sábado, 26 de marzo de 2011

El Papa dice que la precariedad laboral dificulta las condiciones de la sociedad


CIUDAD DEL VATICANO.-El papa Benedicto XVI advirtió hoy de que las "condiciones difíciles o precarias" del trabajo "convierten en difíciles y precarias las condiciones de la sociedad misma, las condiciones de vivir de forma ordenada en base a las exigencias del bien común". 

Benedicto XVI así lo manifestó en un discurso a los peregrinos de la diócesis italiana de Terni, a los que recibió en audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano, y en el que subrayó que "el trabajo es uno de los elementos fundamentales tanto para la persona como para la sociedad".
El Pontífice se refirió al problema del paro y recordó que en su tercera encíclica, "Caritas in veritate", exhortó a perseguir "como prioridad el objetivo del acceso al trabajo y de su mantenimiento para todos".
Subrayó la "angustia" que genera en las familias la precariedad laboral que afrontan los jóvenes e hizo un llamamiento para que se concentren esfuerzos con el fin de acabar con las muertes y los accidentes laborales.
Asimismo, advirtió de cómo, "con frecuencia", el trabajo es visto como "un instrumento para obtener ganancias" e incluso como "un medio para la explotación", con lo que, dijo, se "ofende la dignidad de las personas".
El Pontífice lamentó también que en la sociedad actual "el ritmo de consumo" hace que se corra el riesgo de perder "el sentido de la fiesta del Domingo como el día del Señor y de la comunidad".

El PP-A ve a todo el Gobierno andaluz "bajo sospecha" por los ERE

SEVILLA.- La portavoz regional del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Rosario Soto, ha asegurado que en el caso de los ERE hay "todo un Gobierno andaluz bajo sospecha" y ha acusado a la Junta de Andalucía de entregar de forma "sesgada, parcial e incompleta" la documentación que le ha sido requerida por la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya.

   En rueda de prensa en Sevilla, Soto ha asegurado que el "discurso permanente" de la Junta de Andalucía "del caiga quien caiga es incompatible con la entrega de una selección incompleta" de la documentación que ha solicitado el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
   Además, ha insistido en que "el Gobierno de la Junta es todo un Gobierno bajo sospecha" porque en estos últimos días "se ha puesto en evidencia que no es solo una consejería la que está involucrada en esta trama, sino diferentes consejerías". En concreto, y haciendo referencia a una información publicada este sábado por 'El Mundo' en la que se informaba de que la Consejería de Innovación también avaló la inclusión de una "intrusa" en un ERE, Soto ha recalcado que es por esto por lo que "la justicia ha solicitado el organigrama completo de más de cuatro consejerías" así como de "todas las viceconsejerías e, igualmente, de los órganos instrumentales involucrados en la trama".
   Por todo ello, la portavoz 'popular' asegura que "hay motivos más que suficientes para que se hubiera presentado más de una dimisión". Sobre todo, ha dicho, porque la juez Alaya "ha indicado a la Policía Judicial que investigue y señale la posible relación de los falsos prejubilados con la propia Junta, con los partidos políticos o cargos públicos".
   De otro lado, Soto ha criticado la "absoluta frivolidad" con la que, en su opinión, el presidente de la Junta de Andalucía está abordando el tema de los ERE y se ha preguntado "cómo puede decir que la cuantificación de los casos de prejubilados tan solo es de diez millones de euros". "En primer lugar, porque es absolutamente falso y, en segundo lugar, porque aunque fuera verdadero, es una absoluta frivolidad y denota la falta de valor que Griñán da al dinero público que pagamos todos los andaluces con nuestros impuestos", ha subrayado.
   Según Soto, el dinero supuestamente defraudado es "mucho más" de diez millones porque la investigación interna de la Junta de Andalucía "hablaba el pasado miércoles de 72 intrusos" y, por tanto, los diez millones de euros estaban cuantificados en relación con estas 72 personas. "Pero es que al día siguiente, el jueves, eran ya 75 intrusos", ha dicho, y además, la Junta no ha incluido en este cálculo "las 111 irregularidades que reconocen en su propia investigación, por lo tanto, no son 75 intrusos y la cuantificación 10 millones, sino que son 186 irregularidades y una cantidad muy superior".
   Al mismo tiempo, la portavoz del PP-A ha señalado que estas 186 irregularidades corresponden "solo a los 68 ERES vivos", por lo que habría que añadir las que se encuentren en los 176 ERE 'muertos' que la juez Alaya también ha ordenado investigar, según publica este sábado 'El País'. A todo ello habría que sumar, según ha añadido Soto, "el dinero que se han llevado los intermediarios y comisionistas" de los ERE y la "posible sobrevaloración de las pólizas".
   Por todo ello, ha recalcado que "lamentablemente no son solo 10 millones", aunque ha evitado dar otra cifra sobre lo que el PP-A sospecha que se haya podido defraudar. "Si ni siquiera la juez tiene toda la documentación que le había requerido a la Junta, cómo vamos a tener nosotros cuantificado la cantidad de este fraude", ha argumentado.
   Sobre la posible caducidad del 'Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de Fomento de Andalucía para la materialización de ayudas en materia de trabajo y seguridad social', Soto ha dicho que el PP-A y "también la Policía Judicial" tienen "serias dudas de que tenga validez jurídica" a partir del 31 de diciembre de 2003 pero que, en todo caso, será la justicia quien determine este extremo.

Cerca de 60.000 personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción y para pedir la dimisión de Camps

VALENCIA.- Cerca de 60.000 personas, según los organizadores, se han concentrado este sábado en las calles de Valencia con motivo de la manifestación convocada por la plataforma ciudadana 'Col.lectiu contra la corrupció' para manifestarse contra la corrupción y exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

