La crisis amenaza con acabar de un tajo con nuestras administraciones públicas más onerosas e inútiles

MADRID.- Las 41 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares cuestan 22.000 millones de euros al año y, al cierre de 2009, acumulaban una deuda de 5.825 millones. Un saldo difícilmente justificable si se tiene en cuenta que sus funciones están prácticamente absorbidas por las comunidades autónomas (CCAA) y los grandes municipios, a juicio de www.lainformacion.com

En enero, el ex presidente del Gobierno Felipe González apostó por su supresión después de calificarlas de “redundantes”. Antes, en junio de 2010, el ministro de Fomento José Blanco se preguntaba para qué sirven y ayer mismo, el Círculo de Empresarios hurgaba en la herida apostando porque las pocas competencias de estas instituciones sean asumidadas por las CCAA.

¿A qué se reducen estas competencias? Fundamentalmente al ámbito cultural, ya que las tradicionales como la sanidad o la gestión de carreteras han quedado reducidas a la mínima expresión.

Pero el gran problema es que su coste anual es de 6.871 millones de euros en el caso de las diputaciones provinciales y la friolera de 15.082 millones en las tres diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, según datos de 2009.

Es decir, 21.953 millones para unos entes que apenas prestan servicios a unos ciudadanos que apenas conocen a qué se dedican. De hecho, más de la mitad de sus presupuestos los dedican a sufragar los costes de personal.

Las diputaciones son la cara más llamativa del recortable en el que el Circulo ha convertido las administraciones territoriales españolas: la tijera debe actuar sin piedad para reducir el número de ayuntamientos, deben dejar de financiarse televisiones públicas y universidades ruinosas por la cercanía entre unas y otras y poner fin a la proliferación de empresas públicas –más de 2.400- que dependen de las autonomías.

¿Están justificadas estas medidas? Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación actual es insostenible. Estas son las denuncias y propuestas del Círculo para mejorar la salud financiera de las administraciones territoriales.

-Menos ayuntamientos. No sólo sobran diputaciones provinciales: España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. El Círculo no pone cifras, pero hace referencia a los poco más de 5.000 de Alemania, la primera economía de Europa.

Si España eliminara los municipios con menos de 500 habitantes quedarían 4.313. Una cifra también en línea con la otra gran locomotora europea, Francia. Los municipios, que ya superan al Estado en número de funcionarios, tenían al cierre de 2009 una deuda acumulada de 28.700 millones de euros.

-Empresas públicas. El Círculo denuncia que se está produciendo "una réplica autonómica del sistema estatal de empresas públicas”. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, las autonomías tienen 2.386 entes públicos.

La cifra ha crecido un 10% desde que empezó la crisis, con Cataluña –la comunidad donde más ha crecido la deuda desde 2006 y que acaba de anunciar el recorte de 1.000 empleados públicos- a la cabeza.

-Las sanciones, a las CCAA. La propuesta defiende la creación de un mecanismo sancionador para las entidades que no cumplen las reglas fiscales. Ahora, las sanciones que aplica Europa recaen sólo sobre la Administración Central.

Además, el Círculo demanda un compromiso de transparencia fiscal para controlar la actividad de las autonomías. En estos momentos, sólo seis informan de manera completa y periódica sobre su ejecución presupuestaria.

-Directivos profesionales. El informe cree que es “muy conveniente” que los gestores públicos sean directivos profesionales. Esta figura ya se reconoce en el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado en 2007. Sin embargo, está figura apenas se ha desarrollado a la espera de una nueva Ley de la Función Pública.

Esta figura casi ni existe en las comunidades autonómicas y locales españoles, dominadas abrumadoramente por los políticos.

González Pons proclama el "enorme fracaso" de todos los políticos "sin excepción"

VALLADOLID.- El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha proclamado esta tarde en Valladolid el "enorme fracaso" de todas las políticas y políticos, "sin excepción", a la luz de un informe de la OCDE sobre estrategias de familia en España conocido durante esta jornada. 

La falta de guarderías suficientes fuera del horario escolar y la elevada tasa de niños que viven en familias abocadas a la pobreza -el doble que la media de la OCDE-, "demuestran que no hemos acertado y que hemos fracasado como políticos, da igual lo que luego digan las publicaciones oficiales", ha reflexionado González Pons.

"La España real cada vez está más alejada de la oficial. Los anuncios de la radio y la televisión nada tiene que ver con lo que se vive en la casa de cada uno, donde los abuelos vuelven a ejercer como padres, ahora de sus nietos, y la tasa de natalidad es muy baja", ha añadido el vicesecretario general de Comunicación del PP.

Por todo ello ha invitado a la clase política a "bajarse de la España oficial" y acudir "a la real", especialmente ahora y ante una inminente campaña electoral donde los ciudadanos "nos van a pedir que nos centremos en sus problemas reales y no en insultos", en la falta de empleo y de cobertura sanitaria, ha puesto como ejemplos.

"Este informe de la OCDE nos pone a los políticos en la oportunidad de afrontar una campaña electoral constructiva y propositiva, sobre las cosas que de verdad importan a los a los ciudadanos", ha considerado durante una rueda de prensa previa a su participación en un acto público de presentación de los candidatos del PP de Valladolid.

En la misma línea de regeneracionismo político, ha incidido en la necesidad de que ningún representante público "gaste más de lo que ingrese" y de que "gane lo menos posible", y expresado su convencimiento, con motivo del Consejo de Política Fiscal reunido hoy, de que el futuro de España "pasa por la resolución del futuro de la financiación municipal".

Ante la próxima campaña electoral, González Pons ha detectado cómo la ciudadanía "está pidiendo a gritos un cambio".

