Ecologistas reclaman al Gobierno más transparencia y medidas más ambiciosas para reducir las emisiones de metano

 MADRID.- Greenpeace, Ecologistas en Acción, ECODES, Fundación Renovables y Mighty Earth han reclamado este viernes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que mejore la transparencia y ejecute políticas ambiciosas para reducir las emisiones de metano (CH4), "un gas con un potencial de calentamiento hasta 80 veces superior al del dióxido de carbono (CO2)".

En concreto, las organizaciones han criticado que el Gobierno no actúe frente a este "grave problema" mientras, de manera "incoherente", realiza declaraciones y se adhiere a planes internacionales para reducir la liberación de metano a la atmósfera, como el Compromiso Mundial sobre el Metano y las normativas de la Unión Europea (UE).

"Pese a la significativa contribución del metano al conjunto de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero (GEI), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) no plantea ningún objetivo de reducción de estas emisiones. Además, España lleva retraso en la aplicación del Reglamento de Metano de la UE y debe ponerse al día cuanto antes, asumiendo la responsabilidad que le corresponde como importador por las emisiones asociadas al combustible que consume", han recalcado.

Las organizaciones señalan que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente "debería liderar" el trabajo para poner en marcha un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano en todos los sectores emisores de este gas. Ante lo que critican como "falta de acción" por su parte y tras haber mantenido reuniones al respecto con todos los demás departamentos ministeriales implicados en esta materia, han enviado una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

En ella, le piden crear un grupo de trabajo en el que los ministerios responsables junto con todas las partes interesadas de la sociedad civil, la comunidad científica y el sector privado, puedan trabajar conjuntamente, alinear posturas y concretar medidas que permitan avanzar en la reducción de las emisiones de metano al tiempo que favorezcan la adopción de soluciones "realmente eficaces" para afrontar este problema.

IU responsabiliza a 6 instituciones andaluzas y murcianas de los 14 años de silencio e impunidad contaminando el río Vélez y el Pantano de Puentes

 LORCA.- “Hace dos meses, en el pleno de febrero de 2026, el edil del PP, Ángel Meca, votó y defendió el votó en contra de su grupo y de Vox frente a nuestras propuestas, argumentando que las obras de la EDAR de Vélez Rubio comenzarían en marzo, pero marzo ha pasado y las obras no han comenzado”, así ha fundamentado el Portavoz local de IU, Pedro Sosa, su iniciativa presentada para su debate y aprobación en el pleno de abril, otra más, sobre el estado de salud de uno de los ríos esenciales de la red fluvial de Lorca; el río Vélez. 

Una moción que lleva un título largo pero muy expresivo: “las aguas fecales no tratadas de los 7.000 habitantes del municipio de Vélez Rubio que contaminan el río Vélez a su paso por Lorca y acaban contaminando las aguas del embalse de Puentes, el no inicio en las fechas previstas de las obras para la construcción y puesta en funcionamiento de una EDAR y la increíble falta de preocupación de la administración local de Lorca tras 14 años soportando esta situación”.

El portavoz de la coalición de izquierdas afirma que se hace inaplazable la necesidad de cuidar y proteger los ríos como valiosos recursos naturales imprescindibles para la vida, y recuerda en su texto la situación crítica que atraviesa toda la red fluvial de Lorca, los atentados de los que en los últimos tiempos han sido objeto tanto el río Turrilla, sobre el que aún esperamos “justicia”, como el río Luchena, maltratado en sus “Ojos” y en sus tramos medio y bajo, como los que se han ido acumulando en las numerosas ramblas que conforman la cuenca del Guadalentín. 

Atentados todos ellos denunciados por nuestra formación política y por entidades de defensa del territorio y del paisaje de Lorca. Pero siendo lo anterior grave, sostiene el edil de izquierdas, nos resulta incomprensible el grado de dejación de deberes políticos y administrativos básicos que supone tolerar que uno de nuestros ríos principales -el río Vélez- siga recibiendo en su cauce, 24 horas al día y desde 2012, las aguas fecales de los cerca de siete mil habitantes de Vélez Rubio. Unas aguas llenas de residuos que acaban llegando al embalse de Puentes.

Sosa afirma que ese mes de marzo citado por nuestro edil del PP ya es historia, y personados en abril en las en las distintas “geografías” de este desastre: 1) en la Rambla de Chirivel, justo en el lugar en el que brota un brazo gigante de aguas fecales 2) en el núcleo urbano de Vélez Rubio, a la altura del paraje de “El Pinico” en el que “algunos” pretenden ubicar la EDAR pese a la expresa contestación vecinal, 3) en el paraje de “El Espadín” donde, dicen, tienen propiedades familias con mucho poder en el municipio velezano y donde aún son visibles los restos de la abandonada y antigua estación depuradora muy próxima en su ubicación a las rayas del mapa que separan Andalucía, Almería y Vélez Rubio de la Región de Murcia y de Lorca, 4) en la confluencia de la rambla de Chirivel con el cauce seco del río Vélez, 5) en la vega del río a su paso por la Parroquia, y 6) en el curso medio y bajo de este río, tanto a la altura del conocido puente que lo salva en las proximidades de La Parroquia, como en el tramo más cercano a la Mezquita del Centeno casi llegando a las colas de Puentes; en todos estos puntos hemos comprobado que su caudal ha aumentado y que arrastra toda la porquería acumulada cauce arriba: aguas negras, residuos orgánicos, condones y kilos de celulosa y “toallitas” de casi 14 años de vertidos a una rambla y a un río que forman parte de la demarcación hidrográfica del Segura, contaminado todos sus recursos (el agua, el suelo y el subsuelo), dibujando surcos de celulosa en el lecho y los cantos rodados del río e introduciendo una intolerable carga de contaminación en Puentes.

En definitiva, expresa Sosa en su propuesta, que ha pasado marzo y está pasando el mes de abril, y no hay vestigio de ninguna nueva infraestructura, sigue produciéndose a la vista de todos el delito continuado que empezó a consumarse hace 14 años, y lo que sí hemos percibido es indignación, tanto cuando hemos hablado con vecinos de Vélez Rubio, a quienes les afecta gravemente en la vida y en el negocio esta contaminación, y, también, en vecinos de La Parroquia que no dan crédito sobre ante la actitud pasiva e indiferente de quienes deberían haber articulado una respuesta legal y política efectiva frente a este despropósito.

Sosa responsabiliza de este desaguisado de 14 años al Ayuntamiento de Vélez Rubio, a la Junta de Andalucía, a la CHS, al Ayuntamiento de Lorca, al gobierno regional de Murcia, y, también al silencio de la institución que agrupa a los regantes de Lorca, y vuelve a pedir que se exija al vecino Ayuntamiento de Vélez Rubio y a los organismos pertinentes de la Junta de Andalucía que se materialicen y ejecuten de inmediato las infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas de Vélez Rubio, que se paralice el vertido de aguas residuales a la rambla de Chirivel y al río Vélez y que se proceda a la descontaminación de los cauces contaminados (Rambla de Chirivel, río Vélez y Pantano de Puentes) de la demarcación hidrográfica del río Segura. 

También se incluye en el acuerdo dirigirse a la Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen para pedir la salvaguarda de la calidad ecológica y sanitaria de los cauces afectados desde la riada de San Wenceslao a la actualidad, y para que velen por la ejecución inmediata de aquellas infraestructuras precisas para la solución del problema.

Voluntarios retiran 700 kilos de plásticos de las dunas del Peñón del Moro tras las últimas borrascas

 EL EJIDO.- Un total de 65 voluntarios han retirado este domingo 700 kilos de pequeños plásticos en apenas dos horas en la playa del Peñón del Moro, bajo el Castillo de Guardias Viejas, en El Ejido, tras las últimas borrascas que han afectado a la costa, en una actuación centrada especialmente en las dunas embrionarias del enclave.

