miércoles, 11 de noviembre de 2009

El atún rojo del Mediterráneo, en peligro a causa de capturas ilegales

MADRID.- Dos organizaciones ecologistas denunciaron este miércoles las capturas ilegales de atunes rojos en el Mediterráneo que, según ellas, amenazan la pervivencia de la especie, y reclamaron la suspensión temporal de la pesca.

A partir de un estudio realizado este año por expertos de la consultora independiente ATRT, Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se dicen en el comunicado preocupados por "el altísimo porcentaje de pesca de juveniles de atún rojo (menores del tamaño legal permitido en el momento de captura) en el Mediterráneo".

El destino de esos ejemplares son las "granjas de engorde", situadas en el mar y donde los peces son engordados antes de ser vendidos, principalmente a Japón, donde se los consume crudos en forma de 'sushi'.

"Todos los datos señalan el riesgo inminente de colapso" de la especie en el Mediterráneo, asegura en el comunicado Celia Ojeda, responsable de océanos de Greenpeace. "A estas alturas el cierre de la pesquería y la protección de sus zonas de reproducción son la únicas soluciones, hasta que la pesquería dé señales evidentes de recuperación", añadió Celia Ojeda.

Ambas organizaciones no gubernamentales piden a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), actualmente reunida cerca de Recife (noreste de Brasil) "la adopción de medidas extraordinarias".

Según el estudio citado por las dos ONG, "el caso de España es el más alarmante, ya que entre julio de 2008 y mayo de 2009 el 46% del atún rojo vendido en fresco en el mercado japonés, proveniente de granjas de engorde, eran juveniles en el momento de ser pescados", por lo que no habían podido reproducirse aún.

Las organizaciones afirman que, siempre según el estudio, "entre un 8,4% y un 21,09% del atún rojo engordado en el Mediterráneo y vendido en fresco en el mercado japonés eran menores del tamaño legal permitido en el momento de captura".

"Los científicos (de la ICCAT) estimaron en octubre que sólo queda un 15% de la población original de atún rojo y los nuevos datos de tallas demuestran que la pesquería sigue fuera de control", dijo en el comunicado Raúl García, responsable de Pesca de WWF España.

Por ello reclama el "cierre temporal" de la pesca y "la prohibición" del comercio internacional.

La ICCAT advirtió recientemente contra las "interpretaciones parciales" hechas por "varias organizaciones" sobre su informe científico de octubre.

El Parlamento andaluz aprueba la modificación de la Ley de Cajas pero rechaza tramitarla como proyecto de ley

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz convalidó hoy, con los votos a favor del PSOE-A y la abstención de PP-A y IULV-CA el Decreto-Ley que modifica la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, para facilitar el proceso de fusión iniciado por las entidades financieras Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén. Si bien, la Cámara rechazó, con los votos del PSOE-A, la solicitud del PP-A e IULV-CA para que la reforma de la normativa se tramitara como proyecto de Ley.

En su intervención ante el Pleno del Parlamento, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, solicitó el voto favorable para la convalidación del Decreto-Ley para que se consiga que "nuestro sistema financiero salga fortalecido de la complicada situación económica y financiera en la que el mundo entero está inmerso". La responsable de Economía y Hacienda insistió en que "es imprescindible que todos afrontemos el desafío de los próximos meses aunando esfuerzos".

Martínez Aguayo justificó la necesidad del Decreto-Ley aprobado el pasado 20 de octubre en Consejo de Gobierno en la necesidad de dar encaje o cobertura legal a la fusión proyectada entre Unicaja, Cajasur y Caja de Jaén, como consecuencia del especial régimen que en materia de órganos de gobierno tiene actualmente reconocida CajaSur en la Ley, en su calidad de Caja fundada por la Iglesia católica.

También dijo que resulta necesario modificar la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para remover posibles obstáculos normativos que "pudieran entorpecer, ralentizar o desnaturalizar la marcha de este u otros procesos de fusión".

En tercer lugar, señaló las razones de oportunidad política, adoptadas en el ámbito de la política económica que corresponde dirigir al Gobierno andaluz, y que aconsejan también acometer determinadas modificaciones normativas bajo el objetivo de "incentivar los procesos de fusión, por considerarlos positivos y necesarios para el sector financiero andaluz", según la consejera.

En definitiva, insistió que se trata de aportar certeza, claridad y seguridad jurídica al marco normativo de aplicación a las entidades que decidan fusionarse, removiendo los posibles obstáculos a dichos procesos.

En su turno de intervención, el diputado de IULV-CA Pedro Vaquero dijo que a su grupo le gustaría que en este tema existiera el mayor consenso posible, ya que ni el PP-A ni su formación están de acuerdo con determinadas cuestiones. Por ello, consideró que la mejor opción consiste en la tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia.

Vaquero, que aseguró que su formación apuesta por un poder financiero en Andalucía "lo más compacto posible" y por un modelo de banca pública participada social y institucionalmente, dijo que IULV-CA apoya la fusión siempre que se mantenga el empleo existe y no se reduzca la calidad del servicio público que prestan actualmente Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén.

Asimismo, el parlamentario de IULV-CA dijo que su formación rechaza una reforma de la normativa que sólo aborda lo "estrictamente necesario" para la fusión. Si bien, dijo que comparte determinadas cuestiones del Decreto-Ley como la limitación del mandato, la no diferencia de estatus entre consejeros, el contador a cero para la renovación de los mandatos o la regulación de las "fusiones en frío", entre otras cuestiones.

Finalmente, dijo que entre las cuestiones con las que la formación no está de acuerdo se encuentran "que el Consejo de Gobierno pueda autorizar fusiones interterritoriales, que los mandatos sean de seis años y no de cuatro, y que no se garantice que todas las fuerzas parlamentarias participen en los consejos de administración".

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz, que solicitó a la Junta que rectifique en su postura y que acepte una tramitación de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro a través de un proyecto de Ley, dijo que aún existe una oportunidad para alcanzar un consenso.

Sanz destacó la "torpeza política" del Gobierno andaluz al traer a la Cámara andaluza un texto que "no satisface a nadie, ni a los firmantes del protocolo de fusión, ni a los grupos de la oposición".

"Muy mal se han tenido que hacer las cosas para que no lo apoye nadie cuando se partía del consenso", agregó.

En esta línea, el diputado 'popular' consideró que la Junta ha aprobado un Decreto-Ley que es un "auténtico decretazo" para garantizar su poder en las cajas. Además, indicó que no es positivo romper consensos y aprovechar una puntual reforma de la ley para "apuntalar" el poder político de los socialistas, de cara a futuros procesos electorales.