   Durante la marcha --que ha comenzado pasadas las 18.00 horas--, que ha sido calificada por los convocantes como un éxito", los participantes han mostrado pancartas con lemas como 'No a la corrupción, Camps dimisión' o carteles con muñecos recortados en forma de chorizo con las figuras del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, Álvaro Pérez 'El Bigotes', la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el coordinador de Economía en las Corts, Ricardo Costa, y el propio jefe del Consell. Asimismo, un estandarte al frente de la marcha mostraba un lazo negro en señal de duelo por las víctimas de la corrupción.
   También se han escuchado eslóganes como 'Camps dimisión', 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', 'No nos mires, a ti también te roban' o 'El president a Picassent'.
   Al inicio de la protesta se ha registrado un incidente, cuando un pequeño grupo de una decena de personas han enarbolado pancartas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado las protestas de los asistentes, que les han acusado de "provocar".
   Entre los manifestantes se encontraban dirigentes políticos socialistas, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acompañado de la secretaria provincial del partido en Valencia, Carmen Martínez, o el portavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna.
   Asimismo, también han estado presentes en la marcha el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y las diputadas del grupo Mónica Oltra y Mireia Mollà.
   La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la --presunta--financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.
   Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados hoy en Valencia, está seguro de que "en sus casas hay miles, y me atrevería a decir millones, de valencianos que tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez".
   Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".
   La manifestación, convocada a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia, se ha dirigido hasta el hasta el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la calle de San Vicente, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, desde donde la marcha ha girado hacia la calle de las Barcas para desembocar en el Parterre y en la plaza de Alfonso el Magnánimo, sede del máximo órgano judicial de la región, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto titulado 'No a la corrupción. Camps dimisión'.
   Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.
   El manifiesto, con referencias al 'caso Gürtel', proclama la "defensa de la democracia" en la Comunitat y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática".
   De esta manera, han denunciado la "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunitat y "amenaza nuestro futuro".
   'Col.lectiu contra la corrupció', en el manifiesto, pregunta por los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el montaje de la visita del Papa, por los beneficios de la America's Cup y la Fórmula 1, los trajes y el 'caso Brugal'. También han protestado por el cese de las emisiones de TV3 y por la situación de RTVV, entre otras cosas.
   En este sentido, han asegurado que la crisis económica tiene que ver con la corrupción, la "economía especulativa" y la de "grandes fastos". "En lugar de invertir en la red productiva autóctona, en las pymes y la agricultura, el PP ha levantado la cortina de humo de la economía especulativa".
   Para el colectivo organizador, "el estado actual de las cosas no habría sido posible sin el abuso de un poder cimentado en las mayorías absolutas del PP. Bajo las órdenes de Camps, las Corts se han convertido en una pieza más del circo de la derecha con una oposición menospreciada e ignorada", han criticado.
   El PPCV ha denunciado esta concentración porque, a su juicio, tiene "fines delictivos" y su único propósito es "injuriar". Por ello, solicitó la suspensión cautelar de la misma. No obstante, la titular del juzgado de Instrucción de Valencia encargada de la tramitación de la denuncia lo desestimó por considerar que "no es urgente" su adopción, dado que los hechos denunciados vienen produciéndose desde el mes de febrero y se trata, en su caso, de un delito permanente prolongado en el tiempo.
   Durante la marcha, los manifestantes han aludido en tono irónico a esta denuncia pidiendo "una ayudita" para hacer frente a la misma.
   De la misma manera, algunos de los dirigentes políticos presentes en la manifestación lamentaron el intento del PPCV de impedir la marcha. En este sentido, Jorge Alarte señaló que este intento ha sido "inadmisible" y que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, "debería dar explicaciones" al respecto.
   Asimismo, Matamales ha insistido en que estamos en un Estado de Derecho y que la denuncia es "un síntoma del nerviosismo del PP porque hay miles de valencianos que están abriendo los ojos sobre la situación de la Comunitat Valenciana, cuyo responsable es Camps y su gestión".

Impiden una en Argel


 Las fuerzas de seguridad argelinas han impedido una nueva manifestación de la Coordinación Nacional para el Cambio y la Democracia (CNCD), que había reunido a un centenar de personas en la plaza Primero de Mayo.

   Un importante dispositivo policial tenía tomado el lugar desde primera hora de la mañana, según informa el diario opositor argelino 'El Watan'. Los cientos de agentes se desplegaron en la plaza y las calles aledañas formando cadenas para impedir cualquier manifestación.
   A las 10.30, hora prevista de la protesta, los policías rodearon rápidamente y bloquearon a los activistas opositores, pero éstos corearon consignas como "activismo hasta la caída del sistema" o "Argelia libre y democrática".
   Una hora después, a las 11.30, los policías habían ya logrado disolver a la totalidad de la protesta, la séptima de las manifestaciones semanales convocadas por la oposición.

La Junta inicia el 1 de abril una campaña para atraer viajeros a Andalucía

MÁLAGA.- 'Andalucía te quiere' es el lema de la campaña que iniciará la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes el próximo 1 de abril en el ámbito nacional y que pretende atraer a viajeros a Andalucía con motivo de la Semana Santa.

   La campaña de Semana Santa pretende reforzar a Andalucía como destino líder vacacional en esta época entre las personas residente en el conjunto de España y, más concretamente, en las de la propia Comunidad Autónoma. El público objetivo al que se dirigirá es el de mayores de 16 años con capacidad para salir de viaje al menos una vez al año.
   Se difundirá en Internet del 1 al 20 de abril y del 1 al 17 de ese mes a través de la radio y de acciones especiales, según el pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso Europa Press.
   Esta campaña ha salido a licitación pública por un importe de 169.491,52 euros, IVA no incluido, y el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo día 28. La mayoría de la inversión pretende realizarse en las acciones especiales, con más de 84.000 euros previstos.
   En estas acciones especiales los soportes a elegir serán aquellos que aporten notoriedad a la campaña y cuya repercusión diferencia a Andalucía del resto de acciones de otros destinos turísticos. Entre los posibles formatos están el 'street marketing', relaciones públicas, patrocinios, acciones especiales en prensa, radio o Internet, fuera de la publicidad convencional; etcétera.

Gestha ve "necesario" el plan de empleo sumergido porque 245.000 millones escapan al fisco cada año

MADRID.- El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "necesario" el plan de empleo sumergido anunciado por el Gobierno, dado que en España 245.000 millones de euros escapan al control del fisco cada año.

   En un comunicado, Gestha valora el nuevo plan de lucha contra la economía sumergida, ya que afirma que las distintas bolsas de dinero negro suponen una "auténtica lacra" para las arcas públicas, pero también para el conjunto de la sociedad española.
   "Esta medida es especialmente necesaria en un país como España, donde la tasa de fraude se sitúa en el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, lo que se traduce en unos 245.000 millones de euros anuales que escapan del control del Fisco", subraya.
   En opinión de este colectivo, la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las administraciones en torno a un 40%.
   Con el objetivo reducir la economía sumergida, los técnicos de Hacienda proponen actuar en cuatro frentes: mejorar la colaboración entre las distintas administraciones con la creación de una base de datos compartida; aumentar la responsabilidad de los técnicos en el control del fraude y la evasión fiscal a través creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda; cuantificar periódicamente la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales y, finalmente, garantizar el control parlamentario para fijar el objetivo de reducción del fraude.
   Por otro lado, Gestha considera que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.
   A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.
   Además, indica que este tipo de actuaciones suponen un "agravio comparativo" hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida, como las operaciones de compraventa inmobiliaria de carácter especulativo o aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, no emiten facturas por sus honorarios completos.

Más de 7,1 millones de cruceristas pasaron por los puertos españoles, donde Almería no cuenta

MADRID.- Más de 7,1 millones de cruceristas recalaron en los puertos españoles durante 2010, una cifra que supone todo un récord para el sector y pone de manifiesto la pujanza de los puertos españoles en el contexto mundial, según indica el Ministerio de Fomento en un comunicado.