La nueva estructura administrativa del agua mejora la información y participación pública en la gestión del recurso

SEVILLA.- El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha informado en comisión parlamentaria de la nueva estructura de su departamento, en la que se integra toda la organización, medios y recursos de la actual Agencia Andaluza del Agua. 

De esta manera, se incorpora como una Secretaría General de Aguas capaz de hacer frente a los retos del siglo XXI en Andalucía, mejorando la transparencia, la información y la participación pública en la gestión de este recurso, objetivos incorporados en la nueva Ley de Agua de Andalucía y que responden a la aplicación de los criterios de la Directiva Marco de Agua y del Pacto andaluz por el Agua. 

Esta reestructuración, ha indicado el consejero, es una respuesta a la realidad económica actual, que demanda de la Administración políticas de austeridad, ahorro y eficiencia para hacer frente a esta situación y promover así las condiciones para la recuperación económica. 

Para ello se ha constituido la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, un órgano instrumental de apoyo y agilización a la Administración hidráulica andaluza y que actuará en el ámbito del derecho público. 

Además, con la creación de la Agencia se dota de mayor seguridad jurídica a los cometidos que ejerce la consejería, aumentando el control y supervisión de todas sus actuaciones, así como reforzando la garantía de la empresa privada andaluza al evitar colisionar con sus intereses en su acceso a la actividad pública. Como resultado de la nueva reordenación se suprimen la Dirección General de Planificación y Gestión y ocho puestos directivos correspondientes a las direcciones provinciales de Egmasa. 

El consejero de Medio Ambiente ha señalado que este ajuste ha supuesto un ahorro en el gasto cercano a los 600.000 euros al año. Durante su comparecencia ante la Comisión, Díaz Trillo ha explicado además la situación actual en la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Para un período de seis meses, el Gobierno andaluz ha suscrito con el Estado una encomienda de gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio andaluz.

Esta encomienda, que garantiza la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión que ha venido realizando la Junta, asegurando la pervivencia de las resoluciones y actos dictados por la Administración andaluza desde que se formalizó la transferencia de la cuenca en 2008, en aplicación del principio administrativo de conservación de actos. Esta garantía también impedirá que la sentencia del Constitucional suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años. En cuanto a los cánones y tarifas a aplicar, la comunidad andaluza se hace cargo de los ingresos derivados de los mismos.  

Ley de Agua y situación actual 

El consejero de Medio Ambiente también ha querido explicar el desarrollo de la Ley de Aguas y su situación actual. Hasta la fecha, se han elaborado y sometido a información pública los Planes Hidrológicos de las tres demarcaciones intracomunitarias en las que la Junta ejerce las competencias de planificación. Así, durante el mes de mayo se convocarán las correspondientes comisiones del agua en los distintos distritos hidrográficos. 

El Observatorio Público del Agua es el instrumento fundamental para conseguir una información veraz y transparente hacia los ciudadanos y con él se conseguirá una participación pública activa que mejore la gestión del recurso. Este organismo, ha subrayado el titular de Medio Ambiente, pionero en España y con sede en Málaga, será un órgano colegiado consultivo de participación e información sobre el agua, que tendrá la capacidad de exigir información comparable y fiable a cualquier organismo o entidad con el fin de mejorar y armonizar la prestación de este servicio público. 

En cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones, en la actualidad se encuentra en elaboración el reglamento de desarrollo de esta materia de la Ley de Aguas y se están abordando los trabajos para la determinación de los mapas de riesgos de inundación de los distritos hidrográficos. En el período 2002-2010, la Agencia Andaluza del Agua ha realizado una inversión de 342 millones de euros en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces (PCAI). 

La inversión prevista para el período 2002-2012 era de 356 millones, por lo que se ha invertido hasta la fecha un 96% (342 millones). Por otro lado, dentro del Plan de Saneamiento y Depuración previsto en la Ley, ya se han declarado por el Consejo de Gobierno 300 obras de Interés para la Comunidad, que movilizarán una inversión de 1.765 millones en 548 municipios y conllevarán la generación de un empleo asociado cifrado en 28.400 puestos de trabajo.

Finalmente, el consejero ha puesto de manifiesto el compromiso de la Consejería con la gestión del conjunto de sus cuencas y ha insistido en la Gestión de la Administración Hidráulica de Andalucía de la Cuenca del Guadalquivir, en la que desde 2008 se ha invertido cerca de 235 millones de euros y tiene comprometidos más de 622 millones más en obras para el desarrollo del ciclo del agua y de la defensa contra avenidas e inundaciones en toda esta cuenca andaluza.

José Juan Díaz Trillo ha subrayado, por último, las 22.000 resoluciones anuales emitidas de media en tres años por la Administración andaluza, ofreciendo seguridad jurídica y normalizando regadíos, como ha sido el caso de las 50.000 hectáreas de aguas invernales en la provincia de Jaén, las 4.500 del Guadajoz en Córdoba, las casi 15.000 ha de arroz, o la culminación de procesos de regularización de 30.000 hectáreas en Loma de Úbeda (Jaén), Huéscar-Puebla (Granada), o Doñana (Sevilla y Huelva).

Clara Aguilera apuesta por mantener una política europea específica para el sector de frutas y hortalizas

SEVILLA.- La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha informado en el Parlamento sobre la 'Declaración de Almería', el primer posicionamiento que han suscrito 26 regiones europeas de frutas y hortalizas en defensa de sus intereses comunes. Así, ha explicado que mantener una "política europea específica para el sector hortofrutícola", basada en el papel que desempeñan las Organizaciones de Productores es una de las "prioridades" que el Gobierno andaluz "ha plasmado en este documento". 