Sanz calificó el proceso de diálogo como un "desastre" y afirmó que el Gobierno andaluz debería haberle haber dedicado más tiempo. "No era nada difícil haber alcanzado un consenso por parte del PP", indicó Sanz, quien afirmó que su formación ha dado un ejemplo de "discreción y de responsabilidad plena" durante las negociaciones.

Por último, el diputado del PSOE-A Rafael Velasco dijo que su formación no cree que la tramitación del Decreto-Ley como proyecto de Ley ayude al proceso de fusión vigente de las tres cajas de ahorros que en estos momentos están negociando la fusión. "No es la mejor fórmula para los actores implicados", apostilló el socialista.

Asimismo, Velasco aseguró que el Decreto-Ley incluye sugerencias de todos los grupos parlamentarios y dijo no comprender como IULV-CA se posiciona en su contra cuando su portavoz adjunto "ha dedicado hoy más de tres minutos a decir las cuestiones que comparte". Por último, dijo sentir "muchísimo" el posicionamiento del PP porque, según dijo, el Decreto-Ley da cobertura a una mayor representación del PP en la fusión "y ellos lo saben".

El Decreto-Ley modifica diversos aspectos de la regulación de los procesos de fusión en nuestra Comunidad e introduce también cambios referentes a la duración de los mandatos, miembros y cuotas participativas en la Asamblea General y sobre las causas de incompatibilidad para formar parte del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de las cajas de ahorros andaluzas.

En referencia a los procesos de fusión, el nuevo texto suprime la obligatoriedad de respetar los porcentajes de representación de los grupos, durante el período transitorio de los órganos de gobierno, y se amplía la duración de este periodo transitorio, de dos a tres años, en los casos de fusión por creación de nueva entidad.

Respecto a los mandatos en caso de fusiones, el Decreto-Ley considera necesario garantizar la estabilidad y permanencia de los órganos de gobierno, en tanto no haya culminado la fusión proyectada. Por eso, señala que se computará como un único mandato el que se viniera disfrutando desde la última elección o reelección hasta la finalización del periodo transitorio, aún cuando eso suponga superar el límite máximo de 12 años de ejercicio en el cargo.

En el texto se indica que la futura entidad será una caja sometida al régimen jurídico general, si bien se reconoce legalmente la presencia que tendrá la entidad Cabildo Catedral de Córdoba. Concretamente, se contempla el porcentaje y número exacto de representación en la Asamblea General, en el Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva y Comisión de Control, de conformidad con el protocolo de fusión suscrito entre Cajasur y Unicaja.

También se hace una referencia expresa a las fusiones interterritoriales, permitiendo que el Consejo de Gobierno de Andalucía acuerde con los Gobiernos que correspondan el régimen del periodo transitorio, incluyendo su duración.

Almunia pide que las CCAA y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste presupuestario en España

BRUSELAS.- El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, pidió hoy un refuerzo de la ley de estabilidad presupuestaria española para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste para reducir el déficit por debajo del 3% en 2013, tal y como ha propuesto el Ejecutivo comunitario.

Almunia aseguró que un incremento mayor del déficit y la deuda supondrá un freno para el crecimiento.

La Comisión Europea propuso hoy dar a España una prórroga de un año, hasta 2013, para corregir su déficit excesivo. Bruselas accedió a conceder este plazo extra tras constatar que el Gobierno ha tomado "medidas eficaces" para reducir el déficit, entre ellas el aumento del IVA el año que viene, aunque no esté logrando su propósito porque la crisis económica es peor de lo previsto.

Entre las medidas que debe adoptar el Gobierno para cumplir esta recomendación, Almunia reclamó un "reforzamiento del marco de disciplina presupuestaria que existe en España, la ley de estabilidad presupuestaria".

"En particular, España, que es un Estado muy descentralizado, tiene que coordinar bien las actuaciones de todas las administraciones públicas, no sólo de la administración central", dijo.

"Las autonomías y los ayuntamientos contribuyen de forma muy importante al gasto público en España, y pueden contribuir y deben contribuir también al ajuste presupuestario necesario en España", insistió el comisario de Asuntos Económicos.

Pidió además reformas estructurales "para mejorar las condiciones de crecimiento de la economía española". "Sabemos cuáles son los problemas que va a afrontar la economía española para crecer en el futuro lo mismo que crecía en el pasado, una vez que el sector de la vivienda no va a contribuir como lo hizo. Lo hizo de forma insostenible y por lo tanto no es necesario que lo vuelva a hacer. Y sobre todas estas materias hay un consenso bastante elevado en España, lo que hace falta es traducir ese consenso en medidas concretas", afirmó.

Aunque admitió que el ajuste que deberá realizar el Gobierno para recortar el déficit a tiempo será muy duro, Almunia aseguró que ello no pondrá en riesgo la recuperación. Pero sí avisó de que un mayor endeudamiento podría suponer un freno para el crecimiento.

"A partir de un determinado momento, a partir de un determinado nivel de endeudamiento, a partir de un determinado nivel de la presión fiscal y del gasto público, la política presupuestaria, en vez de convertirse en un impulso para el crecimiento, se puede convertir en un freno para el crecimiento. Y eso lo sabemos en España y en todos los países europeos", dijo.

La Administración eleva en diez días el plazo de pago en 2009, hasta los 51

MADRID.- La Administración Pública ha incrementado en una media de diez días, desde los 41 hasta los 51, su plazo medio de pago durante el presente ejercicio, según un estudio sobre los índices de riesgo de 2009 realizado por la firma de servicios de gestión de crédito Intrum Justicia, difundido hoy.

El estudio concluye que las cuentas a cobrar en España han sufrido un "severo cambio" en su equilibrio dado que, según sus datos, en la actualidad sólo un 19% de las facturas son abonadas en los treinta primeros días tras su emisión.

Los plazos de pago se han extendido, de forma que el 33% de los importes pendientes se abonan a noventa días y un 48% entre los treinta y los noventa días.

Asimismo, el estudio revela que el 90% de las empresas españolas preguntadas admite que recibe los pagos de sus facturas con retraso ante las dificultades financieras que, a su vez, atraviesan sus clientes.

De esta forma, el porcentaje medio de ingresos que las compañías pierden por impagos se ha elevado este año desde el 2,2% hasta el 2,4%.

En consecuencia, el 67% de las empresas que atendieron a la encuesta realizada por la firma espera pérdidas en sus ingresos a consecuencia del retraso en los pagos y los impagos. Asimismo, un 78% teme incluso que ello afecta a su liquidez.

