Casi 90 días para cobrar de una empresa privada en España

MADRID.- El periodo medio de pago entre empresas privadas (B2B) se establece en 89 días, doce días más de los 77 que registraban en 2016, y 29 días más de los 60 que establece la Ley de Morosidad. Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y las micropymes las que antes pagan a sus proveedores. Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las grandes empresas las que más tardan en pagar las facturas pendientes (122 días de media).

Estos datos han sido elaborados con las respuestas de las encuestas realizadas a los socios y autónomos durante el último mes. Los autónomos en noviembre de 2019 han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 61 días de plazo, es decir, un día más tarde de lo que se establece como fecha máxima en la Ley de Morosidad.
Por primera vez incumplen los plazos máximos establecidos por la Ley de Morosidad, aunque son los que antes pagan ya que son los más conscientes de lo que supone un retraso en los cobros de factura con otro autónomos.
Las micropymes pagan sus facturas en 70 días. Las pymes o pequeñas empresas pagan de media en 76 días y a partir ahí es cuando se dispara la espera de las empresas para cobrar de otras empresas. Las medianas empresas tardan de media unos 116 días en pagar y las grandes 130 días, más de cuatro meses, cuando la Ley establece como máximo dos.
Si además comparamos la evolución con el mismo estudio de hace tres años podemos resaltar que la espera se ha incrementado de media en el pago entre empresas en casi dos semanas (12 días) y que sólo las grandes empresas han podido reducir en una semana la espera.
Son 8 días menos de media de espera ya que en 2016 pagaban a 130 días de media, pero eso no alivia la gran carga que supone que tarden actualmente cuatro meses en pagar las facturas a trabajos realizados para ellas por otras empresas, por regla general mucho más pequeñas y con menos poder de aguante ante los impagos.
En los últimos tres años, la que más ha incrementado el tiempo de espera de otras empresas y autónomos para cobrar sus facturas es la mediana empresa que ha sumado 22 díaS.
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA ha podido constatar también el periodo medio de pago entre empresas y por comunidad autónoma en virtud al estudio realizado a través de encuestas por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA. Esta vez, sin distinguir entre el tamaño de las empresas.
Así, son las empresas de Extremadura las que más tardan, de media, en pagar a otras empresas y suman un retraso medio de 98 días, es decir, tres meses y una semana. Le sigue liderando esta lista de las que más tarde pagan a sus proveedores las empresas afincadas en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha con 97 días de media de espera y Murcia con 96.
Sin embargo las empresas afincadas en Canarias y Asturias son las que más han incrementado los periodos medios de pago en los últimos tres años, pasando de 68 a 89 días en el caso de C-LM y de 67 a 88 en el de Canarias en tres años. Ambas han sumado 21 días al periodo medio de pago, 21 días más tarde que en 2016 y pasando de estar muy cerca de cumplir la ley a pagar en tres meses las facturas a sus proveedores.
Las empresas de Navarra son las que antes pagan de media, aunque tardan 78 días, lo que incumple la Ley de Morosidad y las de Islas Baleares, que lo hacen en 79. Esta última comunidad autónoma paga sus facturas sólo dos días después que en 2016. La única comunidad autónoma cuyas empresas no han incrementado sus periodos medios de pago es Cataluña.
"Tanto en la administración pública, como hemos visto en anteriores informes, como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos de pago con los autónomos y empresas más pequeñas. Y si los autónomos y pequeños empresarios han incrementado unos días sus periodos medios de pago es por lo mal que ellos cobran de las administraciones y de las grandes empresas. La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación. No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley de manera sistemática y asidua", afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.
"Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago de su trabajo en tiempo y forma", añade.

El cambio climático provocará más migraciones y desplazamientos en el mundo

MADRID.- Las causas climáticas ya superan a guerras y factores económicos como motivo de salida. No dan derecho a acceder al estatuto del refugiado, aunque las causas climáticas superan a los conflictos y factores económicos como motivo de los desplazamientos internos. Y si seguimos sin hacer nada, dentro de 30 años habrá 200 millones de migrantes climáticos, uno de cada 45 habitantes del mundo.

La degradación medioambiental avanza a tal ritmo que, desde los años 70, el riesgo de convertirse en un desplazado climático se ha duplicado. "Nos estamos arriesgando a que no haya un solo rincón en el planeta a salvo del cambio climático", augura María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en España.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), definen como "migrantes climáticos" a aquellos que, "por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanentemente, y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero".
Aunque lo normal es que estos movimientos sean internos, hay casos transfronterizos en los que es el país receptor el que tiene que asistir a los migrantes. Y es ahí donde "surge el problema", ya que los refugiados tienen la protección de la Convención de Ginebra, pero los desplazados climáticos no cuentan con un paraguas normativo internacional, quizá alguna convención regional en las que sus situaciones "puedan encajar", aclara Vega.
"La línea de separación entre desplazado climático y refugiado es muy fina", añade. Porque el cambio climático es un "multiplicador de amenazas" que muchas veces lo que hace "es provocar o exacerbar conflictos ya existentes" por la carencia de recursos.
De hecho, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) rechazan de plano el concepto de "migrante climático" porque "alude a un cierto grado de decisión, a un mínimo de voluntariedad y de capacidad de las personas para decidir, ocultando el carácter forzado de estos movimientos", explica Raquel Celis, coordinadora de Incidencia y Participación Social de CEAR-Euskadi.
Además, el cambio climático "se queda muy corto para describir el nivel de degeneración medioambiental que sufre el planeta" y, aunque es cierto que está desplazando a población, hay otras degradaciones no incluidas en este concepto que también fuerzan migraciones: las provocadas por la industria del carbono y otras extractivas.
Un estudio de la organización británica Carbon Disclosure Project desvela que desde 1988 -cuando se creó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)-, más de la mitad de las emisiones industriales mundiales se pueden rastrear en solo 25 empresas y entidades estatales.
"El cambio climático es la consecuencia última de un modelo que viene expoliando los bienes que son necesarios hoy y para las futuras generaciones y de un sistema en el que las industrias que están esquilmando los recursos juegan un papel muy importante", censura.
La consecuencia es que 2018 batió el récord de nuevos desplazamientos internos: 30 millones. De ellos, 10,8 millones fueron por conflicto y los 17,2 millones restantes por desastres, en su inmensa mayoría (16,1 millones), relacionados con el clima, especialmente tormentas (9,3 millones); ciclones, huracanes y tifones (7,9 millones) e inundaciones (5,4 millones).
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) indica en su último Informe Mundial 2019 que Europa y Asia Central es la zona con menos movimientos de este tipo del mundo, el 0,2% del total. En 2018 fueron 52.000, de los que 41.000 estuvieron asociados a desastres; entre estos últimos, 3.300 se produjeron en España. Solo los incendios forestales de Valencia causaron 2.600 en agosto.
Intermon Oxfam sitúa a nuestro país, por detrás de la República Checa y de Grecia, como el tercer país europeo con mayor riesgo de sufrir desplazamientos climáticos.
Sin embargo, en Acnur consideran que "no hay ninguna constancia de que en España haya desplazados climáticos" porque, aunque sí se pueden notar sus efectos, las condiciones climatológicas duras y el cambio climático son algo que se ceba con las zonas más desfavorecidas como el cuerno de África, el Sahel, Asia y algunos países de Latinoamérica.
Nadie está a salvo del cambio climático, pero sus estragos son más crueles aún con los 70,8 millones de personas que han tenido que huir de la guerra o de la persecución, 30 millones de ellos refugiados, según Acnur.
"Muchas veces los espacios que proporcionan los gobiernos para levantar un campo de refugiados son zonas estériles, sin acceso al agua, aislados y expuestos a inundaciones, sequías y otros desastres", relata Vega.
Es lo que ha ocurrido con 200.000 de los 900.000 rohinyás que, tras lograr escapar de la violencia de Myanmar, tuvieron que salir de sus asentamientos de Bangladesh, anegados por las inundaciones. Es "el desplazamiento dentro del desplazamiento".
Mujeres y niñas sufren de manera diferenciada los impactos del cambio climático en general y de las migraciones climáticas en concreto. Así lo ha puesto de manifiesto recientemente Ecodes en "Perspectiva de género en las migraciones climáticas".
Y es que suelen ser las principales responsables de tareas que son cada vez más difíciles de realizar por el impacto climático, como es la recogida de agua, de lo que se encargan en ocho de cada diez hogares que carecen de ella. Algo que incide en asuntos como su educación o salud.
Por no hablar de que, tras un desastre, están más expuestas a todo tipo de violencias machistas, un peligro ya de por sí alto en cualquier contexto migratorio, en los que las probabilidades de ser violadas, obligadas a casarse o a prostituirse se disparan.

