El PP valenciano mantenía una facturación doble con una empresa de Francisco Correa

VALENCIA.- Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que investiga el denominado 'caso Gürtel' revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al Partido Popular valenciano conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido, según publica hoy 'El Mundo'.

La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'.

La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'. "En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe.

De los balances se deriva que el PP valenciano mantenía una deuda latente con Orange Market tanto en su caja A como en la B, que 'El Bigotes' reclamaba a Costa y al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, con el que se reunió para solicitar adjudicaciones de la Generalitat, según el informe policial.

Además, se relata cómo empresarios con importantes contratos con la Generalitat Valenciana hacían entregas de dinero en la 'caja B' de Orange Market y sus nombres se utilizaban para realizar facturas de actos del PP.

El documento infiere que el PP pagaba su deuda con Orange Market a través de contrataciones administrativas concedidas a dedo desde la Generalitat Valenciana y mediante aportaciones directas de varias empresas, a las cuales compensaba igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.

El informe revela que los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana" e incluso cita a Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell, Juan Cotino; o Luis Batalla, del grupo LUBASA.

"Una factura de un acto realizado para el Partido Popular se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado", explica el texto como ejemplo de las alteraciones en las facturas.

El informe de la Unidad de Delitos Económicos asegura que el PP, "en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas".

También subraya que el sistema de doble financiación tiene "una persistencia en el tiempo suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política".

El pasado martes, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guardaba relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia, según consta en un auto facilitado por el TSJCV a los medios de comunicación.

El informe se basa en la documentación intervenida en los registros a Correa y subraya la "estrecha relación" de Álvaro Pérez con Ricardo Costa y Vicente Rambla, pero también con David Serra, vicesecretario de organización del PPCV, y Yolanda García Santos, tesorera del partido.

El 'modus operandi', según relata el documento, era el siguiente: "La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo [socio de Correa], confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez; David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono; y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".

La UE endurece la normativa sobre pesticidas y prohíbe el uso de sustancias "muy tóxicas" para su fabricación

BRUSELAS.- Los Veintisiete aprobaron hoy definitivamente la nueva normativa sobre el uso de productos fitosanitarios que supone un endurecimiento de la legislación comunitaria al reducir el número de pesticidas que pueden utilizarse y prohibir para su elaboración ciertas sustancias químicas consideradas "muy tóxicas". Tampoco estarán permitidos los plaguicidas en zonas residenciales, parques, escuelas, hospitales y ríos.

La nueva norma fija una lista europea de sustancias activas --componentes químicos de los pesticidas-- que permitirá a los Estados miembros conceder autorizaciones nacionales a los productos fitosanitarios o reconocer las licencias aprobadas por otros países comunitarios.

Gracias a un mecanismo para el reconocimiento mutuo y autorización zonal, un Estado miembro podrá autorizar un pesticida tras la evaluación de este en otro país de su misma zona. La UE estará dividida en tres zonas según las condiciones agrícolas, climatológicas y ecológicas de los países: norte, centro y sur, incluyendo esta última a los países del arco mediterráneo, entre ellos España.

La armonización de la evaluación no impedirá, sin embargo, que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.

Esta normativa, que entrará en vigor a finales de este año, fue adoptada formalmente en un Consejo de ministros de Competitividad de la UE celebrado este jueves en Bruselas, después de haber sido criticado por los propios agricultores y por las organizaciones ecologistas, que consideran insuficientes las nuevas reglas tanto para la protección de los ciudadanos como del medio ambiente.

La comisaria de Salud, Androulla Vassiliou, sin embargo, celebró la decisión de los Veintisiete porque considera que establece el sistema "más moderno y protector" para la salud de los consumidores. "También beneficia a nuestros agricultores porque garantiza sus propia protección y promueve los productos saludables", añadió.

También queda prohibido el uso de una serie de sustancias químicas consideradas muy tóxicas (cancerígenas, mutagénicas, etc.) para la fabricación de pesticidas y se aplicarán criterios más estrictos de seguridad en el caso de las sustancias neurotóxicas e inmunotóxicas. La lista de componentes vetados incluye también sustancias perjudiciales para las abejas de miel.

No obstante, existe la posibilidad de que se autorice durante un máximo de cinco años aquellas sustancias que, aún no cumpliendo los estándares de seguridad, resulten necesarias para combatir una plaga importante. Además, habrá un plazo de tres años para sustituir por alternativas más seguras aquellos pesticidas que tengan alguna de las sustancias peligrosas.

Otra de las novedades con las que se pretende frenar el uso abusivo de plaguicidas, especialmente en el sector agrícola, y minimizar su impacto, es que cada Estado deberá contar con un plan de acción nacional que incluya medidas de formación para la venta y manejo de los pesticidas, de inspección y de protección. También deberán trabajar en métodos alternativos de control de las plagas.

Asimismo, queda prohibida la fumigación aérea, si bien se admiten una serie de excepciones limitadas que deberán contar con el visto bueno de las autoridades competentes. Dichas excepciones nunca podrán ser aplicadas para la pulverización o uso de pesticidas en zonas residenciales, parques y jardines públicos, escuelas, hospitales, ríos y lagos.

La próxima semana se constituye la mesa laboral de la fusión Unicaja-Caja Jaén

SEVILLA.- Los sindicatos y las direcciones de Unicaja y Caja de Jaén constituirán la próxima semana la mesa laboral de fusión, con vistas a negociar las condiciones laborales de los trabajadores de ambas entidades, que se encuentran en proceso de integración.

Fuentes financieras precisaron que la constitución de la mesa laboral tendrá lugar a finales de la semana próxima, después de que el pasado 14 de agosto fuera solicitada por escrito por CCOO y Csica.

