Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, con este nuevo decreto, que también incluye medidas urgentes, administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario, el Gobierno de Juanma Moreno supera los 500 millones de euros de inversión para combatir la sequía.
En materia de inversiones hídricas, el decreto incluye una serie de actuaciones inmediatas y prioritarias que estarán concluidas el próximo verano, destina 40 millones de euros a una nueva vía de colaboración con los municipios más pequeños a través de convenios con las diputaciones provinciales para paliar las fugas en la red y apuesta por las aguas regeneradas para garantizar el suministro a los sectores productivos.
Crespo ha destacado que todo ello "permitirá dotar a la comunidad de 81 hectómetros cúbicos de agua nueva" a través de la recuperación de sondeos, la desalación y el incremento de las aguas regeneradas.
En concreto, este cuarto decreto de sequía del Gobierno andaluz incluye el inicio inmediato de obras en las comarcas malagueñas de la Axarquía, Guadalhorce y la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, el Levante de Almería, Guadalete y Barbate en Cádiz y Béznar y Rules en Granada.
En el caso de la Axarquía, se mejorará el abastecimiento con la ETAP del Trapiche y las desalobradoras portátiles para los sondeos de Fuengirola, el río Guadalmansa y el canal del Guarranque, así como las conducciones para el aprovechamiento de los recursos subterráneos del Bajo Guadalhorce.
Por su parte, en el Valle del Almanzora de Almería se iniciarán de forma inmediata obras de abastecimiento en alta, así como la mejora de la garantía de abastecimiento a Santa Olalla del Cala (Huelva) y a los núcleos onubenses de Cueva de la Mora y Monteblanco, en el término de Almonaster la Real. En Cádiz se pondrá en marcha ya la toma flotante del embalse de Guadarranque.
Junto a ello, el cuarto decreto de sequía incluye un segundo bloque de actuaciones prioritarias con obras a medio plazo, más allá del verano, así como el auxilio a zonas necesitadas fuera de las cuencas hidrográficas de competencia autonómica, para ayudar a municipios de Sevilla, Jaén y Córdoba.
Se trata de la mejora en la ETAP de Lora del Río, la mejora de garantía de abastecimiento en alta de la pedanía de la Ermita Nueva en Alcalá la Real (Jaén) y la adecuación del bombeo en la ETAP de Iznájar y la conexión eléctrica de sondeos en Fuente Alhama en la provincia de Córdoba.
También se apuesta por la llegada de agua en barcos en situaciones extremas, para lo que se establece también como prioritaria la recuperación de las tomas de los puertos de Algeciras y Carboneras, una vez que los trabajos para la de Málaga están ya avanzados.
El incremento de la desalación también será clave, con la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol, en Marbella, para alcanzar hasta los 20 hectómetros. La Junta prevé que su entrada en funcionamiento, junto a la finalización de las obras de la Estación de Bombeo de Rojas, paliarán la situación actual de la Costa del Sol.
Por su parte, la Junta estima que la construcción de nuevos terciarios en Jerez de la Frontera, el Bajo Guadalhorce, Antequera, Gualdahorce y Motril permitirán poner en circulación 39 hectómetros cúbicos para los sectores productivos y la industria, siendo preferente el sector agrícola.
Además de estas actuaciones, el cuarto decreto de sequía incluye ayudas al sector primario andaluz a través de líneas directas, exenciones fiscales y nuevas infraestructuras para aportar la conexión a las aguas regeneradas a los regantes y agricultores.
Crespo ha destacado que la gran novedad es la línea específica dotada con 50 millones de euros para recuperar el potencial productivo para los cultivos más afectados por la sequía, mientras que para la ganadería se mantiene la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico por la situación de sequía.
Además el Gobierno andaluz asumirá la puesta en marcha de las conexiones a las aguas regeneradas en las zonas regables de la margen izquierda del Bajo Guadalete-Costa Noroeste, Guadalhorce, Guaro, la cabecera del Guadalhorce en Antequera, Motril-Salobreña y zonas del Levante almeriense (Vera, Mojácar y Cuevas del Almanzora).
La Junta subraya que esta revitalización del uso de aguas regeneradas se suma a las ayudas por cuatro millones de euros para las comunidades de regantes en materia de asesoramiento para contribuir a su constitución y mantenimiento, así como a las exenciones en la cuota del canon de regulación que se mantienen.
La consejera ha destacado que con este cuarto decreto de sequía la Junta está "llegando hasta el límite de nuestras posibilidades", por lo que ha apelado al resto de administraciones públicas, en especial al Gobierno de la Nación, para que "se pongan también las pilas y rápido".
En este sentido, Crespo ha informado de que este mismo martes habrá una nueva reunión con el Ministerio para abordar las necesidades urgentes para hacer frente a la sequía, en la que Andalucía volverá a plantear el trasvase de cinco hectómetros cúbicos para Almería, el apoyo con la desaladadora de Marbella, la negociación con Portugal del trasvase de Alqueva y la posibilidad de recurrir a barcos para garantizar el abastecimiento "si hiciera falta".