‘Annus horribilis’ para el PSOE-A / Pepe Fernández *

El juez instructor del llamado Caso UGT, Juan Jesús García Vélez, ha dado por finalizadas las diligencias sobre la causa “por cuanto el resultado de las ya practicadas resulta revelador de la naturaleza delictiva de los hechos investigados, y se considera que existe suficiente material indiciario respecto a la apreciación de los extremos enumerados en el artículo 777.1 LECR en relación con el artículo 779 LECR y a los fines previstos en dichos artículos”.

Las desgracias nunca vienen solas, deben pensar muchos socialistas que también o solo militan en el sindicato.

Procede pues el juez en su auto a desgranar todo aquello punible que figure en la causa y cuyo resumen final nos conduce a pensar en una muy posible malversación de dinero público en cantidad que supera los 40 millones de euros; unos 6.640 millones de las antiguas pesetas, dato que, dicho así, a los de mi generación nos joroba pelín más, por la de cosas que se hacían con esos miles de millones.

Un auto judicial no es una sentencia, desde luego, pero está firmado por un juez que acusa tras haber dirigido una investigación con todas sus garantías y que, desde luego, coloca más cerca del banquillo a quienes heredaron el poder de Cándido Méndez en la UGT de Andalucía. Y también permite opinar, con más conocimiento de causa, sobre lo sucedido con los millonarios fondos públicos recibidos por el sindicato para formación de trabajadores.

Así, en pocas semanas, la llamada familia socialista – donde se debe incluir a la mayoría de afiliados a UGT– han visto cómo caían, como un castillo de naipes, sus más destacados dirigentes, tanto políticos como sindicalistas. Y lo peor de todo, están siendo condenadas o investigadas sus formas de gobernar, unos la Junta de Andalucía y otros el dinero de los trabajadores a los que dicen representar y defender.

Pastrana apartado del proceso por su estado de salud
Manolo Pastrana, por su delicada salud, queda exonerado de imputaciones y apartado del proceso en estos términos por el juez:

“Acuerdo el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones conforme al artículo 641.1 LECR, en relación a los artículos 383, 746, 747, 749 y 786 de la misma ley, respecto de Manuel Pastrana Casado”.

Quienes mantienen relación con Pastrana y su familia comentan que esta decisión judicial tiene toda la lógica, dada la degenerativa salud en la que se halla Pastrana desde hace años.

No así Francisco Fernández Sevilla, su sucesor, sobre el que recae gran parte de la responsabilidad política, escénica y quién sabe si penal de lo sucedido.

Antes de Nochebuena se sabrá si las partes solicitan apertura de vista oral o el archivo de las actuaciones. Junto a los dirigentes sindicales también están investigados en esta causa empresas y empresarios, supuestos partícipes en el fraude millonario padecido por las arcas publicas vía UGT-Andalucía.

Los Acuerdos de Concertación, la madre de todo

Y si esto ha pasado con los fondos millonarios para formación, qué no habrá sucedido con las mil millonarias partidas que la Junta ha dedicado a la llamada “concertación social”, o lo que es lo mismo, desde el 93 repartir a patronal y sindicatos una morterada cada año de millones, todo con la intención de aminorar las listas del paro andaluz, objetivo que por desgracia nunca se cumplió.

El periodista de Abc Antonio R.Vega, describía con gran precisión lo que han traido los Acuerdos de Concertación Social : «Los acuerdos de concertación fueron la semilla de todos los escándalos de corrupción que sobrevinieron después y que han dado pie a más de una veintena de frentes judiciales que asedian al Gobierno actual de Susana Díaz: ERE trucados, avales a empresas, Invercaria, fraude de formación, facturas falsas de UGT o el plan para reflotar la Bahía de Cádiz».

UGT en Andalucía tiene al frente a Carmen Castilla como Secretaria General, a la que le ha tocado lidiar con una herencia envenenada y letal cuyos efectos para el sindicato están siendo demoledores. Hoy solo les consuela el ‘ya queda menos’.

Castilla, imitando a Susana Díaz a la que se ha sometido finalmente pidiendo amparo ha optado por ponerse de perfil todo este tiempo y con decir que los procesados ya no están en el sindicato, que son historia en la UGT, está intentando pasar este quinario que, sin duda, en nada beneficia las posibles aspiraciones que la Sra Castilla tenga en la vida pública. Hace unos meses llegó a comentarse que en Madrid había interés por contar con ella en un segundo nivel del gobierno de Sánchez, pero todo se paró al llegar nuevas elecciones. 

La Sra Castilla, pese a las cualidades que la adornan como sindicalista y como mujer de ideas claras, tiene una losa encima de la que le será muy difícil desprenderse. Y ella lo sabe, pese a los cantos de sirena de las mentes funcionariales que la rodean y que solo buscan mantener sus sueldos y prebendas. Eso sí, sirviendo a los trabajadores como sindicato de clase.

Acoso a la prensa

No era intención inicialmente adentrarme en los vericuetos jurídicos del Caso UGT, de eso ya se ha ocupado y ocupará la mano de la Justicia que, por cierto, parece que durante la instrucción ha confirmado los titulares y reportajes periodísticos que en su momento destaparon el escándalo. También la veracidad aportada por las “fuentes” que se lo contaron a los periodistas de El Mundo de Andalucia Silvia Moreno y Manuel María Becerro.

Ambos compañeros ha estado durante años sufriendo una auténtica persecución por tierra, mar y aire de parte del aparato del sindicato, liderado en estos menesteres tan poco éticos y estéticos, por el periodista responsable de Comunicación del sindicato, departamento donde algunos sostienen que quien verdaderamente manda es el responsable de Institucionales de UGT-A.

Cuando el periodista José Carlos Villanueva cuenta cómo torpedeaba la trama mafiosa del gilismo su trabajo de investigación, información y denuncia en Marbella durante años, todo tremendo, se acerca – en este caso sin agresiones físicas ni atentados de por medio como a él– a la experiencia padecida por Silvia y Manolo con los dirigentes ugetistas y sus terminales anónimas en las redes. 

Amenazas, insultos, denuncias, rectificaciones con falsedades que, ahora, se descubren negro sobre blanco eran auténticas patrañas, no para defender como institución a UGT a lo que tenían todo el derecho, sino para atacar, degradar y agredir al mensajero, estos y otros periodistas.

Obsesiva persecución contra Roberto Macías

No tengo el dato confirmado, pero estoy convencido de que el extrabajador de UGT-A Roberto Macías Chavez, fue una de las fuentes barajadas por la redacción de El Mundo, para tirar del hilo de las facturas falsas y los rápeles, lo que derivó en el Caso UGT, una de las muchas exclusivas anticorrupción del periódico.

Macías, el pasado 28 de noviembre, tuvo que comparecer a la vista oral dónde se le iba a juzgar por un presunto delito de “revelación de secreto” por lo que el Fiscal y la UGT, que actúa como acusación perjudicada, piden cuatro años de cárcel para su extrabajador.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, pide la presunción de inocencia para los encartados en el caso de los 40 millones de dinero público desviado, pero no ha movido un dedo ante el clamor estos días en las redes de asociaciones de «alertadores» anti corrupción para que retirasen la acusación y petición de pena de prisión en Sevilla contra Macías.