Las fuentes precisaron que este acuerdo afectará a 5.300 trabajadores de Unicaja y Caja de Jaén, sumando las dos plantillas. Los trabajadores están representados por CCOO, que tiene mayoría en Caja de Jaén y es el primer sindicato en Unicaja, UGT --también presentes en ambas entidades-- y Secar y Csica, ambos sindicatos presentes en Unicaja.

Recordaron que el proyecto de fusión "requiere de la existencia de acuerdo laboral, algo necesario legalmente para regular las condiciones de la nueva entidad, al no tratarse de una operación de absorción, sino del nacimiento de una nueva caja".

Precisaron que los plazos para alcanzar el acuerdo laboral de fusión "dependerán de la fecha de convocatoria de las asambleas en ambas cajas", que aún no están convocadas, de manera que "debe existir acuerdo laboral antes de la celebración de dichas asambleas que ratifiquen la fusión".

En la mesa laboral estarán presentes los representantes sindicales, en función de su promoción y representatividad, y la dirección de ambas cajas, y en ella se deberán establecer y regular íntegramente todas las condiciones laborales de la nueva entidad, para lo que debe haber acuerdo "aunque sólo fuera trasladar las condiciones laborales de una de las dos entidades".

Las fuentes indicaron que en ese acuerdo laboral se pretende "obtener las máximas garantías de empleo para los trabajadores, que será algo fundamental en el acuerdo laboral, así como los protocolos necesarios en caso de integración de oficinas para garantizar los intereses de los trabajadores".

Rambla y Costa dirigían la financiación ilegal del PP valenciano, según la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales

MADRID.- La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP, según revela 'El País'.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.

El Corte Inglés modifica turnos a 40.000 empleados para mantener el empleo, con el rechazo de CC.OO. y UGT

MADRID.- El Corte Inglés modificará los turnos y horarios de aproximadamente 40.000 trabajadores, vigentes desde 1995, con el fin de mantener la viabilidad del empleo en el actual escenario de crisis económica, tras cerrar un acuerdo en el comité intercentros, con el rechazo de CC.OO. y UGT y el apoyo de Fetico y Fasga, informaron hoy fuentes sindicales.

Tanto CC.OO. como UGT calificaron de "auténtica aberración" y "nefasto" el acuerdo, por lo que no descartaron adoptar medidas jurídicas y sindicales para impugnarlo y evitar los "efectos negativos que tendrá sobre los derechos" de la plantilla.

"Nuevamente se impone la maquinaria avarienta y desmedida de El Corte Inglés, consumando un nuevo modelo de distribución de la jornada que en muchos casos puede poder en grave peligro la continuidad de la relación laboral y de manera generalizada la utilización en exclusiva y a su mero beneficio del tiempo de trabajo", señalaron desde UGT.

Por su parte, desde CC.OO. consideraron que dicho acuerdo no es "adecuado ni es la solución a la situación económica de la empresa", ya que "condena" a más de 40.000 trabajadores a unos turnos con los que no podrán conciliar la vida laboral y familiar, al tiempo que denunciaron la negativa del grupo a aceptar ninguna de las propuestas sindicales.

La empresa achacó la puesta en marcha de esta medida a causas económicas y organizativas, centradas principalmente en el profundo deterioro del consumo de los hogares por la caída de renta de las familias, la destrucción de empleo y las restricciones al crédito, apuntaron las mismas fuentes.

Tras el periodo de consultas preceptivo con los representantes legales de los trabajadores, la dirección del mayor grupo de distribución español tiene previsto que esta medida sea puesta en funcionamiento lo antes posible y, en todo caso, antes del próximo 1 de noviembre.

Fuentes sindicales apuntaron en este sentido que los jefes de personal de algunos centros de trabajo ya han empezado a informar hoy mismo a algunos empleados sobre la modificación de turnos y horarios.

En cualquier caso, la intención es que los trabajadores puedan tener su horario laboral planificado hasta con un año de antelación, de forma que el 1 de enero sepan cuales serán sus turnos de todo el ejercicio para que puedan organizar con tiempo sus vacaciones y periodos de libranza.

Según señalaron las mismas fuentes, la empresa explicó a los representantes sindicales que el escenario económico general y de la propia empresa es "absolutamente distinto" al de años anteriores, lo que obliga a aprovechar los recursos empleados, tanto humanos como materiales de una manera "más eficaz y eficiente".

"Esta medida pretende mantener la viabilidad en el empleo asegurando la competencia en el mercado y una mayor optimización de los recursos humanos", subrayó la empresa a los representantes sindicales al dar a conocer su propuesta.

La dirección del grupo considera que las necesidades de atención a la demanda del público no son regulares ni pueden atenderse adecuadamente con una distribución "rígida" de la jornada, como es la vigente, al tiempo que apunta que la distribución actual registra una mayor presencia del personal en momentos que hay menor necesidad comercial.

En consecuencia, la compañía pretende avanzar sustancialmente en la mejora de su atención al consumidor mediante una adecuada presencia de los profesionales en atención a la actividad de venta. "Con ello se mejora la posición competitiva de la empresa y se refuerza la base que garantiza la estabilidad del empleo", argumenta la compañía.

Para este fin, se atenderá especialmente a reforzar los tiempos que registran la mayor afluencia de clientes y a reducir aquellos con más baja actividad.

Otro de los objetivos de la compañía es suprimir momentos de improductividad provocados por los solapamientos de los actuales turnos y horarios en momentos que carecen de justificación.

Asimismo, considera necesario garantizar una óptima cobertura de plantilla en los centros comerciales en las franjas horarias comprendidas entre las 11.30 y las 14.30 horas y entre las 17.30 y las 21.30 horas, que se corresponde con los momentos de mayor actividad de venta diaria.

La compañía cree una acción prioritaria atender a una mayor seguridad en la planificación de desarrollo de la jornada anual de cada trabajador, que le permita la conciliación de su vida familiar y laboral.