   Así, Barcelona, Málaga, Valencia o Vigo, junto con Islas Canarias y Baleares son "un referente" para las principales compañías de cruceros, que aportan al sector del turismo español cerca del 12,5 por ciento de los 52,6 millones de turistas internacionales que nos visitaron el año pasado.
   El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, ha manifestado que las previsiones de las propias autoridades portuarias españolas señalan que en 2011 se volverán a superar los siete millones de pasajeros, una cifra que en 2013 llegará a los 7,5 millones, y en 2014 se aproximará a los ocho millones.
   Bajo el lema "Puertos de España" y auspiciado por Puertos del Estado, España participó en el congreso internacional 'Seatrade Cruise Shipping', celebrado en Miami entre el 14 y el 17 de marzo, con 25 puertos españoles y más de 70 instituciones y empresas, participación que, según Fomento, sirvió para constatar la fuerte implantación de los puertos españoles en esta actividad.
   En este sentido, fue el tercer mayor pabellón de la feria, donde se dieron a conocer las alternativas culturales y se establecieron los primeros contactos para futuras rutas de operadoras. Fruto de los encuentros comerciales realizados durante la feria, varias Autoridades Portuarias como Alicante, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, o Málaga, han podido cerrar nuevos acuerdos con las principales empresas del sector (Royal Caribbean, Carnival, MSC, etc.), o de ajustar rutas e itinerarios en busca de una mayor eficiencia en sus recorridos.
   Los puertos españoles del Mediterráneo son el destino preferido de los cruceristas ya que el 70 por ciento de los pasajeros, es decir, 5 millones personas, recalaron en alguno de sus puertos, siendo los de Barcelona y Baleares los que acaparan el 77 por ciento del turismo de cruceros de los puertos españoles del Mediterráneo y el 54 por ciento del total español.
   Además, ambos puertos se encuentran entre los 15 principales destinos del mundo y son los primeros de Europa en este tipo de turismo.
   No obstante, también han destacado otros destinos por su espectacular crecimiento durante los últimos años como Málaga (35 por ciento) con 659.000 pasajeros, y Valencia (37 por ciento) con 253.000 pasajeros.
   En cuanto a la zona atlántica peninsular y al Cantábrico, el crecimiento durante los últimos años ha sido espectacular (23 por ciento), pasando de 589.688 pasajeros en 2009 a cerca de los 725.000 en 2010. Destacan la Bahía de Cádiz (+42%) con más de 334.000 pasajeros y Vigo (cinco por ciento) con 233.000 pasajeros.
   Los destinos insulares de las Islas Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), que mantienen la oferta de este tipo de turismo durante prácticamente todo el año, con una alta demanda durante la temporada de otoño-invierno, son el tercer mercado más activo de toda Europa con un total de 1,3 millones de pasajeros y un incremento del 13,7 por ciento respecto a 2009.
   Los últimos datos conocidos a nivel europeo y mundial (2009) reflejan la ventajosa posición que ocupa España como país receptor de cruceristas, tanto a nivel europeo como mundial.
   Así, entre los 30 principales destinos europeos, que sumaron algo más de 24 millones de pasajeros, los puertos españoles llegaron a cerca de 5 millones de pasajeros, lo que supone que un 21 por ciento del total de cruceristas tocaron alguna ciudad portuaria española en su recorrido.
   Con este dato, España se sitúa en tercera posición por detrás de Italia que acapara el 31,8 por ciento (7,6 millones de pasajeros) y de Grecia que concentró el 25 por ciento del turismo de cruceros con algo más de 6 millones de cruceristas.
   Así, Barcelona sigue siendo el líder europeo y las Islas Baleares ocupan la quinta posición. En el contexto mundial, los puertos americanos y los del Caribe acaparan las primeras posiciones, mientras que  Barcelona consolida su quinta posición mundial y las Islas Baleares ocupan la decimotercera posición.

El Gobierno aumentará las sanciones para regularizar el empleo sumergido

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha anunciado que, una vez transcurrido el plazo de año y medio que otorgará el Gobierno para regularizar de forma voluntaria el empleo sumergido, las sanciones se incrementarán "significativamente".

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de ley de reforma de las pensiones, Gómez indicó que tras este 'periodo de gracia' (desde junio de 2011 a diciembre de 2012), donde el Gobierno otorgará "incentivos" para que las empresas y trabajadores regularicen prácticas fraudulentas, las sanciones se endurecerán en la mayoría de los casos.
   "De lo que se trata es de abrir un periodo donde sea posible regularizar voluntariamente la situación (de empleo irregular) y que el Estado ayude a ello. Después de ese periodo, algunos comportamientos tienen que ser sancionados de una forma más intensa", añadió Gómez, que negó que se trate de una especie de 'amnistía' para que los incumplidores regularicen su situación a cambio de evitar sanciones.
   "Más control y más sanciones de aquellos que incumplen", reiteró Gómez, tras recordar que actualmente ya existen multas para aquellos trabajadores que están percibiendo prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, trabajando de forma irregular. Así, apuntó que cada año se abren 250.000 expedientes a empleados por incumplir esta norma.
   El titular de Trabajo precisó que los incentivos que adoptará el Gobierno para facilitar la regularización voluntaria están relacionados, entre otras cosas, con plazos para que las deudas acumuladas por las empresas puedan ser pagadas con mayores posibilidades.
   Aunque admitió que ya existen aplazamientos en el pago de las deudas, señaló que el Gobierno puede "ayudar" a que duren más tiempo, así como aligerar las garantías que deben presentar las empresas para acogerse a dichos aplazamientos.
   Gómez eludió entrar en más detalles, ya que la intención del Ejecutivo es trasladar el plan de empleo sumergido a patronal y sindicatos para negociar los detalles del mismo, si bien aclaró que su departamento ya lo tiene "muy avanzado", con una doble intencionalidad: mejorar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y asegurar el trabajo decente.
   Finalmente, indicó que es "difícil" calcular cuánto empleo sumergido puede aflorar, y volvió a insistir en que, según diversos estudios, la economía sumergida en España varía entre el 15% y el 25% del PIB, en línea con otros países del Centro o Norte de Europa.
   "El trabajo no declarado es un fenómeno común en el conjunto de Europa", insistió Gómez, tras recordar que el objetivo de aflorar empleo sumergido es común en el conjunto de la UE, de ahí que se haya incluido en el 'Pacto del Euro'.

Cambio de hora esta madrugada

MADRID.-Los relojes deberán adelantarse una hora y, a las 02.00 en la madrugada de este domingo, serán las 3.00, con lo que se inicia el llamado "horario de verano".
  Este cambio supone un ahorro en consumo eléctrico de seis euros por hogar (90 millones de euros), según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que sitúa el ahorro total en iluminación en unos 300 millones. De esa cantidad, 210 millones corresponderían a los edificios del sector terciario y la industria.
Para alcanzar este ahorro, el IDAE, no obstante, recomienda llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como el uso de tecnologías de ahorro en edificios industriales y otros.
Desde principios del siglo XX numerosos países han adoptado la decisión de adelantar la hora oficial en sesenta minutos durante los meses con mayor cantidad de luz para racionalizar el consumo eléctrico. Esta medida ha provocado la desconfianza de algunos sectores sociales por considerar que repercute física y psicológicamente en el ser humano, sin embargo los estudios realizados hasta ahora consideran que los cambios producidos son leves y transitorios.
La Comunidad Europea adoptó oficialmente el horario de verano en 1977 con el objetivo de adaptar las actividades sociales y económicas al ciclo de luz natural y así paliar la crisis energética. En este sentido la directiva europea 2000/84/CE establece que el período de la hora de verano se inicia el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre, en ambos casos a la una de la madrugada GMT (hora de tiempo universal), con carácter indefinido a partir de 2002.
En España el periodo de la hora de verano comienza el último domingo del mes de marzo de cada año a las dos de la madrugada, momento en que la hora oficial se adelanta sesenta minutos, y termina el último domingo del mes de octubre de cada año a las tres horas de la madrugada, momento en que se retrasa sesenta minutos.

viernes, 25 de marzo de 2011

El IFAPA reforzará los convenios con empresas y la formación especializada

ALMERÍA.- El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, va a reforzar este año los convenios y contratos de investigación con las empresas del sector y a fomentar la formación especializada para jóvenes y profesionales.
 
