Nunca una decisión (y menos un acuerdo forzado) de Pedro Sánchez, de los muchas que ha logrado sacar adelante durante sus cinco años de mandato desde que llegara a la presidencia del Gobierno, tras la moción de censura del 2018, ha concitado a tantas fuerzas políticas y sociales en su contra, incluso algunas procedentes de su propio partido, como la de Felipe González y la del manchego Emiliano-García-Page. Parafraseando a Unamuno en 1936: Será investido pero no convencerá.
La
enumeración de colectivos que ha expresado su oposición a la amnistía
pactada con los catalanes de Junts es ingente, y crece por momentos.
Podría decirse incluso que la lista es excepcional, porque hasta ha
conseguido que colectivos que tradicionalmente han estado enfrentados,
se hayan unido en esta ocasión contra Sánchez por las cesiones
prometidas a los independentistas para conseguir los siete votos que le
hacen falta de Junts para poder permanecer en La Moncloa otra
legislatura más.
Al rechazo de la sociedad civil española a la opción de Pedro Sánchez
para seguir en el poder, se suman los medios internacionales, como en
el caso del Wall Street Journal. Este da por hecho que la preferencia de
Sánchez, aliándose con los independentistas catalanes y vascos, a
quienes ha tenido que hacer concesiones a las que siempre se había
negado, supone un mayor riesgo que el que habría supuesto un gobierno
del centro y la derecha española.
El listado opositor a Sánchez es muy numeroso. Desde el Sindicato
Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC), que han participado este viernes en una concentración a
las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona para protestar por
la Ley de Amnistía y apoyar a los 45 agentes investigados por las cargas
para impedir el referéndum del 1-O, a todas las asociaciones de jueces y
fiscales, tanto conservadoras como progresistas, o los sindicatos de
ADIF que han anunciado huelgas.
Lo ha hecho también la Asociación de Inspectores de Hacienda del
Estado (IHE), para quien el pacto de investidura sellado por PSOE y
Junts amenaza el principio de igualdad entre españoles y amenaza con
generar “comunidades autónomas de primera y segunda”. O el sindicato de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que traslada a la opinión
pública su rechazo “frontal y absoluto” a los acuerdos entre Junts y el
PSOE para la futura investidura de Pedro Sánchez, por lo que ellos
consideran, supone “vulnerar” el principio de igualdad de la
Constitución.
Según los inspectores de trabajo, el pacto pretende eliminar la
obligación que encomienda el artículo 9.2 de la Constitución Española a
los poderes públicos, para promover que la libertad e igualdad del
individuo sean reales y efectivas y alertan de que “en definitiva” se
trata de “un pacto que vulnera la legalidad vigente y supone la ruptura
del régimen constitucional actual”.
A su vez, 79 jueces decanos de toda España han firmado un documento
en el que rechazan las referencias al Lawfare o judicialización de la
política y sus consecuencias en el acuerdo de investidura suscrito por
el PSOE y Junts.
Así, los Decanos se adhieren al comunicado publicado este jueves día
9, por las Asociaciones Judiciales, (Asociación Profesional para la
Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces
para la Democracia y Foro Judicial Independiente), en el que criticaban
esta idea.
Como se indica en el comunicado, "el texto del acuerdo alcanzado
contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar
comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la
presencia de situaciones de judicialización de la política, con las
consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de
responsabilidad o modificaciones legislativas".
La patronal CEOE sube el tono de la crítica
También la patronal española, CEOE, que ha expresado en reiteradas
ocasiones su rechazo a la amnistía, ha subido el tono de la crítica al
conocer los detalles del acuerdo firmado entre los secretarios de
organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts,
Jordi Turull, y ha convocado un Comité extraordinario ante la grave
preocupación empresarial.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado un Comité
Ejecutivo extraordinario el próximo lunes, según trasladaba la patronal
española en un comunicado, en el que explica que lo hace “ante la grave
preocupación existente en el mundo empresarial” tras el acuerdo
alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Pedro
Sánchez como presidente del Gobierno.
El comunicado de la CEOE llega después de haberse pronunciado en
varias ocasiones en contra de la amnistía, contra la que también lo han
hecho algunas de sus asociadas, como es el caso de la patronal
madrileña, CEIM, que lo hizo el pasado miércoles.