Esta regularización de horarios y turnos que acometerá El Corte Inglés se produce después de haberse firmado hace unos meses el convenio colectivo de grandes almacenes, que contemplaba una subida del 2% del salario base para todos los empleados.

Hortyfruta critica que la Administración hace "oídos sordos" a que Marruecos "no cumple los contingentes" de tomate

ALMERÍA.- La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortyfruta, reiteró hoy su postura sobre que Marruecos "no cumple los contingentes establecidos" en cuanto a la exportación de tomate a países europeos y consideró que, desde la Administración, se está haciendo "oídos sordos" a un sector "importantísimo" en la economía andaluza.

Hortyfruta, cuya junta directiva mantuvo hoy una reunión para evaluar el impacto económico que supone para el sector en España el "incumplimiento" del país marroquí y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, manifestó en una nota que "no está de acuerdo con cómo se está desarrollando el acuerdo, y considera que el país alauita no está cumpliendo ni con los cupos establecidos ni con los calendarios, lo que provoca un grave perjuicio a los productores hortofrutícolas de Andalucía".

En cuanto al estado actual del acuerdo, la Interprofesional considera que "no se están dando los pasos correctos", ya que, según ellos, "deberían primar los interese de los productores comunitarios", por lo que Hortyfruta indicó que trabajará para que se cumpla con el acuerdo establecido y para evitar que se amplíe el cupo de tomate para Marruecos, así como para que se tengan en cuenta los calendarios de producción de Andalucía.

En este sentido, desde Hortyfruta se considera que el país marroquí está "falseando" los precios de entrada de tomate y cometiendo fraude a la Hacienda comunitaria, tal y como, según mantienen, "ratificó la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2007".

De hecho, el Comité de Tomate de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas de España (Fepex) presentó durante este verano una reclamación ante la oficina del Defensor del Pueblo Europeo debido a los "incumplimientos" por parte de la Comisión Europea (CE) en cuanto a las importaciones de tomate de Marruecos.

En su opinión, existe "dejación de funciones" por parte de la Comisión por considerar que en los últimos dos años las arcas europeas han dejado de percibir más de 24 millones de euros al no aplicar los precios mínimos en las fronteras europeas a los tomates procedentes de Marruecos, lo cual calificó de "fraude".

Según el presidente del Comité de Tomate de Fepex, José Hernández, las exportaciones de tomate español disminuyeron "entre un 30 y 35 por ciento" en los tres últimos años, lo que ha derivado en un "auténtico desastre" en cuanto al volumen y competitividad de los productos, y que viene causado, a su juicio, por los bajos precios de entrada del tomate de países extracomunitarios.

"Con 29 céntimos por kilo que tuvieran que pagar esos países en la frontera europea, dejarían de producirse las entradas fraudulentas", defendió el gerente de la asociación de Empresarios Cosecheros-Exportadores de Frutas y Hortalizas (Coexphal), Juan Corominas, quien criticó que la CE dejara de aplicar la normativa vigente "en aras de una supuesta discrecionalidad política".

AEMA se reunirá la próxima semana con la Junta para incluir mármol en espacios públicos de Pulpí y Vélez-Rubio

ALMERÍA.- La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) señaló hoy que durante la próxima semana mantendrá una reunión con la Junta de Andalucía, a través de los técnicos de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, para estudiar la inclusión de mármol y otros materiales relacionados con la piedra natural en espacios públicos de Pulpí y Vélez-Rubio.

Así lo señaló el presidente del AEMA, Bienvenido Cayuela, quien detalló que durante la entrevista con los miembros de la Junta se abordarán las características técnicas con las que deben contar los materiales para su óptimo aprovechamiento en estos espacios.

De esta forma, según apuntó Cayuela, una de las ubicaciones sobre la que se estudiará la inclusión de la piedra natural será el futuro polígono industrial de Pulpí mientras que en Vélez-Rubio la dotación se destinará a otro espacio comercial, ambas actuaciones enmarcadas en el convenio que la asociación firmó con la Consejería de Vivienda en el mes de febrero del presente año.

Por otra parte, el presidente de AEMA, cuya sede se encuentra en el municipio de Macael, ratificó los datos aportados por la Junta de Andalucía en cuanto al uso de más de 7.000 metros cuadrados de mármol para la confección de viviendas de VPO en Almería, si bien apuntó que "hay que dar crédito a la cifra procedente de un órgano oficial".

Asimismo, desde la Presidencia de AEMA se mostraron "muy agradecidos" por este tipo de iniciativas que ayudan a "paliar" los efectos de la crisis económica en la comarca del Almanzora y Levante almeriense.

El 70% de los indocumentados en España tiene garantizado el acceso a la sanidad

BRUSELAS.- El 72,7% de los inmigrantes sin permiso de residencia en España cumple las condiciones para acceder al sistema sanitario, aunque en la práctica sólo el 40% disfruta de la cobertura sanitaria, según un informe que presentó hoy Médicos del Mundo.

El porcentaje de personas que podrían acceder a la sanidad en España es ligeramente superior a la media (69,8%) de los once países que han participado en el estudio -Suecia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia y Suiza, además de España-.

"España es uno de los países más favorables" a la hora de prestar asistencia sanitaria a los extranjeros indocumentados, explicó hoy a los medios la presidenta de la ONG en España, Teresa González, tras una rueda de prensa para presentar el estudio.

Sin embargo, González puntualizó que el acceso a la sanidad en España "se complica por los trámites administrativos", ya que los inmigrantes se ven obligados a acreditar que no tienen recursos y, además, a presentar su certificado de empadronamiento.

De este modo, aproximadamente el 30% de los indocumentados "se queda fuera del sistema", lamentó.

No obstante, valoró el "esfuerzo" de determinadas comunidades autónomas para garantizar la asistencia a estas personas y, de este modo, reconocer la realidad a la que se enfrenta una parte de la población.

Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya han flexibilizado el sistema de obtención de la tarjeta sanitaria, puesto que todas las personas inmigrantes sin permiso de residencia pueden ser titulares de dicho documento sin necesidad de presentar ninguna acreditación administrativa.

La presidenta de la ONG en España puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde las autoridades han diseñado una "tarjeta solidaria" que evita tener que acreditar el empadronamiento.

También manifestó su satisfacción por el hecho de que el País Vasco esté estudiando incorporar un sistema por el cual la residencia quedaría demostrada gracias a la confirmación de un vecino del demandante de la tarjeta.

En cualquier caso, los niños y las mujeres embarazadas están exentos de los requisitos administrativos en todas las comunidades autónomas.

De este modo, de los once países de la UE objeto del estudio, España, Bélgica y Francia son los más abiertos a la hora de prestar cuidados sanitarios a los inmigrantes sin papeles.

Frente a ello, los del Norte, concretamente Suecia, Reino Unido y Alemania, son los que menos reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, denunció la española.

Así, los inmigrantes sin permiso de residencia en Suecia, incluidos los menores y las mujeres embarazadas, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad, aunque se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave.

En Alemania, las instituciones administrativas públicas, incluidas las que tienen competencia en materia sanitaria, tienen la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a sus centros, lo que evita que se generalice la atención sanitaria.

González defendió que la sanidad "no es un artículo de lujo, es un servicio público y un derecho de todas las personas".

Además, alertó de los riesgos que puede conllevar "poner a la gente más vulnerable fuera del sistema" desde el punto de vista sanitario y, concretamente, alertó sobre las consecuencias epidemiológicas.

"Me preocupa que los Gobiernos no estén aprobando políticas de salud, sino de control migratorio", dijo.

El informe refleja que la mayoría de los inmigrantes llega a la UE por razones económicas (56%), mientras que tan sólo un 6% lo hace por razones sanitarias.

Por ello, la responsable de Médicos del Mundo abogó por desterrar la idea de la "inmigración sanitaria", aunque reconoció que es un mito que "se está alimentando".

"No me imagino a un maliense cruzando el estrecho en patera para hacerse tratar una enfermedad", dijo.

En su opinión, existe un turismo sanitario, pero protagonizado por personas de países ricos y fríos, como Alemania o Reino Unido, que buscan "un mejor sistema de salud y un clima más cálido".

Por ello, el estudio concluye que los indocumentados "no han venido para aprovecharse del sistema social y sanitario europeo ni para recibir tratamientos médicos".

Finalmente, la ONG demanda la protección del secreto médico y la prohibición de denunciar a las personas sin permiso de residencia cuando estas sean recibidas en consulta.

También solicita que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para "reafirmar la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica" y la concesión del permiso de residencia para los indocumentados que sufran enfermedades de gravedad.

Desembarcan mañana 1.300 pasajeros en el puerto de la capital desde el navío de cruceros 'Rotterdam'

ALMERÍA.- El navío de cruceros 'Rotterdam' atraca mañana en el Puerto de Almería procedente de Malága con unos 1.300 pasajeros de nacionalidad americana, inglesa y canadiense que desembarcarán a partir de las 8,00 horas y que permanecerán e la ciudad hasta la 18,00 horas, momento en el que partirá rumbo a Barcelona, de forma que la visita conforma uno de los mayores desembarcos de turistas que se produce en la ciudad en un único crucero este año.

En este caso, según precisaron fuentes de la Autoridad Portuaria, se trata de una de las embarcaciones turística más grande que pasará por el Puerto de Almería en 2009 con 238 metros de eslora, según las previsiones, después de la visita del 'Oriana', cuya eslora alcanza los 270 metros, y el 'Ventura', con 290 metros y un total de 3.400 pasajeros, ambos en el mes de agosto.

La Autoridad Portuaria indicó que el navío, perteneciente a la naviera Holland America, atracará en la segunda de Ribera debido a las grandes dimensiones que presenta el barco, que además cuenta con ocho metros de calado.

El primero de los navíos que a lo largo de 2009 llevó a la capital una gran cantidad de pasajeros fue el 'Noordam', que acercó a la ciudad en torno a 1.800 personas el pasado día 15 de abril. El barco, procedente de Cádiz, atracó unas once horas en el muelle Rivera II y partió por la tarde con destino a Ibiza.

El sector de los cruceros "sigue siendo el único sector del turismo que actualmente mantiene una senda creciente", un aspecto que la Autoridad Portuaria achaca a la relación entre la calidad y el precio del producto así como a "las ventajas de visitar distintos países y ciudades en el mismo viaje y las magnificas instalaciones y atractivos del propio barco".

La corrupción urbanística arrastra a España al puesto 28 en el ranking de Transparencia Internacional

MADRID.- La corrupción urbanística es la causa de que desde 2004 España haya caído seis puestos en el Índice Global de Percepción de la Corrupción, situándose junto a Qatar y San Vicente y las Granadinas en el puesto 28 de un total de 180 países, con una valoración de 6,5 puntos, según el Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI).

La corrupción urbanística "ha aflorado" mucho más que años atrás gracias a "la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación", apuntó el presidente de TI en España, Jesús Lizcano.

Pese a este empeoramiento, se ha dado un avance significativo con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir dichos crímenes. "Ha habido un avance relativo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos", aunque ésta sigue presentando carencias importantes, dijo Manuel Villoria, miembro de la organización.

"Los países latinos somos muy permisivos" con la corrupción, dijo Lizcano. "Admiramos al listo, al pillo, al que defrauda mejor o más", estimó. Por esta razón, el presidente de TI en España puso como ejemplo a seguir a los países nórdicos, donde existen mayores niveles de educación al respecto y cuyos habitantes "denuncian a familiares cuando ven que hacen algo mal".

