El Gobierno apela a la "lealtad institucional" con la Junta para avanzar en la demolición del Algarrobico

 ALMERÍA.- El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha apelado este lunes a la "lealtad institucional" entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que actúa en esta materia a través de Costas, ante la reunión que la comisión mixta de seguimiento celebrará este martes para abordar de nuevo el futuro del Algarrobico, en Carboneras, con la licencia de obras aún vigente y el reparto de los costes de la demolición pendiente de actualización.

A preguntas de los periodistas tras visitar las obras de integración ferroviaria en la capital almeriense junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, el delegado ha situado la cita en el marco de la novena reunión de este órgano bilateral, que llega con la licencia de obras aún vigente 23 años después de su concesión.

El encuentro se celebrará después de que el Pleno de Carboneras acordara el pasado 17 de junio aplazar la revisión del expediente para declarar nula la licencia concedida en 2003 hasta reunir nuevos informes sobre las posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento, pese al dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).

Fernández ha recordado que la comisión mixta nació en 2011 para restituir la legalidad urbanística en el Algarrobico, un objetivo que, ha defendido, "solamente pasa" por la "demolición total y absoluta" del hotel y la "regeneración posterior" del paraje.

Sobre el coste de la demolición, el delegado ha confiado en que se actualice el acuerdo que, según ha señalado, "ya se acordó prácticamente en el año 2011" sobre el reparto económico de las cargas entre administraciones.

Asimismo, ha llamado a mantener "ese mismo compromiso" para que "de forma lo más inmediata posible" se pueda declarar la "nulidad de la licencia", que es la que, según ha remarcado, "conlleva irremediablemente" el derribo del inmueble.

El protocolo suscrito por ambas administraciones en noviembre de 2011 fijó como objetivo establecer un marco de colaboración para garantizar una actuación coordinada destinada a ejecutar el derribo y restaurar ambientalmente el paraje conforme a la normativa y los pronunciamientos judiciales.