Este texto sienta las bases de las mejoras que requiere la actual Organización Común de Mercado (OCM), que no está incluida en la actual reforma de la Política Agrícola Común (PAC), pero que será revisada por las autoridades comunitarias en 2013 para evaluar su funcionamiento actual. 

En su intervención, Aguilera ha insistido en la necesidad de mejorar la planificación del sector hortofrutícola mediante un incremento del volumen actual de ayudas con el objetivo de aumentar la eficacia de los programas operativos, y lograr así los objetivos previstos en la OCM como la mejora de la oferta, la reducción de costes o una gestión sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Especial importancia, según ha destacado la consejera, tiene la mejora de los mecanismos de gestión de crisis y se ha manifestado a favor de la implantación de un seguro plurianual cofinanciado por la Unión Europea y los productores, que permitiera una gestión eficaz en momentos de exceso de oferta, ya que el actual sistema de retiradas de producto no ha sido operativo. 

Además, Aguilera ha destacado que las organizaciones de productores deben tener mayor capacidad de reacción ante situaciones adversas, a la vez que deberían aumentarse los incentivos dirigidos a fomentar los procesos de integración y fusión que hagan posible eliminar la atomización de la oferta y mejorar el precio que perciben los productores. 

Así, la consejera ha apostado por favorecer a los agricultores que estén asociados a Organizaciones de Productores y por incentivar especialmente la puesta en marcha de organizaciones de este tipo con alcance regional, nacional e internacional. Entre otros aspectos, el documento aboga por la defensa de las producciones europeas más sensibles en el contexto de la progresiva liberalización comercial y reclama la aplicación del principio de reciprocidad en los intercambios comerciales entre la UE y los países terceros. 

La 'Declaración de Almería', firmada el pasado 6 de abril en el marco del II Foro de la Asociación de Regiones Europeas Hortofrutícolas (REFLH), ha sido trasladada a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Además, está prevista la celebración del III Foro de la AREFLH el próximo otoño en Bruselas, con el objetivo de difundir las prioridades del sector hortofrutícola en los lugares donde se toman las decisiones sobre la política comunitaria.  

Sector clave en la economía andaluza 

Con su adhesión a la 'Declaración de Almería', el Gobierno andaluz refuerza su apoyo al sector hortofrutícola, uno de los más importantes de la región desde el punto de vista económico y social. Andalucía, con 420.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, representa el 34% de la producción española y el 7% de la comunitaria. 

Según los datos provisionales de 2010, el valor de las producciones hortofrutícolas alcanza los 5.528 millones de euros, a la vez que estas producciones generan un elevado volumen de trabajo. Sólo los invernaderos de Almería y Granada, con una superficie próxima a las 43.000 hectáreas, emplean a unos 12.000 trabajadores fijos y a más de 76.000 personas entre titulares de explotaciones y eventuales. 

Durante su intervención, la consejera de Agricultura ha informado sobre los detalles de la Orden para invernaderos de excelencia, que ha definido como "una clara oportunidad para visualizar el cambio de modelo que necesita la horticultura de invernadero, a través de un aumento en la productividad mediante la innovación tecnológica". 

En este sentido, Aguilera ha matizado que además de la nueva línea de apoyo a la cogeneración, las ayudas habituales para modernizar invernaderos siguen a disposición de los agricultores reguladas mediante su norma correspondiente. Acorde con la relevancia de este sector, el Gobierno andaluz materializa su apoyo a las producciones hortofrutícolas mediante otras acciones. 

Entre ellas, destaca la creación en septiembre de 2010 de un grupo permanente de trabajo, o la participación en dos grupos territoriales creados recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Además, se realizan varios estudios sobre márgenes comerciales, caracterización productiva, estudios de mercado y análisis de costes de producción sobre cultivos como cebollas, cítricos, fresa y hortícolas protegidos y al aire libre.

El ministro de Trabajo anuncia mano dura contra el empleo irregular

MADRID.- El Gobierno aprobará el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido que dará dos o tres meses de plazo para regularizar la situación de trabajadores sin contrato sin sufrir sanciones, dijo el miércoles el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. 

"Después de un periodo de dos o tres meses desde que entre en vigor la norma (...) se endurecerán las sanciones a las empresas como consecuencia de la contratación irregular de trabajadores", dijo Gómez, tras la presentación del nuevo director de la oficina de la OIT en España .

El ministro dijo que el Gobierno dará facilidades a los contratadores en cuanto al aplazamiento de las cotizaciones que se adeuden y a los recargos.

"No hay amnistía, hay facilidades para que aquel trabajo irregular que no se ha declarado (...) pueda hacerse a partir de la aprobación del Real Decreto Ley, sabiendo que hay un plazo", dijo.

El plan del Gobierno también planteará sancionar a aquellos trabajadores irregulares que se descubra que, a la vez, se estén beneficiando de una prestación por desempleo.

Las propuestas del gobierno están actualmente siendo evaluadas por los interlocutores sociales -patronal y sindicatos-, quienes a más tardar el jueves deberían dar su opinión para la redacción final.

En el apartado de las exigencias para los empleadores también se incluiría la obligatoriedad de contratar durante al menos seis meses.

Además, las empresas que subcontraten servicios a empresas que tengan empleados irregulares también serían sancionados.

Con una tasa de paro en torno al 20 por ciento, el desempleo es uno de los males endémicos de la economía nacional, aunque numerosos políticos y analistas consideran que parte del desempleo no es real como consecuencia de la denominada "economía sumergida".

Uno de cada diez andaluces prestaría dinero a un amigo en apuros

MADRID.- El 10 por ciento de los andaluces prestaría su dinero a un amigo en apuros, según un estudio realizado para el portal de Internet para el ahorro en gastos cotidianos Iluba, que también señala que la media de los españoles que dejarían dinero a un amigo que lo necesitase es del 3 por ciento, lo que sitúa a los andaluces como los más solidarios de España en este sentido.