Por otra parte, la ONG advirtió de que la corrupción es un problema "claramente alarmante en el sector privado", donde además "se está generalizando". Así lo manifestó Lizcano en la presentación en Madrid del Informe, que este año se centra en el análisis de esta cuestión dentro del sector privado.

Lizcano explicó que en la corrupción existen dos partes: el sector público y la "contraparte", entendiendo por ésta "la empresa nacional o la empresa supranacional" que acepta u ofrece sobornos.

En este sentido, lamentó que las empresas procedentes de los países desarrollados "actúan incrementando la corrupción" en las naciones del Tercer Mundo al pagar sobornos, siendo éste un asunto más problemático que "los fallos en las infraestructuras" y los "retrasos en el sistema jurídico".

No obstante, Lizcano señaló que el pago de sobornos es sólo una de las formas de corrupción, puesto que también son prácticas generalizadas el uso de información privilegiada y la fijación ilegal de precios. Se estima que únicamente se conoce uno de cada seis cárteles de precios ilegales, de los que Lizcano criticó que "vulneran la ley de dependencia" y "socavan el crecimiento económico".

"Todos empezamos a ser conscientes finalmente de que la corrupción es uno de los grandes problemas del mundo", dijo por su parte el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, cuya organización colabora con TI. Pese al objetivo de las autoridades de restringir los salarios de los directivos de bancos, Garrigues Walker matizó que la intención de pagar comisiones "permanece íntegra y viva".

Garrigues Walker denunció que no se actúe con la suficiente contundencia contra los paraísos fiscales. "¿Cuál es la fuerza invencible que hace que se mantengan los paraísos fiscales?", planteó. En su opinión, la solución pasa por "volver a conceptos de racionalidad" y "regenerar la moral pública y la moral privada".

Por último, el director general de la Fundación, Jesús Sánchez Lambás, añadió que una de las formas de acabar con la corrupción en las empresas es dotarlas de protocolos de conducta. "La política empresarial no corrupta y la honestidad vende", aseguró, al tiempo que afirmaba que "el sector privado tiene que ser ejemplar".

Las últimas promociones de VPO en Almería incluyen más de 7.000 m2 de mármol

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, en virtud del convenio que firmó el pasado mes de febrero el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, con la Asociación de Empresarios de Mármol de Andalucía (AEMA) ha propiciado la instalación en promociones de viviendas protegidas (VPO) de más de 7.000 metros cuadrados de mármol para escaleras, solería, pavimentos y revestimientos en la provincia de Almería.

Así lo indicó la Administración regional a través de una nota, en la que concretó que se incluyó mármol en las últimas promociones que se han puesto en marcha en la provincia y que se van a entregar en los próximos meses en Pechina, Dalías y Fiñana, que suman 102 VPO en las que se han utilizado 1.510 metros cuadrados de mármol.

Junto a ello, la Consejería de Vivienda también destacó que la principal promoción de vivienda pública de esta legislatura es una promoción de 222 VPO en la localidad de Huércal-Overa en la que se incluirán 5.000 metros cuadrados de mármol en virtud del convenio de colaboración que se firmó con la AEMA.

En la nueva residencia para la tercera edad del barrio almeriense de El Zapillo, cuyas obras se acaban de adjudicar, también se colocarán, según la Junta, unos 900 metros cuadrados de mármol en las zonas en las que sea posible porque, justificó, "una instalación de este tipo requiere muchos pavimentos antideslizantes y materiales especiales para las personas mayores".

La Junta quiso destacar la "sensibilidad manifestada" en actuaciones anteriores a la firma del convenio como la obra de rehabilitación del Ayuntamiento de Almería, donde se preveían otros materiales para las terminaciones, pero "gracias a la gestión de la Consejería los materiales fueron mayoritariamente mármol", en concreto 8.000 metros cuadrados del material en la primera fase.

El delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, Luis Caparrós, destacó la "estrecha línea" de colaboración que hay entre su departamento y AEMA y anunció los planteamientos de la Junta para encontrar nuevas posibilidades al mármol como su inclusión en zonas peatonales de los polígonos industriales.

Técnicos de AEMA y de EPSA han mantenido varias reuniones para ajustar los precios y la tipología de mármol más adecuada para los polígonos industriales. La primera actuación, en este sentido, se va a llevar a cabo en el Polígono que se acaba de adjudicar en Pulpí.

Este pronunciamiento de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se produce después el portavoz provincial del PP en Almería, Francisco Góngora, criticase que la Junta no ha retirado hasta el momento "ni un metro de mármol" de Macael para la construcción de VPO en Andalucía tras el compromiso adoptado por Espadas con AEMA a comienzos de 2009.

Descienden a 907 las solicitudes de extranjeros para la campaña agrícola en la provincia almeriense

ALMERÍA.- La Subdelegación del Gobierno central en Almería ha recibido solicitudes para cubrir 907 puestos de trabajo de cara a la campaña agrícola 2009-2010 frente a la cifra de 2.483 peticiones de trabajadores extranjeros que se tramitaron en el anterior ejercicio y el contingente formado por 3.868 personas que se contrataron en origen en el año 2007.

Al descenso de solicitudes a un 36 por ciento de las que se presentaron por parte de empresas y organizaciones agrarias en 2008, según los datos, se une como novedad esta campaña que desde la Dependencia de Trabajo e Inmigración se están rechazando las "nuevas ofertas genéricas" de empleo para temporeros al considerarlas "innecesarias" por existir suficientes demandantes en Almería.

Así, las 907 peticiones efectuadas para 2009-2010 son "nominativas" ya que van dirigidas a personas concretas, con experiencia en el sector hortofrutícola de la provincia y, por tanto, la "necesaria cualificación" para esta labor gracias a que son empleados habituales en las explotaciones bajo plástico desde hace varios años y retornan a sus países una vez se cierra la campaña.

