MADRID.- Las incidencias de morosidad han
aumentado entre enero y mayo de 2019 un 6,42 % respecto a los datos
registrados durante el mismo periodo del año anterior, según un estudio
realizado por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), que relaciona esta
subida con la aprobación del Decreto Ley en materia de vivienda.
Además, el estudio revela que tres de cada cuatro propietarios teme
enfrentarse a un caso de morosidad, un 25 % más que en el segundo
semestre de 2018.
Durante el último año y medio el porcentaje de
arrendadores que mostraba esta preocupación como primera opción
disminuyó, pero tras la aprobación del Decreto Ley "han crecido las
dudas y la inseguridad", por lo que la "intranquilidad" ha vuelto a
superar el 70 %, un porcentaje que no se alcanzaba desde el primer
semestre de 2017, afirma FIM.
Los cambios
legislativos aprobados por el ejecutivo desde finales del año pasado han
favorecido la sensación de inseguridad entre los propietarios de
inmuebles, afirma el informe, que asegura que los principales aspectos
que han desatado la preocupación son la limitación de las garantías
adicionales y las medidas protectoras a los inquilinos.
"Antes de que entrase en vigor el Real Decreto-Ley, la ley amparaba a
los arrendadores para poder hacer frente a los posibles impagos",
señalan desde el departamento de Estudios y Calidad de Fichero de
Inquilinos Morosos.
"Las medidas proteccionistas para
inquilinos y la falta de posibilidades para que los propietarios puedan
paliar los casos de morosidad en el alquiler está dando alas a los
morosos profesionales. Además del grave perjuicio económico que
ocasionan a los propietarios, también causan numerosos destrozos antes
de abandonar el inmueble", sintetiza el director de Estudios y Calidad
de Fichero de Inquilinos Morosos, Sergio Cardona.
El
estudio revela también que ante tal situación, el 59 % de los
propietarios intentan averiguar si los inquilinos que se han interesado
por su inmueble tienen antecedentes de morosidad.
A
este dato, le siguen los informes de riesgo, que son solicitados por el
27 % de los arrendadores y la información relacionada con datos
laborales (11 %) y personales (3 %).
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