   Sin embargo, ante la pregunta de "Imagina que tienes 300 euros en el bolsillo. ¿Qué haces con ellos?" los andaluces demuestra que su pensamiento "es más a corto plazo", según el estudio, ya que mientras que en el conjunto de España un 70 por ciento dice que lo metería en una cartilla de ahorro para estar prevenido para el futuro, el 59 por ciento de los andaluces irían a su banco o caja de ahorros.

   Por otro lado, cuando se pregunta a los andaluces qué se comprarían si tuvieran 300 euros con los que no contaban, los andaluces se muestras igual de prácticos que el resto de los españoles y reconocen que en un 53 por ciento se comprarían algo que necesitaran mucho y guardarían el resto.

   La mayor diferencia con el resto del país es que un 18 por ciento iría al supermercado a hacer una buena compra aunque luego tuviera que congelarla, el doble que en el resto de España (9 por ciento).

   Como parece que no todo es ahorrar, los resultados de la encuesta también apuntan a algunas gastos a los que no se renuncian. Un 32 por ciento de los andaluces no renunciarían a las vacaciones frente al 40 por ciento del conjunto del territorio.

   Sin embargo, esta tendencia se invierte y un 17 por ciento de los andaluces no renunciaría a salir a cenar fuera un fin de semana (sobre el 8 por ciento de los españoles) y un 24 por ciento a salir los fines de semana (un 16 por ciento en el resto del país)

   Internet se ha convertido en un método cada día más "importante" como herramienta para encontrar buenos precios y descuentos. Así lo confirma el dato de que un 72 por ciento de los andaluces han respondido que buscan ofertas a través de la Red, una cifra ligeramente inferior a la del 82 por ciento obtenido en el global de España.

   El estudio de Iluba destaca la diferencia entre las ofertas que se encuentran y las que realmente gustaría localizar en la red. Las respuestas indicaban que un 31 por ciento encuentra buenos precios en viajes y ocio, un 25 por ciento en electrónica y un 17 por ciento en ropa. Sin embargo, preguntados por lo que realmente les ayudaría a ahorrar, los encuestados se refieren a la compra diaria, las facturas mensuales de servicios y suministros y la gasolina.

España vulnera los derechos humanos a la vivienda

MADRID.- La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. 

   Así lo ha explicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.

   Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

   En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en El Cabañal, de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.

   Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.

   "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.

   El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.

   El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española" recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores" que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.

   En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita" y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".

   "Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

   Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.

   En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.

Fiscalía pide una multa de 120 euros a una vecina de Uleila que grabó y colgó en internet un pleno

ALMERÍA.- El Ministerio Público ha solicitado este martes una pena de multa de 120 euros para una vecina de Uleila del Campo por grabar una sesión plenaria del Ayuntamiento y colgarla en una página web al considerar que desobedeció una orden "expresa" del alcalde en funciones, Ángel Hernández (PSOE), quien, al percatarse de la grabación, le transmitió que no autorizaba esta acción en el "ejercicio de su potestad".

   Durante el trámite de informes del juicio de faltas celebrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, la fiscal ha calificado los hechos denunciados por Hernández como una falta de desobediencia leve y ha interesado para una condena de multa de 20 días con cuota de seis euros al día para Carmen P., quien en sala ha reconocido que grabó el pleno y lo subió a internet aunque ha negado que el regidor en funciones se dirigiese a ella para prohibírselo.

   La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Uleila del Campo, ha pedido, sin embargo, la pena máxima que recoge el artículo 634 del Código Penal con respecto a faltas al orden público --60 días de multa-- y ha añadido a sus conclusiones una presunta falta leve de vejación injusta, por el que ha solicitado otros 20 días de multa al estimar que las viñetas y comentarios que acompañaban al video colgado en internet "se mofan y ridiculizan" al primer teniente de alcalde y primer edil en funciones durante esa sesión plenaria.

   La letrada del Consistorio ha expuesto ante la juez que la demandada incurrió "en una conducta incívica que vulneró el principio de autoridad" al continuar grabando con la cámara encendida sobre una silla después de que Hernández "diese la orden prohibitiva como ha quedado acreditado en la prueba testifical y documental con el acta emitida por el secretario municipal" y ha criticado que Carmen P. "se ampare en que no fue directa ya que alguien con un mínimo de intelecto percibe que no puede grabar", por lo que, ha ahondado, "se aprecia ánimo tendencioso de incumplir".

   Por su parte el abogado de la defensa, quien ha elevado varias protestas a la sala por no admitir como prueba "de parte" la reproducción del pleno colgada en la web en la que figura como administradora la demandada, ha apelado para pedir la absolución y rechazar la falta de vejación al artículo 20.1 de la Constitución española y al "derecho de los vecinos a saber" y ha negado que existiese una "orden expresa para no grabar" por parte de Hernández.

   En esta línea, y tras reivindicar que prime la libertad de información, ha aludido al carácter público de las sesiones plenarias que recoge la ley de la administración local y ha remarcado que en el ánimo de su patrocinada estaba el "darle publicidad a un debate ante el que había expectación porque se abordaba la construcción de una depuradora muy reclamada debido a los continuos vertidos muy contaminantes que hay en el pueblo".

   Así lo ha explicado de hecho ante la juez Carmen Pascual, quien ha reiterado a preguntas de la fiscal y la letrada de la acusación que el alcalde en funciones no le dijo "en ningún momento que no podía grabar" sino que, según ha detallado, "hubo una conversación entre el secretario y él que entablaron después de que un edil preguntase si estaba permitido grabar un pleno". Aún así, la que fuese número 2 de la lista del PP en las últimas elecciones municipales, ha asegurado que dejó la cámara "a un lado, la baje ante la polémica y se siguió grabando el audio".