Desde Subdelegación se ha achacado el pronunciado descenso a la "lógica mayor demanda de empleo" en invernaderos por parte de residentes en Almería, "sean estos españoles o no", al tiempo que se ha subrayado que en la provincia en número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social ronda, de media, el 20 por ciento del total.

Por nacionalidades, Ecuador copó la mayoría del contingente en Almería durante la anterior campaña agrícola, con un total de 555 contratos. Le siguieron Marruecos (345), Perú (218) y Colombia (72).

En concreto, se incrementó el número de personas de origen marroquí contratadas en origen con respecto a 2007 hasta las 260 personas. De las 3.868 incorporaciones al mercado laboral cerradas en ese ejercicio, para un total de 419 ofertas, 103 fueron ciudadanos colombianos mientras que 369 procedían de Perú.

Cemex y Holcim involucradas en un investigación antimonopolio en el sector del cemento

BRUSELAS.- Las autoridades antimonopolio de España y de la Unión Europea allanaron las oficinas españolas de las fabricantes de cemento Cemex SAB de CV y Holcim AG como parte de una investigación de manipulación de precios, dijeron el miércoles la Comisión Europea y las propias compañías.

El órgano ejecutivo de la UE agregó que tenía razones para creer que la mexicana Cemex y la transnacional con sede en Suiza Holcim pueden haber incurrido en prácticas anticompetitivas, en violación de las reglas de la UE que proscriben la formación de cárteles, prácticas comerciales restrictivas y abusos monopólicos.

La Comisión Europea nunca nombra a aquellas compañías a las que inspecciona en busca de evidencia delictiva sino hasta que instruye cargos y no dijo cuántos negocios fueron involucrados en la investigación. Enfatizó que todavía estaba investigando y que no estaba acusando a las compañías de alguna conducta ilegal.

Cemex, una de las mayores productoras de cemento del mundo y con operaciones en más de 50 países, entregó una declaración el martes a la Bolsa Mexicana de Valores en la que dijo que su rama española estaba siendo sometida a una inspección.

"Esta inspección es un paso preliminar en el proceso de investigación a todas las empresas del sector de la producción y suministro de cemento, mortero, hormigón y áridos en España, por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos de fijación de precios y de reparto de mercado", refirió Cemex SAB en su comunicado.

Holcim también confirmó el martes que los reguladores ingresaron a sus oficinas en España y dijo que la compañía estaba cooperando totalmente.

En noviembre de 2008, los reguladores de la UE hicieron incursiones en varias compañías de cemento en toda Europa _ incluyendo Holcim, la francesa Lafarge y las alemanas HeidelbergCement y Dyckerhoff _ como parte de una investigación similar. Como parte de esa investigación no ha sometido cargos a ninguna compañía todavía.

La Unión Europea tiene el poder de multar con miles de millones de euros a aquellas compañías que hayan violado la ley _ con hasta 10% del volumen total de ventas al año _ pero normalmente ofrece una amnistía a la primera compañía que lo admita. Esa práctica detonó una ola de confesiones monopólicas en años recientes.

Cemex dijo en su declaración del martes que la Comisión Nacional de la Competencia de España (CNC) podría comenzar un procedimiento formal por violaciones a las disposiciones de competencia españolas por parte de las empresas del sector, incluida Cemex.

La empresa no señaló si el caso en España está vinculado con una investigación que autoridades de competencia de la Unión Europea iniciaron en 2008 tras recorrer sus plantas en Alemania y Reino Unido.

Holcim tiene una planta de producción en la localidad almeriense de Carboneras.

El Consejo Fiscal español aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo Fiscal ha considerado favorable el contenido del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo, aprobado el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención para que el sistema financiero español no sea utilizado para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

"El conjunto del anteproyecto, con las observaciones reseñadas, es valorado favorablemente", conclye el informe sobre el reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Entre otras observaciones, el Consejo Fiscal se muestra a favor de las obligaciones de información, que pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Por su parte, las empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Los sujetos y las empresas estarán obligadas a declarar determinados movimientos por importe igual o superior a los 100.000 euros. La nueva Ley faculta a los funcionarios aduaneros y policiales para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y medios de transporte.

El Consejo Fiscal se pronuncia a favor de que los abogados queden excluidos del deber de informar sobre un cliente cuando obtienen datos de éste con la finalidad de fijar una posición jurídica o su representación en procesos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley deja sin efecto la obligación de informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos personales en los ficheros, sin determinar si éstos y su tratamiento son cuestiones que deben ser reguladas por Ley Orgánica, según establece también el artículo 31 la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, advierte el informe.

En sus disposiciones generales, el informe destaca que el delito de blanqueo de capitales, que antes estaba limitado al procedente de cualquier actividad delictiva que comporte un delito castigado con penas superiores a los tres años de prisión, se ampliará a las operaciones sospechosas relativas a delitos con pena inferior a ley la preventiva.

Por último, el consejo fiscal valora positivamente permitir a los jueces de instrucción y al Ministerio Fiscal acceder a los datos del Fichero de Titulaciones Financieras durante las investigaciones contra delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El texto del Anteproyecto fue remitido el pasado 25 de agosto por la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al Consejo Fiscal para la emisión del informe. Antes de su trámite parlamentario, deberán emitir sus respectivos informes el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Banco Central Europeo.

CEHAT afirma que una subida del IVA afectaría directamente a la competitividad del sector turístico

MADRID.- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, (CEHAT) mostró hoy su preocupación ante una posible subida del IVA en el alojamiento y la restauración, al considerar que "afectaría negativamente a la competitividad del sector" en relación con otros destinos turísticos.

En un comunicado, la asociación, que agrupa a más de 11.000 establecimientos de alojamientos de toda España, afirmó que ha expuesto a los Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio la situación de otros países y recordó que 22 de los 27 estados miembros de la Unión Europea aplican una tarifa reducida y que competidores directos mediterráneos, como Francia o las Islas Griegas han rebajado el IVA este verano.

