reino Unido, hecho por el que la entidad presidida por Ana
Patricia Botín ha tenido que provisionar 1.800 millones de libras para
indemnizarlos, según Diario 16.
Payment Protectión Insurance (PPI). Así es como está denominado el
mayor escándalo bancario de Reino Unido. Todo viene de la venta de un
seguro de protección de pagos vendido junto con préstamos no
garantizados, tarjetas de crédito e hipotecas. Se comercializó
indiscriminadamente a consumidores que conforme a las cláusulas no
podían reclamarlo.
Los bancos que vendieron los PPI recibían una comisión de hasta el
87% de las primas pagadas por el cliente, de forma que, por ejemplo, el
banco que vendía una póliza PPI con un coste de 10.000 libras se
embolsaba 8.700 de comisión. Los PPI representaban más de una tercera
parte de las ganancias de la banca en los años de su comercialización
masificada, lo que le hacía un producto muy rentable para las entidades
bancarias a costa de sus clientes.
Los reguladores británicos declararon su ilicitud y obligaron a todos
los bancos involucrados en el fraude que comercializaron indebidamente a
indemnizar a los clientes afectados. La suma de las indemnizaciones
superaría los 53.000 millones de libras (59.511 millones de euros). Su
venta ha sido calificada por algunos medios ingleses como «estafa».
Según el grupo de expertos y el foro de servicios financieros New City Agenda el coste de las indemnizaciones es cinco veces mayor que el de los Juegos Olímpicos celebrados en 2012 en Londres.
El Santander, que es uno de los bancos
involucrados en el escándalo, se ha visto obligado a provisionar para
indemnizar a sus clientes afectados 1.800 millones de libras y el total
podría ascender a más de 2.200 millones. El fraude ha afectado a 2.7 millones de clientes del Santander en Reino Unido.
El escándalo ha vuelto a la actualidad porque, a finales del pasado
mes de agosto, finalizó el plazo de los clientes afectados para
presentar sus reclamaciones. El sistema informático del banco presidido
por Ana Patricia Botín se colapsó el último día ante la avalancha de
reclamaciones de sus clientes.
Durante este último plazo el Santander ha sido acusado por los supervisores británicos por haber llevado a cabo actuaciones tratando de reducir la cantidad a pagar
a sus clientes afectados, intentando impedir o dificultar sus
reclamaciones, eliminando a las compañías profesionales de gestión de
reclamaciones de sus comunicaciones con los clientes ante la mayor
dificultad para éstos de responder dentro de los límites de tiempo
establecidos por el banco.
Las acusaciones se refieren a no haber enviado recordatorios a los afectados y al envío de información inexacta a los clientes. Ante la actuación del Santander con sus afectados el regulador británico, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), ha obligado al Santander a nombrar un auditor independiente para que supervise el proceso de reclamación.
Adam Land, director de análisis comercial y financiero de la CMA dijo
que «Es inaceptable que algunos bancos no proporcionen recordatorios de
PPI, o envíen recordatorios inexactos, ocho años después de que nuestra
orden entró en vigor» y añadió que no era la primera violación cometida por el Santander.
En alguno de los casos que han sido denunciados el banco llegaba a
hacer creer a los clientes que la contratación del seguro era
obligatoria. Durante muchos años en España los bancos comercializaron
hipotecas junto con seguros similares al PPI (seguros de vida para
amortización de préstamos y los complementarios seguros de protección de
pagos de préstamos) y otros como seguros de daños sobre el inmueble
hipotecado, con la advertencia de que si no eran contratados con las
entidades afines o propias del banco prestamista los préstamos no serían
concedidos.
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