MADRID.- Siguen las movilizaciones y continúan también las negociaciones sobre la forma en la que se aplicaría la próxima Política Agraria Común (PAC) en España. Y poco a poco se van identificando dónde estarán los puntos más complicados para alcanzar un acuerdo entre representantes del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas. Entre ellos destacan cuatro, según se publica en La Razón.
El primero es la eliminación de los derechos históricos
y la creación de una tasa plana con una ayuda única. Andalucía rechaza
esta tesis, mientras que Castilla La Mancha y Aragón la apoyan, con
Castilla y León en una posición intermedia.
Otro tanto sucede con la reducción del número de regiones a efectos del cálculo de las ayudas,
que actualmente asciende a una cincuentena. Estas dos medidas van a ser
muy difíciles de consensuar porque darían lugar a una redistribución
del dinero que se recibe en cada una de las comunidades autónomas y la
premisa con la que acuden, ahora a las reuniones, los representantes de
las mismas es no perder fondos en relación con las cifras actuales.
Otro asunto de alto voltaje será la definición de agricultor activo,
que es el que tendrá derecho a recibir las ayudas directas de la PAC.
Aquí también hay diferencias en las posiciones de las comunidades
autónomas por los diferentes tipos de agricultura y ganadería que hay en
cada una de ellas.
Finalmente se encuentran los posibles
límites que se establezcan para los importes de las ayudas, tanto por
arriba como por abajo.
Actualmente, este último es de 300 euros, que podría elevarse. El tope
superior dependería del que se fije a nivel comunitario y se modularía
en función del empleo.
Con los «ahorros» que se consigan mediante esos
límites se haría frente al más que previsible recorte general de los
fondos de la Política Agraría Común que llegará desde Bruselas. La
verdad es que todo está muy verde todavía, pero los tiros van por ahí.
De momento, la atención sigue en las protestas.
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