Alvarez acabó saliendo al paso con una mentira piadosa al confesar que nadie le había pedido nada respecto de Roberto Macías. Quizá no llegó a sus ojos, pero existe constancia documental de que al menos a su despacho llegó el escrito de un veterano militante ugetista donde se le pedía expresamente la retirada de UGT en su acoso judicial a Macías. Alvarez saca pecho al presumir de que UGT-A ha asumido responsabilidades políticas por las facturas falsas y que en la actual dirección no hay nadie del pasado inmediato que se investiga por la Justicia.

Y efectivamente, la noticia había llegado ya que la misiva de referencia tuvo su respuesta desde la Secretaría de Organización de UGT.

Pero, ¿dónde está el secreto desvelado por Macías?

El equipo con el que le ha tocado lidiar a Carmen Castilla la peor crisis del sindicato, superior incluso a lo del escándalo de la PSV, da la impresión de que están obcecados, más bien obsesionados o enloquecidos con Macías, que lo único que les preocupa es castigar a quien suponen metió en un pendrive facturas, más o menos cuantiosas, más o menos golfas, pero que son – o deberían ser- tan públicas y fiscalizadas como las de la Junta de Andalucía, en tanto que se pagan todas con dinero público.

¿Dónde está el secreto – ‘revelación de secreto’ – que denuncia UGT y el fiscal que ha cometido Macías? Nadie lo explica. Saldremos de dudas en marzo, fecha en la que se ha fijado la definitiva vista oral, aplazada el 28 pasado por desistimiento del letrado de la defensa. Por cierto, insólito el comportamiento del fiscal cuando le espetó a Macías que él no había destapado el caso UGT, cosa cierta dicha tal cual. Pero no explicó quién lo hizo, será que no lo recuerda su Ilustrísima.

Lo más triste de todo es comprobar como un sindicato importante, necesario, respetable, centenario, ha visto cómo se manchaba su historia desde dentro y ninguno de sus dirigentes actuales han demostrado valentía suficiente para salir al paso y dar la cara para pedir perdón, especialmente ante sus delegados en muchas empresas, rompeolas de la desafección reinante entre muchos trabajadores y trabajadoras respecto de los sindicatos. 

Todo ello con una derecha en el gobierno que no olvida ( ni perdona ) que Javier Arenas no fuese presidente de la Junta en 2012 porque UGT y CCOO hicieron piña con el candidato Griñán, abandonado entonces a su suerte por el viejo aparato de Chaves. “¿Qué legitimidad tiene un sindicato para denunciar la corrupción del capital si nosotros también la practicamos?” se preguntaba un ex dirigente ugetista sevillano, amargado por como todo se les ha vuelto en contra.

Seguramente los funcionarios defensores de la central sindical socialista lo resumirán todo diciendo que un auto no es una sentencia, que queda recorrido judicial todavía y, llegado el caso, un juicio y una sentencia. Todo es verdad pero no debieran olvidar que crece el interés ciudadano por la recuperación del dinero publico robado o mal gastado. Y UGT tiene patrimonio.

De momento los datos y la información contrastada judicial y policialmente, ahora conocida en papel del juez, son una patada en partes nobles para los responsables de un sistemático acoso a periodistas desde UGT-Andalucía. Se habrán ganado su puchero, pero se han manchado demasiado las manos.

El instructor en su Auto precisa que, “para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración” de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, “prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes” del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes “se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención”.

“El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros”, pone de manifiesto el juez en el auto notificado a las partes.

(*) Periodista

La Ley de Violencia de Género y el reseteo de nuestra Democracia / Juan Mariano Pérez Abad *

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue votada el día 7 de octubre de 2004, durante la VIII Legislatura de nuestra Democracia Constitucional, presidida por el Gobierno socialista de Zapatero, y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Tanto el Presidente, como el ministro de Justicia que la impulsó, como 224 de los 350 diputados electos (el 64 %) eran varones, frente a un 36 % de mujeres.

Era evidente que no estaban votando de una forma consciente y razonada, ya que estaban tirando piedras contra su propio tejado de una forma aparentemente absurda, reconociéndose a sí mismos como seres malvados por naturaleza y agresivos contra la mujer. Así lo dejó bien claro el humillante episodio de aquel ministro de Justicia, López Aguilar, que ni siquiera cuando tuvo que ser sacado de su propia trampa por la puerta de atrás, acusado absurdamente de maltrato por su ex, fue capaz de bajarse del burro.

Desde su implantación, una enorme cantidad de personas que han sido víctimas de las graves injusticias que se han producido por su causa, sus familiares y los activistas sensibilizados por este problema, eran silenciados por todos los grandes medios de comunicación y acusados de “machistas” cuando la denunciaban desde las redes sociales. 

 

Nuestros “Grandes Medios”, representantes de nuestra “Prensa Libre y Democrática”, que sobreviven gracias a las subvenciones y la publicidad corporativa de un “Estado Feminista” que les retiraría el pan ante la menor disidencia. Pero hoy, por fin, las críticas a esta Ley y sus posteriores desarrollos y reformas están encontrando voces capaces de hacerse escuchar ante la opinión pública.

Las protestas, en su mayoría, lejos de ser extremistas o radicales, siempre habían presentado argumentos razonados. El primero fue sobre su legitimidad, pues justificaba la vulneración de varios Derechos Fundamentales (Igualdad ante la Ley y Presunción de Inocencia) mediante Principios Jurídicos tan polémicos e inconsistentes como el de la Discriminación Positiva o la Memoria Histórica. 

 

En segundo lugar, sobre su necesidad, pues España siempre tuvo y sigue teniendo una de las incidencias más bajas del mundo de violencia contra la mujer, muy por debajo de países como Bélgica, Italia o Inglaterra. Después, transcurrido el tiempo, sobre sus resultados durante los más de 15 años que lleva en vigor, encontramos que las tasas de violencia y asesinatos de mujeres a manos de sus parejas hombres no han descendido lo más mínimo.

Junto al fracaso de esta Ley, las voces críticas también llamaban la atención sobre el enorme esfuerzo económico que hemos estado invirtiendo en su desarrollo, sobre el escaso o nulo control sobre ese gasto, así como sobre su continuo crecimiento a pesar de la crisis económica. Resulta extraordinariamente significativo que solo fuera posible llegar a un acuerdo entre partidos para la formación del último gobierno de Rajoy (el que terminó en Moción de Censura) tras obtener el compromiso de todos los partidos representativos para firmar el “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género” (que traducido al Castellano no eran sino 1.000 millones de euros más a repartir) 

 

Por eso, esta Ley ha sido señalada por muchos como la legalización de una gigantesca fuente de “financiación paralela” de los partidos políticos, tan grande que algunos la califican como “la mayor estafa jamás cometida por una clase política a su Pueblo”.

Si además la miramos desde el lado contrario, vemos que esta Ley se ha convertido en la segunda causa de encarcelamiento en nuestro país (los auténticos “presos políticos” españoles) el motivo por el que cientos de miles de niños son privados del contacto con sus padres en los procesos de divorcio y su incuestionable relación con el alarmante incremento de suicidios de hombres en proceso de divorcio. Valga el ejemplo reciente el caso del fiscal de menores de Alicante en Valladolid.  

 

https://okdiario.com/sociedad/encuentran-rio-pisuerga-cadaver-del-fiscal-menores-alicante-valladolid-4881603

Probablemente, la causa de la impresionante irrupción de Vox en la vida política de nuestro país se deba a la inclusión, como línea prioritaria en su programa, de la defensa de ese enorme número de personas que han sido víctimas de esta Ley, en mayor medida que a la denuncia que llevó a prisión a los líderes el separatismo catalanista. A su vez, tanto para los afectados como para todos aquellos que no querían ser anatemizados como “machistas”, es ese partido ha sido la punta de lanza que ha conseguido romper el bloqueo informativo al que les sometían los grandes medios de comunicación.

Y ahora, hasta tal punto se ha roto ese cerco de silencio que miembros tan destacados de “la Vieja Guardia” del PSOE, como Alfonso Guerra (19 de noviembre pasado, en la sede de la firma internacional de abogados Ashurst https://youtu.be/rcZO3Oq7WWw ) o Joaquín Leguina (entrevista con Susana Griso en La 4) no han tenido reparos a manifestarse públicamente revelando graves irregularidades en la votación en el Congreso y la resolución del Recurso de Constitucionalidad de esta Ley. 