Entre los participantes ha habido vecinos del municipio, ciudadanos extranjeros residentes en El Ejido y personas llegadas desde otras localidades, que han trabajado en una zona especialmente sensible por su biodiversidad.

La convocatoria ha partido de Promar, Athenaa, Ángel Aguilera, Club Náutico de Balerma, Plataforma Ejido Sostenible, Vientos de Murgi y El árbol de las piruletas, con el apoyo de la Fundación Unicaja y el proyecto Cuentos del mar de Alborán, además de la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

Según han indicado los organizadores en un comunicado, el tren de borrascas que ha azotado el país en las últimas semanas ha provocado daños en la costa y la acumulación de grandes cantidades de residuos que el mar ha devuelto a la orilla, muchos de ellos arrastrados por las ramblas hasta el litoral.

Moisés Palmero, uno de los organizadores, ha señalado que la convocatoria surgió "de manera emocional" tras comprobar cómo varios ciudadanos alertaban de la presencia de numerosos pequeños plásticos provenientes de la agricultura intensiva, depositados en las dunas cubiertas de azucenas, falso regaliz y perejil de mar, especies características de las playas del municipio.

"Éramos conscientes de que el Ayuntamiento limpiaría las playas con maquinaria, pero en esas dunas había que hacerlo de forma manual para conservar la gran biodiversidad que atesoran y su función de defensa de la costa, por lo que nos pusimos manos a la obra", ha explicado.

Entre los residuos hallados, Palmero ha destacado "una bolsa de pipas Arancha, que dejaron de venderse en los años 80, por lo que el envoltorio tendrá, al menos, unos 40 años de vida en el medio y ya empezaba a generar microplásticos de difícil recogida y gran repercusión en la naturaleza y en nuestra salud".

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de El Ejido, miembro de Athenaa y una de las promotoras de la acción, Araceli Sobrino, ha valorado que "lo más ilusionante" ha sido "la participación de familias que han mostrado con el ejemplo a sus hijos la manera de conservar y proteger la naturaleza".

Asimismo, ha subrayado que "la mayoría, el 90 por ciento de los residuos recogidos, provienen de los invernaderos", y ha advertido de que "es necesario que todo el mundo tome conciencia de que el plástico que se tira en las calles, ramblas o descampados va directo al mar, y él, el mar, la mar, nos lo devuelve para nuestra vergüenza. Toca pensar cómo queremos vivir el futuro".

En esta línea, los organizadores han recalcado que "limpiar no es la solución", sino que es necesario actuar en el origen del problema, con "más vigilancia, más esfuerzos en la concienciación y educación de los agricultores y multas si fuese necesario en el entorno de los invernaderos".

También han apuntado la necesidad de revisar los sistemas de gestión y los materiales con los que están elaborados determinados envases y objetos, con el fin de reducir su impacto en el medio natural.

La Junta encarga un plan para restaurar los suelos del empresario procesado por acumular residuos durante años

 ALMERÍA.- La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha encargado la redacción de la primera fase de un plan destinado a restaurar los suelos contaminados de las parcelas afectadas por los vertidos de residuos que, durante al menos nueve años, se han acumulado en varias parcelas de la zona de Las Palmerillas por un empresario procesado y para el que la Fiscalía pide tres años de prisión por un delito medioambiental.

A través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), la Administración autonómica ha dispuesto tras recibir requerimiento judicial que se tramite de urgencia un proyecto al que destina un presupuesto de 45.286 euros para restaurar los terrenos sirvieron de acopio y almacenamiento de residuos de distinto origen y procedencia.

En su resolución, la Junta hace alusión al "evidente riesgo medioambiental" que supone la existencia de los residuos que durante años se han acumulado "de forma descontrolada y no autorizada", de modo que en la misma se da un periodo de tres meses para realizar planificar la primera parte los trabajos con los que se quiere recuperar ambientalmente este espacio.

"Se hace constar que, en ocasiones, se abrían zanjas sin impermeabilizar en el suelo dentro de las que se arrojaban los residuos. En otras ocasiones, se quemaban o, simplemente, se acumulaban a la intemperie", expone a la hora del dar cuenta del requerimiento judicial por el que se dará "especial prioridad" a la retirada de residuos antes de restaurar los suelos afectados de cinco fincas que suman cerca de dos hectáreas.

De igual modo, apunta la investigación que efectuó el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) durante las visitas a las parcelas, donde tomó muestras líquidas de lixiviados y aguas residuales vertidas en los terrenos para calcular los daños ocasionados, que se tasaron en casi 3,6 millones de euros.

"Se trata de una actividad completamente irregular, que carecía de cualquier tipo de control o autorización exigible", recoge el texto encaminado a planificar la limpieza de la zona a través de una entidad "de alta cualificación" que "disponga de medios humanos y técnicos con el máximo nivel de garantía y especialización" debido a las características del vertedero.

La Fiscalía acusa al empresario de 62 años de edad, así como a la propia entidad mercantil, de haber acumulado de manera "incontrolada" desechos plásticos y orgánicos procedentes de invernaderos así como otras basuras de carácter "peligroso", al menos, entre 2013 y 2022; fecha en la que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar accedió como "medida provisional" al precinto de las instalaciones mediante un expediente sancionador.

El empresario, que participaba con un socio fallecido en 2019, efectuaba a través de la mercantil destinada a la recogida, valorización, reciclaje, recuperación, tratamiento e incineración de toda clase de residuos y desechos, "tanto peligrosos como no peligrosos", si bien los terrenos mostraban un "acopio incontrolado" de basuras, sobre todo plásticos procedentes de invernaderos y restos de cosechas que estaban "en estado de putrefacción".

Las parcelas, descritas como si de basureros ilegales se trataran, también contenían en menor medida aunque en cantidades importantes otros residuos procedentes de la construcción, maderas de enseres domésticos, neumáticos, carrocerías de vehículos, aceites industriales usados y aparatos eléctricos y electrónicos, todo ello "sin cumplir las preceptivas prescripciones necesarias para impedir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales-subterráneas".

En este sentido, destaca la fiscal que el Seprona halló en su investigación varias zanjas con "aguas residuales urbanas e industriales" vertidas así como "lixiviados procedentes de residuos agrícolas en estado de putrefacción" sin que estuviera garantizada la recogida "eficaz" de los efluvios, puesto que el terreno estaba sin impermeabilizar.

Los agentes del Seprona de la Comandancia de Almería pudieron comprobar mediante su inspección en julio de 2021 el estado de al menos tres parcelas de la empresa en la que encontraron una gran cantidad de residuos, de modo que si bien muchos se correspondían a restos agrícolas como plásticos de invernadero o tomates y melones "podridos", también había neveras, neumáticos y restos de obras en pilas de hasta cuatro metros de altura.

En la su segunda visita a los terrenos un año después, en julio de 2022, tomaron muestras de las aguas residuales vertidas en la zanja abierta en la última parcela así como de lixiviados de residuos domésticos y agrícolas, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El informe pericial determinaba, según la Fiscalía, que con base en su "potencial tóxico" y la "disposición en balsas o zanjas en el suelo", dichos líquidos podían "dañar sustancialmente las características del suelo" así como las aguas subterráneas "dependiendo de la cantidad depositada y de su continuidad".