Así lo ha indicado el presidente del IFAPA, Javier de las Nieves, en una rueda de prensa en la que ha explicado los objetivos del Plan Anual de Actuación del organismo, que se han aprobado recientemente por el Consejo Social, que aglutina a representantes de organizaciones agrarias, cofradías y armadores y agente sociales, entre otros.
Las líneas de trabajo se agrupan en tres bloques, el primero de los cuales, el más importante según De las Nieves, es el correspondiente a los convenios y contratos de investigación con empresas, en el que el año pasado se lograron 104 firmas.
La segunda línea de trabajo es la consolidación del programa de becas de formación para investigadores predoctorales y técnicos especialistas.
Como novedad de este año, se ha incluido la convocatorias de becas en prácticas en distintas universidades para alumnos de último curso para la estancia de seis meses en los distintos centros de IFAPA en la región.
De las Nieves ha apuntado que el número de becas descenderá este año a la mitad debido a las restricciones presupuestarias.

La Junta de Andalucía busca en Almería quién le venda cabezas humanas

ALMERÍA.- La Fundación Iavante de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía estaba dispuesta a pagar 50.000 euros por dos lotes de cabezas humanas congeladas, con o sin tronco, tanto en Almería como en el resto de provincias andaluzas, pero no ha encontrado quién se las venda.

Según ha constatado Noticias de Almería, el expediente 016/10 de la plataforma de contratación de esta entidad pública y que figura bajo el título “Suministro de especímenes humanos congelados (cabezas con/sin cuello y troncos) para su utilización en prácticas quirúrgicas”, ha acabado siendo declarado desierto después de que superada la fecha de finalización el 20 de septiembre de 2010, no encontraran tan especial suministrador.

El concurso de adjudicación establecía dos apartados:
Lote 1: "Cabeza humana provista (o no) de cuello hasta nivel mínimo de C-6 con estructuras anatómicas indemnes incluido tiroides y parótidas".
Lote 2: "Tronco (sin cabeza) con desarticulación de miembros superiores conservando miembros inferiores a nivel medio de diáfisis femoral".
Cada lote no tiene una cifra estipulada del presupuesto total. "El volumen de la contratación a realizar estará en función de las necesidades reales que efectivamente se produzcan", aunque se estima un valor de unos 25.000 euros para cada lote.
El pliego de condiciones de contratación es de 34 páginas, y en el ser recogen los requisitos habituales de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Por eso, pueden contratar "las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 49 de la Ley de Contratación del Sector Público y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional".
Otros requisitos exigidos son los de la solvencia, que acrediten el cumplimiento de las normas sobre la integración de discapacitados y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

El Centro de Estudios Andaluces rescata en un libro casi un centenar de testimonios de mujeres durante el franquismo

ALMERÍA.- El Centro de Estudios Andaluces, fundación adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta, ha presentado este viernes 'El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET-JONS en Almería (1937-1977)', un volumen publicado conjuntamente con la Consejería de Gobernación y Justicia, obra de la historiadora almeriense Sofía Rodríguez López.

   En concreto, 'El patio de la cárcel' es una historia de mujeres durante el franquismo, de modo que "más allá de un relato sobre la Sección Femenina de la Falange, el libro plantea una visión de la Dictadura escrita desde abajo, en la que se ponen en evidencia las contradicciones de su discurso y políticas de género", según detalla en una nota el Centro de Estudios Andaluces.
   Así, la autora retrata la historia de la Sección Femenina en Almería desde una doble perspectiva: la institucional, que "permite estudiar los dispositivos de poder en manos del régimen", y la social, fruto del testimonio personal recogido en las más de 80 entrevistas que incluye el libro, realizadas a las mujeres que "impulsaron, participaron o denostaron las actividades de dicha organización".
   En este sentido, la Sección Femenina cumplió "un papel fundamental, desde 1937 y hasta 1977, en la labor de adoctrinamiento y reeducación de la población". A pesar de que "marcó la vida de millares de mujeres durante décadas", su estudio ha sido tratado de forma "marginal" en las investigaciones sobre el franquismo.
   Fue a finales de los años 80, cuando comenzó a abordarse la historia política de la organización, una perspectiva ampliada progresivamente por jóvenes investigadoras que, como Sofía Rodríguez, han centrado su trabajo en el ámbito local, "armadas con la metodología de la historia social y la perspectiva de género".
   No obstante, "si durante el régimen toda España era una cárcel o una inmensa prisión", como apuntan los trabajos sobre represión de Carme Molinero, Javier Rodrigo o Rodolfo Serrano, el título 'El patio de la cárcel' sugiere "un espacio de distensión en el angustioso contexto de la posguerra".
   De esta manera, acotando el ámbito de estudio a una provincia "rural y periférica" como la Almería de entonces, Sofía Rodríguez analiza cómo "los canales de captación franquistas y sus mecanismos de control, centrados en invisibilizar y despolitizar a quienes no comulgaban con la 'cultura oficial', calaron entre las mujeres".
   La obra recorre los comienzos de la Sección Femenina en Almería, fundada durante la Guerra Civil y en la clandestinidad, hasta que "empezaron a soplar los vientos de la democracia, cuando su labor fue perdiendo fuelle hasta extinguirse". El contenido se organiza por décadas que definen la evolución de la propia dictadura, desde los años fundacionales y de encuadramiento, al asistencialismo de posguerra y los cambios provocados por la debacle de Falange, en 1956.
   Asimismo, ofrece una comparativa con otras regiones de España y Europa para valorar el nivel de penetración social de la organización, una de las llamadas "obras predilectas del régimen, que apenas contó con financiación oficial, y fue restringiendo su círculo de poder hasta enrocarse en un 'Estado de mujeres' al margen de la sociedad real".
   El volumen, que la propia autora define como "una historia polifónica de la Sección Femenina" --construida con el relato de militantes, indiferentes o contrarias a sus postulados-- es el resultado de la tesis doctoral actualizada que la investigadora defendió en 2004 y que ahora publica el Centro de Estudios Andaluces en su Colección Tesis.
   Cabe reseñar que Sofía Rodríguez López (Alhama de Almería, 1977) es doctora en Historia Contemporánea. Entre 2000 y 2004 fue becaria de investigación del Ministerio de Educación (MEC) en la Universidad de Almería (UAL), especializándose en la dinámica social y las relaciones de género del siglo XX. Ha realizado estancias de investigación en la Florida International University (Miami, EE.UU.) y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
   Entre sus publicaciones destacan 'Mujeres en Guerra' (Sevilla, 2003) --Premio Blas Infante-- y 'Quintacolumnistas' (Almería, 2008), además de colaboraciones en libros y revistas especializadas. Actualmente trabaja sobre marginalidad e historias de vida de los colonos agrícolas del franquismo y colabora en diversas iniciativas para la recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía.

COAG exige al MARM que informe "de forma clara" sobre controles fitosanitarios a hortalizas de Marruecos

ALMERÍA.- La organización agraria COAG ha registrado este viernes en la Subdelegación del Gobierno central en Almería un escrito en el que exige a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, que informe "de manera clara" sobre los controles que se realizan en España a los productos hortofrutícolas procedentes de Marruecos al considerar "sospechoso" que durante las últimas semanas países como Suecia hayan alertado de la detección de materias activas no autorizadas en tomate alaüita.

