MADRID.- Los agricultores y ganaderos españoles no se resignan a su situación actual,
marcada por los bajos precios, la subida de insumos, la competencia
"desleal" de terceros países y las medidas medioambientales impuestas
por Bruselas -"imposibles de cumplir", en su opinión- con el beneplácito
del Gobierno de España.
El sector se moviliza este martes en Córdoba en
"unidad de acción", es decir, por encima de sensibilidades o tendencias
ideológicas. Las tres grandes organizaciones agrarias -Asaja, UPA y COAG- y Cooperativas Agroalimentarias
van de la mano y protestarán aprovechando la reunión de ministros de
Agricultura de la UE con motivo de la Presidencia de turno española.
Entre los presentes, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.
"Protestaremos por los
continuos ataques que recibe el sector", denuncian fuentes del sector
consultadas. El hartazgo no es nuevo y pretende recoger el testigo de la
histórica manifestación que colapsó Madrid en marzo de 2022 debido a
que "el diagnóstico desde entonces no es que siga siendo el mismo, es
que es mucho peor" y las soluciones aportadas, "ninguna", lamentan.
Los
problemas a los que se enfrentan las producciones agrarias españolas
son múltiples. "Están tratando de cambiar las reglas de toda la vida, no
sólo ya sin contar con los profesionales del campo, que son los que
saben de esto, sino que ni tan siquiera nos dan tiempo para ello y, lo
que es más grave, no nos ofrecen recursos para afrontarlo", esgrime Pedro Barato, presidente de Asaja.
Las quejas miran a Bruselas, pero también al Gobierno de España, que ha
apoyado, cuando no jaleado, los cambios introducidos y ya aprobados
para el nuevo periodo de la PAC (las ayudas europeas), en vigor desde este mismo año.
Las
exigencias medioambientales establecidas como requisitos indispensables
para recibir los fondos -a través de estrategias como De la granja a la mesa o la Ley de Restauración de la Naturaleza-
están en el punto de mira.
"Es un cambio de modelo, de una forma de
trabajar que hemos demostrado durante años que ha sido eficaz, que nos
ha puesto en la vanguardia mundial, pero resulta que ahora nos dicen ya
no vale lo que hacíamos de generación en generación, cambian las reglas
del juego de un día para otro y nos la imponen desde grandes despachos
burocráticos", apunta este dirigente agrario.
"No estamos en contra de
las medidas para potenciar la sostenibilidad porque somos los primeros
interesados", añade Barato. "Además, nos hemos dedicado a cuidar desde
siempre el campo, pero de una forma coherente y con unos plazos
razonables y siempre que se asegure primero la rentabilidad".
En caso
contrario, barrunta, las explotaciones agrarias van a sufrir "un
problema muy serio a corto plazo y se va a poner en riesgo el sistema
alimentario porque van a provocar la caída de miles de productores".
En
España, el sector se muestra convencido de que les ha perjudicado mucho
en la anterior legislatura el peso que tenían ministerios como el de
Transición Ecológica o el de Consumo, por encima del de Agricultura, que
quedó en segundo plano y con un responsable, Luis Planas,
con menos fuerza política y con poca influencia para frenar leyes que,
consideran los agricultores, se diseñaban en contra de la España rural y
agraria y desde el más absoluto de los "desconocimientos".
"Esa
adaptación verde requiere de mucho dinero. No es que no la
queramos hacer, pero con tiempo, en un plazo más amplio, y con unas
inversiones que no supongan que se lleven por delante a muchos de los
agricultores y ganaderos por decisiones de burócratas sentados en sus
despachos que no tienen ni idea del campo", sentencia Barato.
Todos
piden "una hoja de ruta realista" y medidas de apoyo mucho más
ambiciosas para que los agricultores profesionales puedan acometer la
transición "de manera justa, equilibrada y rentable".
Los
cambios impuestos llegan además en un ciclo productivo marcado por el
encarecimiento de los costes de producción (un 35% se ha elevado el
precio de los insumos sólo desde el año pasado), por la sequía
continuada (que lleva, por ejemplo, a que dos campañas seguidas como la
del aceite sólo
produzcan la mitad de lo habitual y se disparen los precios) o la
creciente "competencia desleal" de terceros países, que no tienen "las
mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están
obligados los países europeos o, simplemente, nos utilizan como moneda
de cambio por conflictos comerciales de otros sectores que no tienen
nada que ver con nosotros", se queja Miguel Padilla, secretario general
de COAG.
Sandías, melones o tomates
procedentes de Marruecos o arroz y miel de países asiáticos son algunos
de los ejemplos más significativos: "Consideramos fundamental
intensificar los controles en frontera para garantizar la entrada de
alimentos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de
calidad", esgrime.
"Es
un tema general, afecta a todos los sectores, no es que uno esté mejor
que otros. Y se une la entrada en vigor de la aplicación de la PAC,
impuesta desde Europa por encima de los gobiernos, que está produciendo
además muchas incidencias que nuestros técnicos intentan resolver, pero
está siendo muy complicado", reconoce Ángel Villafranca,
presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España.
"Es una
situación muy dura y además esas medidas que nos obligan están siendo
muy difíciles de aplicar porque no se trata ya de dinero o de
presupuestos, que hay el que hay, sino de un problema común para el sur
de Europa y especialmente para España", apunta.
En
parecida línea se
expresa Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Andalucía:
"Reclamamos un trato igualitario, que haya reciprocidad, lo que se
llamamos cláusulas espejo,
es decir, que los productos que lleguen a Europa tengan las mismas
exigencias y los mismos controles de sostenibilidad que los nuestros".
Este
análisis también conlleva un aviso de posible desabastecimiento del
sistema alimentario.
"Como se comprobó en la pandemia, se trata de un
asunto de máxima prioridad", por lo que instan a "proteger de manera
indispensable el tejido productivo de las explotaciones para que puedan
cumplir los agricultores y ganaderos con su función básica de
proporcionar alimentos sanos y seguros a la sociedad a precios
razonables", dentro de un modelo "profesionalizado". Padilla pide
reforzar "nuestra soberanía alimentaria que proteja al sector ante las
presiones de lobbies que tienen otro tipo de intereses", denuncia.
