SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este
lunes su cuarto decreto de sequía con una dotación de 217,8 millones de
euros para activar de forma inminente nuevas acciones para luchar contra
los efectos de la sequía ante la "situación límite" de los embalses de
la comunidad, entre las que figuran obras con las que se pretenden poner
en circulación 81 hectómetros cúbicos más de consumo para la población y
los sectores productivos.
Según ha explicado en rueda de
prensa la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural,
Carmen Crespo, con este nuevo decreto, que también incluye medidas
urgentes, administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario, el
Gobierno de Juanma Moreno supera los 500 millones de euros de inversión
para combatir la sequía.
En materia de inversiones hídricas, el
decreto incluye una serie de actuaciones inmediatas y prioritarias que
estarán concluidas el próximo verano, destina 40 millones de euros a una
nueva vía de colaboración con los municipios más pequeños a través de
convenios con las diputaciones provinciales para paliar las fugas en la
red y apuesta por las aguas regeneradas para garantizar el suministro a
los sectores productivos.
Crespo ha destacado que todo ello "permitirá
dotar a la comunidad de 81 hectómetros cúbicos de agua nueva" a través
de la recuperación de sondeos, la desalación y el incremento de las
aguas regeneradas.
En concreto, este cuarto decreto de sequía
del Gobierno andaluz incluye el inicio inmediato de obras en las
comarcas malagueñas de la Axarquía, Guadalhorce y la Costa del Sol, el
Campo de Gibraltar, el Levante de Almería, Guadalete y Barbate en Cádiz y
Béznar y Rules en Granada.
En el caso de la Axarquía, se mejorará el
abastecimiento con la ETAP del Trapiche y las desalobradoras portátiles
para los sondeos de Fuengirola, el río Guadalmansa y el canal del
Guarranque, así como las conducciones para el aprovechamiento de los
recursos subterráneos del Bajo Guadalhorce.
Por su parte, en el
Valle del Almanzora de Almería se iniciarán de forma inmediata obras de
abastecimiento en alta, así como la mejora de la garantía de
abastecimiento a Santa Olalla del Cala (Huelva) y a los núcleos
onubenses de Cueva de la Mora y Monteblanco, en el término de Almonaster
la Real. En Cádiz se pondrá en marcha ya la toma flotante del embalse
de Guadarranque.
Junto a ello, el cuarto decreto de sequía
incluye un segundo bloque de actuaciones prioritarias con obras a medio
plazo, más allá del verano, así como el auxilio a zonas necesitadas
fuera de las cuencas hidrográficas de competencia autonómica, para
ayudar a municipios de Sevilla, Jaén y Córdoba.
Se trata de la mejora en
la ETAP de Lora del Río, la mejora de garantía de abastecimiento en
alta de la pedanía de la Ermita Nueva en Alcalá la Real (Jaén) y la
adecuación del bombeo en la ETAP de Iznájar y la conexión eléctrica de
sondeos en Fuente Alhama en la provincia de Córdoba.
También
se apuesta por la llegada de agua en barcos en situaciones extremas,
para lo que se establece también como prioritaria la recuperación de las
tomas de los puertos de Algeciras y Carboneras, una vez que los
trabajos para la de Málaga están ya avanzados.
El incremento de
la desalación también será clave, con la ampliación de la desaladora de
la Costa del Sol, en Marbella, para alcanzar hasta los 20 hectómetros.
La Junta prevé que su entrada en funcionamiento, junto a la finalización
de las obras de la Estación de Bombeo de Rojas, paliarán la situación
actual de la Costa del Sol.
Por su parte, la Junta estima que la construcción de nuevos
terciarios en Jerez de la Frontera, el Bajo Guadalhorce, Antequera,
Gualdahorce y Motril permitirán poner en circulación 39 hectómetros
cúbicos para los sectores productivos y la industria, siendo preferente
el sector agrícola.
Además de estas actuaciones, el cuarto
decreto de sequía incluye ayudas al sector primario andaluz a través de
líneas directas, exenciones fiscales y nuevas infraestructuras para
aportar la conexión a las aguas regeneradas a los regantes y
agricultores.
Crespo ha destacado que la gran novedad es la
línea específica dotada con 50 millones de euros para recuperar el
potencial productivo para los cultivos más afectados por la sequía,
mientras que para la ganadería se mantiene la excepción para la
alimentación convencional del ganado ecológico por la situación de
sequía.
Además el Gobierno andaluz asumirá la puesta en marcha
de las conexiones a las aguas regeneradas en las zonas regables de la
margen izquierda del Bajo Guadalete-Costa Noroeste, Guadalhorce, Guaro,
la cabecera del Guadalhorce en Antequera, Motril-Salobreña y zonas del
Levante almeriense (Vera, Mojácar y Cuevas del Almanzora).
La
Junta subraya que esta revitalización del uso de aguas regeneradas se
suma a las ayudas por cuatro millones de euros para las comunidades de
regantes en materia de asesoramiento para contribuir a su constitución y
mantenimiento, así como a las exenciones en la cuota del canon de
regulación que se mantienen.
La consejera ha destacado que con este cuarto decreto de sequía la
Junta está "llegando hasta el límite de nuestras posibilidades", por lo
que ha apelado al resto de administraciones públicas, en especial al
Gobierno de la Nación, para que "se pongan también las pilas y rápido".