En este sentido, CEHAT recordó que se trata de un sector exportador que va dirigido a más de 50 millones de usuarios que visitan cada año nuestro país y ha incidido en casos como el de Suiza, Irlanda, Holanda o Islandia, "que aumentaron el IVA del alojamiento en los últimos años y todos ellos han vuelto a bajarlo, algunos a una tasa hiper reducida".

Además, CEHAT subrayó la evolución del sector turístico en los últimos meses, "uno de los principales motores de la economía española", y señaló la caída de la rentabilidad en todos los alojamientos turísticos, "que han tenido que reducir precios para hacer frente a la actual crisis económica".

Asimismo, a juicio de la confederación una hipotética subida incidiría "negativamente en la medida que podría repercutir en las contrataciones y en el objetivo del sector de seguir potenciando las contrataciones legales frente al trabajo ilegal".

PSOE y PP 'tumban' en el Congreso la iniciativa de IU-ICV contra el fraude y la economía sumergida

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy con el voto en contra del PSOE, PP y CiU una proposición no de ley relativa a la lucha contra el fraude que incluía, entre otras ideas para combatir la economía sumergida, que las instituciones de inversión colectiva como las Sicav vuelvan a ser supervisadas por la Inspección de Hacienda en lugar de por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El diputado de ICV, Joan Herrera, presentó una "autoenmienda" al texto original, "para facilitar las cosas" y que el PSOE "no tuviera excusas" para poder apoyarla finalmente.

No obstante, y aunque las negociaciones se prolongaron a lo largo de la tarde, los socialistas y las dos formaciones de izquierda no alcanzaron un acuerdo, si bien contaron con el respaldo de sus compañeros de grupo parlamentario, ERC, y del PNV. Herrera advirtió a los socialistas que éste "es un mal comienzo" si buscan recabar su apoyo a los Presupuestos.

La representante del PSOE, Gloria Rivero, incidió durante el debate en que su formación apoyará "todas y cada" una de las iniciativas que se presenten, "independientemente de que cuenten con su voto a favor o en contra", si bien su oferta de transacción a IU-ICV finalmente no prosperó.

El portavoz de Hacienda del PP, Baudilio Tomé, denunció que el único camino para sanear las cuestas publicas pasa por la austeridad y la mejoría de la gestión de los ingresos, mientras el Ejecutivo está dispuestos a cometer el "grave error de exprimir a los contribuyentes".

La diputada de CiU Inmaculada Riera, advirtió de que es necesario continuar impulsando las acciones orientadas a la lucha contra el fraude de ley, pero no su formación "no puede compartir ni entender" la propuesta de IU-ICV, que no son "el camino".

IU-ICV había renunciado a varios puntos de su propuesta original, entre ellos la de la creación de ua Ofician nacional Antifraude para perseguir todo tipo de delitos económicos y financieros, a través de una Policía Fiscal creada 'ad hoc' para ello.

No obstante, mantuvo la petición de "endurecer las penas" a los defraudadores y elevar los plazos de prescripción de los delitos y, en este sentido, Herrera comparó el caso de Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush, con el de España. "Bush encarceló a miles de personas mientras en España apenas hay una decena, con una deuda de más de 4.000 millones", señaló.

La Asociación de subcontratistas reprocha al PSOE que "proponga a las empresas de mármol" para las obras del AVE

ALMERÍA.- La Asociación Provincial de Empresas Subcontratistas de Obra Civil y de Maquinaria para movimientos de tierra de Asempal, Aesom, reprochó hoy que el secretario general del PSOE en Almería, Diego Asensio, propusiera a las empresas de mármol del Levante de la provincia para que ejecutaran las obras derivadas de la creación de la línea del AVE que unirá Almería con Murcia a la entidad concesionaria de la obra, Sando.

En rueda de prensa, el presidente de Aesom, Jerónimo Parra, se mostró "sorprendido" al conocer la noticia puesto que el sector se encuentra en momentos de "dificultad" desde hace más de un año y aguardaba la llegada de las obras de la línea de alta velocidad "como agua de mayo" para reponerse.

"Ellos no tienen experiencia y esas obras exigen perfección y especialidad", dijo Parra en relación a los empresarios del mármol, quien señaló, no obstante, que no pide una "rectificación, sino que se les tenga en cuenta" para acometer las obras.

No obstante, aunque Parra reconoció que es la empresa adjudicataria quien elige la subcontrata a la que encarga las obras, hizo alusiones a una "imposición" por parte del PSOE almeriense para que fueran las empresas de mármol las que se encargaran de la labor y argumentó que "no les ha dado tiempo" a exponer su oferta antes de que Sando firmara un convenio con las sociedades de piedra natural.

Según informó Parra, Aesom mantiene asociados al 80 por ciento de las empresas de sector en Almería, con lo que forman parte de la misma en torno a 3.200 personas con un volumen de vehículos de 1.000 unidades destinados a transporte y maquinaria.

Por otra parte, Parra también advirtió de que una de las empresas concesionarias procedente de Calatayud cuyo nombre no trascendió presentó una oferta "un 15 por ciento por debajo del nivel de coste" para realizar un túnel en relación a las obras de alta velocidad, un aspecto que infundió sospechas entre los miembros de Aesom, que ven un "segundo caso Lucena-Conde".

En este sentido, pidieron a las constructoras y a las administraciones públicas que "vigilen" estos casos y que no se orienten por los bajos precios de las ofertas, con el fin de que no se repitan casos de impagos.

Aesom criticó el pasado mes de enero que la empresa Hermanos Lucena-Conde de Córdoba, subcontratada para realizar parte de las obras del gasoducto de Almería-Chinchilla, dejó sin pagar cinco millones de euros a unas 50 pymes almerienses que contrató para realizar las obras y que, posteriormente, se declaró insolvente.