   En un acto durante el que se han desparramado tomates y calabacines por el suelo y se ha prendido fuego a una bandera de la UE en "repulsa" a los acuerdos comerciales con terceros países, el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, ha cuestionado la "exhaustividad" de estos controles "anunciada por Aguilar hace pocos meses" y ha expresado sus "sospechas" ante el hecho de que, frente a otros estados más "alejados", España y Francia no hayan emitido ninguna alerta de seguridad alimentaria.
   Ha reclamado que los controles, "como debe", se realicen en los puntos fronterizos de entrada de productos marroquíes y no solo a través de las muestras que se recogen en los expositores de los distribuidores y ha exigido al MARM que diga "con claridad al sector dónde están, cuáles son los mecanismos y qué resultados ha arrojado".
   Góngora ha lamentado, en esta línea, los "continuos incumplimientos" por parte de país alaüí de los precios de entrada mínimos que se publican en el boletín oficial de la Comisión Europea y ha precisado que durante varios días consecutivos se ha detectado desde la patronal agraria que el "tomate y el calabacín están entrando a 0,39 céntimos el kilo por los 0,42 de mínimo estipulado".
   Ha acusado a la UE de "entregar el sector hortofrutícola a manos de agroexportadores y agroindustrias" aunque ha matizado que, desde COAG, no se rechaza el desarrollo económico de Marruecos sino lo que, a su juicio, "es una política de abrir fronteras a los especuladores que, con dinero proveniente de otras actividades como la construcción, invierten al calor de políticos que permiten casi todo y que contribuyen a la dictadura que existe en este país".
   El secretario provincial de COAG ha expresado su confianza en que el acto protagonizado este viernes "sirva para que el ministerio de una puñetera vez se dé cuenta de que debe apoyar a un sector que crea empleo" ya que, ha señalado, "la exportación de hortalizas de Almería crece, equilibrando la balanza comercial y generando divisas".
   El escrito registrado ante la Subdelegación del Gobierno central resalta que no resulta "comprensible" que mientras que la Red de Alertas de Seguridad Alimentaria (RASFF) de la UE "publica una alerta tras otra sobre productos con pesticidas no autorizados, España no emita ninguna acerca de productos que también llegan a primera línea de supermercados españoles".
   Hace alusión, asimismo, al incumplimiento de los cupos de importación fijados dentro del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos y aporta como dato que, en diciembre de 2010, las cuotas llegadas a mercados europeos procedentes del país alaüí alcanzaron "las 70.479 toneladas, más del doble de lo fijado para ese mes" al tiempo que reivindica "apoyo, firmeza y defensa del MARM ante la competencia desleal".

Sanz (PP-A): La "totalidad" de la Consejería de Empleo "está manchada por corrupción"

ALMERÍA.- El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha expresado este viernes su convencimiento de que la "totalidad" de la Consejería andaluza de Empleo está afectada "por presuntos casos de corrupción" y ha advertido de que la "mancha" se extiende "cada día más hasta las filas" del ejecutivo que lidera José Antonio Griñán, cuya continuidad junto a la del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al frente de sus responsabilidades ha calificado de "insostenible" dada la "extrema gravedad de la situación".

   En una comparecencia pública en Almería, Sanz ha asegurado que las "cinco patas" en las que se sustenta el departamento del que es titular Manuel Recio "están bajo investigación" pese a que "aún queda mucho por investigar", ya que, ha destacado, no se han fiscalizado los ERE 'muertos' sobre los que la Junta ya ha cumplido los compromisos de pago aunque el Gobierno andaluz haya querido dar "un carpetazo inaceptable e indecente" al asunto.
   Ha detallado que, además de los "fraudes" detectados en las políticas sociolaborales, han sido denunciados ante los tribunales ordinarios y el Tribunal de Cuentas "un supuesto fraude en 29 millones de euros en incentivos a la contratación estable, que afectaría a unas 7.000 empresas; una red de cargos públicos que se beneficiaban de ayudas multimillonarias a la formación; un montante de 85 millones de euros destinados a ayudas sin publicidad de las que sólo se beneficiaban ayuntamientos del PSOE; o un segundo 'fondo de reptiles' con desfase presupuestario de 49 millones en subvenciones pymes, autónomos y familias".    
   Sanz, quien ha cuestionado si resulta "lógica la situación" en esta consejería con más de "1.100.000 parados en la región", ha afirmado que desde el PP-A "podemos confirmar que hay muchos más ERE muertos que vivos", por lo que, dada la trascendencia del caso, "cada vez que habla Recio es para echarse a temblar, no solo porque sube el paro sino porque suben los fraudes".
   En esta línea, ha criticado la actitud mantenida por la Junta de Andalucía con respecto a la investigación, "más ocupada en tapar responsabilidades y en ocultar lo que se debía investigar", y ha asegurado, que a la luz de auto dictado esta semana por la juez instructora del caso, Mercedes Ayala, esta actitud "significa que han querido cometer fraude".
   Para el secretario general de los 'populares' andaluces, se ha "demostrado" que tanto Griñán como Chaves "supieron, taparon y permitieron el fraude" con su decisión de "mirar para otro lado", por lo que, a su juicio, "no lo evitaron e hicieron posible que se robara el dinero de los parados" asumiendo "una responsabilidad política muy grave".
"Sólo les quedan dos salidas: o dimiten ya o se verán obligados a dimitir después porque cada día se conoce más del menoscabo de fondos públicos".

jueves, 24 de marzo de 2011

El ERE de Usero / Rafael M. Martos

Las cosas no marchan bien el PSOE de Almería. Ya sé que eso no es a estas alturas ninguna novedad, pero es que como suele ocurrir, a perro flaco todo se le vuelven pulgas (con perdón).
 
Si el candidato socialista a la Alcaldía de la capital, Juan Carlos Usero, ya tenía las encuestas en contra, ahora van y llegan los EREs, sí, esos que están demostrando -lo dice el propio consejero Manuel Recio- que ha habido personas vinculadas al PSOE y a la UGT que se han llevado un pastizal como “afectados” por un ERE cuando jamás trabajaron en las empresas a las que la Junta de Andalucía financió las indemnizaciones.
 
Todo esto de los EREs falsos, unido al denominado “fondo de reptiles” que era -así lo reconoce un ex alto cargo de la Junta de Andalucía- un dinero del que disponían desde varias empresas y fundaciones públicas para ser entregado arbitrariamente sin ningún tipo de control administrativo legal, unido a lo que le pasó al ya olvidado Rafael Velasco, unido a lo de Mercasevilla, que es la madre de todas las corrupciones (de las últimas)... pues están dejando a Pepegriñán más tocado que una pandereta en Navidad.
 
Con el presidente de la Junta se están enrocando unos cuantos a los que él mismo ha colocado en puestos de responsabilidad orgánica, conscientes de que su permanencia como presidente y secretario general ahora, y tal vez luego, o aunque sólo fuera como secretario general tras las elecciones autonómicas, es su modo de seguir viviendo de la política (algunos podrían vivir de otro trabajo -no muchos, no crean- pero de esto se vive mucho mejor sobre todo en tiempos de crisis).
 
El problema lo tiene Usero. Le vuelve a pasar como a Zapatero. 
 
Es cierto que la crisis económica era mundial, y que no era culpa de ZP, pero sí es su responsabilidad no reconocer qué estaba ocurriendo en su país, no poner las medidas adecuadas para resolver el problema, tomar decisiones equivocadas asesorado por lo intelectualmente más plano del partido, acabar en manos de aquellos a los que despreció relegándolos a la segunda fila, y acabar anteponiendo su interés personal al del Estado y al de su partido.
 
Usero, que no tiene la culpa de la crisis del PSOE, da la impresión de que tampoco ha querido reconocer que cuando le votan sólo 44 de unos 1.200 militantes, aspirar a que confíen en él la mayoría de los almerienses es poco menos que un milagro.
 
Desde que logró ser elegido candidato sin pasar por unas Primarias, sus decisiones han sido erróneas una tras otra, empezando por la propia conformación de la candidatura, y eso no es una opinión personal de quien les escribe, es sólo el reflejo de lo que pasó en la famosa asamblea en que se aprobó la lista. 
 