 

Una vez analizadas, se trata de declaraciones de extraordinaria gravedad que, no solo critican esa Ley, sino que ponen en tela de juicio a nuestro sistema político como “Estado Democrático de Derecho”, pues revelan la inexistencia de la Independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la ausencia de escrúpulos de todos los partidos que han venido ocupando puestos de Poder para burlar las leyes, incluso la Constitución, con engaños pueriles.

Desconocemos la causa que les impulsa a romper esa “Disciplina de Partido” con la que defiende Leguina su actitud de antaño. Ellos representaban una Era, la del “Pelotazo” y el “Ladrillo”, en la que esa “Financiación Paralela” de los partidos era ilegal y ha terminado generando miles de causas judiciales por corrupción. 

 

Quizás lo que se les haya despertado sea el valor para hacernos la confesión del arrepentido, quizás el despecho por haber sido excluidos de este nuevo y sabroso festín, pero en ambos casos, ahora es cuando no parecen dejar ninguna duda sobre su sinceridad. Lamentablemente, eso también demuestra la imperiosa necesidad de un “Reseteo” de los cimientos de nuestra Democracia.

 

 

 

(*) Médico cirujano 

Ana Julia Quezada ha pedido el traslado a una cárcel del centro peninsular

MADRID.- Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha solicitado el traslado de cárcel desde la de Almería, donde está recluida actualmente, a una del centro peninsular.

Así lo han indicado fuentes penitenciarias, que han precisado que la solicitud ha llegado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que aún no ha resuelto.

Quezada aún no ha sido clasificada porque su condena todavía no es firme, pero la Audiencia Provincial de Almería le ha prorrogado la prisión provisional hasta un máximo de 16 años, 7 meses y 15 días en tanto se resuelven los recursos presentados contra la sentencia por su defensa y la acusación particular.

Condenada a prisión permanente revisable, si Prisiones accede a su solicitud podría ingresar en la cárcel de Brieva (Ávila) o en la de Madrid I, que son centros penitenciarios para mujeres.

La dirección de Vox no confirma un alejamiento del PP en Andalucía

MADRID.- El inicio esta semana de la XIV legislatura en el Congreso ha puesto de manifiesto la brecha que las elecciones del 10N han abierto en el centro derecha, donde PP y Vox están condenados a entenderse, tras la caída de Ciudadanos, pese a encontrarse cada vez menos juntos y más revueltos.

Mientras las fuerzas de izquierda intentan acercar posturas para un acuerdo de Gobierno, el PP y Vox han empezado a echarse los trastos a la cabeza a causa de una silla más o menos en la Mesa, el órgano que dirige la actividad del Congreso.

El desencuentro sería casi anecdótico si no fuese porque los dirigentes de ambos partidos han azuzado la hoguera del enfrentamiento en las redes sociales con acusaciones mutuas, como si buscasen diferenciarse para no ser metidos en el mismo saco.

Pero también porque pueden poner en riesgo los acuerdos que mantienen en varias comunidades autónomas y ayuntamientos, donde el entendimiento entre ambos resulta vital para sacar adelante los presupuestos.

Los gobiernos de Andalucía, Madrid y Murcia dependen de los votos de Vox, además de numerosos ayuntamientos, como los de Madrid, Zaragoza o Palencia.

Más allá del ámbito autonómico y local, lo que está en liza es la configuración de la oposición nacional, si finalmente el socialista Pedro Sánchez es investido como presidente.

Con un Ciudadanos en sus horas más bajas, sin líder e inmerso en un proceso de sucesión, el difícil equilibrio entre las posturas maximalistas de Vox y la moderación recién recuperada del PP augura un incremento de la tensión en una legislatura ya de por sí complicada.

La próxima semana habrá que abordar el lugar que ocupa cada partido en el hemiciclo del Congreso y si la ubicación de Vox no se acuerda entre estos tres partidos, es el PSOE quien cuenta con la mayoría para sacar adelante su propuesta.

Vox ha apuntado que le corresponde, como tercera fuerza, el sitio que antes fue de Ciudadanos, con su líder, Santiago Abascal, situado junto al del PP, en primera fila, en lo que coincide el planteamiento de los socialistas.

Para resolver esta y otras cuestiones, la mejor baza es la buena relación personal que mantienen el líder del PP, Pablo Casado, y Abascal, aunque la situación no es similar en otros grados del escalafón.

De hecho, en Vox ensalzan la figura de Casado, pero no así la del número dos de los populares, Teodoro García Egea, a quien Abascal ha calificado de "trilero".

García Egea ha sido quien se han encargado de pilotar las negociaciones con Vox en las comunidades y también los intentos de acuerdo para la Mesa del Congreso que han fracasado debido a que, según Vox, en el PP no comprenden que ambos partidos son complementarios y tienen hueco en la derecha.

De momento, en Vox "toman nota" y recuerdan que la continuidad de gobiernos autonómicos y locales dependen del entendimiento entre ellos:

Madrid

En Madrid, el PP necesita los votos de Vox para aprobar los presupuestos tanto en la comunidad como en el ayuntamiento de la capital y la relación entre ambos partidos ha tenido sus más y sus menos en los últimos días, aunque sin que se hayan constatado grandes divergencias en las líneas fundamentales.

El proyecto de ley para los presupuestos municipales ya está presentado y, de momento, la formación de Santiago Abascal no ha puesto demasiados peros. Eso sí, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha advertido que será "más vigilante" para "exigir" el cumplimiento del pacto de investidura.

La situación se presenta más complicada en el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde el proceso no se ha iniciado y existe cierto malestar entre los partidos, por cuestiones como la gestión de Avalmadrid o la inmigración.

De momento, no hay contactos entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, quien ya ha dicho que no hay ningún problema en que las cuentas sean prorrogadas.

Murcia

La posición de los dos partidos en la Región de Murcia ha cambiado sustancialmente tras las elecciones del 10 de noviembre, cuando Vox se situó por delante del PP como fuerza más votada, aunque con el mismo número de escaños, lo que llevará a los de Abascal a intentar "reforzar" sus posiciones.

El Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos aún no ha aprobado el proyecto de presupuestos, aunque el presidente murciano, Fernando López Miras, ha apuntado, en previsión de los votos que necesita de Vox, que contendrá medidas que pueden asumir todos los grupos parlamentarios.

Pero las negociaciones no se presentan fáciles, ya que tras la dimisión de la cúpula de Vox y la creación de una gestora es muy probable que sean pilotadas desde Madrid, además con García Egea como interlocutor en el lado de los populares.

Castilla y León

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León en coalición con Ciudadanos no necesitó de los votos de Vox, que tampoco son necesarios para aprobar los presupuestos u otras medidas importantes.

Pero las diferencias surgidas a nivel nacional a cuenta de la Mesa del Congreso, puede afectar, entre otros municipios, al de Palencia, donde el PP y Ciudadanos sí necesitan a Vox para obtener una mayoría en el Ayuntamiento.

También en Burgos, aunque en este caso para poder bloquear las cuentas del PSOE y Podemos, ya que los populares y la formación naranja no suman por sí solos.

Andalucía

En Andalucía, las cuentas públicas para 2020 quedaron encaminadas con el acuerdo para las de este año, así que las diferencias entre PP y Vox a nivel nacional es difícil que afecten a unos presupuestos que están en su recta final de tramitación y se aprobarán el Parlamento andaluz el próximo jueves.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha hecho recientemente un balance "positivo" del primer año del Gobierno del PP y Ciudadanos y de la "influencia" de su partido en este Ejecutivo.

También el PP confía en que se mantendrá el buen entendimiento entre las dos formaciones y que las discrepancias con Vox será más bien en Madrid y no afectarán a la comunidad andaluza, porque según ha dicho el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, tienen "buena relación" y esperan seguir con la "senda del cambio".