IU-ICV propondrá mañana al Congreso crear una Oficina Nacional Antifraude con su propia policía fiscal

MADRID.- Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) defenderá mañana en el Congreso una iniciativa que persigue reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción a través de la creación de una Oficina Nacional Antifraude que asuma la investigación del blanqueo de capitales y todo tipo de delitos económicos a través de una "policía fiscal" integrada por unidades especializadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades operativas de vigilancia aduanera.

El diputado de ICV en la Cámara Baja, Joan Herrera, defenderá una proposición no de ley que recoge buena parte de las denuncias lanzadas en los últimos meses por la Asociación Profesional Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), y aboga por reformar la figura del delito fiscal, modificando los grados de los distintos tipos de infracciones tributarias.

Además, reclama que se apruebe una Ley Anticorrupción para potenciar los órganos jurisdiccionales encargados de su represión, mediante el auxilio de un mayor número de inspectores y técnicos de Hacienda, para lo que reclama que se eliminen las restricciones presupuestarias a la oferta de empleo público en lo referente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Herrera reclama que se apruebe el Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria para definir con claridad sus funciones y estructura, acabando con la "conflictividad interna" que ha lastrado su eficacia en los últimos años y supere la "insatisfacción" de los funcionarios.

Así, la Oficina Nacional Antifraude dependería de la Agencia Tributaria, integrando a inspectores de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Fiscalía, y tendrá entre sus prioridades luchar contra las tramas de fraude del IVA.

Asimismo, plantea la creación de un régimen especial para los defraudadores, que permita su persecución son endurecer la situación del resto de contribuyentes, concentrándose en los "grandes focos" de estas actividades, como los paraísos fiscales. Para esto, reclama que se refuerce el control del patrimonio de las personas físicas y jurídicas para detectar "incrementos no justificados" en el mismo.

El texto recalca que diferentes estudios sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al 20-25% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone más de 200.000 millones de euros, mientras que los ingresos directos por liquidaciones contra el fraude realizados por la AEAT apenas han llegado a alcanzar en ningún ejercicio el 10% de los potenciales ingresos del fraude.

Torrecárdenas asegura que el caso de los 40 enfermos de cáncer que se trasladan a Málaga para radiarse es "puntual"

ALMERÍA.- La gerente del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, Francisca Antón, aseguró hoy que la situación que viven los 40 enfermos oncológicos de la provincia que tienen que desplazarse hasta Málaga para recibir su tratamiento se debe a "una situación puntual" provocada por la baja de una de las radioterapeutas y el periodo estival, y afirmó que en los próximos meses, además de la reincorporación de la plantilla, se sumarán dos profesionales más con lo que ascenderán a cinco el número de efectivos sanitarios.

Antón explicó que actualmente son tres los médicos que tratan a los pacientes de cáncer con un acelerador lineal aunque, hace tres meses, una de las radioterapeutas tuvo que darse de baja "por motivos de salud" mientras que, las otras dos, quedaron al frente del departamento aunque tuvieron que turnarse con la llegada de las vacaciones.

De esta forma, la gerente del complejo hospitalario señaló que "aunque buscamos un radioterapeuta en todo el país e incluso en Europa, pero no se pudo encontrar a nadie", motivo por el que argumentó que hubo que realizar un concurso-convenio con una clínica privada en Málaga para poder derivar hasta allí a algunos de los pacientes.

"Entiendo que es incómodo y fue la última alternativa, pero no tuvimos otra opción para tratarlos", dijo Antón, quien indicó además que el Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, se vio envuelto en "otras circunstancias por las que no pudo dar respuesta" a la petición del centro sanitario almeriense.

No obstante, Antón anunció que el próximo día 1 de octubre se incorporará la facultativa que se dio de baja de igual forma que se estabilizará el horario de las otras dos doctoras. Así, también indicó que varios médicos del Hospital Virgen de las Nieves acudirá hasta Almería para prestar apoyo por las tardes.

Del mismo modo, se ampliarán dos plazas más, según apuntó la gerente de Torrecárdenas, con una próxima incorporación en el mes de noviembre de un médico proveniente de Islas Canarias y una nueva plaza que se convocará para la especialidad oncológica a través del concurso oposición de Salud.

Antón mostró su "preocupación" por las quejas de algunos de los usuarios del sistema de ambulancias encargado de desplazarlos hasta la clínica donde reciben el tratamiento en Málaga, ya que, afirmó "desconocer" que existieran "problemas" a la hora de tratar a los enfermos.

La gerente del hospital animó a los enfermos, de este caso y de otros, a que "expresen sus quejas para poder actuar" en el momento en el que el servicio pierda calidad. "Nosotros velamos por la salud y seguridad de los pacientes, por lo que las ambulancias deben tratarlos bien, así que tomaremos las medidas oportunas en relación a este asunto", afirmó.

Por su parte, los pacientes que comenzaron el tratamiento en la clínica malagueña "deberán continuar con él allí hasta el final", un inconveniente que "no sufrirán más pacientes", ya que, aclaró, desde el pasado día 10 de septiembre se dejó de derivar de las listas de espera a otras provincias y "esperamos darles un mejor servicio a partir del próximo año con el segundo acelerador lineal que tendremos".

Las causas por corrupción en España se duplicaron en 2008

MADRID.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo el lunes que los casos de corrupción aumentaron un 100% en 2008 con respecto al año anterior debido a que la sociedad es más exigente tras 30 años de vida constitucional.

"Y es que la sociedad (...) exige ese esfuerzo, no siempre grato, por erradicar las conductas corruptas vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores", dijo Conde-Pumpido en su discurso en el acto de apertura del año judicial que presidió el Rey Juan Carlos.

Así lo destacó el fiscal general ante el Rey y altos representantes de la Judicatura durante el acto solemne celebrado en el Tribunal Supremo.