"Hay obras importantísimas, 33 de interés del Estado, que hay que poner en marcha con urgencia porque en caso contrario Andalucía tendrá dificultades en el futuro y hay que prepararla porque la sequía ya es estructural en una zona específica afectada por el cambio climático como es Andalucía", ha concluido Crespo.
Se permitirá a los ayuntamientos limitar el número de apartamentos turísticos
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado también este lunes el nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT), establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros en la comunidad, que introduce como principal novedad que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona "por razón imperiosa de interés general" mientras que mantiene la inspección en manos de la administración autonómica.
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha asegurado que el nuevo decreto, que plantea modificaciones "consensuadas con los agentes del sector", pretende mejorar la regulación de las más de 116.000 viviendas de uso turístico existentes en la comunidad y que han permitido "desestacionalizar y aumentar la oferta de alojamiento" en algunas zonas pero también han generado "tensiones en algunas ciudades grandes" por la convivencia con comunidades de vecinos y población en general.
En rueda de prensa, Bernal ha explicado que el nuevo decreto "sigue el criterio marcado por el Tribunal Supremo" para habilitar a los ayuntamientos a "establecer, en su caso, las limitaciones oportunas a la ubicación de este tipo de actividad en el ejercicio de sus competencias urbanísticas" siempre teniendo en cuenta el "interés general" por criterios de "imperiosa necesidad" al tratarse de una regulación del derecho a la libre empresa.
Para facilitar su cumplimiento, la Junta comunicará de forma automática a los ayuntamientos el alta de una vivienda en el registro de turismo para que cada municipio pueda comprobar su compatibilidad con la zonificación o el planeamiento urbanístico vigente.
La administación autonómica se reserva las competencias en materia de inspección de apartamentos turísticos, aunque Bernal ha indicado que la Junta ya trabajaba en colaboración con el sector turístico y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) "en una ambiciosa estrategia de medio y largo plazo para automatizar procesos y potenciar las herramientas digitales de inspección y de control" de estas instalaciones.
La modificación incorpora nuevos requisitos respecto a los previstos en el Decreto 28/216, de 2 de febrero, para el ejercicio de una actividad económica, como es la prestación del servicio turístico de alojamiento de viviendas, acorde con la normativa europea y nacional que regula los principios de libre acceso al mercado.
También se refuerza la figura legal de las empresas explotadoras de viviendas de uso turístico con el objetivo de profesionalizar la actividad, facilitar las relaciones con la administración turística y garantizar los derechos y deberes de los usuarios.
Otras modificaciones se orientan a actualizar los requisitos y exigencias de habitabilidad, acondicionamiento o servicios comunes para garantizar una mayor calidad en la prestación de servicio y protección de los derechos de los usuarios como los de superficie máxima por persona, número de baños o climatización, entre otros.
Respecto a los apartamentos turísticos, se regulan las distintas especialidades, incidiendo en que ningún establecimiento podrá incurrir en discriminación ni prohibición hacia colectivos no preferentes y ampliándose el período de ocupación de las unidades de alojamiento, que pasa de ser desde las 15 horas del primer día del periodo contratado hasta las 11.00 horas del día señalado como fecha de salida.
El decreto también define y establece las características de los distintos grupos de establecimientos de apartamentos turísticos. Además elimina parte de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de alojamiento turístico, siguiendo la estela de la reciente regulación de los establecimientos hoteleros, eliminando la exigencia de obligaciones estructurales cuando los que corresponden por normativa sectorial ya los hacen idóneos para el fin pretendido.
Por último, el decreto incluye modificaciones para que los hoteles y hoteles-apartamentos puedan ofrecer en el edificio servicios complementarios a los usuarios del establecimiento, incluso prestados por personas o entidades distintas del titular de la explotación del alojamiento turístico, siempre que reúnan determinados requisitos, sin resultar afectado el principio de unidad de explotación.
Bernal ha detallado que el nuevo decreto se podrá aplicar a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aunque se fija un plazo de un año para que los apartamentos de su turístico a las nuevas condiciones de habitabilidad y requisitos de confort establecidos en la norma.
Preguntado por la posibilidad de dar vía libre a los ayuntamientos para establecer también una tasa turística, el consejero de Turismo ha asegurado que la Junta no tiene una "posición rígida" en esta materia, pero ha cerrado la puerta a su puesta en marcha porque "son los agentes del sector turístico lo que no quieren hablar de esta cuestión".
"En cuanto tengamos receptividad la Junta estará ahí para buscar las soluciones que se planteen", ha señalado Bernal, que ha vinculado las demandas para aplicar la tasa turística en ciudades a la mala situación de las arcas municipales y ha defendido que es la administración central del Estado "la que debe mejorar la financiación local".
No hay comentarios:
Publicar un comentario