   Ha pedido, asimismo, "disculpas si he ofendido" por las alusiones a Hernández como "desmemoriado" que acompañaban al video subido a su web y ha negado que cuelgue "de forma sistemática" videos de las sesiones plenarias. El denunciante, sin embargo, quien ha contado con el apoyo en sala de la alcaldesa y coordinadora provincial del IAM, Agueda Cayuela, ha ratificado que dio una "orden inmediata a Carmen Pascual" para que cesase "como consta en acta" y ha trasladado que se sintió "ridiculizado" con las imágenes y "los comentarios que tratan de humillarme".

   La Fiscalía ha pedido la absolución para una segunda denunciada, la presidenta de la plataforma vecinal 'Cerro de la Virgen de Uleila del Campo', Juana Antolín, que reivindica la nueva depuradora ante el problema "grave" de aguas residuales al considerar que su participación se limitó a su presencia en la sesión plenaria junto a otras dos personas.

El Seprona localiza un vertedero ilegal de residuos agrícolas e incoa acta de infracción a una empresa

ALMERÍA.- La Guardia Civil ha incoado acta por infracción grave contra una mercantil dedicada a la recogida de residuos agrícolas que, según apunta la investigación, se dedicaba a enterrar en un paraje rural de la Comarca de Níjar los restos retirados en empresas hortofrutícolas en lugar de, como marca la legislación, depositarlos en una planta autorizada para su correcta eliminación.

   Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha hallado sepultados en este vertedero ilegal, ubicado en la zona conocida como Cilabrar, una importante cantidad de residuos vegetales, plásticos, cartones, embalajes y envases de productos fitosanitarios, según ha informado la Comandancia.

   La investigación se inició a principios de abril después de que los efectivos del Seprona detectasen la presencia de maquinaria pesada que realizaba trabajos de nivelación de terreno  en el citado paraje para la construcción de un invernadero y comprobasen la presencia de los restos.

   Los agentes instaron al responsable de los vertidos a que limpiase la zona y gestionase de manera correcta los residuos que se estaban enterrando al tiempo que comenzaron las pesquisas para identificar la prodecencia de las basuras que, según los datos recabados, recogía una empresa dedicada a la retirada de contenedores en empresas hortícolas, a las que cobra los portes hasta una planta autorizada.

   Tras obtener, analizar y confirmar toda esta información, el Seprona realizó una nueva inspección en la zona para comprobar la limpieza del vertedero y observó como continuaban con las labores de nivelación del terreno y sepultado de los residuos, por lo que se abrió acta por infracción grave a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en concordancia con la Ley 10/1998 de Residuos y Ordenanzas Municipales.

Royal Air Maroc amplia su red de rutas internas para incentivar los desplazamientos por Marruecos

TÁNGER.- La aerolínea de bandera de Marruecos, Royal Air Maroc, ha ampliado su red de rutas internas con el objetivo de incentivar los desplazamientos dentro del país y promocionar así los destinos menos conocidos del reino alauita, según informó la compañía en un comunicado.

   En total, RAM conecta ahora desde su hub --centro de interconexión de vuelos-- de Casablanca con 12 regiones ofreciendo un total de 230 vuelos semanales: cuatro vuelos diarios a Agadir y Marrakech, un doble vuelo diario a  Oujda, un vuelo diario a El Aiún, Dajla y Ouarzazate, Fez y Tánger, cuatro vuelos semanales a Nador y dos vuelos semanales a Alhucemas, Errachidia y Essaouira.  

   Desde España, RAM ofrece seis rutas: Madrid-Casablanca, Madrid-Marrakech, Barcelona-Casablanca, Barcelona-Tánger, Valencia-Casablanca y Málaga-Casablanca, que suman un total de 40 vuelos semanales.

   Además, los pasajeros que viajan con RAM pueden disfrutar de catering gratuito, una franquicia de equipajes de dos maletas de 20 kilos, transporte gratuito del equipo de golf, tarifas competitivas, una Clase Business con todas las comodidades y del programa Safar Flyer en colaboración con IB Plus.

Usero pone un control político a los pagos que la Diputación hará los últimos días de su mandato

ALMERÍA.- El presidente de la Diputación y candidato a la alcaldía de Almería por el PSOE, Juan Carlos Usero, va a nombrar por el sistema de libre designación a un funcionario como adjunto al jefe del servicio de Intervención, según decisión tomada el pasado ocho de abril de este año.

El empleado provincial nombrado para este puesto tendrá como una de las funciones “específicas” del mismo, “establecer directrices a seguir en materia de fiscalización de expedientes de gastos e ingresos, de acuerdo a la normativa vigente y procurando su aplicación homogénea” según puede leerse en las bases para su elección. 

Dicho de otro modo, el funcionario en cuestión será quien establezca las prioridades en los pagos que tenga que realizar la institución provincial, a pesar de ser “adjunto” al jefe de servicio de Intervención, ya que esta tarea es específica de su puesto.

Se da la circunstancia de que tal como se informa también en las bases, y va de acuerdo con el carácter de “libre designación” que tiene el puesto, el empleado puede ser cesado del mismo discrecionalmente, es de decir, que quien sustituya a Usero en la Presidencia de la Diputación podrá quitarle del mismo y nombrar a otro o dejarlo vacante. 

Por tanto, y teniendo en cuenta las fechas en que se producirá el nombramiento de modo efectivo, éste funcionario estará en esta situación alrededor de un mes nada más, pero será el tiempo suficiente para que en relación a su “función específica” establezca las “directrices” sobre a qué empresas pagar sus facturas antes de que Usero abandone el cargo.