La Junta de Andalucía perderá 20.000 empleados en diez años y busca nuevo modelo de oposiciones

SEVILLA.- La Junta de Andalucía emplea a más de 270.000 personas, según datos del Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP). Es el resultado de sumar los 253.951 trabajadores de la administración «normal» y los alrededor de 30.000 que se desempeñan en el conjunto de fundaciones y empresas públicas que componen la administración paralela. Solo en el cuerpo de Administración General -que excluye a sanitarios y docentes-, hay 43.714 empleados públicos, recuerda hoy Abc. 

Pero, advierten desde el la Secretaría General para la Administración Pública -dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior-, hay problemas en el horizonte. Por un lado, los empleados tienen una alta edad media. La administración está envejecida. Y además, para 2030, esto es, en solo diez años, el 47 por ciento de esos 43.714 trabajadores de la Administración General se habrán jubilado. ¿Cómo son esas cerca de 20.000 personas a las que les quedan menos de diez años para dejar su trabajo?

Según datos de la propia administración a los que ha podido acceder Abc, se trata sobre todo de mujeres. Son, indica un informe de la Secretaría General para la Administración Pública, un 62,51 por ciento de féminas por un 37,49 de hombres. Además, cuatro de cada diez jubilados en 2030 serán del grupo C1, C2 y E -los más bajos en el sistema en que se organiza la administración y cuyo escalón más alto es el A-. Precisamente de la categoría A1 serán el 33,15 por ciento de las jubilaciones.

Por provincias, explican desde la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, Granada es la que perderá más empleados entre sus funcionarios para el año 2030, seguido por Córdoba, Cádiz, Jaén y Almería. Donde menos se retirarán dentro de diez años es en Málaga y Sevilla y también en la provincia de Huelva.

Con cerca de 20.000 jubilaciones a la vista, señala el director del IAAP, Juan Carlos González, Andalucía tiene a la vez «un problema y una oportunidad». Por un lado, se trata un desafío porque descapitaliza la función pública. Supone la pérdida de trabajadores con experiencia y amplio conocimiento de la administración andaluza. Pero por otro lado es un reto del que sacar rédito. 

«Con este escenario podemos plantearnos qué hacer en los próximos años. Qué administración pública queremos. Podemos parar la dinámica de meter a una persona por cada empleado que se jubila y reflexionar», plantea González.

Con ese desafío por delante, desde el Gobierno andaluz se han lanzado a la tarea de diseñar la nueva administración pública. Es lo que pretende con la redacción del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General 2020-2030, que arranca ahora y que la Junta de Andalucía quiere tener lista antes del próximo verano.

La idea de la Junta de Andalucía es aprovechar este proceso para replantear qué se quiere hacer con la función pública. Repensarlo todo, analizarlo en profundidad. Dentro de este proceso de modernización, desde la Secretaría General para la Administración Pública lamentan que, a veces, la Junta no puede poner en marcha determinadas políticas porque carece de las herramientas técnicas para ello, pero, sobre todo, porque no tiene quién las lleve a cabo. 

Asuntos como el «Big Data», que podrían ayudar a labor de gestión de Andalucía, carece por ahora de perfiles entre el funcionariado de la comunidad.

También observan que el sistema de selección actual de funcionarios sea poco «predictivo» en cuanto a habilidades: «Los exámenes por los que se pasa ahora mismo quizás no son lo mejor para ver si una persona va a ser capaz luego de desenvolverse en una mesa de negociación, por ejemplo», señalan. El análisis integral incluirá también el acceso a la función pública y el sistema de oposiciones.

Sin embargo, advierten desde la Consejería de Presidencia y Administración Pública, cualquier cambio en el sistema de oposiciones y Ofertas Públicas de Empleo (OPEs), sería a futuro y sin afectar a los procesos abiertos. Ni, tampoco, indica el director del IAAP, a quienes ya están preparando oposiciones. 

«Cualquier cambio del modelo de oposiciones tiene que ser paulatino para que quienes están estudiando no pierdan la oportunidad ni el trabajo realizado». Reflexión, negociación y programación a largo plazo son las claves para posibles cambios en las oposiciones en Andalucía.

De todos modos, aclaran desde la Secretaría General para la Administración Pública, la estrategia de recursos humanos que quiere plantear a diez años vista en la Junta no es solo sobre la selección del personal: «Va sobre todo el conjunto del sistema», señala González.

En el plan que van a desarrollar la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior van a analizar «qué tipo de profesiones se necesitan en el futuro en la Junta de Andalucía, cómo vamos a reclutar a las personas, cómo las vamos a mover dentro de la organización o cómo vamos a permitir la promoción dentro de la organización», señala González. 

«¿Tenemos que reciclar a personas de dentro de la organización? Porque a lo mejor no hace falta gente de fuera», se plantean en la Junta.

Pero hay más preguntas que responder con este análisis de preparación de la Estrategia de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía: «Antes de aprobar el plan tenemos que ver cuáles son nuestras líneas básicas de trabajo», señala el director del IAAP. «¿Qué queremos mejorar, que haya un porcentaje mayor de mujeres? ¿De personas que provengan más de ciencias que de letras? Tendremos que estudiar lo que hay y hacia dónde vamos», expone.

Dentro del análisis, la Junta quieren que estén todos los actores. Los sindicatos, por supuesto. Pero también las academias que preparan opositores -«nos importa mucho su opinión», indican desde la administración-. También van a contar con asociaciones de ciudadanos, a los que quieren plantear cómo es la Junta que prefieren para el futuro: «¿Qué quieren, una Junta con ventanillas o no las quieren?», se pregunta González.

Gracias a todas esas preguntas, con las que la Junta quiere abrir en canal su administración, la Secretaría General para la Administración Pública contará con un retrato al milímetro no solo de cómo es la Junta de Andalucía y quienes trabajan en ella. También de cómo funciona y, más importante aún, cómo quieren que sea en el futuro. Las coordenadas actuales, el puerto de destino y la ruta a seguir.

Los responsables de la administración andaluza señalan «la mayoría de los auxiliares administrativos son licenciados en Derecho, lo que produce frustración a estos trabajadores, sobrecualificados para el puesto y genera tensión en la administración, que no puede responder a las expectativas de mejora en su carrera. Lo ideal, creen desde el Gobierno andaluz, es que los empleados públicos ocupen puestos de acuerdo a su formación.

Funcionarios

Hay datos que la Junta ya conoce sobre sus trabajadores. Así, por ejemplo, el personal que trabaja para ella supone el 12,24 por ciento de la población activa de Andalucía. Dicho de otra forma: doce de cada cien trabajadores en la comunidad está a sueldo de la Junta de Andalucía. 

«Aquí siempre hay sobrerepresentación femenina por edades. Pero si vas a niveles directivos, hay infrarepresentación de mujeres», explica Juan Carlos González.

Hay más. La mitad de quienes son funcionarios hoy día en la Junta eran antes interinos o personal laboral de la administración. Desde el Gobierno andaluz explican que gran parte de este fenómeno tiene que ver con las dos grandes bolsas de empleo público en la comunidad: Educación y Sanidad. 

En ambos casos la carrera de sus trabajadores suele comenzar con contratos mientras acumulan tiempo de servicio para hacerse con una de las plazas que se sacan a Oferta Pública de Empleo (OPE).

Meses de estudio

Analizar toda la administración andaluza, escuchar a los actores que participan en ella y establecer una radiografía y propuesta de futuro no es un proceso rápido. Desde la Secretaría General para la Función Pública se plantean que, una vez que ya tienen el visto bueno del Consejo de Gobierno -el encargo de hacer este análisis apareció en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado lunes-, el calendario va a empezar a correr.

El objetivo, señalan, es tener listo para marzo la estrategia sobre recursos humanos de la Junta. Y, de forma paralela, seguir desarrollando la Ley de la Función Pública, la normativa que debe plantear cómo se gestiona la administración pública andaluza.