La empresa, para la que se solicita una multa de 50 euros diarios durante tres años y una inactividad por el mismo periodo, no habría podido tampoco acreditar documentalmente "el origen y destino final de los residuos que gestionaba", toda vez que no consta tan siquiera la existencia de solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para llevar a cabo el tratamiento de los residuos, así como de licencia municipal.

En esta línea, la Fiscalía apunta que la mercantil habría funcionado durante todo ese tiempo "de forma clandestina", de modo que con su actividad habría infligido además hasta cuatro leyes andaluzas relativas al medio ambiente, entre ellas, la de economía circular, la de prevención y control integrados de la contaminación y la de protección ambiental de Andalucía.

El informe pericial realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en junio de 2024 constató que el constante vertido de residuos pudo causar "daños sustanciales en la calidad del aire y las aguas" así como sobre los ecosistemas cercanos a esta zona, de modo que los perjuicios al medio ambiente habrían tenido un impacto económico de unos 3.597.457,35 euros.

Además de los tres años de prisión, la Fiscalía también solicita para el acusado el abono de una multa de 20 meses a razón de 12 euros diarios y su inhabilitación durante tres años para estar al frente de cualquier empresa o entidad dedicada a la gestión de residuos.

Tanto este como la empresa deberán responder económicamente no solo a la cantidad en la que se han tasado los daños sino también a los costes que suponga para la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar la recuperación del terreno mediante un plan de restauración y la retirada de los residuos de la zona.

Pueblos almerienses más contaminados por gas radón desde La Alpujarra al litoral

 ALMERÍA.- Según las últimas normativas y mapas publicados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los municipios almerienses clasificados como zonas de actuación preferente (con potencial de gas radón superior a 300 Bq/m³, donde los niveles pueden superar el límite marcado por las autoridades sanitarias) son los siguientes:

Benizalón

Tahal

Alcudia de Monteagud

Senés

Laroya

Sierro

Velefique

Bacares

Bayarque

Castro de Filabres

Olula de Castro

Gérgal

Abrucena

Ohanes

Estos municipios presentan las concentraciones más elevadas de radón en la provincia y requieren mediciones periódicas en centros de trabajo y viviendas, así como la toma de medidas correctas cuando los niveles superan el umbral de 300 Bq/m³.

Pueblos con menos contaminación de radón

Por otro lado, existen áreas en La Alpujarra catalogadas como zonas de riesgo medio – donde la presencia de radón es inferior, aunque se recomienda seguimiento y mediciones especialmente en viviendas antiguas o nuevas construcciones. Los municipios destacados en esta categoría incluyen:

Abla

Alcolea

Alcóntar

Almócita

Armuña de Almanzora

Beires

Fiñana

Instinción

Padules

Rágol

Tabernas

Tíjola

Taberno

Níjar

Lúcar

Sorbas

Suflí

Turrillas

Estos municipios presentan niveles de radón inferiores a las zonas de actuación preferente y no están obligados a realizar mediciones salvo para recomendaciones específicas y prevención en nuevas construcciones.

Puntos adicionales

El municipio de Vera , destaca por tener algunas de las máximas concentraciones puntuales de radón en la provincia, aunque la mayoría de los pueblos mencionados de  La Alpujarra presentan una expansión geográfica más importante de este contaminante.

La contaminación por radón en la provincia de Almería es principalmente natural, debido a las características geológicas y presencia de minerales radiactivos en zonas de montaña como Sierra Nevada y Sierra de Los Filabres.

El 90% de los edificios tienen concentraciones inferiores al umbral preocupante de 300 Bq/m³, pero el 10% supera este nivel en municipios considerados de riesgo elevado.

En resumen:

Pueblos como Benizalón, Tahal, Bacares, Bayarque, Ohanes (en la imagen), Abrucena y Velefique están entre los más contaminados por radón en La Alpujarra almeriense, mientras que Abla, Fiñana, Beires, Padules y otros en zona de riesgo medio presentan los niveles más bajos dentro de la comarca.

Pueblos de La Alpujarra almeriense más afectados por el radón

Según los mapas oficiales del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios sobre el potencial de radón en Andalucía, los municipios de la Alpujarra almeriense que aparecen con mayor riesgo de radón (potencial superior a los 300Bq/m³) son principalmente:

Ohanes

Abrucena

Bayárcal

Beires

Almócita

Fondón

Paterna del Río

Láujar de Andarax

Estos pueblos, situados en zonas de montaña con granito y metasedimentos, muestran una mayor presencia de radón debido a la geología local, especialmente en viviendas antiguas y sótanos.

Pueblos de La Alpujarra almeriense menos contaminados de radón

Dentro de la propia comarca, existen municipios donde el riesgo de radón está catalogado como bajo o moderado:

Alcolea

Padules

Rágol

Instinción

Terque

Canjáyar

Aquí las mediciones realizadas están por debajo de los límites preocupantes, aunque siguen recomendándose controles en construcciones nuevas y rehabilitaciones.

El radón es un contaminante natural, y dentro de la comarca, los municipios situados en la falda de Sierra Nevada suelen ser los que muestran los valores más altos.

Así, los municipios de La Alpujarra almeriense con más radón son principalmente Ohanes, Bayárcal, Abrucena y Fondón, mientras que Padules, Alcolea, Rágol e Instinción presentan niveles bajos dentro de la propia comarca.

Niveles de radón en Enix, Huécija y Bayárcal

Bayárcal

Mucho radón. Bayárcal está clasificado oficialmente como uno de los municipios con mayor riesgo de radón en la provincia y específicamente en la Alpujarra almeriense. Desde el 2 de mayo de 2025 existe obligación legal de medir la concentración de radón en centros de trabajo y se recomienda precaución en viviendas, ya que los niveles pueden superar los 300Bq/m³.

Enix

Nivel bajo o no significativo. Enix no figura en la lista de municipios con obligación de medición ni como zona de riesgo alto o medio en los mapas oficiales recientes consultados. A día de hoy, Enix se considera zona sin especial riesgo de radón.

Huécija

Nivel bajo o no significativo. Tampoco aparece en los listados oficiales de municipios con riesgo elevado o medio, ni existe obligación de medición en Huécija. Se considera un municipio de la Alpujarra almeriense con contaminación de radón muy baja o irrelevante.

Resumen:

Bayárcal: Mucho radón.

Enix y Huécija: Poco o ningún riesgo significativo de radón.

Laroles y Picena no figuran entre los municipios de Granada con obligación legal de medir niveles de radón según la normativa vigente desde el 2 de mayo de 2025. Los municipios con obligación legal de medir radón en centros de trabajo en planta baja o sótano son 23 localidades específicas de Almería. 

Además, tampoco aparecen en la lista de municipios con riesgo medio (Zona 1) donde se recomienda evaluar la presencia del gas radón.

Por lo tanto, según la información oficial del Consejo de Seguridad Nuclear y normativa vigente, Laroles y Picena no están consideradas zonas con niveles preocupantes o riesgo alto de radón ni tienen obligación ni recomendación legal para estas mediciones hasta la fecha. Esto sugiere que en estas localidades no se ha identificado un problema significativo de radón.

Aguadulce , que pertenece al municipio de Roquetas de Mar, no está incluida en los listados oficiales de municipios con alto riesgo de radón ni aparece entre las zonas de actuación preferente o recomendada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) según la normativa vigente desde mayo de 2025. 

Los municipios de mayor exposición en la provincia se ubican principalmente en áreas de montaña (Sierra Nevada, Sierra de los Filabres) y no en la costa o zonas urbanas como Aguadulce.

La mayoría de las mediciones en la provincia de Almería se han realizado en pueblos del interior, donde la concentración suele superar los 50Bq/m³ solo en casos puntuales. 