Asesorado por quien está, se encuentra más solo que la una haciendo una precampaña pobre y triste, en la que no pueden convencer ya que ni se les ve convencidos a ellos. Los carteles locales, las fotos, los mensajes, las ideas... uf, los profesionales de la comunicación sabemos de qué va esto, y que igual que el corazón azul del PP es francamente mejorable en cuanto a concepto, eso de estar sentado leyendo... sólo muestra un candidato que no es activo y que sabe qué pasa en la calle porque lo lee, no porque está con la gente.
 
De querer autoerigirse el “hombre de Pepegriñán” en Almería, dejando a sus mentores Diego Asensio y Martín Soler arrinconados, el tambaleo y caída del madrileño le acabará dejando en manos de éstos, como Zapatero ha vuelto a la vieja guardia socialista que representan Rubalcaba, Bono y demás.
 
Huirá desde la filas de la oposición municipal allá donde le busquen un hueco, al Parlamento Andaluz, al Senado, al Congreso... donde sea y como sea.
 
Será su propio ERE. Habrá que ver quién se lo firma.

Acusan a la Consejería de Hacienda de ocultar información sobre la deuda del Ayuntamiento de El Ejido

EL EJIDO.- La Parlamentaria andaluza, Rosalía Espinosa, y el portavoz del grupo municipal, José Francisco Rivera, han ofrecido una rueda de prensa para denunciar la complicidad que, a su juicio, existe entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido, para evitar dar a conocer toda la información relativa al Plan de Saneamiento que se prevé llevar a cabo en el Consistorio, así como al estado actual de la deuda que soportan las arcas municipales.

Para Espinosa, la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Hacienda y Administración Pública, “está convirtiéndose en cómplice político de lo que está ocurriendo con las cuentas del Ayuntamiento de El Ejido”. Espinosa ha explicado que desde el Partido Popular se ha solicitado información a ambas administraciones sobre estas cuestiones en reiteradas ocasiones sin que hasta la fecha, asegura, se les haya facilitado ningún dato que refleje la situación actual de las cuentas municipales ni en el que se detallen los principios sobre los que se basará el futuro Plan de Saneamiento.

Desde el Partido Popular sospechan, asimismo, que estas negativas por parte de la administración andaluza “responden a su objetivo de evitar que el PP conozca el contenido del Plan de Saneamiento y las cuentas reales del Ayuntamiento para que el grupo de concejales del PP y Paco Góngora no conozcan cómo están las cosas y no puedan proponer mejores soluciones”, declara Espinosa.

En última instancia, el grupo popular insiste en que “es evidente que hay algún pacto cerrado entre el PAL y el PSOE y que ese pacto obligue a que el PSOE, tanto aquí, como en Almería y en Sevilla esté protegiendo al PAL, precisamente ante la inminencia de las elecciones para, así, poder volver a formar otro pacto”, asegura Rivera.

Rivera ha apoyado su hipótesis sobre un posible ‘pacto’ PAL-PSOE en sus sospechas sobre que la situación económica actual del Ayuntamiento fueran mucho peores de lo que ha trascendido públicamente e insiste en que “ello perjudicaría también al PSOE, después de tantos años de pacto y de ser cómplices de la situación actual, tras haberse opuesto a la disolución de los órganos de gobierno de la Corporación del Ayuntamiento”.

Los Populares no van a aceptar un no por respuesta por lo que han adelantado que tienen intención de interpelar a la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para que en la próxima Comisión, que se celebrará en un plazo aproximado de veinte días, conteste a las preguntas que, verbalmente, le plantearán los populares.

Asimismo, desde el PP se está estudiando la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo para interponer una queja ante lo que consideran “un hecho de extrema gravedad” por las constantes negativas que están recibiendo para conseguir información veraz sobre la situación económica actual en el Ayuntamiento porque, insisten, “los ejidenses tienen derecho a conocer cuál es la situación de su Ayuntamiento”.

José Francisco Rivera avanzó también algunas de las propuestas que desde el Partido Popular se plantean para hacer frente a la deuda municipal. Entre otras, se pretende llevar a cabo una auditoría de las cuentas “para limpiar las mentiras” y para “ejecutar un Plan de Saneamiento serio”. En este sentido, Rivera avanzó que “se va a prestar especial atención a la política de personal para acabar con esa agencia de colocación en la que se ha convertido este Ayuntamiento”.

También se tiene la intención de ejecutar unos presupuestos con superávit y de modificar los procedimientos de contratación que hasta ahora se han estado aplicando, puesto que consideran que “se han convertido en un coladero”.

Por último, Rivera también ha aprovechado su comparecencia ante los medios para criticar las declaraciones realizadas por el Alcalde de El Ejido, Juan Enciso, del PAL, en las que manifestaba su intención de refinanciar en quince años la deuda con Elsur como una de las prioridades de su gobierno. Una medida que, a juicio de los populares, tiene como objetivo prolongar otros cinco años más el contrato que la empresa mixta de servicios municipales mantiene todavía con el Consistorio. En la actualidad, dicho contrato está vigente hasta los próximos diez años.

Exigen a la Comisión Europea que rectifique sus “falsas declaraciones” sobre la seguridad de los tomates marroquíes frente a la de los españoles

ALMERÍA.- Durante el encuentro bilateral celebrado esta mañana en Bruselas, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido a la Comisión Europea una rectificación pública de sus falsas declaraciones sobre la mayor seguridad de los tomates marroquíes frente a la de los españoles.

La delegación de COAG también ha aprovechado su estancia en la capital belga para compartir con los europarlamentarios su repulsa por la actuación de John Clarke, Director de Asuntos Internacionales II de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo del pasado 14 de marzo.

Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG ha señalado que “es inaceptable que se asegure que las concesiones de tomate a Marruecos son una gota de agua en el océano. Marruecos incumple de forma continua los cupos y precios de entrada fijados provocando el desplome de las cotizaciones de nuestros productos y a la Comisión Europea, no sólo parece no importarle, sino que empezamos a pensar que se alegran de ello”. 

Además, Góngora ha destacado que “es vergonzoso que un miembro de la CE dijera que los tomates marroquíes son más seguros que los españoles. Eso es totalmente falso. El número de incumplimientos de los tomates de Marruecos no es comparable con el de España si se tienen en cuenta los volúmenes que mueve cada país”. 

En relación con esto, COAG ha denunciado que el Sistema de Alerta Rápida de la UE (RASFF) ha publicado en lo que llevamos del mes de marzo hasta 8 alertas sanitarias en frutas y hortalizas procedentes de países terceros, en particular, una de ellas de tomate marroquí con procimidona detectado en un lineal de supermercado en Polonia.

COAG ha mantenido durante esta semana varias reuniones con distintos europarlamentarios y representantes de la Comisión Europa para analizar la situación de la renovación del acuerdo UE-Marruecos. Las reuniones se enmarcan en el constante proceso de presión que esta organización está llevando a cabo para evitar la ratificación de la renovación del acuerdo. COAG estima que, dadas las fechas en las que nos encontramos, y el proceso que aún queda por abordar, es harto complicado que el nuevo acuerdo entre en vigor para la próxima campaña 2011/12, lo cual sería una gran noticia.

En el ámbito de los acuerdos comerciales de la zona Euromediterránea, COAG ha trasmitido su más rotundo rechazo a la idea surgida la semana pasada en la Comisión Europea, y vista con beneplácito en la última Cumbre Europea, de liberalizar totalmente, eliminando aranceles y contingentes, la entrada de productos de estos países en el mercado comunitario, a modo de ayuda a los países del norte de África afectados por las revueltas sociales y políticas.