Además, un 82% de los encuestados por Intrum Justicia cree que el riesgo de impago seguirá creciendo. Esta tasa dobla a la del 42% empresas que en 2008 ya temía un alargamiento de los plazos de pago.

Preguntadas por el orden en el que suelen pagar sus facturas, la mayoría de empresas coinciden en señalar que en primer lugar pagan sus impuestos y tasas a la Administración, posteriormente cumplen con la Seguridad Social y después con sus principales proveedores.

Unos 100.000 agricultores protestarán en Madrid contra el desmantelamiento del campo

MADRID.- Unos 100.000 agricultores y ganaderos, procentes de distintas comunidades autónomas, se manifestarán el próximo 21 de noviembre en Madrid para denunciar el "desmantelamiento" del campo español y la "mayor crisis de su historia", por la falta de rentabilidad de las explotaciones, según datos de las organizaciones convocantes.

Dicha manifestación, convocada por Asaja, COAG y UPA y apoyada por Cooperativas Agrarias, irá precedida de un paro general "inédito" en el sector, que tendrá lugar el día anterior, 20 de noviembre, en el que habrá concentraciones y tractoradas en distintos puntos de la geografía.

Bajo el lema 'El campo se arruina, movilizate', la manifestación "unitaria e histórica" partirá de la confluencia de la calle Alcalá con la plaza de Cibeles, discurrirá por el paseo del Prado y concluirá en Atocha, ante la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El objetivo de estas movilizaciones es denunciar la "grave situación" por la que atraviesa el sector agrario y ganadero, que tiene su origen en una "profunda crisis de mercado" con los precios de los productos "hundidos" y los costes de producción "disparados".

Según los datos del sector, en los últimos cinco años (2003-2008), la renta agraria ha registrado un descenso del 26%, lo que sumado a una pérdida de 124.000 empleos en dicho periodo ponen de manifiesto la "grave crisis" en la que se encuentra el sector en la actualidad.

Asimismo, en dicho periodo, se ha producido un incremento "espectacular" de los costes de la producción agraria (34,3%), que representan ya un 86% de la renta agraria final.

Ante ello, las organizaciones agrarias destacaron que el descenso de precios en origen es cada vez "más generalizado y acuciante", con caídas que alcanzan el 60,84% en el caso de los limones.

Asimismo, las tres organizaciones agrarias denunciaron las prácticas oligopolísticas en la cadena agroalimentaria y señalaron en este sentido que la gran distribución alimentaria presiona a la cadena agroalimentaria imponiendo sus condiciones e impidiendo el normal funcionamiento del mercado.

A su juicio, resulta "curioso" que en este "marco de desregulación" de los mercados agroalimentarios, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en lugar de ser un instrumento al servicio del sector agrario para defenderlos de los abusos de posición dominante de la gran distribución y de la agroindustria, se haya convertido en el principal mecanismo para "desmembrar y desestructurar" el sector agrario.

Además de exigir precios justos para los productos, las tres organizaciones reclamaron mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios; una fiscalidad adecuada; un plan de financiación y refinanciación del sector; el establecimiento de una Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013; un plan de apoyo a las energías renovables y la puesta en marcha de un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa.

El Ayuntamiento de El Ejido encarga un informe para decidir si pide a la Junta un plan de saneamiento económico

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha encargado a los servicios jurídicos municipales un informe sobre la situación económica para analizar la viabilidad de solicitar a la Junta de Andalucía la implementación de un plan de saneamiento a la espera de debatir en pleno las mociones presentadas por la oposición para que se realice una auditoría externa de las cuentas locales.

Así lo avanzó hoy en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno, Adela Cantón (PAL), tras la reunión de la primera junta de portavoces celebrada en la corporación local desde que alcanzó la Alcaldía Juan Enciso y en la que se informó a PP y PSOE de un segundo informe jurídico que servirá para decidir sobre la situación de la funcionaria Isabel Carrasco, esposa del interventor, José Alemán, en libertad bajo fianza por su implicación en la operación 'Poniente'.

Según explicó, se ha solicitado a los técnicos del Ayuntamiento que realicen informes "exhaustivos, rigurosos y reales" tanto sobre el estado económico como sobre el personal funcionario mientras que Carrasco "continúa de baja laboral y aún no se ha incorporado a su puesto" desde que fuese detenida el 20 de octubre.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido ya avanzó ayer su intención de elevar a comisión las mociones de PP y PSOE que solicitan la realización de una auditoria sobre el estado de las arcas municipales para su debate en pleno de la corporación local en diciembre, si bien aseguró que "no hay problema" ya que la información sobre "todos" los ejercicios contables han sido remitidos a la Cámara de Cuentas "sin que se hayan producido inconvenientes".

En declaraciones a los periodistas tras la celebración del primer pleno desde que el alcalde, Juan Enciso (PAL), fue detenido y encarcelado, el primer edil accidental, Ignacio Berenguel, trasladó un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía ejidense sobre el estado económico del Consistorio, que equiparó al de "otros muchos ayuntamientos con problemas" debido a la "parálisis de la actividad empresarial", y vinculó el "equilibrio" de las cuentas al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

El PSOE acusa al Ayuntamiento de Almería de llamar a un arquitecto "ligado al PP" para el concurso del Palacio de Congresos

ALMERÍA.- El portavoz del grupo municipal del PSOE en Almería, José Antonio Amate, criticó hoy que el Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) haya invitado al arquitecto Antonio Lamela, "muy ligado al PP de Madrid" según los socialistas, a participar en el concurso restringido para el diseño del futuro Palacio de Congresos de la capital después de que éste fuera "excluido" en consenso por ambos partidos.

En rueda de prensa, Amate afirmó que en las reuniones mantenidas por su partido con el portavoz del equipo de gobierno local, Pablo Venzal (PP), se optó por dejar fuera a este aspirante, quien en su momento diseñó la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, por lo que se mostró "sorprendido" de que se volviera a invitar "sin haber dialogado" anteriormente con el PSOE.

El portavoz socialista, que consideró que actualmente "no es el momento" de realizar un palacio de congresos valorado en 40 millones de euros, señaló además otros arquitectos que habían sido 'pactados' como Frank Gehry, José Selgas o Lucía Cano, y que "finalmente no han sido convocados".

