MADRID.- Desde la última planta de la nueva sede de Caja Guadalajara se ven con toda claridad los excesos cometidos durante el boom económico-inmobiliario, que ha dejado un reguero de solares desiertos en los alrededores de esta capital de provincia, en un momento en el que España está atravesando el mayor ajuste de su democracia.
"Nadie esperaba una crisis tan dura y tan larga. En nuestro edificio de 12 plantas todavía siguen sin estar ocupadas tres plantas", reconoce Ana María Lirón, directora de la nueva sede central de Caja Guadalajara, desde la flamante sala de reuniones del consejo de administración situada a 50 metros de altura.
Como tantas otras cajas, Caja Guadalajara se encuentra en proceso de fusión por absorción por parte de CajaSol para sanear un balance que refleja una morosidad del 5,28 a cierre del primer trimestre, en línea con la del sector.
La principal sucursal de Caja Guadalajara, que gestiona un volumen de negocio de 365 millones de euros entre ahorros y préstamos, fue inaugurada por el presidente de la entidad alcarreña, José Luis Ros, y el presidente socialista de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, el 19 de noviembre de 2009 tras invertir la entidad 24 millones de euros en la nueva sede.
Previamente, la caja había llegado a un acuerdo con la Junta manchega para venderle su antigua ubicación, situada en el centro de Guadalajara, por 17 millones de euros.
Negocios similares y de otro tipo también se hicieron durante buena parte del boom inmobiliario que España vivió en los quince años anteriores a la crisis. Este tipo de operaciones se vieron alentadas en muchos casos por las propias cajas de ahorros, de gestión semipública, que invertían en proyectos en los que asuntos relativos al crecimiento de la región o a cuestiones políticas podían llegar a estar por delante de criterios estrictamente financieros.
Un claro ejemplo de estas prácticas fue la inversión de 38 millones de euros realizada por parte de la intervenida Caja Castilla La Mancha (CCM) en el aeropuerto de Ciudad Real, que el martes entró en concurso de acreedores.
El proyecto del primer aeropuerto privado en España, participado en un 30 por ciento por la Corporación Caja Castilla La Mancha, se gestó al calor de ayudas europeas y mostró una gran ambición política pese a la incredulidad de muchos que han constatado que desde el inicio de su actividad en 2008, el aeródromo no vislumbró en ningún momento el umbral de rentabilidad.
El ciudadano de a pie de Guadalajara no duda en señalar a los políticos como los grandes culpables de la mala gestión económica de las cajas, aunque no se muestra especialmente preocupado con el actual proceso de concentración de las cajas que la crisis simplemente ha contribuido a acelerar.
"Las cajas deberían ser empresas privadas y los cargos políticos deberían desaparecer. Lo que hay que hacer es alejar los políticos de las cajas", dice un cliente de Caja Guadalajara, que no quiere ser identificado, al ser preguntado.
Caja Guadalajara, que tiene una exposición al negocio promotor del 30 por ciento, registró en 2009 una caída del beneficio del 60 por ciento tras haber multiplicado por más de 22 veces su pérdidas por deterioro de activos inmobiliarios a 9,472 millones de euros, según datos individuales de la entidad.
"Para mí el gran pecado de las cajas ha sido haberse metido tan de lleno en el ladrillo incluso cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria", considera José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney Valores.
En 2009, el conjunto de las cajas, excluyendo a CCM y CajaSur, sufrió una reducción de resultados del 34 por ciento a 4.426 millones de euros debido al fuerte aumento de las dotaciones para afrontar el deterioro de la calidad crediticia.
En la actualidad se están debatiendo distintas fórmulas para cambiar una obsoleta ley de cajas que les permita recapitalizarse y profesionalizar sus órganos de dirección.
"La solución en las cajas es difícil, pero una de las soluciones es que entre capital privado en estas entidades", considera Jorge Algarate Gonzalo, delegado en Guadalajara de Quabit, de Afirma Grupo Inmobiliario.
El deterioro económico, el recrudecimiento de la crisis y una mayor presión ejercida desde el Banco de España, con la reciente intervención de CajaSur, han introducido una mayor presión para que las cajas se fusionen y afronten la creciente morosidad y la sobrecapacidad instalada.
Con motivo de su fusión, Caja Guadalajara tiene previsto prejubilar a cerca de un 14 por ciento de su plantilla formada por 325 empleados.
Otro claro ejemplo de los excesos cometidos en la época del boom inmobiliario es la urbanización de Valdeluz, situada a menos de 10 kilómetros al sureste de Guadalajara.
Este complejo urbanístico, que pertenece al ayuntamiento de Yebes, fue construido para 8.500 viviendas según su Plan de Ordenación Municipal (POM) y ahora solamente unas 1.500 cuentan la licencia de primera ocupación.
En Yebes sólo figuran 1.400 personas empadronadas y las nuevas edificaciones están sin terminar de construir.
Los edificios de esta macrourbanización están repletos de anuncios de venta de pisos: 'Áticos y pisos de 3 y 4 dormitorios desde 128.000 euros', reza una pancarta. Otra inmediatamente posterior dice: 'Deutsche Bank, financiación hasta el 100%'.
María Ángeles Martín, una joven ama de casa, de 28 años, con un hijo recién nacido, paga por un piso de 120 metros cuadrados -- con una terraza de 18 metros cuadrados, garaje, trastero y piscina -- 450 euros de alquiler al mes, cuando a mediados de 2008 pagaba 650 euros.
"El principal problema es que faltan servicios básicos en Valdeluz. De lo que iba a ser, según venía en la maqueta, a lo que ha sido hay una gran diferencia", dice Martín, para añadir que sólo viene una doctora dos veces por semana a la urbanización y que necesita el coche para poder ir al pediatra.
Para otros expertos una de las lecciones de la actual crisis es la falta de profesionalidad que se ha visto en todo el entramado empresarial y la falta de un modelo económico productivo alternativo al negocio constructor.
"Hemos vivido en un mundo falso. Todo el mundo ha vivido por encima de sus posibilidades porque el cliente acudía en busca de un préstamo y desde la entidad le decían que no sólo pidiera el 100 por cien para el préstamo, que pidiera el 120 por ciento, para además financiar un coche, una reforma, unas vacaciones. Te daban el dinero y eso se ha acabado", zanja Algarate el debate.