El blog '1000sitiosquever.com', recomienda un recorrido por el interior de Almería

ALMERÍA.- Que la provincia de Almería es "mucho más que playa" no se le escapa a ningún almeriense, sea de la costa o del interior de la provincia, pues la belleza que atesoran algunos rincones tierra adentro los convierte en auténticos paraísos a la altura de los paisajes más reconocidos, como es el caso de Cabo de Gata, se dice hoy en La Voz de Almería.

Un hecho que, cada vez con mayor asiduidad, recogen los medios de comunicación del sector viajes y turismo tanto nacionales como internacionales y que ahora vuelve a la palestra de la mano de Paco Nadal el eterno Viajero de El País que ha aprovechado su propio blog para declarar su amor por la provincia de Almería, "una caja de sorpresas", como la define.

"Hay muchos sitios que visitar en Almería más allá de la costa. El interior es muy montañoso, con sierras donde nieva todos los inviernos. Hay desiertos cinematográficos, como el de Tabernas; cuevas soprendentes, como la geoda de Pulpí; pueblos blancos de pasado andalusí y fortalezas imponentes como el castillo de Vélez Blanco", recoge el portal 1000sitiosquever.com, que lanza una pregunta antes de comenzar su Ruta en coche por el interior de Almería: ¿Necesitas más excusas para explorar los lugares y pueblos con encanto de Almería?.

La Geoda de Pulpí

De este modo, el recorrido arranca en un lugar único y que día tras día suma adeptos, enamorados y personalidades de reconocida fama que caen rendidas ante su belleza. Sí, es la Geoda de Pulpí y supone la primera parada de Nadal en este particular viaje. "A veces viajamos al fin del mundo en busca de maravillas y sin embargo las tenemos al lado de nuestra casa", relata el blog, que señala: "Con nueve metros de largo por dos de ancho está considera la segunda geoda más grande del mundo y la primera accesible por el público. La visita turística incluye un recorrido por las galerías de la mina, de la que se extrajo hierro y plata hasta finales de los 60. Termina en el nivel 3, tras bajar 15 metros en vertical por una escalera de caracol, que es donde apareció la geoda". 

La semana pasada estuve en un lugar alucinante que nunca antes había visitado: la geoda de Pulpí en Almería. ¡Os juro que es una pasada! En este post te cuento cómo visitarla y otros detalles.https://t.co/mtXipUZ5nj
— Paco Nadal (@paconadal) November 29, 2019

Cuevas del Almanzora

El camino por el interior de la provincia prosigue por un municipio que, como bien explica Nada, recibe su nombre "por la enorme cantidad de casas cueva excavadas en los cerros de arcilla". De este modo, resalta: "En la plaza del Castillo encontrarás muchos bares con terrazas donde tomar un aperitivo al agradable sol almeriense. Luego busca por detrás de la fortaleza los lavaderos públicos y a continuación la Cueva Museo".

Cuevas de Sorbas

En esta ocasión, el vehículo de Nadal se desvía en la A-7 para entrar en el municipio de Sorbas. "Estamos en pleno Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, un paisaje extraño y desolado. Hay más de 600 cuevas inventariadas, pero la acondicionada para las visitas es la del Barranco del Infierno. Aviso: no se trata de una cueva turística al uso, con caminos pavimentados, luces de colores, musiquita de fondo y pasamanos ante cualquier dificultad. La cueva se visita a lo espeleólogo: con un casco, luz frontal y trepando y reptando donde se tercie".

El Desierto de Tabernas

En esta ocasión, la autovía A-92 en dirección Guadix-Granada es el camino que lleva al viajero hasta este paisaje "sorprendente". Y dice: "Y no es una metáfora. Árido como pocos lugares del continente, sin más hálito de vida que los espartales que cubren sus torturados relieves, el desierto almeriense de Tabernas resulta tan impactante que desde hace décadas la industria cinematográfica del spaguetti-western ha usado estos decorados naturales para transportarnos, sin mudar una piedra de sitio, a los tórridos desiertos de Sonora o Arizona".

Observatorio de Calar Alto

"Desde el desierto de Tabernas sigue por la A 92 hasta la salida 362 y toma dirección Gérgal primero y enseguida hacia Olula de Castro. Si sigues esa carretera, la A-1178, llegarás hasta la cima de la sierra de los Filabres, a 2.168 metros de altitud, donde en 1975 se instaló el Observatorio de Calar Alto, el centro astronómico más grande en suelo continental europeo". El relato del viaje de Nadal por tierras almeriense le lleva también hasta este lugar que, como dice, es frecuente verlo nevado durante el invierno.

Desde lo alto del mayor telescopio de la europa continental. Lo tenemos en Calar Alto, Almería.#vr #caha #nieve pic.twitter.com/MUGCJE0zdi
— Ramsés García (@ramsesgf) December 5, 2019

Serón y Macael

La siguiente parada del viajero es este pequeño y bello municipio del interior. "Si desde el Calar Alto bajas la sierra de los Filabres por la vertiente norte llegarás a este pueblo serrano apiñado en torno a un castillo de época nazarí. Serón conserva un casco histórico típico de planimetría andalusí. Aunque las viviendas y fachadas no están todas lo bien mantenidas que deberían, un paseo por sus estrechísimas y empinadísimas callejuelas permite dejar volar la imaginación y recrear cómo serían la vida en Al-Andalus hace casi mil años". relata Nadal.

Por su parte, sobre Macael dice: "Aunque el casco urbano tiene poco que ver, merece la pena acercarse a esta localidad del valle del Almanzora porque es el centro de producción del famoso mármol blanco de Macael, que se extrae de unas canteras cercanas de la sierra de los Filabres".

Centro Pérez Siquier y museo Casa Ibañez

Fotogragía y arte se dan cita también en el interior de la provincia. Así, Olula del Río se presenta como una apuesta por la cultura para un viaje por el interior de Almería. La figura del fotógrafo y uno de los "mejores museos de arte contemporáneo de Andalucía" se dan cita en este municipio.

Vélez Rubio y el Castillo de Vélez Blanco

Y para concluir esta particular ruta. la comarca de Los Vélez también supone un gran atractivo para los turistas y Paco Nadal no podía ser menos. " Te recomiendo empezar el paseo por la Corredera del Carmen, la calle peatonal y comercial más concurrida de la villa y la que engarza el casco antiguo", dice sobre Vélez Rubio. Sobre el famoso y bello castillo del municipio vecino, señala: "El final de esta ruta no puede ser más épico. Ya a lo lejos, desde la carretera que sube de Vélez Rubio, se aprecia ya la poderosa silueta del castillo-palacio de los Vélez, la residencia principal de los señores del marquesado, una imponente fortaleza fotogénica por sus cuatro costados. Llaman la atención sus siete torres, de la misma altura que la muralla, excepto la enorme torre del Homenaje, que sobresale por encima del conjunto".

Las comunidades autónomas se suben a la ola del 100% renovable en sus contratos de suministro eléctrico

MADRID.- Las comunidades autónomas se han subido en los últimos meses a la ola de la electricidad verde, siguiendo la estela de los centenares de ayuntamientos españoles que desde hace años exigen en sus contratos de electricidad certificados de origen 100% renovable.

En lo que va de año, Andalucía, Catalunya, Madrid, Galicia, País Vasco, Galicia, Región de Murcia y Extremadura han sacado a concurso o anunciado su intención de adjudicar contratos de suministro eléctrico con la exigencia de que la electricidad suministrada tenga origen verde.

Estas ocho regiones concentran el 68,5% de la población española (más de 32 millones de habitantes) y su territorio genera el 68,5% del PIB y el 66,7% del consumo eléctrico en España, por lo que puede decirse que este tipo de contratos empieza a ser norma en la administración autonómica.

Los contratos de este tipo que han licitado esos gobiernos regionales a lo largo de este año suman un importe cercano a los 580 millones de euros, lo que da idea del negocio que mueven.

El último contrato fue adjudicado el pasado jueves a Iberdrola, la elegida en el concurso que sacó a licitación en octubre el Gobierno de Íñigo Urkullu para, por primera vez en la historia de Euskadi, cubrir su consumo con electricidad procedente de fuentes renovables. La eléctrica vasca se ha adjudicado los dos lotes por un importe (sin contar el IVA) de 51.185.241,32 euros.