El límite establecido por la Unión Europea para considerar el radón un riesgo sanitario es de 200Bq/m³, muy por encima de los niveles habituales en Aguadulce y Roquetas de Mar, donde la presencia de radón se considera muy baja o insignificante y no se exigen mediciones obligatorias en viviendas o locales.

Por lo tanto, en Aguadulce el riesgo por radón es muy bajo y no preocupante para la salud pública en comparación con otras zonas de la provincia de Almería.

Las urbanizaciones de Castell del Rey y Espejo del Mar se encuentran en el término municipal de Almería, en la zona costera próxima a Cabo de Gata. 

Según la información más reciente sobre la presencia de radón, estas zonas están vinculadas a los denominados “barrios de La Chanca y Castell del Rey”, citados en informes sobre agua no potable por radiactividad debido a episodios de radón presentes en los acuíferos, especialmente cuando se han utilizado aguas profundas durante periodos de sequía y avería de desaladoras.

Aunque la radiactividad detectada se relaciona principalmente con el agua y no con el aire ambiente, los mapas oficiales de radón en España señalan que las áreas más expuestas en la provincia de Almería tienden a estar en zonas de interior y montaña, como Sierra Nevada y Sierra de los Filabres. 

Sin embargo, la “zona de Castell del Rey ” figura en casos puntuales donde se han superado temporalmente los límites seguros de radón en agua de consumo, lo que ha motivado cortes provisionales de suministro y uso de agua en camiones cisterna. Es importante destacar que estos episodios suelen ser transitorios y vinculados a circunstancias de sobreexplotación de acuíferos profundos.

Para el gas radón en el aire interior de viviendas y locales en Castell del Rey y Espejo del Mar, la normativa nacional no los incluye entre los municipios o barrios donde actualmente existe obligación legal de medición ni como zona de riesgo alto, aunque los informes del Consejo de Seguridad Nuclear recomiendan vigilancia preventiva en todo el litoral de Almería por la composición de los minerales del subsuelo.

En resumen, en las urbanizaciones de Castell del Rey y Espejo del Mar hay radón en concentraciones bajas a moderadas, con posibles episodios puntuales en el agua de consumo, pero no se consideran zonas de alto riesgo ni hay obligación legal de medición periódica según la normativa vigente. 

Si tiene preocupación por la calidad del agua o el ambiente interior, se recomienda la realización de mediciones periódicas de radón, sobre todo en viviendas con sótano o poco ventiladas.

Los investigadores activan las alarmas tras confirmar las sospechas sobre la presencia del herbicida más usado en ríos europeos

 TUBINGA.- Un grupo de investigadores de la Universidad de Tubinga en Alemania ha llegado a la conclusión de que los aminopolifosfonatos, los cuales se emplean en ciertos detergentes, acaban convirtiéndose en glifosato y otras sustancias relacionadas y contaminando los ríos europeos.

Según los investigadores, estos procesos tienen lugar en los llamados lodos activados, los cuales se utilizan en plantas de tratamiento de aguas residuales para la purificación del agua. "Hemos demostrado que el glifosato se forma a partir de ciertos aminopolifosfonatos utilizados en detergentes en presencia de manganeso", detalló el profesor Stefan Haderlien, jefe del grupo de trabajo de Mineralogía y Química Ambiental.

Una vez realizado este estudio, el siguiente paso será comprobar cuál es el papel de esta sustancia en términos de cantidades, por lo que será necesario realizar una investigación más detallada para determinar qué condiciones favorecen la aparición de glifosato a partir de aditivos de detergentes. 

Según un análisis de la española Ecologistas en Acción, el 22% de las muestras recogidas en aguas superficiales europeas, entre ellas las españolas, cuentan con niveles altos de glifosato inadecuados para el consumo humano. 

 "Esta contaminación supone, en primer lugar, una importante amenaza para los ecosistemas acuáticos. El glifosato está clasificado como tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos", afirman desde Ecologistas en Acción.

"Las pruebas científicas demuestran que el glifosato y el AMPA suponen un riesgo significativo para los ecosistemas acuáticos en las concentraciones en que se encuentran en el medio ambiente. 

Incluso niveles bajos de glifosato afectan al crecimiento y el desarrollo de especies acuáticas clave, desde plantas y algas hasta peces y anfibios", concluye.

La normativa para la protección del cielo nocturno en Andalucía, "a punto" para su aprobación en Consejo de Gobierno

 ALMERÍA.- La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado este viernes que su departamento está "a punto de tener listo y preparado" para llevar a Consejo de Gobierno el decreto por el que se regirá el reglamento para la protección del cielo nocturno de Andalucía el que se han trabajado durante los últimos meses.

"En muy breves fechas tendremos noticias de él", ha afirmado la consejera a preguntas de los medios durante su visita a las obras de restauración del parque de El Boticario, en Almería, donde ha sido interpelada por la campaña emprendida por el Observatorio Astronómico de Calar Alto para concienciar sobre los perjuicios de este tipo de contaminación.

El proyecto decreto para el Reglamento de Protección contra la Contaminación Lumínica tiene como objetivo conservar el cielo nocturno como "patrimonio natural", toda vez que presenta adaptaciones a los avances científicos y tecnológicos.

El centro astronómico situado en Gérgal ha trasladado a través de su campaña que la contaminación lumínica es un problema ambiental "creciente" que se define como la alteración de la oscuridad natural de la noche provocada por la luz artificial.

"Hace más de 60 años la comunidad astronómica internacional dio la voz de alerta. Sin embargo, en lugar de desaparecer, crece cada año en torno a un 2,2% tanto en superficie mundial iluminada como en intensidad del brillo artificial del cielo", ha alertado a través de la web habilitada en la iniciativa 'No hay Almería sin cielo'.

Con ello, han recordado que la actividad astronómica "necesita cielos oscuros" dado que "cuanto más brille artificialmente el cielo por la noche, menor será el contraste entre el color del fondo del cielo y el objeto astronómico observado", lo que impide vislumbrar los objetos celestes menos brillantes.

La campaña ofrece recomendaciones a los ciudadanos y llama a los gestores públicos a adoptar acciones concretas para evitar la emisión de luz dirigida al cielo en la iluminación de vías y espacios públicos, adaptar los focos de emisión de luz y promover la "iluminación inteligente".

Asimismo, recuerdan que la iluminación artificial, incluso a "muy bajas intensidades" tiene repercusión en la secreción de hormonas en los humanos, altera los ciclos vitales, interfiere en la orientación de los organismos y puede modificar el comportamiento de especies animales y vegetales, entre otros aspectos.

España, incapaz de 'limpiar' sus acuíferos de la contaminación vertida por ganadería y agricultura

 

MADRID.- Una vez vertida, la contaminación permanece estancada en el agua bajo tierra durante mucho tiempo. Sacarla de allí es muy difícil, lento y costosísimo. El porcentaje de acuíferos en España con concentraciones excesivas de nitratos (por encima del máximo legal) en el periodo 2020-2023 se mantiene prácticamente igual que en el cuatrienio anterior, según el último informe de Contaminación del Agua por Nitratos Utilizados en la Agricultura del Ministerio de Transición Ecológica. 

Y no es una proporción pequeña: más de un tercio de las aguas subterráneas analizadas por Transición Ecológica superan, de media, los 37,5 mg/l de nitratos que marca la ley como máximo permisible (de hecho, un cuarto rebasa el nivel de los 50 mg/l). 

La situación “permanece estable” respecto al anterior periodo de evaluación 2016-2019, describe el informe de situación que debe remitirse a la Comisión Europea, según expone eldiario.es 

“Las masas de agua subterránea tienen mucha inercia. No son como un río que, cuando se actúa sobre el foco de contaminación –como un vertido–, reaccionan rápidamente y mejora en un corto plazo”, explica la directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez.  