Miembros de la patronal contactados por capitalmadrid.com aseguran
que le han transmitido al presidente de la patronal que el mensaje a la
sociedad española, en este caso, tiene que ser muy claro y rotundo
contra la amnistía, advirtiéndole que no se puede hacer como hicieron
con los indultos. En aquella ocasión inicialmente dijo: “si acaba en que
las cosas se normalizan, bienvenidos sean”.
Aunque tras las críticas de muchos dirigentes empresariales trató de
explicar que no había estado a favor de los mismos asegurando que “o no
me expliqué bien o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije para
nada que estaba apoyando los indultos”.
A todos estos colectivos se sumaban a última hora de la tarde del
viernes decenas de abogados del Estado que rechazan el acuerdo de
investidura. Más de un centenar de ellos rechazan el acuerdo porque
supone “un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad y
quiebran el Estado de Derecho”.
Rechazan “la concesión de la amnistía a personas condenadas con las
máximas garantías procesales y jurídicas, tras una instrucción y un
enjuiciamiento impecables”. Como también lo hacen contra el acuerdo para
la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que
suponen un “ataque inaceptable a la independencia del Poder Judicial y
una injerencia contraria al principio de separación de poderes, y que
buscan ampliaciones indefinidas del ámbito subjetivo de la prevista Ley
de Amnistía”.
Preocupación en el mundo financiero internacional
Esta preocupación por parte de la sociedad civil se traslada también a
los medios internacionales, como es el caso de uno de los más
influyentes medios en el ámbito financiero internacional, el Wall Street
Journal, que dedica un editorial a la situación que atraviesa España
con el titular: “El primer ministro de España juega con el separatismo”.
El diario neoyorquino afirma en el primer párrafo, que, después del
miedo que se generó en España ante la posibilidad de que Vox entrara en
el Gobierno, ahora la alternativa podría ser peor. Así textualmente se
pregunta: “¿Recuerdas el verano pasado cuando todos tenían miedo de que
un partido de extrema derecha pudiera hacerlo bien en las elecciones
españolas y poner en peligro a España y la Unión Europea?” para
responderse: “Bueno, ahora parece que la alternativa era peor, después
de que el jueves el primer ministro Pedro Sánchez cerrara un acuerdo con
separatistas regionales para permanecer en el poder".
Interpreta el Wall Street Journal que España lleva sufriendo ya unos
meses de incertidumbre política desde las elecciones de julio en las que
“el Partido Popular de centro-derecha liderado por Alberto Núñez Feijóo
fue el gran ganador, pero los partidos de derecha no lograron obtener
suficientes escaños en total para formar un Gobierno de coalición. Esto
se debió en parte a que los votantes rechazaron al partido Vox, más a la
derecha del PP, en medio de una campaña mediática global advirtiendo de
que el partido era reaccionario en política social y una amenaza para
la posición de España en la UE”.
Las estimaciones del alcance que podría tener la ley de amnistía no
son menores, según el diario estadounidense, para quien “los
separatistas exigieron un alto precio por su apoyo. La cuestión central
es una amnistía para todos los involucrados en el referéndum de
independencia catalán ilegal en 2017. La amnistía también podría incluir
a aquellos acusados de actividades separatistas ilegales antes y desde
entonces, una lista que podría superar fácilmente las 1.000 personas”.
El acuerdo, escribe WSJ, “está creando malestar en España, con una
larga historia de separatismo regional y donde la unidad nacional es un
tema político poderoso”. El diario también recoge que está creando
“problemas para la UE”. Y concluye el editorial diciendo que “el partido
español Vox ha provocado ardor de estómago en toda Europa porque sus
políticas conservadoras no están en sintonía con la cultura convencional
liberal de Bruselas. Pero esos desacuerdos políticos no son una amenaza
para la democracia. Lo que podría serlo, en España, es un partido de
izquierdas dispuesto a negociar con el Estado de Derecho”.
No menos alarmante es la advertencia que lanza desde su primera
página otra gran publicación como es la agencia Bloomberg, en su
artículo titulado “El futuro de España depende de la capacidad de
Sánchez para controlar a los nuevos socios catalanes. El presidente del
Gobierno ha prometido amnistías para cientos de separatistas para
conseguir un tercer mandato, lo que ha indignado a los conservadores
españoles”.