Así, según apuntó el edil del PSOE, los arquitectos invitados a un precio de 25.000 euros por firma son Norman Foster, Rafael Moneo, Carlos Ferrater y Zaha Hadid, además de Lamela.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería anunció ya en el mes de enero que, junto con el concurso restringido, también se realizaría de forma paralela un concurso público internacional abierto a todos los arquitectos que se quieran presentar de forma que, un jurado elegirá tres proyectos finalistas que pasarán a concursar con los de los arquitectos del concurso restringido que se animen a participar.

El TSJA elige al juez que dictó procesamiento del alcalde de Zurgena para ayudar en la 'operación Poniente'

ALMERÍA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, David Villagrá, ha sido designado como candidato para cubrir la comisión de servicio ofertada para reforzar el órgano encargado de las diligencias de la operación 'Poniente' contra una presunta trama de corrupción urbanística en El Ejido.

Así lo ha decidido hoy la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha optado, entre dos concurrentes, por Villagrá, quien firmó el pasado mes de julio el auto por el que se incoaba procedimiento abreviado contra el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), por presuntos delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.

Según informó el Alto Tribunal en una nota, el acuerdo responde a la "carga competencial" que soportan los órganos de los que son titulares los dos aspirantes que respondieron a la oferta de comisión de servicio con relevación de funciones para reforzar el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería a petición de la juez Montserrat Peña ante la envergadura de las diligencias que han derivado en la encarcelación del regidor de El Ejido, Juan Enciso (PAL) y el interventor municipal, José Alemán.

El magistrado David Villagrá, cuya designación deberá recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene pendiente de valoración, aunque con propuesta de archivo, una queja elevada por el alcalde de Zurgena en la que le atribuye la presunta comisión de un falta grave o muy grave por adoptar de decisiones "deliberadas" para "impedir en normal desenvolvimiento" del Ayuntamiento o haber "inducido" a varias de las 25 personas imputadas en la denominada operación 'Costurero' a que modificasen sus primeras declaraciones en sede judicial para señalarle como máximo "responsable".

La juez Peña solicitó de manera formal el pasado día 23, dos días después de que se produjera la detención del alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL) y 19 personas, que se adjudicará a su juzgado un segundo profesional de la magistratura para compatibilizar la instrucción de unas diligencias que superan los 20.000 folios con el resto de los procesos incoados en ese órgano.

La Junta de Andalucía también autorizó el pasado día 28 la realización de horas extras en turno de tarde a dos funcionarios del Juzgado de Instrucción número 2, al tiempo que pidió a la Audiencia Provincial que destinase un tercer funcionario del grupo adscrito al servicio de apoyo y especializado en la tramitación de asuntos penales para su incorporación a jornada completa.

La juez Peña solicitó, asimismo, que se estudiase por parte de la secretaria coordinadora provincial asignar un secretario judicial al mismo órgano, una decisión que debe adoptar el Ministerio de Justicia y que se incluía en la solicitud remitida al Decanato de Almería.

La Diputación refinancia con 3,5 millones la deuda de varios ayuntamientos con Galasa

ALMERÍA.- El consejo de administración de la empresa pública de abastecimiento de agua Galasa acordó hoy aprobar una operación de crédito por valor de 3,5 millones de euros que permitirá a la Diputación Provincial de Almería refinanciar la deuda de algunos ayuntamientos de las comarcas del Levante y el Almazora con la entidad.

En una nota, el presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero, manifestó que con esta acción "se pretende ayudar a los ayuntamientos a hacer frente a los recibos atrasados y, al mismo tiempo, garantizar que la empresa preste un servicio de calidad a todos los municipios donde lleva el agua".

La operación permitirá también realizar nuevas inversiones a través de la empresa pública Acuamed, en colaboración con la Junta de Andalucía, para impulsar la construcción de dos importantes infraestructuras hidráulicas, como los depósitos de almacenamiento de agua procedente de la desaladora de Carboneras para su envío a la estación de tratamiento y potabilización del Almanzora, y la construcción de la tubería que llevará el agua desde Carboneras hasta el Campo de Tabernas.

Junto a ello, la empresa pública Galasa aprobó también la dotación, para los cuatro próximos años, de 53 vehículos mediante la fórmula de 'renting', necesarios para la prestación del servicio, por importe de 1,1 millones de euros.

martes, 10 de noviembre de 2009

La UDEF vuelve a Águilas y detiene al arquitecto Sotelino tras implicarlo en el 'caso Zerrichera'

ÁGUILAS.- Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía están de nuevo de gira. De gira por Murcia. Y ello casi siempre es sinónimo de un nuevo golpe a la corrupción urbanística y de altos funcionarios y políticos detenidos.

Ayer le tocó el turno al arquitecto aguileño Jorge Sotelino Vico, quien fue arquitecto municipal de la localidad costera hace años, que actualmente posee un exitoso gabinete en Águilas y otro en Granada y que por la mañana fue arrestado por los agentes anticorrupción por su supuesta implicación en el caso Zerrichera.

Fuentes próximas a la investigación señalaron a 'La Verdad' que los policías judiciales, que están actuando bajo la supervisión del juez instructor Antonio Alcázar, registraron su despacho de la calle Conde de Aranda de Águilas y luego lo trasladaron a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, donde está siendo interrogado.

Sotelino está vinculado profesionalmente al notario y promotor urbanístico Sebastián Fernández Rabal, quien ya fue detenido el pasado mayo por el mismo asunto y que más tarde volvió a serlo por el caso Limusa. Igualmente, según las mismas fuentes, el arquitecto ha trabajado para el empresario Trinitario Casanova, el impulsor del plan parcial La Zerrichera, y además se habría encargado del desarrollo de este proyecto urbanístico desde su despacho.

Sotelino Vico es, asimismo, quien ha diseñado la mayor parte de los grandes proyectos urbanísticos de Águilas. Se le considera un hombre bien relacionado con el alcalde, Juan Ramírez, del PP, y su nombre aparece desde hace meses vinculado a la investigación judicial sobre La Zerrichera.

De hecho, ya en el interrogatorio al que fue sometido tras su detención el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués, el fiscal le preguntó si sabía que el arquitecto Sotelino estaba detrás del plan parcial La Zerrichera.

Lo que los expertos de la UDEF-BLA investigan en estos momentos es si Sotelino podría haberse prestado a entregar diversas cantidades de dinero a altos cargos públicos, supuestamente por encargo de algún constructor con intereses en Águilas. Esto es, si puede estar implicado en un posible delito de cohecho.