Los acuíferos “son una gran acumulación de agua y para conseguir que se renueven y se liberen de la contaminación tenemos que esperar décadas o, en algunos casos, un siglo”. 

El diagnóstico elaborado por el Ministerio explica que el impacto de la contaminación por nitratos se nota especialmente en las masas de agua subterránea a lo largo de los ríos Ebro, Guadalquivir o “la serie que constituye el Jarama y el Tajo desde la confluencia de ambos”. 

También se destacan zonas de acuíferos extensos como los de la cuenca del Duero, la cabecera del Guadiana o la zona del Cinca y el Segre. Las zonas de costa afectadas se concentran en el arco mediterráneo y respecto a las insulares, en Mallorca y Gran Canaria, sus acuíferos también están impactados por esta contaminación.

El anterior informe sobre nitratos ya concluía que, para cumplir con la legalidad, era “necesario adoptar reducciones de los excedentes de nitrógeno más ambiciosas que las inicialmente consideradas, estimadas en un 25% con respecto a las actuales”. 

Ese excedente es la diferencia entre lo que se añade por parte del sistema agrícola (en forma de fertilizantes y desechos) y lo que sale (en forma de cultivos y forraje). El excedente “supone una posible fuga al medio ambiente”. 

El último dato de exceso neto de nitrógeno (que termina en el medio natural, suelo o agua, de una manera u otra) dice que, desde 2014 –cuando se reinició un repunte en la aplicación de fertilizantes tras la crisis económica de 2008–, la media del excedente está en 750.000 toneladas. En los dos últimos años con datos, ese excedente ha bajado un 3% respecto a esa media.

La experta en gobernanza del agua Nuria Hernández Mora subraya que “hay una cascada de insuficiencias” que terminan derivando en esta situación. “Empiezan por las resistencias de las comunidades autónomas a la hora declarar [como es su competencia] zonas vulnerables a la contaminación”. 

Esas áreas son la superficie afectada por la polución de nitratos cuya escorrentía corre hacia esas masas de agua. “Se resisten porque declararlas acaba afectando al sector agrario”, remata Hernández Mora. Con todo, esa superficie ha tenido que crecer un 35% desde la última vez que se inventariaron, en buena medida por la obligación de dibujarlas para recibir fondos europeos.

“Luego se falla a la hora de aplicar las medidas obligatorias para corregir el problema de la entrada de nitratos al agua y la falta de personal y recursos para hacer un seguimiento”. 

Dicho de otra manera: “La probabilidad de que llegue una inspección a una explotación agraria es muy pequeña”, analiza Hernández Mora. 

En este sentido, el informe de Transición Ecológica informa de que el porcentaje promedio de explotaciones investigadas por las comunidades autónomas para el control de la contaminación de nitratos a escala nacional se sitúa en “ligeramente superior al 2%”.

Esos elementos relacionados con la contaminación por nitratos del agua fueron por los que el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España en marzo del año pasado.

El vertido de nitratos al medio ambiente representa un evidente daño ecológico. Pero, además, el exceso de este compuesto en las aguas subterráneas está provocando que poblaciones cuyo abastecimiento depende de este tipo de masas vean contaminada su fuente de líquido.

En 2023 aumentaron un 50% los municipios que no pudieron beber el agua de sus grifos por estar contaminadas por nitratos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Pasaron de 171 a 257 poblaciones que suman más de 220.000 personas censadas, refleja el análisis de esos datos que ha llevado a cabo Ecologistas en Acción. 

La organización detalla que los valores más altos de contaminación del agua de consumo se detectaron en poblaciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Catalunya y Andalucía. Se trata de poblaciones muy pequeñas lo que provoca, incide Hernández Mora, “que se invisibilice el problema”.

Julia Martínez subraya que la inercia de los acuíferos de la que hablaba, obliga a “aplicar medidas de prevención, antes de que se contamine el agua, no esperar a que los niveles rebasen el umbral legal. 

Impedir que esos niveles suban, aunque el acuífero esté en buenas condiciones, porque si la concentración sube de 5mg/l a 10mg/l, eso va a acabar pasando de 10 a 15 y terminará por superar el límite máximo”. 

Los enfoques reactivos “no sirven con las asas subterráneas. Son inútiles”, zanja.

Una de las posibles actuaciones que apunta es que las confederaciones hidrográficas establezcan un máximo de excedente de nitrógeno que puede verterse en determinadas zonas. 

“Un proceso de control de entradas de contaminación”, remacha Nuria Hernández Mora. 

Esta doctora en Geografía recuerda también que “sacar la contaminación de una masa de agua subterránea es muy complicado, estamos hablando de décadas o siglos”. 

Y afirma: “Hay que cambiar la manera de pensar hacia la prevención porque remediarlo es complicado, lento y carísimo”.   

Senderistas descubren en la rambla del Cañuelo varios vertidos ilegales "muy tóxicos"

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción y 'Stop vertidos ilegales' han denunciado ante el Seprona, Fiscalía y ayuntamientos la aparición de varios vertidos ilegales, entre ellos, 20 garrafas de  METAM SODIO, "desinfectante de suelo con gran poder biocida", según explican, en la rambla del Cañuelo. 

Los vertidos fueron descubiertos por un grupo de senderistas el pasado día 20. Desde estas ONGs se apela a  implementar la vigilancia ambiental y gestión de residuos agro-tóxicos, "con medidas de trazabilidad efectivas que permitan identificar a los infractores".

"El pasado 20 de octubre, durante una ruta senderista organizada por Ecologistas en Acción por la rambla del Cañuelo, en los términos municipales de Puebla de Vicar y Felix, de Almería, se encontraron varios vertidos ilegales de todo tipo de residuos, resaltando el de 20 garrafas de metam sodio. 

Se trata de un desinfectante para suelos cuya materia activa es de reconocida toxicidad y perjuicio tanto para la salud humana como para el entorno natural. Aunque la Unión Europea permite el uso de fitosanitarios con metam sodio, en España solo puede utilizarse bajo autorización excepcional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, condicionada a períodos y lugares específicos, así como a la implementación de rigurosas medidas de seguridad.  

ECHA, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, recoge que el metam sodio "es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos".

Los vertidos en la rambla del Cañuelo están dañando gravemente la biodiversidad de este entorno único, con implicaciones negativas para la economía local, que depende principalmente de la agricultura y el turismo. 

Esta rambla de la  Sierra de Gádor, con flujo de agua permanente, alberga Hábitats de Interés Comunitario y es zona de refugio y campeo de especies amenazadas como el arto, el águila perdicera, el búho real o el murciélago cavernícola. 

Además, desempeña un papel vital en la provisión de servicios ecosistémicos para los municipios cercanos. 

Desgraciadamente, existe también una cantera que Áridos Otto explota desde 2012, construyendo en contra de la ley de aguas un camino sobre parte del lecho fluvial que facilita el acceso de personas irresponsables que se deshacen ilegalmente de todo tipo de residuos, exacerbando la situación.

Las 20 garrafas encontradas, llevan el sello de SIGFITO, un  SCRAP (Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor) financiado por fabricantes y/o envasadores asociados, para gestionar adecuadamente los envases procedentes de Fitosanitarios (residuos peligrosos). 

Como hemos podido comprobar desde EeA Almería,  a través de la campaña: STOP VERTIDOS ILEGALES, este sistema no funciona adecuadamente, ya que en numerosos vertidos ilegales se encontraron envases con el sello de SIGFITO.