Del mismo modo, se incluye también como función “genérica” la de “colaborar con el Jefe/a de Servicio en: dirigir, coordinar y desarrollar la contabilidad y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo a las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación para determinar los resultados desde un punto de vista económico-patrimonial, así como poner de manifiesto los resultados presupuestarios, proporcionar los datos para la formación de la cuenta general, facilitar información para la confección de estadísticas por parte del Ministerio de Hacienda, así como para la confección de las cuentas económicas del sector público, proporcionar la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.”
La persona elegida para este fin cobrará un complemento específico de 16.646,94 euros, según se recoge también en las bases, según 'Noticias de Almería'.

La Universidad de Almería estrecha su colaboración con la china Changchun University

ALMERÍA.- El Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, y su homólogo en la Changchun Normal University, Zhao Jimin, han firmado esta mañana en la UAL un acuerdo de cooperación bilateral para facilitar la movilidad de estudiantes.

Ya existen otros convenios en vigor con Changchun gracias a los cuales ocho alumnos de esta universidad china estudian en la UAL. Actualmente, cursan estudios de español en el Centro de Lenguas y accederán en el próximo curso académico 2011-2012 a los Grados de Empresariales y Filología Hispánica.

El Gobierno provincial de Jiling (China) está muy interesado en promocionar la Educación Superior, particularmente, este tipo de convenios que posibilita a los alumnos de Changchun el intercambio internacional con universidades europeas.

CC OO desea saber qué trabajadores concretos han estado en Almería expuestos al amianto

ALMERÍA.- La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Almería, Jerónima Hervás, exige a todas las empresas de la provincia que hayan trabajado con el Amianto que registren a todos los trabajadores y trabajadoras que hayan estado expuestos a el. También pide a todas las empresas que evalúen la presencia y el estado actual de este agente tóxico.
El amianto es un mineral que se usa principalmente en la construcción y para la elaboración de productos industriales. Miles de personas fallecen cada año como consecuencia de la exposición prolongada del amianto. Este agente tóxico está presente en máquinas, instalaciones y edificios. El material puede liberar fibras al ambiente y, al penetrar en las vías respiratorias, puede provocar enfermedades como abestosis o fibrosis pulmonar, el mesotelioma y el cáncer de pulmón, entre otros. Por lo general, estas enfermedades aparecen después de varios años de exposición.

En el año 2002, se prohibió la fabricación, utilización y comercialización del amianto, aunque lamentablemente no ha implicado el cese de las exposiciones de los trabajadores ni de los ciudadanos en general.

"Las estadísticas toman cada vez más conciencia de que las personas que trabajan con amianto mueren cada vez más jóvenes como consecuencia de la exposición prolongada de este material y no solo perjudica la vida de aquéllas, sino que también supone un perjuicio para el medio ambiente", indica Jerónima Hervás.

Como cada año, el 28 de abril, CCOO tendrá un recuerdo y reconocimiento a las personas que han perdido la vida en el trabajo bajo unas condiciones inadecuadas y hará entrega del libro 'La Lana de la Salamandra', que es la verdadera historia de la mortalidad por amianto.

Rosa Aguilar destaca que la Ley de Titularidad Compartida abrirá una nueva etapa en el campo

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha asegurado que el anteproyecto de Ley de Titularidad Compartida abrirá una nueva etapa en las explotaciones agrarias, en concreto, "el tiempo de la igualdad y los derechos", al dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el campo.

   "Este anteproyecto genera las condiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder a derechos, proyectos, subvenciones y beneficios fiscales en el marco de las explotaciones agrarias. Le estamos dando a la mujer la oportunidad de llevar a cabo la gestión sin tener que contar con la autorización de sus maridos", ha señalado Aguilar este martes en el Pleno del Senado.

   Según la ministra, el anteproyecto de ley reconoce el trabajo de la mujeres en el campo, ya que si se rompe el lazo afectivo que las une a sus compañeros, obtendrán "automáticamente" una indemnización que cubra todo el tiempo que han trabajado.
“El trabajo de la mujer en la explotación agraria, ha destacado Rosa Aguilar, no es complementario como ayuda a la pareja, sino como el medio a través del cual la mujer desarrolla su actividad profesional hasta ahora no reconocida ni valorada”.

   Aguilar ha indicado que el Ejecutivo tenía que dar un paso más dirigido a las mujeres que realizan su trabajo en las explotaciones agrarias familiares.

   "Aunque hasta ahora el 72% de los titulares de las explotaciones agrarias familiares son hombres, vamos a dar visibilidad a todas aquellas mujeres que trabajan en ellas para conseguir una igualdad plena, efectiva y total", ha justificado.
 Un Anteproyecto que, tal como ha explicado la Ministra, además de visibilizar a las mujeres que cada día trabajan en la explotación agraria familiar, les abre la puerta para conformar la titularidad compartida, o bien una sociedad de responsabilidad limitada que se constituya de forma rápida, sencilla y con un mínimo coste, indicando que el texto consensuado, reconoce los derechos económicos generados por la mujer en forma de indemnización como compensación a la actividad desarrollada.
“Se trata de un Anteproyecto que genera las condiciones para que la mujer pueda acceder a derechos, proyectos y subvenciones de las Administraciones, así como a beneficios fiscales, que contribuye a favorecer su independencia económica, y que impulsa oportunidades para la participación y representación de la mujer en organizaciones agrarias, hasta ahora ostentada mayoritariamente por hombres”.
En este sentido Rosa Aguilar ha añadido que el trabajo de la mujer en la explotación agraria no es complementario como ayuda a la otra persona que conforma la pareja, sino que supone un trabajo en toda regla por sí mismo y a través del cual la mujer desarrolla su actividad profesional, hasta ahora invisible, no reconocida y no valorada, por lo que con el Anteproyecto de Ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias “comienza un nuevo tiempo: el de la igualdad y los derechos”.