En este sentido, Crespo ha informado de que este mismo martes habrá
una nueva reunión con el Ministerio para abordar las necesidades
urgentes para hacer frente a la sequía, en la que Andalucía volverá a
plantear el trasvase de cinco hectómetros cúbicos para Almería, el apoyo
con la desaladadora de Marbella, la negociación con Portugal del
trasvase de Alqueva y la posibilidad de recurrir a barcos para
garantizar el abastecimiento "si hiciera falta".
"Hay obras
importantísimas, 33 de interés del Estado, que hay que poner en marcha
con urgencia porque en caso contrario Andalucía tendrá dificultades en
el futuro y hay que prepararla porque la sequía ya es estructural en una
zona específica afectada por el cambio climático como es Andalucía", ha
concluido Crespo.
Se permitirá a los ayuntamientos limitar el número de apartamentos turísticos
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado también este
lunes el nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT),
establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros en la comunidad,
que introduce como principal novedad que los ayuntamientos podrán
limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio,
sector, ámbito, periodos, área o zona "por razón imperiosa de interés
general" mientras que mantiene la inspección en manos de la
administración autonómica.
El consejero de Turismo, Arturo
Bernal, ha asegurado que el nuevo decreto, que plantea modificaciones
"consensuadas con los agentes del sector", pretende mejorar la
regulación de las más de 116.000 viviendas de uso turístico existentes
en la comunidad y que han permitido "desestacionalizar y aumentar la
oferta de alojamiento" en algunas zonas pero también han generado
"tensiones en algunas ciudades grandes" por la convivencia con
comunidades de vecinos y población en general.
En rueda de
prensa, Bernal ha explicado que el nuevo decreto "sigue el criterio
marcado por el Tribunal Supremo" para habilitar a los ayuntamientos a
"establecer, en su caso, las limitaciones oportunas a la ubicación de
este tipo de actividad en el ejercicio de sus competencias urbanísticas"
siempre teniendo en cuenta el "interés general" por criterios de
"imperiosa necesidad" al tratarse de una regulación del derecho a la
libre empresa.
Para facilitar su cumplimiento, la Junta
comunicará de forma automática a los ayuntamientos el alta de una
vivienda en el registro de turismo para que cada municipio pueda
comprobar su compatibilidad con la zonificación o el planeamiento
urbanístico vigente.
La administación autonómica se reserva las competencias en materia de
inspección de apartamentos turísticos, aunque Bernal ha indicado que la
Junta ya trabajaba en colaboración con el sector turístico y con la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) "en una ambiciosa
estrategia de medio y largo plazo para automatizar procesos y potenciar
las herramientas digitales de inspección y de control" de estas
instalaciones.
La modificación incorpora nuevos requisitos
respecto a los previstos en el Decreto 28/216, de 2 de febrero, para el
ejercicio de una actividad económica, como es la prestación del servicio
turístico de alojamiento de viviendas, acorde con la normativa europea y
nacional que regula los principios de libre acceso al mercado.
También se refuerza la figura legal de las empresas explotadoras de
viviendas de uso turístico con el objetivo de profesionalizar la
actividad, facilitar las relaciones con la administración turística y
garantizar los derechos y deberes de los usuarios.
Otras
modificaciones se orientan a actualizar los requisitos y exigencias de
habitabilidad, acondicionamiento o servicios comunes para garantizar una
mayor calidad en la prestación de servicio y protección de los derechos
de los usuarios como los de superficie máxima por persona, número de
baños o climatización, entre otros.
Respecto a los apartamentos turísticos, se regulan las distintas
especialidades, incidiendo en que ningún establecimiento podrá incurrir
en discriminación ni prohibición hacia colectivos no preferentes y
ampliándose el período de ocupación de las unidades de alojamiento, que
pasa de ser desde las 15 horas del primer día del periodo contratado
hasta las 11.00 horas del día señalado como fecha de salida.
El decreto también define y establece las características de los
distintos grupos de establecimientos de apartamentos turísticos. Además
elimina parte de los requisitos exigidos para la prestación del servicio
de alojamiento turístico, siguiendo la estela de la reciente regulación
de los establecimientos hoteleros, eliminando la exigencia de
obligaciones estructurales cuando los que corresponden por normativa
sectorial ya los hacen idóneos para el fin pretendido.
Por
último, el decreto incluye modificaciones para que los hoteles y
hoteles-apartamentos puedan ofrecer en el edificio servicios
complementarios a los usuarios del establecimiento, incluso prestados
por personas o entidades distintas del titular de la explotación del
alojamiento turístico, siempre que reúnan determinados requisitos, sin
resultar afectado el principio de unidad de explotación.
Bernal
ha detallado que el nuevo decreto se podrá aplicar a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA),
aunque se fija un plazo de un año para que los apartamentos de su
turístico a las nuevas condiciones de habitabilidad y requisitos de
confort establecidos en la norma.
Preguntado por la posibilidad
de dar vía libre a los ayuntamientos para establecer también una tasa
turística, el consejero de Turismo ha asegurado que la Junta no tiene
una "posición rígida" en esta materia, pero ha cerrado la puerta a su
puesta en marcha porque "son los agentes del sector turístico lo que no
quieren hablar de esta cuestión".
"En cuanto tengamos
receptividad la Junta estará ahí para buscar las soluciones que se
planteen", ha señalado Bernal, que ha vinculado las demandas para
aplicar la tasa turística en ciudades a la mala situación de las arcas
municipales y ha defendido que es la administración central del Estado
"la que debe mejorar la financiación local".