SIGFITO no puede limitarse a la recuperación de envases recogidos por vías regulares, sino que debe responsabilizarse del coste y gestión de los residuos de envases desparramados o vertidos de forma irregular, tal como marca el nuevo Real Decreto de envases. Es una grave infracción del Reglamento de Residuos de Andalucía que no se ocupe de los vertidos ilegales de estos envases tan peligrosos y sin embargo se quede con la tasa recibida por su gestión. 

Dentro de la campaña confederal del área de Agroecología "El verdadero precio de los alimentos”, Ecologistas en Acción Almería ha  denunciado al Seprona, a Fiscalía y a las administraciones competentes este hecho. 

El objetivo de esta campaña es sensibilizar  a nivel nacional e internacional, sobre la justicia socio-ambiental y los riesgos para la salud, asociados a la agro-industria y a su crecimiento por encima de las capacidades del territorio, en cinco áreas productivas del sureste peninsular: Huelva, Málaga, Granada, Murcia y Almería

La responsabilidad del uso de fitosanitarios peligrosos no puede recaer solo en los agricultores y agricultoras. Las administraciones, fabricantes, distribuidores y entidades de reciclaje deben cumplir la legislación vigente, restringiendo el uso de sustancias tóxicas y estableciendo programas de gestión con medidas de control y trazabilidad para identificar a infractores".

La Abogacía del Estado cree ya juzgada la limpieza de Palomares y se opone a la demanda de 'Ecologistas'

 ALMERÍA.- La Abogacía del Estado ha solicitado a la Audiencia Nacional la "inadmisión" de la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción para obligar al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a efectuar bajo plazo determinado la limpieza de la tierra contaminada con americio y plutonio de Palomares al considerar que el colectivo aborda una cuestión ya juzgada toda vez que se serviría de la nueva redacción de un artículo de la Ley de Energía Nuclear para obtener una "segunda oportunidad".

En su escrito, la Abogacía del Estado destaca que este asunto ya fue resuelto por la Audiencia Nacional, que en junio de 2021 determinó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no era el órgano competente para la retirada de unos 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada y su correspondiente depósito, toda vez que, en esta ocasión, la demanda se dirige contra el Miteco.

Más allá de a quién se dirige la demanda, la Abogacía del Estado cree que la pretensión de los ecologistas ya habría sido respondida por la Sala de lo Contencioso-administrativo, dado que en su pronunciamiento apuntó que "se estaban desarrollando las actuaciones legalmente establecidas" para reponer los terrenos; de manera que, según vislumbra, de admitirse el presente recurso se obtendría una respuesta coincidente con lo ya fallado.

El órgano de representación del Gobierno incide en el uso del Real Decreto-Ley sobre las consecuencias de la Guerra de Ucrania de 2022; un asunto que si bien no tenía relación con la limpieza de Palomares, introduce un cambio en la Ley de Energía Nuclear que, para los Ecologistas, atribuye por primera vez al Miteco la competencia para efectuar la limpieza del área afectada por las bombas termonucleares que cayeron accidentalmente sobre esta zona de Almería en 1966.

Así, sostiene que la pretensión de esta nueva demanda es la misma que se sostuvo con el pleito ya resuelto con anterioridad "si bien ahora se dirige al Ministerio para la Transición Ecológica so pretexto de la nueva redacción del artículo 38 ter de la Ley de Energía Nuclear", que "se utiliza como segunda oportunidad para materializar la misma petición".

La Abogacía del Estado cree que la anterior sentencia, que fue declarada en firme por el Tribunal Supremo, no solo "fija doctrina" sobre la incompetencia del CSN para efectuar la actuación sino que también "deja clara cuál es la situación jurídica de Palomares" frente a lo que considera una "valoración subjetiva del recurrente".

"No es más que un segundo intento so pretexto del artículo 38 ter de la Ley de Energía Nuclear de la pretensión ya rechazada por la ausencia completa de fundamento legal de la misma", añade esta parte, para la que no existe la posibilidad de reclamar una "acción por inactividad" ante el Ministerio.

De igual modo, cree que la entidad conservacionista no impugna con su demanda un "acto administrativo concreto" al no hacer referencia a un "acto, contrato o convenio" que determine la "actuación material" que se reclama, es decir, la descontaminación de Palomares, por lo que recalca que el escrito supone una "reiteración de una pretensión que ya fue ejercitada" y resuelta de forma definitiva en noviembre de 2022 por el Alto Tribunal.

Ecologistas en Acción decidió elevar a los tribunales la situación de Palomares ante la "inacción" que se prolonga en el tiempo a causa del "silencio" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que "fije plazo" para "llevar a efecto" el Plan de Rehabilitación.

El colectivo conservacionista tomó la iniciativa el pasado febrero, cuando se cumplían 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU y ante la evidencia "de que todo sigue igual". 

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Nacional admitió la demanda a trámite.

Es la segunda vez que se recurre a la Audiencia Nacional (AN) para que obligue a fijar plazo para ejecutar la limpieza y ordene que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo. La primera vez, la justicia sentenció que el CSN "no tenía competencias" para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, aunque no señaló qué órgano debía hacerlo.

En su escrito de casi 60 páginas, Ecologistas en Acción defiende que la competencia para ordenar la limpieza de Palomares es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sin que haya intervenido hasta ahora "debido a una injerencia del poder legislativo en el poder judicial".

Según han detallado, la tramitación del Real Decreto-Ley sobre las consecuencias de la Guerra de Ucrania, era un asunto urgente que no tenía relación con la limpieza de Palomares, si bien en el mismo se "atribuye por primera vez" la competencia al Miteco para que determinar un plazo en el que efectuar la limpieza de Palomares.

"La fijación de plazos para restaurar Palomares fue una iniciativa de esta parte para resaltar que el problema se viene produciendo desde hace 58 años y es necesario señalar un plazo para terminar con una situación tan prolongada, sin esperar a un acuerdo con los EEUU que puede tardar muchos años en alcanzarse", han apreciado.

Asimismo, consideran que el material radiactivo depositado en Palomares tiene la categoría legal de "residuo radiactivo" pese a que "no se le está dando ese tratamiento". 

"La limpieza la puede realizar indistintamente el Ciemat o Enresa", han añadido a la hora de aclarar que les es "indiferente" cuál sea la entidad que realice las labores puesto que lo más importante es fijar un plazo para ello.

Además, han advertido de que el vallado que limita la zona afectada "es insuficiente para mantener la dosis de radiación dentro de los límites legales" y, según ven, no permite cumplir con el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

'Ecologistas' pide a la Audiencia Nacional ordenar al Gobierno la limpieza de Palomares y fijar plazo

 ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha elevado su demanda ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en la que solicita que se dicte una sentencia que obligue al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a efectuar la limpieza de la tierra contaminada con americio y plutonio de Palomares "con fijación de plazo para llevarla a efecto".

La entidad conservacionista indica en su demanda que la Audiencia Nacional acordó tramitar mediante procedimiento ordinario, que a la espera de encontrar un almacenamiento "definitivo" del material radiactivo, se ordene también el almacenamiento "temporal" de los aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 previstos por el Ciemat y el CSN.

Para ello, la asociación aporta una treintena de documentos a su demanda "con fuerza probatoria" para que se unan a los que obran en el expediente administrativo a fin de que se tenga en cuenta su petición, si bien señalan como fundamental la aplicación del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el pleno del CSN en la sesión celebrada el 5 de mayo de 2010 y completado en años posteriores.

En este sentido, dado que se trata de una documentación que está clasificada, desde Ecologistas ha pedido que se solicite al Consejo de Ministros su "desclasificación a los solos efectos del procedimiento".

