MADRID.- El Ministerio de Trabajo ha aplazado a
la próxima Legislatura el desarrollo de la norma para que las personas
que perdieron su empleo durante la crisis puedan recuperar hasta dos
años de vida laboral, para lo que quiere consultar con la patronal y
unos sindicatos que se muestran críticos con la medida.
Esta posibilidad de que personas de entre 35 y 43 años que estuvieron
desempleadas al menos tres años entre 2008 y 2018 recuperen un máximo de
dos años de esas lagunas de cotización estaba recogida en un real
decreto aprobado a finales del año pasado y que requería de un proyecto
normativo.
Mediante la suscripción de un convenio especial con la
Seguridad Social, estas personas podrían pagarse sus cotizaciones
sociales y anotarse hasta dos años más de vida laboral.
El Ministerio de Trabajo ha sometido a consulta pública un documento
como paso previo al desarrollo normativo, en el que detalla que busca
reducir el impacto negativo de la crisis en las pensiones de los
trabajadores que se vieron expulsados del mercado laboral.
En concreto, explica que podrían ver reducidos sus periodos cotizados
al sistema y, por lo tanto, también el importe de las pensiones que
puedan percibir.
El secretario de Estado de Seguridad
Social, Octavio Granado, aseguraba esta semana que "en la medida de lo
posible abordaremos esta cuestión, mediando el resultado de las
elecciones, en la próxima Legislatura".
"Nadie nos ha
planteado hasta ahora que podamos hacerlo como Gobierno en funciones",
explicaba Granado, al tiempo que señalaba que desconocía si podría
realizarse "simplemente como orden ministerial o como decreto".
No obstante, Granado señala que su desarrollo deberá pasar por la mesa
de diálogo social y, asegura, de momento, "no es unánime la
consideración de los interlocutores sociales.
CCOO y UGT se muestran críticos con la medida por
la ausencia de consulta previa y porque limita por edad al colectivo
beneficiario, mientras que la patronal se coloca de perfil.
Fuentes de la CEOE han explicado que la patronal no tiene "nada
que oponer" sobre la posibilidad de "eliminar las consecuencias de las
lagunas de cotización", si bien no tienen la información suficiente y
esperan poder conocer próximamente más detalles de la norma.
Desde CCOO, el secretario Políticas Públicas y Protección Social,
Carlos Bravo, asegura que esta medida tendrá un "impacto limitado",
porque sólo lo suscribirán personas que tengan capacidad económica para
ello y la seguridad de que van a necesitar esos años para acceder a una
pensión de jubilación.
Bravo critica que esta medida
sólo afectará a gente que al inicio de la crisis tenía entre 23 y 34
años, excluyendo a muchas personas de más edad que también han pasado
por esa situación, una idea en la que coincide con UGT.
El sindicato que lidera Pepe Álvarez señala que esta medida es
"paliativa", cuando podría haberse adoptado otras "preventivas",
evitando el despido de más de 5 millones de trabajadores indefinidos
durante la crisis.
A juicio de UGT es una medida que
"beneficiará a muy pocas personas", aquellas que tengan los recursos
suficientes para acogerse, ya que muchos de estos desempleados, si han
logrado volver al mercado de trabajo, lo han hecho "con grandes
dificultades y bajos salarios".
Pese a que aún no
cuentan con datos suficientes, Bravo explica que las cotizaciones a
pagar mediante convenios especiales suelen calcularse en función de la
base cotizada en los meses anteriores, a la que se le suele aplicar un
coeficiente reductor.
UGT, que cifra en unos 6.500
euros el coste de la recuperación de dos años de vida laboral, confía en
que de llevar un coeficiente reductor éste sea asumido por los
Presupuestos Generales del Estado y no por la Seguridad Social.
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