España ocupa el octavo puesto en la clasificación de integración de inmigrantes

MADRID.- Un estudio comparativo de políticas de integración de inmigrantes en 31 países de Europa y América del Norte, sitúa a España en el octavo mejor puesto en la clasificación general, aunque falla en educación y en facilidades para lograr la ciudadanía. 

Por contra, España encabeza la clasificación en asuntos como integración económica y acceso a la vida familiar, han destacado hoy los responsables del III Índice de Políticas de Integración de los Migrantes (MIPEX, por sus siglas en inglés).
Elaborado por el British Council y el Migration Policy Group, el informe analiza si los gobiernos conceden los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades a todos los residentes, siguiendo las normas internacionales acordadas entre los estados miembros de la UE.
El informe presentado hoy, elaborado con datos de 2009, destaca que España es el mayor receptor de inmigración en Europa con 3.376.810 nacionales de terceros países y que se encuentra a la cabeza de los nuevos países de inmigración en integración económica y acceso a la vida familiar.
Así, España se encuentra en el octavo mejor puesto gracias a que "todos los residentes, independientemente de su nacionalidad, tienen las mismas oportunidades legales para conseguir un empleo, y mayores garantías y derechos laborales asociados a éste", afirma el informe.
No obstante, apunta que "como en la mayoría de los países, sólo ha abordado parcialmente el desproporcionado impacto de la crisis en los residentes extranjeros".
Así, en una escala del 1 al cien, España obtiene 85 puntos por las facilidades que otorga a la reagrupación familiar, y 84 en materia de movilidad en el mercado laboral.
También las medidas en favor de los extranjeros residentes de larga duración obtienen una puntuación alta (78).
Más baja, pero aún por encima de la media, es la puntuación española en cuanto a facilitar la participación política de los extranjeros, una categoría en la que España obtiene 56 puntos.
En el otro extremo de los parámetros analizados se encuentran los de medidas para evitar la discriminación (49) "debido a la falta de fortaleza de organismos encargados de este tema" y facilidades de acceso a la nacionalidad (39) que el estudio considera que son "la peor vía de obtención de la ciudadanía de los recién llegados y de sus descendientes".
España también suspende en una categoría que el informe incluye este año por primera vez, el de la educación, donde obtiene 49 puntos y se sitúa en décimo tercer lugar, aunque también reconoce "nuevas fortalezas en el acceso a centros escolares y en educación para la ciudadanía".
En el acto de presentación, también ha participado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, quien ha reconocido que "hay que mejorar" en muchos aspectos, pero también ha subrayado la inmigración en España es un fenómeno relativamente nuevo y súbito, al que ha habido que adaptarse en muy poco tiempo.
A ello se suma la complejidad que supone el tener que pactar la mayoría de estas políticas con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Terrón ha argumentado también que el informe se basa sólo en las normas vigentes y que no atiende al contexto y modo en que se aplican.
Así, ha planteado que pese a que la ley establece 10 años de residencia para conseguir la residencia, lo cierto es que los inmigrantes latinoamericanos la puede obtener en tan solo dos.
En cuanto a la educación, la secretaria de Estado ha planteado la oportunidad de juzgar a España por los niveles de la segunda generación de inmigrantes, puesto que la primera generación llega al país en la edad adulta y para trabajar, y son sus hijos los que se benefician de los derechos educativos.

Unicaja acuerda por unanimidad la creación de un banco manteniendo su modelo de caja de ahorros

MÁLAGA.- El consejo de administración de Unicaja ha aprobado este jueves por unanimidad la constitución de una entidad bancaria "para el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja", bajo el mantenimiento de "su modelo actual de caja de ahorros generadora de obra social".


   Asimismo, en el consejo de administración, de carácter ordinario, celebrado en Málaga, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, ha informado al consejo del preacuerdo genérico de los presidentes de la entidad andaluza y de Caja España-Caja Duero con vistas a un eventual proceso de integración, según los términos expuestos el pasado lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que requerirá la formulación del correspondiente acuerdo y la aprobación del mismo por los órganos de gobierno de las respectivas entidades.
   Según ha indicado la entidad en una nota, la futura entidad bancaria, cuyo inicio de trámites de creación ha sido aprobado este jueves, está concebida como "un instrumento de actuación de la entidad para una mejor y más flexible adaptación al contexto actual de nuevos requerimientos normativos de capital, y en línea con la tendencia del sector".
   La caja ha precisado que la decisión de constitución de una ficha bancaria propia "estaba prevista desde hace unos meses".
   Asimismo, Medel ha informado al consejo de administración del preacuerdo genérico con Caja España-Caja Duero con vistas a un eventual proceso de integración, según los términos expuestos el pasado lunes a la CNMV y que requerirá la formulación del correspondiente acuerdo y la aprobación del mismo por los órganos de gobierno de las respectivas entidades.
   En días anteriores, fuentes financieras indicaron que en el orden del día de este consejo figuraba además el informe sobre la actividad económico financiera de la entidad, informe de gobierno corporativo de 2010, formulación de cuentas de 2010 e informe de la obra social de 2010.
   Fuentes financieras han precisado que en el consejo se ha analizado "ligeramente" la operación entre Unicaja y Caja España-Duero, de forma que "se ha dejado claro que se trata de un preacuerdo genérico, por lo que, en caso de fructificar, se prevé llegar a un acuerdo antes del 16 de abril y sería necesario celebrar otro consejo de administración para abordar el protocolo de intenciones".
   Asimismo, una vez finalizado el consejo de administración, el presidente de la entidad financiera, Braulio Medel, ha eludido aclarar a los periodistas si la fusión con Caja España-Caja Duero ha sido uno de los temas abordados en el encuentro.
   No obstante, el secretario general de CC.OO. en Unicaja y miembro del consejo, José Luis Cid, ha asegurado que el presidente de la caja "ha reiterado que hay un preacuerdo genérico", pero "no sabemos más detalles que los que se han publicado".
   "Es un niño muy pequeño para saber cómo se va a desarrollar, no podemos apostar por más nada. Estamos en ciernes de saber algo más", ha apostillado, incidiendo, además, en que "quedan muchos flecos según hemos podido percibir todos los consejeros, nos queda mucho trabajo por hacer".
   Así, ha señalado que habrá que esperar a que se establezca un protocolo de intenciones, que, según ha apuntado, "será antes del 16 de abril". No obstante, ha declarado que el sindicato, va a apoyar el proceso de fusión "si se dan unas ciertas garantías, es decir, que haya un control por parte de Unicaja sobre ese banco, que se garanticen puestos de trabajo o que se mantengan las condiciones laborales".
   Sobre la creación del banco, Cid ha explicado posteriormente que ha dado su visto bueno "con el condicionante, expresado por CCOO, de que existan garantías económicas y sociales, esto es, que haya un control, que haya garantías de empleo y de mantenimiento de la plantilla ahora y a futuro".
   "Si se dan esos condicionantes, lo apoyamos, y cuando venga la aprobación del traspaso de activos y pasivos ya nos definiremos y nos pronunciaremos más adelante", ha agregado Cid, quien ha precisado que "la 'hoja de ruta' de esa ficha bancaria también debe ir a consejo, lo cual nos permitirá retocarlo y modificarlo" y ha apuntado que la espera para en torno a noviembre la celebración de la asamblea para aprobar el traspaso de activos y pasivos a la entidad bancaria. 
   Por su parte, Juan Ramón Casero, miembro del consejo de administración de la entidad financiera ha aclarado que aún no hay fecha establecida para la redacción de un protocolo de fusión.
   El vicepresidente segundo de Unicaja, Juan Fraile, quien ha asegurado que hay que estar "satisfechos y no preocupados" por lo que viene, ha indicado que "estamos en un momento complicado económicamente y, en circunstancias así, hay que adaptarse a los que los preceptos legales establecen".
   "Por imperativo legal, comenzamos un camino que será sustancialmente mejor para la entidad de lo que uno puede pensar en un principio", ha concluido.
   Asimismo, el vicesecretario del consejo, Santiago Orosa, ha lamentado que exista "una actitud de linchamiento contra las cajas de ahorro" y ha precisado que "tanto el marco normativo como la coyuntura económica general nos llevan a apoyar la creación del banco con la pretensión de defender la entidad desde otro marco legal, protegiendo de este modo tanto la finalidad de la obra benéfico social, que sigue existiendo, la vinculación de la entidad financiera al territorio, la defensa de los intereses de los impositores y la de los trabajadores".
   A su juicio, "habrá que establecer criterios e ideas imaginativas para conciliar la creación del banco respetando todo lo anterior", ha indicado.