De este modo, entienden que se podrá dirigir un oficio a Ciemat para que aporte copia completa del plan de rehabilitación y de su desarrollo posterior a fin de acreditar que el documento "está totalmente desarrollado y cumple con los criterios radiológicos" sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y demás normativa.

A mayor abundamiento, desde la asociación ecologista también han solicitado que se practique una prueba pericial con las aportaciones del ex jefe del Programa de Recuperación Radiológica y Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Ciemat, quien es además el autor del Plan de Rehabilitación de Palomares, para que pueda responder a varias preguntas sobre uno de los informes del documento.

También se ha solicitado que se requiera a la presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección del CSN (Astecsn) y presidenta del Colegio Oficial de Geólogos para que pueda dar cuenta del documento emitido como respuesta parlamentaria en diciembre de 2018 en el que se defiende que "es urgente embidonar los residuos radiactivos y almacenarlos en un almacén temporal".

Como testigos para apuntalar su demanda, Ecologistas ha reclamado a la AN que se cite al científico del Ciemat y consejero del CSN Francisco Castejón, quien "es testigo de todo lo ocurrido en Palomares" y "de las consecuencias que va a tener la transformación del plutonio en americio y del motivo por el que no se da la orden de limpiar Palomares".

De igual forma, han solicitado la presencia del ex alcalde de Cuevas del Almanzora y actual senador Jesús Caicedo, como "testigo del daño que se está causando a la población y al desarrollo agrícola y turístico de la zona" así como de "la necesidad de limpiar la radiactividad".

La decisión de elevar a los tribunales la situación de "inacción" que se prolonga en el tiempo está motivada por el "silencio" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que "fije plazo" para "llevar a efecto" el Plan de Rehabilitación.

El colectivo conservacionista tomó la iniciativa el pasado febrero, cuando se cumplían 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU y ante la evidencia "de que todo sigue igual"-

Es la segunda vez que se recurre a la Audiencia Nacional (AN) para que obligue a fijar plazo para ejecutar la limpieza y ordene que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo. 

La primera vez, la justicia sentenció en 2019 que el CSN "no tenía competencias" para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, aunque no señaló qué órgano debía hacerlo.

En su escrito de casi 60 páginas, Ecologistas en Acción defiende que la competencia para ordenar la limpieza de Palomares es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sin que haya intervenido hasta ahora "debido a una injerencia del poder legislativo en el poder judicial".

Según han detallado, la tramitación del Real Decreto-Ley sobre las consecuencias de la Guerra de Ucrania, era un asunto urgente que no tenía relación con la limpieza de Palomares, si bien en el mismo se "atribuye por primera vez" la competencia al Miteco para que determinar un plazo en el que efectuar la limpieza de Palomares.

"La fijación de plazos para restaurar Palomares fue una iniciativa de esta parte para resaltar que el problema se viene produciendo desde hace 58 años y es necesario señalar un plazo para terminar con una situación tan prolongada, sin esperar a un acuerdo con los EEUU que puede tardar muchos años en alcanzarse", han apreciado.

Asimismo, consideran que el material radiactivo depositado en Palomares tiene la categoría legal de "residuo radiactivo" pese a que "no se le está dando ese tratamiento".

 "La limpieza la puede realizar indistintamente el Ciemat o Enresa", han añadido a la hora de aclarar que les es "indiferente" cuál sea la entidad que realice las labores puesto que lo más importante es fijar un plazo para ello.

Además, han advertido de que el vallado que limita la zona afectada "es insuficiente para mantener la dosis de radiación dentro de los límites legales" y, según ven, no permite complir con el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

La asociación apunta que "el propio Ciemat reconoce que los residuos radiactivos se pueden almacenar en El Cabril con un simple cambio de autorización" así como que el centro de investigaciones "ya ha depositado residuos radiactivos de Palomares en El Cabril en aplicación del Pimic".

"También se pueden almacenar en un almacén temporal construido en Palomares, en cualquier otro almacén o depositarlos en otro país, lo que no es legalmente admisible es mantener la situación actual a la espera de que algún gobierno de los Estados Unidos decida llevárselos, si es que lo decide alguna vez", han considerado.

Destacan además que el almacenamiento de material radiactivo realizado por los norteamericanos en Palomares en 1966 constituye una instalación nuclear "clandestina" con lo que le es de aplicación el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y, por tanto, estiman que procede su "clausura" con establecimiento de plazo para su desmantelamiento. 

"Legalmente Palomares no es una instalación nuclear puesto que carece de cualquier autorización pero, de hecho, lo es", han apreciado.

Entre otros aspectos, defienden que Palomares es un caso de accidente nuclear contemplado en la Ley 17/2015 pendiente de concluir su última fase prevista en el artículo 20 relativa a la recuperación. "fue mal gestionado desde un principio, ocultando el problema y utilizando a la población, a la fauna silvestre y doméstica y al medio ambiente en general de laboratorio para experimentar los efectos de la radiactividad", han señalado en cuanto a la gestión de este suceso.

Para Ecologistas, es urgente acordar "ya" la limpieza pues como "ya se ha manifestado el plutonio se está trasformando en americio que es mucho más peligroso por emitir radiaciones gamma de mayor penetrabilidad que las alfa del plutonio".

La intrusión de una masa de aire sahariano incrementa los niveles de las partículas PM10 en el sureste peninsular

LORCA.- La ciudad de Lorca vivirá este lunes un nuevo episodio de incremento de los niveles de las partículas PM10 debido a la intrusión de masa de aire sahariano que afectará a la Región de Murcia. “Se trata de un incremento de estos niveles de PM10 recogidos en la Red de Calidad del Aire, según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que tendrá lugar debido también a la predicción de masas de aire africano en el sureste peninsular que puede producir eventos de depósito seco y húmedo de polvo”, ha afirmado la edil de Medio Ambiente, María Hernández.

Hernández ha señalado que “los modelos consultados prevén presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica para estos dos días estimando concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-200 ug/m3 en el sureste peninsular, lo que podría provocar un incremento en los niveles de partículas (PM10 y PM2.5) medidos por la Red de Calidad del Aire”. 

Cabe recordar que la media móvil de 24 horas, establecida en 50 µg/m3, debe medirse, durante al menos 3 horas consecutivas para la activación del umbral, si este indica niveles diarios elevados durante ese periodo, se debe garantizar poner a disposición de la población la información relativa a calidad del aire para el contaminante partículas PM10.

Ante esta situación, la edil de Medio Ambiente ha recomendado a los ciudadanos tomar una serie de precauciones para proteger la salud, especialmente de personas vulnerables.

 “Desde el Ayuntamiento aconsejamos a los lorquinos evitar realizar actividad física o deportes de alta intensidad, tanto en interiores como exteriores, especialmente para aquellas personas que padecen problemas respiratorios”, ha señalado Hernández, que ha enfatizado también en la importancia de utilizar mascarillas FPP2 como medida de protección y consultar a un profesional sanitario en caso de presentar dificultades respiratorias o cardíacas (sibilancias o palpitaciones), y en priorizar las salidas cortas y de bajo esfuerzo.

Y ha añadido que también se recomienda seguir una serie de medidas de prevención con el fin de evitar el aumento de estas partículas. 

 “Aconsejamos también evitar viajar por carreteras principales durante los momentos de mayor concentración de polvo, generalmente a primera hora de la mañana y última de tarde, coincidiendo con los momentos de mayor tráfico; así como controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético, el uso compartido del coche privado, la utilización del transporte público y la bicicleta para los desplazamientos; usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos y limitar la velocidad”.