Los directivos de las cajas andaluzas no podrán ganar más que el presidente de la Junta

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el Decreto-Ley que modifica la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para adaptarla a los cambios introducidos en la legislación estatal por el Real Decreto-Ley 11/2010, una norma que reduce la representación pública, refuerza la capitalización y limita las retribuciones de los directivos, que no podrán superar en ningún caso el sueldo del presidente de la Junta.

   Según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, la nueva norma también refuerza la profesionalización de la gestión de estas entidades al establecer la imposibilidad de simultanear un puesto en los órganos de gobierno de las entidades con un cargo político electo o un alto cargo en la administración pública, para lo que se establece un plazo máximo de tres años.

Ya se debate sobre la reforma o supresión de las administraciones territoriales

MADRID.- El Círculo de Empresarios aboga por eliminar parte de los 8.114 ayuntamientos que hay en España, ya que, según su presidente, Claudio Boada, son "absolutamente excesivos" y "no tienen mucho sentido desde el punto de vista práctico".

   Esta es una de las medidas que el Círculo de Empresarios ha propuesto en el documento 'Administraciones Territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado', cuyo objetivo es la búsqueda de la eficiencia de los servicios que ofrecen las administraciones públicas.

   En este sentido, el presidente del Comité de administraciones territoriales del Círculo de Empresarios, José María Alonso, considera que las administraciones territoriales son "parte importante" del problema económico y financiero del país, ya que contribuyen al aumento del endeudamiento público, por lo que es necesario llevar a cabo una serie de "reformas inaplazables" que mejoren la organización y la gestión de las mismas, ya que, actualmente, "existe confusión sobre las competencias que asume cada administración".

   Según el documento, la calidad de las administraciones territoriales "influye decisivamente" en la eficiencia de todo el sistema económico y social, por tanto la reforma de las administraciones "ha de ir necesariamente en la dirección de la austeridad, la búsqueda de la eficiencia y una mayor transparencia".

   De este modo, sugiere que solo gasten aquellas comunidades autónomas que puedan pagar y que se establezca un mecanismo sancionador para aquellas administraciones que incumplan las reglas fiscales, ya que, según Boada, la Administración Central no debería asumir la culpa de las infracciones que cometen las demás administraciones.

   Además, el informe señala la posibilidad de establecer un mecanismo de compensación automático en obligaciones tributarias para los agentes afectados por la morosidad de las administraciones territoriales, así como la obligación de éstas de cumplir la Ley de morosidad.

   Asimismo, desde el Círculo de Empresarios proponen mejorar la transparencia y la rendición de las cuentas públicas, pues actualmente solo seis comunidades autónomas informan "de manera completa y mensual" sobre sus cuentas.

   Para Boada, estas propuestas "no son teorías extrañas o complicadas, sino lo que a todos les parece lógico". No obstante, Alonso insiste en que cualquiera de las medidas abordada por sí sola sería "insuficiente", por lo que deben abordarse todas con la misma intensidad.

   De cualquier modo, el presidente del Círculo cree que hay que comenzar "ya" a tomar medidas, porque "hace años" que se habla de esta ineficiencia, aunque, a su juicio, para ello es necesario que los grandes partidos políticos llegasen a un acuerdo para ofrecer a los ciudadanos "el mejor servicio al menor coste".

Cándido Méndez lamenta que el plan para aflorar economía sumergida no mencione el fraude fiscal

CÁCERES.- El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha lamentado este lunes que el plan que previsiblemente aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros de esta semana para hacer aflorar la economía sumergida tenga "un gran vacío" y "no contenga ni una sola mención al fraude fiscal" de las empresas.

   Según ha explicado Méndez en Cáceres, la norma plantea una serie de medidas para el afloramiento desde el punto de vista laboral y de "abono en plazo y sin sanciones de las cotizaciones que el empresario ha dejado de pagar", pero "no hay ni una sola mención al fraude fiscal", algo que "llama poderosamente la atención" a UGT.

   "No sabemos cómo se va a resolver esa situación y suscita interrogantes porque un empresario que se acoja al periodo de gracia para aflorar su negocio a efectos de fraude fiscal, ¿qué va a ocurrir?", se pregunta el líder sindical.

   Además, ha mostrado su desacuerdo con algunos otros puntos del documento, como el hecho de que "se omita" que al trabajador que está explotado una vez que aflore su contrato laboral no se le haga un contrato fijo, sino que el Gobierno deja la opción a que se haga fijo o uno temporal con un límite de duración mínimo de seis meses. "No estamos de acuerdo con este planteamiento y debería ser un contrato fijo", subraya Méndez.

   En este sentido, ha recordado que el documento que ha preparado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para aflorar la economía sumergida "solo ha sido sometido a consulta" y "no se ha negociado" con los sindicatos ni la patronal, pero aún así considera que es una iniciativa "bien intencionada", aunque augura que "no va a tener los efectos deseables".

   Méndez ha explicado que el documento ha sido corregido en algunos asuntos del preámbulo "porque se hacía un análisis incorrecto de por qué se produce economía sumergida" en España, y también se ha matizado el contenido de algunas disposiciones que era "incomprensible" y "rechazable".

   Así, ha precisa que a los trabajadores afectados por la explotación laboral que se deriva de la economía sumergida no se les reconocía "ni una sola cotización a efectos de las prestaciones económicas por desempleo y eso se ha corregido parcialmente".

   En relación a la siniestralidad laboral, Méndez ha dicho que "los niveles de accidentes laborales en España no tienen ningún tipo de justificación", y ha añadido que "el problema no está en la normativa, que es de las mejores de Europa", sino en "la aplicación, la vigilancia y el seguimiento de la norma".