Ese requisito 100% verde también figuraba en la mayor licitación de electricidad convocada este año en España, para abastecer a los más de 5.000 puntos de suministro de los organismos públicos adheridos a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA).

El contrato, valorado en 238,2 millones (el importe de facturación estimado es de 500 millones), tiene una vigencia de dos años (prorrogable por otros dos) y fue adjudicado el 24 de septiembre a Endesa, que suministrará "en torno a 950 GWh (gigavatios hora), el equivalente al consumo de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año", tal y como destacó la Junta en octubre.

Las últimas en sumarse a esta moda han sido Extremadura y Madrid, que también en octubre anunciaron su intención de sacar a concurso sendos contratos de suministro con esa cláusula. La Junta extremeña todavía tiene pendiente licitar el suyo. 

Según anunció el 10 de octubre, incluirá "como condición obligatoria que el cien por cien de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia".

Dos días antes, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, anunció también que los 2.273 edificios públicos y centros dependientes de la Comunidad de Madrid consumirán energía eléctrica cien por cien renovable a partir de 2020. El contrato, con un presupuesto de 98,95 millones, está pendiente de adjudicarse. El plazo de recepción de ofertas se cerró el pasado lunes.

También en Madrid, la institución ferial Ifema, que estos días acoge la conferencia climática COP25 (y cuyos accionistas son la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid), adjudicó hace unos meses a Iberdrola un contrato de suministro eléctrico 100% verde por 7,31 millones.

Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia

También ha exigido electricidad 100% renovable Galicia, que el 21 de noviembre adjudicó a Naturgy por 82,6 millones el contrato de suministro eléctrico a 1.790 puntos de consumo de la Xunta con un consumo estimado de 264,7 GWh anuales.

Esta empresa también resultó adjudicataria en julio del contrato de suministro a los edificios de la Junta de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos (excluidos los centros del SESCAM), que estaba valorado en 45,7 millones y exigía también electricidad verde. Esa cláusula también figuraba en el contrato que el Servicio Murciano de Salud adjudicó en junio a Endesa, valorado en 15,6 millones.

La ola renovable en los ayuntamientos empezó en Catalunya, y también ha ocurrido lo mismo a escala autonómica. A principios de año, la Generalitat adjudicó a Nexus por 26 millones un contrato de suministro de energía 100% renovable para 1.678 puntos de consumo con una demanda de casi 170 GWh "que significa el 86% de los puntos de suministro de la Generalitat", según destacó entonces la empresa. 

Y la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también adjudicó a principios de año otro contrato a Endesa con un presupuesto cercano a los 9 millones también con cláusula de 100% verde. 

Cabe recordar que la ley catalana de Cambio Climático (2017) establecía que "en 2020 un mínimo del 70% del consumo de energía eléctrica total del conjunto de los departamentos de la Generalitat y los organismos dependientes debe proceder de fuentes renovables", porcentaje que fija para el 100% en 2030. La norma apuesta por el modelo "cien por cien renovable a largo plazo, con el horizonte de 2050".

La certificación del origen de la energía que suministran estas comercializadoras se realiza a través del sistema de garantía de origen que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para acreditar la procedencia 'verde' de la electricidad que compran en el mercado para venderla a sus clientes.

Hay quien cuestiona estos anuncios ante la imposibilidad de discriminar el origen de los electrones que llegan al cliente y el hecho de que la producción de las renovables no puede cubrir toda la demanda eléctrica. 

Pero sus defensores argumentan que estas cláusulas tienen un "efecto arrastre" en la demanda de energías limpias, ya que las comercializadoras certificadas por la CNMC se comprometen a adquirir la electricidad contratada a instalaciones de energía renovable.

Los contratos de este tipo se han multiplicado en los últimos años, tanto en el sector público como en el privado, por el compromiso de muchas empresas de reducir su huella climática. "A este paso, llegará un día en que no haya garantías de origen para tantos contratos verdes", dice una fuente del sector eléctrico.

Los trabajadores de una subcontrata tienen derecho al salario de la empresa principal

MADRID.- Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya afirma que las empresas no pueden recurrir a la contratación de servicios externos "para burlar" las exigencias legales previstas a favor de sus trabajadores cuando interviene una empresa de trabajo temporal (ETT).

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, decretó que los trabajadores de una subcontrata tienen derecho a percibir el mismo salario que los empleados de la empresa principal, lo que avala que se extienda el el convenio colectivo de una empresa, así como sus condiciones laborales, a las empresas externas de contratación de personal, tanto contratistas como a las subcontratas. Entre las condiciones que el tribunal considera equiparables figuran el salario base, los complementos y la jornada anual. 

Según la sentencia, recogida por CincoDías, los magistrados pretenden impedir que las empresas recurran a la contratación de servicios externos "para burlar las exigencias legales tuitivas previstas a favor de sus trabajadores cuando interviene una empresa de trabajo temporal (ETT)". 

Según los magistrados estas empresas tienen la obligación de aplicar las mismas condiciones de trabajo de la empresa principal a los empleados de igual categoría. 

Según la interpretación de los magistrados, "no es más que el reflejo de la aplicación del artículo 14 de la Constitución española", en donde se recoge el principio de igualdad. Esto debe evitar que para desempeñar la misma actividad "haya en la empresa trabajadores con retribuciones diferentes".

La sentencia se dicta tras la demanda interpuesta por dos empresas de limpieza, que pedían la eliminación de un artículo del convenio colectivo de hostelería y turismo, que establece la igualdad de salarios, complementos y jornada a los trabajadores de contratados de forma externa. Según estas empresas, ese artículo podía ser utilizado para otros sectores y les estaba ocasionando altos costes salariales. 

La sentencia no sólo desestima las pretensiones de las empresas demandantes, sino que marcha las pautas y condiciones que deben aplicar las empresas externas “durante el periodo de prestación de los servicios”.

Los profesores de matemáticas se hartan y piden a las autoridades que "se tomen en serio la educación"

MADRID.- Los profesores de matemáticas han pedido a las autoridades educativas que "de una vez por todas se tomen la educación en serio" y adopten medidas "efectivas" que mejoren el rendimiento escolar tras el informe PISA 2018 que muestra que los alumnos españoles han empeorado sus conocimientos de esta materia. 

En un comunicado, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm) analiza el informe hecho público el pasado miércoles y propone soluciones para conseguir que España "se sitúe al mismo nivel que sus vecinos europeos" en la enseñanza y aprendizaje de esta asignatura.
Según señala, los resultados de España son equivalentes a los de Rusia, Italia, República Eslovaca, Luxemburgo, Lituania, Hungría y Estados Unidos cuando el objetivo es "estar con los países de nuestro entorno" como Francia, Portugal, Reino Unido o Alemania.
Opina que las diferentes leyes educativas españolas han tenido "poca influencia en el resultado" porque si bien los currículos de matemáticas producto de cada cambio educativo contemplan los objetivos del informe, "la realidad del trabajo diario en el aula es otra".
Asegura que el currículo oficial "lo siguen marcando las editoriales y las pruebas externas" y aseguran que los libros de texto "han cambiado muy poco" y tampoco se usan herramientas tecnológicas, como la calculadora, pese a lo que se recoge en el marco teórico para matemáticas de PISA.
En este sentido, sostiene que si se buscan soluciones, "para empezar" hay que conseguir que "los currículos sean menos densos y accesibles" para abordar todos los temas desde una perspectiva de la resolución de problemas "incorporando el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas".
También destaca la importancia de la formación de los docentes y apuesta por diseñar programas complementarios sobre matemáticas "cuando cada vez más el profesorado que se va a dedicar a su enseñanza no es titulado en Ciencias Matemáticas".
Esto hay que complementarlo, añade, con la formación específica en didáctica de las matemáticas.

Aviso por lluvia, nieve y oleaje en 14 provincias y vuelve el frío a casi todo el país el lunes

MADRID.- Un total de 14 provincias estarán este lunes en aviso amarillo (riesgo) por lluvias, nevadas y fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé una bajada de temperaturas en casi todo el país. 

