SEVILLA.- La Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía va a conceder, con
fondos propios, subvenciones excepcionales a organizaciones no
gubernamentales (ONG) que integran la Mesa del Tercer Sector en
Andalucía mediante la concesión de 'tarjetas monedero' para garantizar
el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en situación de
vulnerabilidad en supermercados y tiendas de proximidad.
Así lo han anunciado este miércoles el consejero de la
Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno
andaluz, Elías Bendodo, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Gobierno que ha instado a dicho departamento del Ejecutivo a adoptar,
con carácter urgente y excepcional, las medidas oportunas para la
creación de un 'Programa extraordinario de ayuda en materia de
necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad
ocasionada por el Covid-19', con un presupuesto de 17 millones de euros.
Estas ayudas tienen como beneficiarias a las familias afectadas
por las consecuencias económicas provocadas por la crisis del
coronavirus; en concreto, personas incluidas en expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE), que hayan disminuido
"ostensiblemente" sus ingresos, que hayan sufrido el despido de su
puesto de trabajo durante la pandemia, andaluces retornados, familias
monoparentales con menores a cargo, unipersonales y, en general, "todas
aquellas personas que por su situación de especial vulnerabilidad
necesiten de esta ayuda".
La tarjeta será recargable y servirá para la compra de una lista
preestablecida de productos de alimentación, higiene personal y limpieza
que no podrá ser modificada por las personas beneficiarias. Su saldo
oscilará entre 150 y 250 euros mensuales en función de la tipología
familiar, destinándose las de mayor cuantía a las familias con tres o
más menores a su cargo, según ha detallado la titular andaluza de
Igualdad.
Para ello, la Consejería ha contado con la colaboración de la
Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, en
la que están asociadas las principales cadenas de supermercados la
comunidad autónoma.
El programa tendrá implantación en toda Andalucía para dotarlo de
la "máxima equidad territorial" y su vigencia será "temporal en función
de la evolución de las circunstancias de la pandemia, si bien "en un
principio, tendrá una duración de cuatro meses con posibilidad de
alargarse".
Respecto a los criterios de adjudicación de esta ayuda, no se
considera criterio excluyente el hecho de que los menores a cargo de las
familias sean ya receptores de una beca de alimentación del Plan
Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA) de la Consejería de Educación y
Deporte.
Tras el estudio de las actuales circunstancias por parte del grupo
de trabajo de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer
Sector, en el seno de la Consejería de Igualdad y comunicado a la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se ha considerado
necesaria la implantación de este programa extraordinario que
complementará las "numerosas medidas" ya adoptadas por el Gobierno
andaluz con el objetivo de "proteger a la ciudadanía".
Así, Rocío Ruiz ha incidido en que esta medida se une a las ya
puestas en marcha por la propia Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en relación con la protección social de los
andaluces frente a las consecuencias económicas del Covid-19, como la
regulación de un procedimiento extraordinario de concesión de
solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en la modalidad de
urgencia o emergencia social, así como el adelanto de las cantidades
procedentes del Fondo Social Extraordinario para las entidades locales
con el objetivo de financiar las prestaciones básicas de servicios
sociales.
Según ha puesto de relieve la consejera, la crisis actual ha
multiplicado las necesidades sociales de la población como resultado del
incremento del paro, de familias que se han quedado sin derecho a
percibir prestaciones públicas, de la derivación en situación de
vulnerabilidad de personas que hasta ahora estaban integradas
socialmente y del incremento, en general, de las personas sin medios
económicos para garantizarse una correcta alimentación diaria, ni la
adquisición de productos de higiene y limpieza.
Desde la Junta subrayan que, con la declaración del estado de
alarma y sus sucesivas prórrogas, se ha producido un "aumento
exponencial" de las demandas que la ciudadanía presenta tanto en la red
de servicios sociales comunitarios gestionados por las entidades
locales, como ante las ONG que integran la Mesa del Tercer Sector de
Andalucía.
En ese sentido, desde el Consejo de Gobierno también se ha dado a
conocer que el presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas
Familiares financiado por la Consejería de Igualdad superará los 15
millones de euros --en concreto, alcanzará 15.291.608,42 euros-- para el
actual ejercicio 2020, lo que supone un incremento del 20 por ciento
sobre el presupuesto previsto para este año.
Para ello, la partida de crédito disponible de autofinanciado será
de 3.569.998 euros, lo que supone "la mayor inversión realizada en el
presupuesto de la Junta de Andalucía en este apartado en los últimos
años".
A ello se le suman 1.535.370 euros del Fondo Social
Extraordinario, quedando pendiente de conocer el acuerdo para el Fondo
de Pobreza del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, cuya
cuantía ascendió en 2019 a 10.186.240,42 euros.
El año pasado, el crédito total invertido para las Ayudas
Económicas Familiares alcanzó los 13,3 millones de euros, de los que
12,2 fueron aportados por la Junta a través de presupuesto propio y del
crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, facilitando el resto (1,1 millones) las entidades locales que
gestionan el programa.
Estas ayudas se integran en el sistema de financiación autonómico
de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales --que
integra a ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones
provinciales--, y tienen un carácter temporal y preventivo, con el
objetivo de mantener a los menores en su medio familiar.
Constituyen un recurso para situaciones coyunturales de necesidad y
deben ser complementarias a los medios destinados a satisfacer las
necesidades relativas al acceso a los recursos sociales, a la
convivencia personal y familiar y a las relacionadas con la integración
social.
Para la distribución del crédito destinado a estas ayudas entre
las 92 entidades locales beneficiarias, se toman como referencia los
indicadores de población general, población infantil y la media anual
del número de demandantes de empleo no ocupados del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) por municipios.
El número de familias y menores beneficiarios del programa de
Ayudas Económicas Familiares ha ido aumentando, por las necesidades de
atención e intervención demandadas, desde los 24.924 contabilizados en
el año 2013 hasta los 29.146 de 2018. Concretamente, hace dos años
--último periodo del que se disponen estos datos-- se concedieron un
total de 20.883 prestaciones entre Ayudas Económicas Periódicas (11.160)
y Ayudas Económicas Únicas (9.723).
En cuanto al objeto de las ayudas, el mayor porcentaje se dedica a
la atención de las necesidades básicas (55,88 por ciento); los
suministros básicos de electricidad, gas y agua, mobiliario y enseres
básicos (19,25%); otras necesidades (17,83%); y al alquiler de vivienda
(7%), según ha detallado la Junta.
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