Mientras continúan interrogando al arquitecto, los agentes tratan de cerrar la investigación sobre otros posibles implicados en el supuesto caso de corrupción urbanística, por lo que no se descartan detenciones en las próximas horas. Sotelino será puesto a disposición del juez Alcázar una vez que se concluya el atestado policial, probablemente mañana.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional lleva más de dos años investigando el asunto Zerrichera. Este plan parcial se iba a desarrollar en Águilas y contemplaba la construcción de más de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.

Las sospechas de posibles irregularidades se centran en el hecho de que los terrenos estaban especialmente protegidos por las normas medioambientales, lo que no impidió que el proyecto fuera superando todos los trámites administrativos.

En otro orden de cosas, la intervención policial en algunos municipios del Levante almeriense parece ya cosa de poco tiempo y, más en concreto, en Vera y Cuevas del Almanzora se da por segura dado el alto grado e intensidad de la presunta corrupción urbanística, que presagia detenciones de ilustres ciudadanos, alguno hasta aforado y protegido desde las filas políticas contrarias en función de intereses particulares cruzados no conocidos todavía por la opinión pública.

Más datos que indicios / Enrique Badía

Siendo como fue el origen de todo, la coyuntura inmobiliaria se sigue con gran interés. Captan atención la evolución de los precios, el número de operaciones de compraventa, la marcha del stock de viviendas invendidas, el visado de nuevas obras... en definitiva, muchas más cosas que las normalmente observadas en cualquier otro sector. Pero no está resultando nada fácil sacar alguna conclusión.

El dato de los precios es clave. Existe cierto consenso en considerar que sólo cuando alcancen un nivel de equilibrio podrá iniciarse una cierta recuperación. Nadie acaba de tener claro, sin embargo, cuál es el suelo o, dicho de otro modo, cuándo y dónde se detendrá el recorrido bajista, por lo que gana importancia cualquier variación intermensual. El problema es que, más que una tasa cierta, existen muchas discrepantes, entre las que no es nada fácil elegir.

En parte, la discrepancia es lógica, sobre todo si se comparan datos promedio elaborados a nivel estatal. Lo es porque esa forma de medición estadística tiende a ocultar la agudizada tendencia del mercado hacia la segmentación.

El desajuste entre oferta y demanda, por ejemplo, dista de ser uniforme. No lo es en términos de producto: difiere mucho, entre otras cosas, según sea urbano o turístico. También depende del territorio e incluso la zona concreta que se analice y no menos de factores como la calidad de la edificación o el grado de equipamiento instalado y disponible en su derredor. Eso, del lado de la oferta, mientras que de parte de la demanda importa, y mucho, cuál sea el momento socioeconómico de cada lugar. Ello sugiere que no habrá un ajuste, sino varios, no necesariamente todos a la vez.

Pero las discrepancias van más allá. Las hay demasiado relacionadas con la tipología del emisor. Dicho de otra forma, a menudo es sencillo identificar el mensaje que tratan de transmitir con el interés privativo que está detrás.

Abunda, pues, la confusión. No acaba de quedar claro si los precios se han estabilizado, la caída se ha detenido o va a continuar. A partir de ahí, cuesta valorar si la recuperación está próxima o va a tardar todavía. Tampoco es fácil estimar si los valores atribuidos en los balances son ciertos o queda deterioro de activos por absorber. Y, por si fuera poco, sigue percibiéndose en el mercado una actitud un tanto reprimida de los compradores, que se mantienen más o menos convencidos de que si esperan mejores momentos pagarán menos que hoy. Así las cosas, ¿se puede creer que lo peor ha pasado ya?

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Boston Consulting Group es la consultora encargada de elaborar plan estratégico de la fusión Unicaja-CajaSurf

MÁLAGA.- Boston Consulting Group es la consultora encargada de elaborar el plan estratégico y de negocio de la nueva caja resultante de la fusión entre Unicaja y CajaSur, según indicaron fuentes financieras, que esperan que este plan esté concluido a finales de este mes.

Estas fuentes indicaron que este plan estratégico fue un encargo efectuado por el primer comité de integración y uno de los acuerdos alcanzados el pasado mes de septiembre, de forma que dicho plan lleva un mes elaborándose por parte de consultores independientes.

Las fuentes precisaron que se trata de un "documento complejo" donde se diseñará el plan de negocio, la estrategia y actuación de la caja fusionada, además de contemplar una justificación económica de dicha unión, y que legalmente debe incorporarse al proyecto de fusión.

De esta forma, prevén que el informe esté concluido a finales de mes, según se apuntó en la reunión mantenida ayer "al más alto nivel" entre el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, donde no se estableció ni se ha fijado aún un calendario de actuación.

Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que en el encuentro de ayer las partes se comprometieron a establecer un mecanismo o ámbito de información, a modo de comisión técnica, para aportar información a la representación laboral, esto es, los sindicatos con representación en ambas cajas, acerca de las posibles implicaciones de la fusión en cuanto al empleo y condiciones laborales, en los términos que establece el decreto de adaptación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Las fuentes precisaron que esta comisión será independiente de la mesa laboral que se deberá constituir más adelante para negociar las condiciones laborales de la fusión, de forma que este organismo se limitará a informar sobre aspectos laborales "pero sin entrar en la negociación del acuerdo laboral".

CCOO lamenta que usen a empleados de CajaSur y lancen "órdagos" para defender cuota de poder en la fusión

SEVILLA.- El secretario general de Comfia CCOO-A, Íñigo Vicente, lamentó que esté "usando a empleados de CajaSur como arma arrojadiza" en el proceso de fusión con Unicaja y que "incluso algunos estén dispuestos a jugarse a una carta los empleos en la caja cordobesa, lanzando órdagos de consecuencias imprevisibles e incluso estando dispuestos a la intervención del Banco de España, para defender los privilegios y las cuotas de poder de unos pocos".

Vicente reconoció que el ajuste del empleo "es el elemento más complicado", tras lo que recordó que "en cualquiera de los procesos de fusión y concentración nuestra principal prioridad va a ser el empleo".

Apuntó que el sindicato está "relativamente preocupado" por las "dificultades" que ya se anuncian en cuanto a los posibles excedentes de plantilla que se puedan evaluar por parte de las entidades, pero aseguró que CCOO-A "será beligerante con cualquier fusión que no lleve aparejado un acuerdo laboral que garantice el empleo y apostamos por que cualquier proceso de ajuste de plantilla se haga en base de medidas voluntarias y en ningún caso traumáticas".

Asimismo, se mostró "preocupado" por que en el momento actual "haya quien está utilizando a los empleados de CajaSur como arma arrojadiza para la defensa de intereses particulares y exclusivos, hasta el punto de que se está empezando a lanzar insinuaciones en el sentido de que podría estar mejor una intervención del Banco de España que un proceso de fusión en los términos en los que se está tratando entre CajaSur y Unicaja".

