BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) decidió este
jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) por imponer sanciones "desproporcionadas" a los contribuyentes
que no notifican que tienen activos en otros países de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo.
España exige que los
contribuyentes residentes en su territorio notifiquen a Hacienda los
activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas
bancarias y activos financieros, so pena de enfrentarse a sanciones si
no presentan la información a tiempo y en su totalidad.
Sin embargo, estas sanciones son superiores a las
impuestas por infracciones similares en una situación puramente
nacional, y pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en
el extranjero, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Por
tanto, la Comisión considera que, si bien España tiene derecho a
imponer sanciones, estas "son desproporcionadas y discriminatorias" y
"pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o
circular a través de las fronteras en el mercado único".
Para
Bruselas, estas disposiciones "entran en conflicto con las libertades
fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la
libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la
libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales".
La Comisión había abierto en 2015 un procedimiento de infracción contra España por este motivo.
En
febrero de 2017 avanzó un paso más y le pidió que tomase medidas para
modificar sus normas sobre los activos en países de la UE o en el
Espacio Económico Europeo (los 28 Estados de la UE más Islandia,
Liechtenstein y Noruega), el denominado "Modelo 720".
Pese
a que a priori España tenía dos meses para hacerlo, más de dos años
después el país aún no ha cumplido, por lo que Bruselas ha decidido
remitir el caso a la máxima instancia judicial comunitaria.
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