En su análisis, el grupo de quien fuera el alcalde de Nueva
York, advierte de que “el riesgo es que Sánchez sumerja a España en una
crisis constitucional o algo peor”. El autor de la crónica da muestras
de conocer muy bien a Pedro Sánchez, de quien dice en el primer párrafo
de su análisis, que “ha pasado la mayor parte de su carrera política en
la cuerda floja y se juega el futuro de España en su capacidad para
hacer otro escandaloso ejercicio de equilibrismo”.
García-Page reitera que recurrirá las cesiones de Sánchez a
Puigdemont y Lambán advierte de que el pacto "socava la autoridad moral
del Estado y da alas al independentismo"
De nuevo este viernes se han vuelto a hacer notar las dos voces
discrepantes entre los actuales dirigentes del PSOE, el castellano
manchego, Emiliano García-Page y el aragonés Lambán.
El presidente de Castilla-La Mancha reiteraba que recurrirá las
cesiones que el PSOE se ha comprometido a hacer a instancias de Carles
Puigdemont a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts a la
investidura de Pedro Sánchez con referencias directas a los dos
principales dirigentes de ambos partidos.
Page ha advertido de que “lo peor que nos puede pasar es que el ansia
por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien
tiene ya una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la
Constitución y la unidad de España. No lo vamos a permitir”.
El líder socialista castellano-manchego, ha recordado que él se sigue
oponiendo a la amnistía a los implicados en el referéndum ilegal de
independencia en Cataluña, porque “significa borrar un delito sin que se
haya rendido cuentas”, pero ha advertido que el pacto que se ha
rubricado en Bruselas es “algo peor”, porque es “un intento de
reescribir lo que pasó”.
Y añade: “discrepo por completo del relato que
se planteó ayer en los acuerdos políticos, es falso. Puigdemont es
culpable, no es víctima de nada”.
En alusión directa a Sánchez y Puigdemont, García-Page ha dicho que
“lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado, de gobernar y, por otro
lado, de librarse de la cárcel, mucha necesidad y ninguna virtud”. Para
concluir “si hay que ejercer recurso, lo haré; si hay que plantear
batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por que se haga una relectura
de la Constitución española”.
Por su parte, Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón,
expresidente de esta Comunidad y senador en la actualidad, ha expresado
que el pacto con Junts “socava la autoridad política y moral del Estado y
da alas al independentismo”. Ha recordado que siempre ha manifestado su
posición sobre la amnistía, que “no es una buena solución y no hay una
mayoría progresista, no es constitucional y no tiene encaje político”.
Para el actual senador socialista, dicho acuerdo no solo no resuelve
el problema de Cataluña, sino que crea “uno nuevo en España” al abrir
una etapa de inestabilidad política. En su opinión, los independentistas
han dejado claro que quieren marcar la agenda del Gobierno y tienen los
votos para ello.
Dudas sobre la legislatura
A pesar de todas las cesiones explícitas e implícitas de los acuerdos
firmados por el PSOE con los independentistas, fuentes socialistas,
admiten que no se puede saber cuánto va a durar la actual legislatura si
finalmente es investido el próximo jueves Pedro Sánchez.
Calculan que
la Ley de amnistía podría retrasarse en entrar en vigor hasta dos años y
que el Partido Popular podrá retener su aprobación en el Senado hasta
un año. Otro año más, como mínimo, tardaría el Constitucional en emitir
su decisión.
En esos dos años la Justicia Europea puede haber dejado la
puerta definitivamente abierta para que sea extraditado Puigdemont, lo
que podría echar por tierra una parte de los acuerdos, abriendo la
posibilidad de que el líder de Junts entrara en la cárcel, lo que ha
pretendido evitar a toda costa en sus seis años de prófugo. La idea de
la cárcel no le deja dormir.
¿Por cuánto tiempo podría permanecer en ese caso el apoyo de
Puigdemont al Gobierno? El líder prófugo de la justicia española,
residente en Waterloo, sabe que no tiene todavía garantizado que no se
le pueda extraditar y, durante dos años, más vivirá en la intranquilidad
permanente.
Compleja situación la que vive la política española, con el
agravante de que la oposición española no ha dado muestras de tener
ideas claras de cómo actuar en este caso. Feijóo venía para gobernar y
no se ha hecho todavía al papel de líder de la oposición, pese a la
gravedad del momento, situación que el Wall Street Journal califica de
seria amenaza para la democracia española.
(*) Periodista