En ese sentido, el dirigente de Comfia CCOO-A apuntó que les preocupa particularmente que "no sólo se esté utilizando a empelados de CajaSur como arma arrojadiza, sino que incluso estén dispuestos a jugarse a una carta los empleos de CajaSur, lanzando un órdago de consecuencias imprevisibles para propiciar su intervención, más aún teniendo en cuenta el destino final de CCM, y todo ello para defender los privilegios y cuotas de poder de unos pocos".

"Si todas las partes tienen claro que la prioridad es el empleo, ni el empleo ni el aspecto laboral serán una dificultad y si hay partes que priorizan otras cuestiones por encima del empleo, evidentemente podremos encontrarnos con dificultades en ese sentido", aseveró.

La esposa del interventor ejidense acumula bienes que se aproximan al millón de euros

ALMERÍA.- Fue la primera en lograr reunir los 90.000 euros para eludir la prisión y desde entonces está "de baja laboral", por lo que no va a trabajar al Ayuntamiento de El Ejido. Se trata de Isabel Carrasco, que resulta tener casi un millón de euros en propiedades, según le reconoció a la juez en el interrogatorio de la Operación Poniente.

Según ha informado Onda Cero Almería, Isabel Carrasco, en libertad provisional tras el pago de una fianza de 90.000 euros por su presunta implicación en la trama de corrupción destapada en la Operación Poniente, es trabajadora del Ayuntamiento de El Ejido y su salario es de 2.800 euros al mes, pero su patrimonio personal podría rondar el millón de euros, según reconoció ella misma ante la juez que instruye el sumario.

Carrasco argumentó que las cuestiones económicas las llevaba su esposo, que resulta ser el interventor municipal, José Alemán, en prisión incondicional por su presunta implicación en numerosos delitos relacionados con las subcontratas de la empresa mixta Elsur, y que mantiene también en la cárcel a Juan Enciso, alcalde de El Ejido y presidente de esa misma mercantil.

La juez Peña le preguntó en el interrogatorio a Carrasco si sabía que tenía una vivienda en primera línea de playa en Almerimar, a lo que ella respondió que sí, le repregunta si conoce que el precio del mismo es 600.000 euros y que se pagó en efectivo; negó estar al corriente de todo eso.

También le interrogó la magistrada si era consciente de tener otra vivienda en el bulevar de El Ejido, cosa que admitió Carrasco, pero ignoraba que su precio superaba los 540.000 euros, lo mismo que con otro local.

La juez le pidió que le explicara cómo podía tener todos estos bienes en propiedad si su salario en el Ayuntamiento es de 2.800 euros mensuales. La respuesta de Carrasco fue que de esos temas se ocupaba su marido.

Se duplica el número de extranjeros en paro que cobran subsidio en Almería

ALMERÍA.- En Andalucía, el número de extranjeros en paro que cobraban subsidio en marzo de 2008 eran 18.316, de los que 4.788 eran almerienses, y un año después, en marzo de 2009 la cifra andaluza era de 37.288 y la almeriense, 9.995.

Almería fue a lo largo de 2008 -de enero a diciembre- la segunda provincia con más parados extranjeros subsidiados, como también ocurrió en el primer trimestre de 2009, siendo siempre Málaga la primera.

Un caso especial lo constituye Jaén, donde en marzo de 2009 tenían el doble de personas en esa situación que en enero.

Unicaja y CajaSur dejan aparcado el aspecto laboral de fusión a la espera de aprobar a final de mes el plan estratégico

MÁLAGA.- Unicaja y CajaSur dejarán aparcado el aspecto laboral de la fusión y las posibles reestructuraciones de personal de la caja fusionada a la espera de aprobar el diseño del plan estratégico y de negocio de la nueva caja, algo que espera que tenga lugar a finales de este mes.

Fuentes financieras indicaron que este plan estratégico fue un encargo efectuado por el primer comité de integración y uno de los acuerdos alcanzados el pasado mes de septiembre, de forma que dicho plan lleva un mes elaborándose por parte de consultores independientes.

Las fuentes precisaron que se trata de un "documento complejo" donde se diseñará el plan de negocio, la estrategia y actuación de la caja fusionada, además de contemplar una justificación económica de dicha unión, y que legalmente debe incorporarse al proyecto de fusión.

De esta forma, prevén que el informe esté concluido a finales de mes, según se apuntó en la reunión mantenida ayer "al más alto nivel" entre el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, donde no se estableció ni se ha fijado aún un calendario de actuación.

Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que en el encuentro de ayer las partes se comprometieron a establecer un mecanismo o ámbito de información, a modo de comisión técnica, para aportar información a la representación laboral, esto es, los sindicatos con representación en ambas cajas, acerca de las posibles implicaciones de la fusión en cuanto al empleo y condiciones laborales, en los términos que establece el decreto de adaptación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Las fuentes precisaron que esta comisión será independiente de la mesa laboral que se deberá constituir más adelante para negociar las condiciones laborales de la fusión, de forma que este organismo se limitará a informar sobre aspectos laborales "pero sin entrar en la negociación del acuerdo laboral". Recordaron que la mesa para el acuerdo laboral no se puede abrir mientras que no se apruebe el documento de fusión por parte de los consejos de administración.

"Se trata de articular ámbitos de negociación, hablar con los sindicatos e informar de la situación laboral actual de Unicaja y CajaSur", añadieron las fuentes, que esperan que esta comisión "no tarde mucho en ponerse en marcha" y precisaron que en el caso de la fusión Unicaja-Caja de Jaén "no hizo falta esta comisión porque directamente se aprobó un proyecto de fusión, que implica el inicio de una serie de plazos, y en este caso, el de Unicaja-CajaSur, sólo existe un protocolo de intenciones, por lo que no existen plazos de ningún tipo".

Asimismo, en la reunión de ayer se dejó claro que "para la aprobación del proyecto, se deben hacer los deberes previamente en CajaSur, los comprometidos por ésta con el Banco de España"

"Si se plantea la fusión no se puede empezar por el final ni por cómo se hace la fusión sino que se debe ir por partes, de forma que la documentación remitida por ambas cajas al Banco de España y el plan de CajaSur deberán ser elementos cosustanciales y previos al cierre del proyecto", añadieron las fuentes.

Ya ayer fuentes del sector destacaron que la reunión mantenida en Málaga entre el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, ha sido "constructiva" y ha logrado "reforzar el proyecto de fusión" entre ambas entidades.