   Por otro lado, la caja ha precisado en su nota que la agencia de calificación crediticia Moody's, dentro de su proceso de revisión al conjunto de las entidades financieras españolas, ha otorgado este jueves a Unicaja la calificación crediticia a largo plazo de 'A1', que "refleja calidad buena y un riesgo crediticio bajo", con perspectiva negativa, algo "en línea con el conjunto de entidades financieras"; y con calificación 'P-1' para el rating a corto y 'C+' para el de fortaleza financiera.
   La calificación permite a Unicaja "mantenerse como la segunda caja de ahorros española y entre las cuatro primeras entidades financieras del país con mejor rating a largo plazo".

Hasta el reparto de butano las está pasando canutas

MADRID.-  Los distribuidores de butano se suman a las quejas de los operadores del sector y dicen encontrarse "al borde del colapso" económico debido a la "falta de liquidez" del negocio, por lo que piden al Ministerio de Industria que les aplique un régimen adecuado de actividad, indicó el presidente de la Asociación Española de Distribuidores de Gas (Andigás), Manuel Trujillo.
 
   Esta asociación, que agrupa a las empresas distribuidoras de Cepsa, explica que las empresas del sector se encuentran "en jaque" debido a las condiciones de un mercado "intervenido" y recuerda que las empresas deben servir el producto en un plazo de 48 horas sin capacidad para establecer su remuneración.
   En una nota, Trujillo dice que las "pérdidas son insostenibles" y que hay "miles de puestos de trabajo en juego", y lamenta que las autoridades hayan "desoído" las quejas del sector, a pesar de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) publicó un informe en 2008 en el que corroboraba que esta actividad se encuentra "en la más absoluta de las ruinas".
   "Las empresas distribuidoras soportamos unos costes en vertiginoso incremento, mientras que en las revisiones de nuestra remuneración que hace el Ministerio apenas se tiene en cuenta el IPC", explica Trujillo, antes de recordar que las revisiones de precios sí afectan al gasóleo con el que funcionan los camiones de reparto.
   Si bien Industria argumenta que esta política mejora "la defensa del consumidor", Andigás considera que la mejor manera de proteger al usuario es "garantizar la supervivencia de la red de reparto de butano y evitar con ello problemas de abastecimiento".
   Por este motivo, la asociación exige "una revisión urgente del sector y una regulización de la remuneración de las empresas de reparto acorde con los costes reales" para evitar "un colapso de la distribución".

Moody's deja mal paradas a Cajamar y Unicaja

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado entre uno y cuatro escalones el 'rating' de una treintena de bancos y cajas españolas, al tiempo que ha confirmado las calificaciones de BBVA, Santander y La Caixa, anunció este jueves la agencia de calificación crediticia. 

   La rebaja de la nota del sistema financiero español se produce como consecuencia de la decisión de Moody's de degradar el 'rating' de España el pasado 10 de marzo hasta 'Aa2' desde 'Aa1' con perspectiva 'negativa', así como por la mayor presión sobre la deuda soberana española y las entidades financieras "más débiles", la pérdida de importancia sistémica de varias cajas de ahorros por la consolidación del sector y un previsible entorno de menor apoyo al sector en el futuro.
   En concreto, la calificadora de riesgos ha rebajado en un peldaño la nota de solvencia de una decena de entidades, mientras que quince han visto recortado su 'rating' en dos escalones y el resto, en tres o cuatro niveles.
   De este modo, Santander, BBVA y La Caixa mantienen su calificación 'Aa2', que implica una calidad "superior" de su deuda, aunque la agencia sitúa esta valoración en perspectiva 'negativa', lo que abre la posibilidad de recortes de 'rating' a medio plazo.
   Por el contrario, Banco Pastor, Catalunya Caixa y Banco de Valencia han visto rebajada la calidad de su deuda hasta 'Ba1', dentro del llamado grado especulativo o 'bono basura'. En concreto, las dos primeras entidades han sufrido una rebaja de cuatro peldaños, la más acusada entre las entidades analizadas, mientras el recorte en el caso de la nota de Banco de Valencia ha sido de tres escalones.
   Asimismo, la nota de solvencia de otras nueve entidades (Cajamar, Novacaixagalicia, BBK, Caja España, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Caja de Ahorros de Avila, Caja de Ahorros de Segovia, Ahorro Corporacion Financiera y Lico Leasing) queda fijada en 'Baa3', al borde del 'bono basura'. 
   Entre las entidades que han sufrido una rebaja de sólo un escalón se encuentran Unicaja y la CECA, cuyos 'ratings' pasan a 'A1' desde 'Aa3' con perspectiva 'negativa, Bankinter, que pasa a 'A2' con perspectiva 'negativa', Caja Vital, Caja Rural de Navarra y Banco Sabadell, cuyas notas se sitúan en 'A3' con perspectiva 'negativa', así como Caja Rural de Granada, Caja de Ahorros de la Rioja y Bancaja, cuyos 'ratings' bajan a 'Baa1'.
   Por su parte, Banco Popular y Banesto han visto rebajada su nota de solvencia en dos escalones, desde 'Aaa3' a 'A2' con perspectiva 'negativa', así como Banca March, Ibercaja y Santandaer Consumer Finance, cuyos 'ratings' han bajado a 'Baa1' desde 'A2' con perspectiva 'negativa'.
   En el caso de las notas de Caja Laboral, Cajastur, CAM y Caja Cantabria, el recorte también ha sido de dos peldaños, hasta situarse en 'Baa2' desde 'A3'.
   Por su parte, Caja Madrid sufre una rebaja de tres escalones en su 'rating', que pasa a situarse en 'Baa1' desde 'A1' con perspectiva bajo revisión, lo que implica una calidad "aceptable".
   La prima de riesgo española respecto a los bonos alemanes a diez años resistía el impacto de la rebaja de Moody's y de la crisis política en Portugal por debajo de la cota de los 200 puntos básicos, con un rendimiento del 5,183%.
   En plazos de vencimiento más cortos, la rentabilidad de la deuda española se situaba en el 4,181% en el caso de los bonos a cinco años y en el 3,218% en el de los bonos a tres años, mientras que el rendimiento de la deuda a dos años se situaba en el 2,893%.