Asimismo, María Hernández ha indicado que los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre la calidad del aire en la Región de Murcia y en nuestro municipio a través del portal web de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

'Ecologistas' abre nuevo frente judicial para limpiar Palomares cuando se cumplen 58 años del accidente nuclear

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha anunciado la interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional (AN) para que impulse la "limpieza" de la tierra contaminada con americio y plutonio en Palomares, en los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora, y ordene al Gobierno la retirada y el almacenamiento "temporal" de 6.000 metros cúbicos de residuos.     

El colectivo conservacionista toma la iniciativa cuando se cumplen este miércoles los 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU.

"Reventaron dos bombas atómicas en Palomares y liberaron los nueve kilos de plutonio que llevaban. EEUU hizo entonces un simulacro de limpieza y se llevó solamente 350 gramos, pero desde entonces no se ha limpiado nada y todo sigue exactamente igual", ha indicado el abogado José Ignacio Domínguez.

La decisión de elevar a los tribunales la situación de "inacción" que se prolonga en el tiempo viene motivada por el "silencio" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que "fije plazo" para "llevar a efecto" el Plan de Rehabilitación de la zona que el Gobierno ha sostenido, desde siempre, debe ejecutar la administración estadounidense.

Domínguez ha aludido a la declaración de intenciones firmada en 2015 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry, que "no sirvió de nada" y a los "avances" para limpiar anunciados en mayo de 2023 tras el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo norteamericano, Joe Biden.

"Tampoco se ha hecho nada", ha subrayado, al tiempo que ha criticado el "silencio" que mantiene el Gobierno al respecto "pese a las promesas que hicieron diciendo que estaban ya reuniéndose para limpiar" la contaminación.

Al hilo de esto, ha señalado como, desde que se produjo el accidente nuclear en 1966 y en el marco del proyecto 'Indalo' firmado en esa década entre España y EEUU "se ha estado experimentando las consecuencias de la radiactividad en seres vivos hasta 2007".

Ha añadido que, en ese año "se inició", y concluyó en "2011" el vallado perimetral de 40 hectáreas de suelo tras el mapa de caracterización radiactiva que realizó el Ciemat y que dio lugar a la elaboración de un plan preliminar para la rehabilitación del suelo. "Pero todo sigue exactamente igual", ha concluido.

Ecologistas en Acción va a solicitar por segunda vez a la Audiencia Nacional (AN) que obligue al Gobierno a fijar plazo para ejecutar la limpieza y a que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo, almacene temporalmente los aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos previstos por el Ciemat y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

Interesa, asimismo, que el tribunal considere como límite máximo permisible para que la tierra sea susceptible de descontaminación la dosis de 1 bq/g de americio 241.

Asimismo, y a raíz del primer pronunciamiento de la Audiencia Nacional, que sentenció en 2019 que el CSN "no tenía competencias" para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, pide que si ve que el Ministerio que dirige Teresa Rivera "no es competente", remita "la solicitud al órgano competente de la administración para ello".

Los últimos resultados hechos públicos en el marco del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares, de 2021, indican que los casi 400 análisis realizados por Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112.

No obstante, en todos estos casos, los valores detectados "son inferiores a los niveles de referencia" que están fijados en el citado plan.

Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados en el último muestreo dado a conocer son "similares" a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que "la evolución temporal del nivel de contaminación" en la última década, durante el periodo 2010-2021, "se ha mantenido estable".

El PVRAP, aprobado, supervisado e inspeccionado por el Consejo de Seguridad Nuclear, analiza las concentraciones másicas, volumétricas o superficiales de actividad de americio-241 y plutonio-239+240 en diversos tipos de muestras con frecuencia mensual, anual y bianual.

En el ejercicio 2022 se tomaron 258 muestras, entre ellas de carne de conejo, que fueron sometidas a análisis, 128 de ellas con carácter mensual. La mayoría, un total de 156, son muestras de aire.

Por otro lado, hace dos años, el Gobierno decidió expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas tras un informe del Ciemat que indicaba que "no era aconsejable" una "nueva prórroga" de la ocupación temporal que se decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas a la espera de que se concrete en Plan de Rehabilitación de la zona con la implicación de EEUU.

La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el Ministerio.

Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.

Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.

La Junta realiza un simulacro de accidente grave con sustancias peligrosas en Cuevas del Almanzora

CUEVAS DEL ALMANZORA.- La Junta de Andalucía, a través de sus servicios de emergencia, y la empresa Deretil SA, dedicada a la producción productos farmacéuticos, en colaboración con el ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, han realizado este lunes un simulacro que ha puesto a prueba los protocolos que se activarían en caso de producirse una emergencia grave en la que intervienen sustancias peligrosas.

Según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, el simulacro, en el que han participado unos 150 efectivos, ha recreado un fallo en el depósito de almacenamiento de ácido clorhídrico de las instalaciones que ha supuesto la inundación de un cubeto (recipiente estanco que se usa para evitar los derrames) y ha provocado la formación una nube tóxica.

A raíz de este incidente, la empresa ha activado su Plan de Emergencia Interior (PEI) y el Plan de Emergencias Exterior (PEE) para probar todos los protocolos de respuesta y actuación para contener, limpiar y eliminar cualquier resto del producto derramado.

Además, también se ha puesto en función el Plan de Emergencia Municipal (PEM) de Cuevas del Almanzora, localidad donde está erradicada la industria.

El objetivo de este ejercicio es comprobar la operatividad, coordinación e interfase entre los diferentes planes activados, el funcionamiento y efectividad de los sistemas de comunicaciones internas y aviso a la población, la respuesta de los grupos operativos y la coordinación de todos los intervinientes que trabajarían juntos en caso de estar ante un accidente real.

Su finalidad es la de evaluar la operatividad de esos planes y tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar su operatividad, si fuese necesario.

El ejercicio ha comenzado a las 9,30 horas con un accidente grave en un depósito de almacenamiento de ácido clorhídrico que ha supuesto la inundación del cubeto y la formación de una nube tóxica.

Tras el accidente, varios trabajadores (tanto de DERETIL como de otra empresa cercana) resultan afectados de distinta consideración y son evacuados a un centro hospi- talario.

Por otro lado y como medida de seguridad, se decreta el confinamiento de los trabajadores en las instalaciones de la compañía y también de los edificios e instala- E112Andalucia E112Andalucia 112Andalucia Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Secretaría General de Interior Nota de prensa ciones cercanas (entre ellas, dos centros educativos y un camping); esta medida se toma porque la evacuación aumentaría la exposición a la nube tóxica.

Además, la dirección de la emergencia decide el corte de la carretera AL-7107, a la altura de los límites de la planta para evitar que cualquier vehículo se acerque al foco de la emergencia.

Tras los trabajos de los operativos de emergencia para mitigar los efectos del accidente y el taponamiento de la fuga, los niveles de concentración de ácido clorhídrico han ido disminuyendo hasta llegar a niveles seguros para la población y la desactivación paulatina de todos los planes de emergencia activados.

La coordinación de todos los trabajos de emergencia se ha realizado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde se ha contado con un representantes de cada uno de los intervinientes.

Unos 150 efectivos han participado en el simulacro, entre los que se encuentran profesionales de Emergencias 112 Andalucía (112, GREA y Protección Civil), personal de la empresa Deretil SA y del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional y su Unidad Adscrita a la Comunidad; personal del Instituto de Medicina Legal, Policía Lo- cal, efectivos de los Bomberos del Levante Almeriense, Protección Civil del Ayunta- miento de Cueva del Almanzora y de la Diputación de Almería; Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED).

Una vez finalizado el ejercicio, se ha realizado una reunión de evaluación para poner en común las impresiones de los distintos participantes en la emergencia simulada.