EL EJIDO.- El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha
aprobado una moción del equipo de Gobierno para exigir al Gobierno de
España que cumpla con la Ley de Extranjería y que apueste por un modelo
de inmigración legal, ordenada y ajustada a la empleabilidad y capacidad
de acogida del territorio.
Tal y como se expone en la moción, El Ejido es uno de los municipios
con una de las más altas tasas de presión migratoria de toda España.
Tiene una población de más de 90.000 habitantes, de los que 29.100 son
extranjeros, un 32.5% de la población, y una estimación de una bolsa de
más de 4.000 inmigrantes en situación irregular permanente.
Es decir,
que una de cada tres personas que viven en El Ejido es extranjera, y hay
núcleos con más del 60% de población inmigrante.
El Ejido con 27 kilómetros de costa es puerta de entrada de la
inmigración ilegal con mafias que trafican con seres humanos y actúan de
un tiempo a esta parte casi con total impunidad con las llamadas
‘narcolanchas exprés’.
A lo que hay que sumar la falta de efectivos y
medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para
hacer frente a la inmigración ilegal, especialmente Guardia Civil.
El alcalde, Francisco Góngora, ha señalado que “la sociedad ejidense
es emprendedora, trabajadora y solidaria. Es una sociedad que apuesta
por la convivencia, por la legalidad, por el orden público y también por
la cohesión social. Una sociedad que es muy consciente de que uno de
los grandes retos que tiene por delante es, precisamente, la integración
y la prosperidad de la población inmigrante que viene de países del
Tercer Mundo”.
En este sentido, ha detallado el trabajo que el Ayuntamiento vienen
desarrollando en distintos ejes orientados a favorecer la integración y
la convivencia; programas muy transversales y consejos municipales,
contando con la colaboración público-privada, entre Ayuntamiento,
asociaciones, colectivos y empresas desde una visión muy trasversal.
Para Góngora, “es indiscutible que gracias el modelo de producción
hortofrutícola y la agroindustria del municipio decenas de miles de
familias han encontrado un puesto de trabajo y una oportunidad para
prosperar. Trabajamos con personas y familias que llevan muchos años en
El Ejido, que han progresado y siguen prosperando social, cultural y
económicamente”.
Sin embargo, “el Gobierno Central demuestra un interés ajeno a una
ordenación de las políticas migratorias conforme a la legalidad vigente
en nuestro país, con una falta de medios y de toma de decisiones
preocupante que, además, generan un claro efecto llamada, habiendo
frenado drásticamente los expedientes de expulsión que mandata nuestro
ordenamiento jurídico, todo ello con claros prejuicios ideológicos”.
En ese sentido, “la decisión del Gobierno de trasladar continuamente a
nuestra provincia así como alojar en hoteles, en un municipio y una
provincia con una altísima presión migratoria, a inmigrantes procedentes
de Canarias, colaborando activamente en dirigir esos flujos de
inmigración ilegal hacia nuestra provincia, va en sentido totalmente
contrario a todo ese trabajo trasversal y al esfuerzo que la sociedad
almeriense y ejidense en su conjunto está realizando desde hace años, a
pesar de las enormes dificultades en lo referente a la dimensión de
determinados servicios públicos que se ven desbordados, y la falta de
solidaridad presupuestaria para con estos territorios”.
Como recoge la moción, el Gobierno de España debe de hacer cumplir la
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre los Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su Integración Social. La Ley de Extranjería
establece que corresponde al Gobierno la definición, la planificación,
regulación y desarrollo de la política de inmigración.
“La inmigración
debe permitir a una persona acceder legalmente a nuestro país para
desarrollar una tarea profesional o empresarial y poder garantizarse una
vida digna con acceso a los recursos básicos. La gestión efectiva de
los flujos migratorios debe, por tanto, atender a la empleabilidad y la
capacidad de acogida de un territorio”.
Sin embargo, la política de inmigración del Gobierno de España es
errática, no atiende ni a la legalidad ni al interés general de nuestro
país, provoca un efecto llamada en lugar de apostar por una migración
ordenada”, ha indicado Góngora.
El artículo 2 bis apartado 3 de la
propia Ley orgánica 4/2000 establece que “el Estado garantizará el
principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a
las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los
flujos migratorios tengan una especial incidencia”.
Por todo ello, la moción aprobada solicita al Gobierno de España:
- Que cumpla la Ley de Extranjería y se comprometa a frenar
la inmigración ilegal y a tramitar los expedientes de expulsión de
quienes han llegado a nuestras costas de manera irregular.
- Que cumpla con el principio constitucional de solidaridad
con El Ejido y la provincia de Almería, por ser una zona que cuenta con
una mayor presión migratoria y que precisa de un mayor nivel de
inversión para afrontar planes trasversales, infraestructuras,
seguridad, comunicaciones, sanidad, educación y servicios.
- Que apueste por un modelo de inmigración legal, ordenada,
sin marginalidades, atendiendo a la empleabilidad y capacidad de acogida
de nuestro territorio.
- Que deje de convertir los hoteles en centros de internamiento de puertas abiertas.
- Asimismo, trasladar esta moción a la Consejería de
inclusión social, juventud, familias e igualdad de la Junta de Andalucía
el presente acuerdo para que sea tenido en cuenta a los efectos
oportunos desde el gobierno andaluz, especialmente desde el punto de
vista asistencial, urbanístico, educativo y sanitario, reclamando del
gobierno de España mayor financiación para estos territorios atendiendo
al artículo 2 bis apto 3 de la ley 4/2000, y aplique igualmente ese
principio de solidaridad en sus propios presupuestos.