Las fuentes precisaron que durante ese encuentro el diálogo mantenido entre las partes ha sido "constructivo", de forma que, según las fuentes, el proyecto de fusión "ha salido reforzado".

En agosto de este año los consejos de administración de ambas cajas aprobaron el protocolo de intenciones de la fusión, en un acto donde se aprobó por unanimidad de ambos consejos el plan de actuaciones sobre CajaSur, donde analizan la situación de la caja cordobesa y en base a esa situación "solicitarían un determinado volumen de ayudas al Fondo de Garantías de Depósitos", que al final se concretará en unos 1.000 millones de euros.

Salgado destaca la labor de la Junta para que la fusión Unicaja-CajaSur "avance" y descarta que esté "estancada"

BRUSELAS.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, destacó hoy que "la Junta de Andalucía ha hecho las actuaciones que era preciso hacer" para que la fusión entre Unicaja y CajaSur "avance", de forma que descartó que dicha operación esté "estancada".

A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta se refirió a la fusión entre CajaSur y Unicaja en Andalucía y señaló que "la Junta de Andalucía ha hecho las actuaciones que era preciso hacer para que esta fusión avance". "Yo no tengo noticia de que esté estancada", dijo al ser preguntada por esta cuestión.

Salgado reiteró hoy que España tendrá "tiempo suficiente" para reestructurar las cajas de ahorros mediante el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de que la UE decida retirar las ayudas al sector financiero.

"Creemos que no habrá ninguna dificultad en que tengamos el tiempo suficiente para proceder a esa reestructuración, que va a hacerse desde luego de acuerdo con los criterios de la Comisión", afirmó Salgado en rueda de prensa al término de la reunión mensual de ministros de Economía de la UE.

La vicepresidenta económica explicó que el Gobierno ha explicado el FROB en Bruselas y confirmó que el Ejecutivo comunitario ha reclamado que cuando éste "se utilice para una operación en concreto, comuniquemos esa operación a la Comisión".

En todo caso, Salgado subrayó que "España ha tenido que ayudar menos a su sector financiero que el resto de los países" de la UE.

Hasta ahora, los países de la UE han apoyado hasta ahora a sus sectores financieros con medidas que suponen alrededor del 13 por ciento del PIB. Si se suman los fondos aprobados y todavía no utilizados, el porcentaje asciende al 31 por ciento del PIB.

La mayor proporción (7,9 por ciento del PIB en cuanto a medidas utilizadas, 24,7 por ciento del PIB en cuanto a medidas aprobadas) corresponde a garantías sobre la deuda bancaria, según los datos de Bruselas.

En España, las medidas de apoyo al sector bancario ascienden al 21,9 por ciento del PIB, pero sólo se han utilizado por valor del 5,8%. De ellas, los avales suponen el 19,1 por ciento, y hasta ahora se han utilizado por valor del cuatro por ciento.

De hecho, Salgado explicó que España otorgó el año pasado avales por valor de 90.000 euros a 53 entidades, que sólo han utilizado 39.700 millones. "Hay entidades que tenían otorgados los avales pero que no han hecho uso de esta posibilidad", dijo Salgado.

Además mencionó a los "dos grandes bancos", en referencia al Santander y al BBVA. En 2009 se han otorgado 57.000 millones en avales pero sólo se está tramitando el uso de 5.000 millones por parte de cuatro entidades.

Pese a ello, la vicepresidenta económica afirmó que no le parece "oportuno" anunciar en estos momentos una fecha para iniciar la retirada de estas garantías. "Lo mejor sería que esa salida se produjera de manera natural", es decir, que los bancos acudan al mercado sin recurrir a estos avales porque les resulta más barato, señaló.

La CEM dice que la fusión de Unicaja y CajaSur requiere tiempo y diálogo y confía en que "llegue a buen puerto"

MÁLAGA.- El vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, señaló hoy que "confía" en que el proceso de fusión de Unicaja y CajaSur "llegue a buen puerto", aunque precisó que dicho proceso requiere "tiempo y diálogo".

Después de que la entidad cordobesa manifestara que el plan inicial de actuación, que fue cerrado en mayo, cambia desde el punto de vista del empleo desde que el momento en que se plantea la fusión, y advirtiera de que "sólo está dispuesta a prescindir de parte de su masa laboral mediante un proceso de prejubilaciones y sin procesos traumáticos", González de Lara apuntó que, a pesar de que Málaga lidera el proceso, Córdoba debe mantener también su "importancia".

La fusión es "una gran noticia", pero supone un proyecto que requiere "tiempo, esfuerzo y mucho debate", afirmó el vicepresidente de la CEM a los periodistas, que explicó que "no es fácil que en las primeras reuniones se puedan llegar a acuerdos entre entidades tan importantes como Unicaja y CajSur".

"Aunque la caja malagueña lidera el proceso, CajaSur es una entidad con una implantación muy importante en Córdoba, por lo que se deben mantener ciertos criterios", insistió, al tiempo que confió en que las negociaciones sean "equilibradas".

"Me imagino que los negociadores de Unicaja tendrán todo esto en cuenta", apuntó, a lo que añadió que "lo mejor es tener en cuenta los criterios puramente empresariales de negociación".

Se trata, prosiguió, de un proceso de fusión "exclusivamente empresarial, ya que no es una fusión política, como en su momento se pudo inducir a pensar en otros procesos previos", aclaró, al tiempo que indicó que "siguiendo esos criterios se verá la rentabilidad, se verán los intereses de los trabajadores y se podrá llegar a una solución adecuada".

González de Lara coincidió con las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en las que auguraba un proceso "muy complicado" y abogaba por "mucho diálogo interno" para resolver los problemas entre ambas entidades, ya que, a juicio del vicepresidente de la CEM, el proceso será "largo y difícil".

"Será un proceso difícil porque hay que poner de acuerdo a dos consejos de administración, cada uno con su singularidad, y donde hay muchos intereses y muchas oficinas", apostilló.

Por último, apuntó que "si se produce una fusión es porque hay un criterio de optimización de recursos materiales y humanos", por lo que, según dijo, "habrá que llegar a un equilibrio y a un criterio inteligente para llevar adelante todo este proceso".

El Instituto de Estudios Almeriense concede su primera Medalla de Oro al fotógrafo Carlos Pérez Siquier

ALMERÍA.- El Instituto de Estudios Almerienses (IEA) anunció hoy la concesión de la primera Medalla de Oro del organismo al fotógrafo Carlos Pérez Siquier en reconocimiento a una obra que ha tenido "siempre la mirada fija" en la provincia, lo que le convierte en uno de los almerienses "más universales" gracias, entre otras, a su papel en la fundación en 1950 del colectivo 'Agrupación de Fotógrafos de Almería' (AFAL).