   Así, ha lamentado que en 2010 se produjeran dos muertos por accidentes laborales al día, 17 accidentes graves y 1.700 leves diarios, lo que demuestra, a su juicio, que "queda mucho camino por recorrer". En este sentido, ha insistido en la "prevención" y en "evitar la causa del accidente" para disminuir estas cifras.

   De esta forma, ha añadido que UGT está de acuerdo en que "hay que reformar la labor de las mutuas de trabajo" precisamente para "aumentar su implicación en las políticas de prevención de riesgos", sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

Toxo rechaza el afloramiento de la economía sumergida pues cree que precariza a los más jóvenes

MADRID.- El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Ignacio Fernández Toxo, ha rechazado el plan para aflorar la economía sumergida que presentará previsiblemente este viernes el Gobierno, al considerar que busca generar empleo "precarizando" las condiciones de trabajo de los más jóvenes.

   "No se pueden buscar atajos a la creación de empleo, es importante que aflore la economía sumergida, pero no se puede hacer a costa de deteriorar todavía más las condiciones de vida y de trabajo de una franja muy importante, sobre todo la más joven de la población", ha remarcado.

   En declaraciones a Punto Radio, Toxo ha recordado que tanto las organizaciones sindicales como los empresarios se han mostrado en contra de esta medida, puesto que recoge asuntos que ya se plantearon en planes anteriores.

   "Éste (plan) lo que viene es a recuperar cuestiones que ya se trataban en otros, es insistir en la idea de que solo se puede generar empleo precarizando las condiciones de trabajo de los más jóvenes. Esto es un disparate", ha señalado.

   Preguntado por el absentismo laboral, ha tachado de "exagerada" la cifra del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, que fijaba en un millón de personas el número de españoles que faltaba cada día a su puesto de trabajo.

   Toxo ha valorado la gravedad del asunto, aunque ha subrayado en que duda de la injustificación de estas ausencias, al destacar que cree en la calidad del sistema de salud español y en la profesionalidad de los médicos.

   "Hoy cualquier persona que tiene que hacer la mínima gestión administrativa, llevar a un hijo al médico o ir a hablar con el tutor, tiene que dejar una parte del trabajo, tenemos que cambiar hábitos aunque comparto que no es admisible ese absentismo y que castiga al resto de compañeros", ha apuntado.

   Respecto al estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que señala que los españoles trabajan más que el resto de europeos porque son menos productivos, el dirigente sindical ha asegurado que hay que apostar por la industria y hacer que ésta recupere "un puesto importante".

Almería aprueba la modificación del PGOU municipal para establecer una planta de biocombustible

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes en sesión plenaria extraordinaria de forma unánime de sus grupos --PP, GIAL, PSOE e IULV-CA-- la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería en vigor que permitirá instalar en el término municipal una planta de biocombustible de segunda generación a partir de residuos agrícolas a través del método 'Kurata' que promueve Estoil Almería S.L. 

   Así se ha acordado en la sesión de este lunes después de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) resolviera favorablemente la única alegación presentada ante la Gerencia Municipal de Urbanismo por los propietarios del suelo, quienes pretenden también dotar el espacio de legitimidad para realizar labores de transformación eléctrica, con lo que la medida "puede ser más beneficiosa" para la producción energética, según observan.

   La puesta en marcha de esta planta en los terrenos que poseen los propietarios de la sociedad Estoil Almería S.L. supondrá la transformación de hasta unas 200.000 toneladas de residuos agrícolas en biocombustible así como la posibilidad de convertir en biomasa estos residuos, con lo que además se generarán unos 50 puestos de trabajo mediante una inversión de 90 millones de euros.

   La compañía Estoil Almería ha proyectado una planta de biocombustible de segunda generación en el término municipal de la capital que una vez puesta en funcionamiento en el primer semestre de 2012, según las previsiones, podría llegar a producir en torno a 37.000 toneladas de combustible anuales con los residuos procedentes de la agricultura intensiva de la provincia.

   Según informó el director gerente de la empresa, Fernando Estrada, las obras de edificación podrían comenzar en un periodo de ocho meses a partir de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento concedan todos los permisos. Las futuras instalaciones, cuyos terrenos se ubican en la zona de Cuevas de los Medina junto a una planta de compostaje, utilizarán un sistema de transformación de origen japonés denominado 'Kurata', en el que se descomponen los materiales que contengan carbono en moléculas más pequeñas para posteriormente reagruparlas en cadenas de hidrocarburo más largas y conseguir el compuesto deseado ya sea diésel, gasolina o queroseno.

El pleno del Ayuntamiento de Almería pide por unanimidad la declaración de fiesta de interés nacional la Semana Santa

ALMERÍA.- El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes por unanimidad solicitar a la Subdirección General de Turismo y Comercio Interior del Ministerio de Industria que la Semana Santa de Almería sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

   La corporación local ha dado luz verde también de forma unánime a la petición a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, la declaración de Interés Turístico de Andalucía para el programa de visitas guiadas que organiza el área del Consistorio.

   De materializarse ambas, en todos los catálogos y promociones al respecto que hagan tanto Turespaña como la Consejería de Turismo aparecerán la Semana Santa almeriense y las visitas guiadas, respectivamente, como puntos interesantes a conocer "lo que da un valor añadido a ambas y supone un excelente escaparate para la ciudad como destino turístico", ha destacado el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.

   Rodríguez-Comendador ha asegurado que la declaración de interés turístico sería "un revulsivo" para una fiesta "tan arraigada en nuestra ciudad y provincia y un acicate para potenciar nuestro destino turístico"