ALMERÍA.- La sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha
admitido a trámite el recurso impulsado por Ecologistas en Acción para
atajar la limpieza de la tierra contaminada con americio y plutonio en
Palomares a fin de decidir si ordena y da plazo al Ministerio
de Transición Ecológica (Miteco) para la ejecución del plan de
rehabilitación en la zona.
En un decreto emitido acuerda tramitar el recurso a través del
procedimiento ordinario ante la desestimación presunta por silencio
administrativo al respecto de la solicitud que la organización
ecologista presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica el 1
de noviembre de 2023 relativo a la limpieza de la tierra contaminada.
De igual modo, dispone que se dé traslado de expediente
administrativo a Ecologistas en Acción al tiempo que les ofrece 20 días
de plazo para presentar su escrito de demanda al respecto, fije cuantía y
solicite los medios de prueba que considere precisos conforme a sus
pretensiones.
La Audiencia Nacional ya aceptó la competencia
para conocer de este recurso en julio de este año después de que el
Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 8 decidiera
elevar las actuaciones el pasado mes de abril atendiendo el criterio de
la Fiscalía frente a la postura de la Abogacía del Estado, que otorgaba
la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El tribunal del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo ya
se mostró de acuerdo con el criterio del Ministerio Público, para el que
es la Secretaría de Estado de Energía del ministerio la encargada de
"desarrollar" la remediación del suelo radiactivo de Palomares con el
almacenamiento temporal de 6.000 metros cúbicos de residuos.
En este sentido, el magistrado Celestino Salgado señaló un artículo de
la ley sobre energía nuclear incluido en el Real Decreto por el que se
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que
establece que el Miteco, a través de la Secretaría de Estado de Energía y
previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, podrá declarar un
suelo o terreno como contaminado radiológicamente.
"Siendo
objeto de recurso la desestimación por silencio administrativo de una
solicitud sobre materia cuya resolución compete a un Secretario de
Estado, la competencia corresponde a la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional", determinaba el
magistrado-juez.
El órgano solicitó al Ministerio la remisión
del expediente administrativo sobre la limpieza de los suelos
contaminados en varias ocasiones para decidir sobre esta cuestión de
competencia, llegando incluso a apercibir con una sanción a la autoridad
o al funcionario responsable en caso de no hacerlo.
El
colectivo conservacionista tomó la iniciativa el pasado febrero, cuando
se cumplían 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron
accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos
aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU y ante la evidencia "de que todo
sigue igual"
La decisión de elevar a los tribunales la
situación de "inacción" que se prolonga en el tiempo está motivada por
el "silencio" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que "fije
plazo" para "llevar a efecto" el Plan de Rehabilitación de la zona que
el Gobierno ha sostenido, desde siempre, debe ejecutar la administración
estadounidense.
Es la segunda vez que se recurre a la
Audiencia Nacional (AN) para que obligue a fijar plazo para ejecutar la
limpieza y ordene que, a la espera de encontrar un almacenamiento
definitivo del material radiactivo, se depositen temporalmente los
aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el
tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos por el
Ciemat y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La primera
vez, la justicia sentenció en 2019 que el CSN "no tenía competencias"
para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, aunque no
señaló qué órgano debía hacerlo.
De manera paralela, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
también anunció que va a estudiar la demanda que Ecologistas en Acción
elevó contra España por la "falta de solución" a la "emergencia
radiológica" que se vive en Palomares desde 1968 y la "inacción" de los
"sucesivos gobiernos" para terminar con una "situación tan prolongada"
en el tiempo que ha puesto "en riesgo la vida de las personas".
La Secretaría del Tribunal de Estrasburgo abrió a principios de junio
expediente para estudiar la demanda, que será sometida a examen "tan
pronto como sea posible" en base a los documentos e informaciones
facilitadas por el colectivo conservacionista el pasado mes de febrero.
El colectivo señala que los habitantes de Palomares han sido
"sometidos" a "experimentos científicos sin su consentimiento" y afirma
que se "ha permitido que ingirieran e inhalasen partículas radiactivas"
con el "objeto de investigar" las consecuencias del "plutonio en la
salud" hasta el "año 2009", en el marco del proyecto 'Índalo' acordado
entre España y EEUU, lo que califica como "trato degradante".
"La contaminación radiactiva en Palomares es un caso único en la
historia de España aún está pendiente de resolver y ningún gobierno
español adoptó medida paliativa alguna, siendo la única el vallado de
gran parte de la zona afectada que culminó en 2011 aunque a fecha de hoy
siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde
transitan personas y ganado libremente", indica.
La demanda
solicita al TEDH que entre en el "fondo del problema" que se da en
Palomares, reconociendo este extremo, y le pide también que revoque la
sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Tribunal Supremo
(TS) de noviembre de 2022, que consideró que el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) no era el competente para ejecutar la limpieza de la
radiactividad en la zona sin determinar qué organismo era el
responsable.