Así lo destacaron hoy en rueda de prensa el presidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero y el director del IEA, Miguel Naveros, al término del consejo rector que ha aprobado otorgar el galardón al artista por una larga trayectoria profesional jalonada de reconocimientos como el Premio Nacional de Fotografía, concedido en 2003, la Medalla de Andalucía o el premio Pablo Ruíz Picasso.

Considerado uno de los pioneros en la vanguardia fotográfica de España y autor de la serie sobre el barrio capitalino de La Chanca o series sobre el parque natural Cabo de Gata-Níjar, Pérez Siquier recibirá este nuevo homenaje el próximo día 21 durante un acto en el Teatro Auditorio de Tabernas.

Usero avanzó, asimismo, que la Diputación Provincial está diseñando un programa de actos y publicaciones, entre ellas 'Almería según Pérez Siquier' para declarar 2010 año del artista al coincidir con su ochenta cumpleaños y el sesenta aniversario desde que tomase la primera fotografía quien calificó como "un miembro activísimo" del IEA.

El PP presentará 64 enmiendas a la Ley de Extranjería para evitar la "regularización masiva"

ALMERÍA.- Los portavoces de Inmigración del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y en el Senado, Eugenio Gonzálvez, anunciaron hoy en Almería que su formación presentará 64 enmiendas a la Ley de Extranjería para evitar la "regularización masiva" que, a su juicio, realiza actualmente el Gobierno, así como para cumplir con el Pacto Europeo de Inmigración, ya que consideran que algunos aspectos de la reforma legalizan puntos que el texto "prohíbe".

En rueda de prensa, Hernando (en la imagen) incidió en que la nueva ley "no nace del acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del Parlamento", sino que el PP ha sido "excluido" por el Gobierno a la hora de elaborar el texto, ya que, según expresó, se trata de una ley "continuista" a las políticas desarrolladas desde 2004 en relación al reglamento de extranjería basadas, a su juicio, en el principio de "papeles para todos".

De esta forma, el diputado nacional del PP en Almería argumentó que en 2004 en España había 1.600.000 personas con una tarjeta de extranjería mientras que en 2009, la cifra ascendió hasta los 4,5 millones de personas. "La ley vigente dice que la llegada de extranjeros tiene que estar vinculada a la situación de empleo, y en el último año se han dado 550.000 tarjetas de residencia y trabajo", ahondó Hernando, a la vez que recordó la situación de crisis actual.

En su opinión, "la ley debería haber sido un elemento para favorecer la empleabilidad, el flujo de inmigrantes y para haber puesto el país en sintonía con el pacto de la UE, por eso vamos a seguir con el veto y presentaremos nuestras enmiendas".

Junto a ello, el PP también echa en falta que la ley no vaya acompañada de una memoria económica y una adaptación presupuestaria, de forma que criticó que el texto se pondrá en marcha con un recorte financiero del Estado a las comunidades autónomas así como a los ayuntamientos, y una menor inversión destinada al trabajo de las ONG.

De esta forma, el diputado señaló que la llegada de pateras a las costas españolas continuará pese a los cambios establecidos debido a que "otros países como Italia han establecido leyes más severas", uno de los motivos por el que también indicó la mayor llegada de inmigrantes procedentes de otros países del norte de África diferentes a Marruecos como Argelia.

En cuanto a la regularización de la población inmigrante ilegal, Hernando opinó que se seguirá produciendo de forma "masiva" debido al sistema de arraigo, por el cual, según explicó, "habrá papeles para todos a los dos y tres años de estar en España", un aspecto que desde su partido se quiere "limitar" y que, según observó, "contraviene al pacto europeo que prohíbe las regularizaciones masivas".

En este sentido, también recordó que el incremento de los tiempos de internamiento de los inmigrantes ilegales de 40 a 60 días es un aspecto que el Pacto de Inmigración de la UE "prohibía expresamente", por lo que el PP presentará una enmienda en torno a este aspecto.

Según el portavoz de Inmigración del PP en la Cámara Baja, la aprobación inicial de la ley, que fue apoyada por CC y CiU, ha hecho que el texto "empeore", ya que, según señaló, concede poderes a las autonomías que deberían estar centralizados.

Así, el PP se opone a que la ley permita a los gobiernos autonómicos "puedan limitar o imponer sanciones" para los inmigrantes que quieran cambiar de empleo o de provincia así como que algunas administraciones regionales como Cataluña o Andalucía tengan la opción de conceder permisos de trabajo y residencia. "Es un caos administrativo que va a dificultar la política común y coherente", apuntó.

También cuestionó la capacidad de las comunidades autónomas para sancionar o recaudar tasas, o que éstas puedan abrir oficinas en el extranjero para tramitar permisos de entrada en el país. "Entiendo que Montilla o Maragall quieran abrir oficinas por todo el mundo, pero la política exterior debe ser común para todo el Estado", señaló.

En este sentido, Hernando instó al presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, a que se pronuncie a cerca de esta iniciativa y si seguirá los pasos anunciados por el presidente de la Generalitat en cuanto a la apertura de oficinas en territorio extranjero, algo que, según el diputado 'popular', es un "disparate".

Entre las críticas, también mostró su oposición a que sean las comunidades autónomas las que realicen un informe de control a cada uno de los inmigrantes que llegan a España en el momento de la renovación de su permiso de residencia a razón de su conducta, un aspecto que tachó de "peligroso" debido a la "vulnerabilidad" de esta población. "Se deja en manos de un funcionario que decida si el inmigrante ha tenido voluntad para integrarse", apostilló.

Según Hernando, buena parte de las enmiendas también van dirigidas a introducir modificaciones en el sistema de entrada en el país, ya que, según narró, "la fórmula habitual, además de llegar en patera, es con visado de turista que después se utiliza para quedarse aqui de forma ilegal". De esta manera, el PP propuso diferenciar un visado turístico y de otro que autorice la entrada en España para buscar empleo durante seis meses.

Otra de las enmiendas que propondrá el PP para su discusión versa sobre el sistema de acogida y repatriación de menores inmigrantes irregulares, en cuya propuesta solicitará que éstos sean devueltos a sus familiares o, en caso de que no sea posible, que ingresen en centros de menores en sus países de origen "en lugar de hacer acuerdos con las ONG para darles su tutela".