Durante este lunes, estará nuboso o cubierto con precipitaciones en el área Cantábrica, pudiendo afectar también de manera dispersa al alto Ebro y Pirineos occidentales, tendiendo a remitir a lo largo del día.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada, a excepción del litoral atlántico, y de forma especialmente notable en el sureste.

Los vientos soplarán fuerte y con componente norte en la mayor parte del territorio, a excepción del sureste, donde soplarán desde el mar hacia el interior.

En los litorales podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora y en el mar la fuerza 7 a 8, con olas que podrán superar los 4 metros.

Las nevadas podrían ser significativas en zonas altas de los sistemas montañosos de la vertiente mediterránea, con la cota de nieve bajando ocasionalmente hasta unos 1200 metros.

La cota de nieve descenderá hasta los 800-1.000 en el noroeste, los 1.000-1.200 en los pirineos, los 1.200-1.400 en el centro y los 1.600-1.800 en el sur.

El martes la borrasca se situará en el área mediterránea y permanecerá en la zona hasta el jueves, aportando gran humedad procedente del mar.

La inestabilidad en el área mediterránea tenderá a ser cada vez más localizada y a ir disminuyendo.

Hoy sábado

Este sábado predominarán los cielos estables en la mayor parte de la península y en Baleares, así como las nieblas en zonas del interior, que serán localmente persistentes en la meseta norte y en los valles del nordeste peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Solamente son probables algunas lluvias débiles en Galicia y en el área de Alborán y Estrecho, sobre todo en Melilla, donde se prevén chubascos y tormentas que podrían ser ocasionalmente fuertes.

Las temperaturas subirán en el cantábrico y la costa este peninsular, con algunas heladas débiles en el interior de la mitad norte.

El viento será en general flojo, con levante en el Estrecho y Alborán a primeras horas.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas montañosas y vientos del nordeste.

CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso o despejado, excepto en La Mancha y en los valles del Tajo y del Guadiana donde abundarán las nubes bajas en la primera mitad del día con probables brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento en el este y con pocos cambios en el oeste. Heladas débiles en Parameras y las Serranías de Cuenca y Guadalajara. Viento flojo con predominio del este y nordeste por la mañana y el oeste y noroeste por la tarde.

COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso o despejado con bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento variable flojo, predominando la componente oeste.

REGIÓN DE MURCIA: Intervalos nubosos en zonas altas y el litoral, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral a primeras horas, quedando los cielos poco nubosos a partir del mediodía. Brumas y probables nieblas en zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Vientos del noreste en el litoral y de componente norte flojos en el interior, disminuyendo en general a lo largo del día.

ILLES BALEARS: Intervalos nubosos tendiendo a predominio de cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios, o en descenso las nocturnas. Viento del norte y nordeste flojo.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas o nieblas matinales en el interior oriental y litoral mediterráneo y nubosidad de evolución por la tarde en el interior oriental. Probabilidad de precipitaciones ocasionales en el área del Estrecho a primeras horas. En Melilla se esperan cielos cubiertos, con precipitaciones acompañadas de tormentas que pueden ser fuertes, remitiendo durante la tarde. Temperaturas máximas en ascenso en el extremo oriental; el resto, en descenso, localmente sin cambios. Vientos variables flojos, salvo en el Estrecho, litoral almeriense y Melilla, donde soplarán de levante durante la mañana, tendiendo a variables flojos por la tarde.

Una mujer es condenada a prisión por mentir en su currículum para lograr un empleo de 167.000 euros al año

SIDNEY.- Una australiana de 46 años, Verónica Hilda Theriault, ha sido condenada a 25 meses de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 12 meses, por mentir en su currículum para conseguir un puesto de trabajo, según ha informado el medio australiano ABC. 

Al parecer, la mujer aplicó y consiguió en 2017 el cargo de directora de información en el Departamento del Primer Ministro y Gabinete de Australia del Sur con un sueldo anual de 270.000 dólares australianos (167.000 euros).

Para optar al puesto, Hilda presentó un currículum con información falsa sobre sus estudios y empleos anteriores, llegando incluso a modificar referencias que le atribuían buenas aptitudes laborales. También utilizó como imagen de su perfil en LinkedIn una fotografía de la actriz Kate Upton.

La mujer fue despedida tan solo un mes después, cuando su salud mental empeoró y comenzaron a dudar de ella.  

A pesar de que su abogado adujo que estos problemas mentales se debían que había dejado de tomar un medicamento relacionado con la pérdida de peso para tratar de rebajar la condena, Hilda ha sido condenada a 25 meses de cárcel por "engaño, gestión deshonesta de documentos y abuso de un cargo público". 

Camiones de toda Europa bloqueados en las protestas organizadas por transportistas franceses

PARÍS.- Camiones procedentes de toda Europa se vieron obligados a permanecer detenidos durante horas en la quincena de bloqueos organizados por transportistas franceses que pretenden protestar así contra el alza prevista de los impuestos a su gasóleo y por las condiciones de competencia con empresas extranjeras.

Los bloqueos, que comenzaron este sábado por la mañana y debían prolongarse hasta la caída de la tarde, se desarrollaron en una quincena de puntos estratégicos de la red de autopistas de la mano de la Organización de Transportistas Europeos (OTRE), la tercera asociación de empresas del sector en Francia.

"El Gobierno debe oír el enfado de los transportistas y trabajar con la profesión en la financiación de las infraestructuras", señaló en su cuenta de Twitter la OTRE, que publicó imágenes de algunas de las operaciones en marcha.

La más importante a primera hora, en la que se vieron implicados varios cientos de camiones, tuvo lugar en la unión de las autopistas A4 y A104, en la periferia este de París.

También hubo otras similares en la A1 que conecta París con Lille y con Bruselas a la altura de Arras, cerca de la frontera belga, o en la A63 a la altura de Castets, entre Burdeos y Bayona, en dirección a la frontera española por el País Vasco.

El mismo escenario se repetía en los alrededores de Burdeos, en el valle del Ródano en las proximidades de Lyon o en la autopista A8 a la altura de Aix en Provence.

Los participantes en la protesta permitían el paso de los coches, pero no de los camiones, entre los que había sobre todo chóferes procedentes de otros países europeos que la OTRE considera que compiten con ventaja frente a los transportistas franceses tanto por las reglas socio-laborales como por los impuestos al gasóleo.

De hecho, el gran motivo de esta acción -que no está apoyada por las formas, pero sí por el fondo, por las dos principales organizaciones de la patronal del transporte en Francia- es el incremento de dos céntimos de euro por litro en el impuesto sobre el gasóleo de los camiones a partir de 2020.

Esa medida, que figura en el proyecto de presupuestos para el año próximo que se está tramitando en el Parlamento francés, supondría un costo suplementario de 800 euros anuales para cada camión, según la OTRE.

Para su presidenta, Aline Mesples, en declaraciones al canal "France 2", esta movilización se justifica porque "lo que está en juego" es el sector del transporte francés, en desventaja con el de otros países.

La pesca, un termómetro infalible de la crisis climática

MADRID.- La pesca es un termómetro infalible para medir el impacto del cambio climático en el planeta: los peces son sensibles al calentamiento del agua, que les hace desplazarse a otras latitudes con lo que eso supone para la gobernanza de los mares, la sostenibilidad de la biomasa y la supervivencia del sector pesquero.

Se trata de una realidad analizada en la Cumbre Mundial del Clima (COP25) en la que tienen voz desde armadores a pescadores, además de expertos, oceanógrafos y organizaciones ambientalistas.

El último informe de la FAO (del año 2018) indica que los océanos han absorbido el 93 % del calor adicional generado en la tierra desde la revolución industrial y que el nivel del mar, debido al proceso de deshielo glacial, ha subido unos 20 centímetros en el último siglo.

Estas cifras, según dicho estudio, pueden provocar que las capturas de pescado desciendan hasta un 12 % para 2050.

Son por tanto los pescadores los primeros interesados en afrontar la crisis climática, en una compleja situación en la que deben reducir sus propias emisiones mediante prácticas más sostenibles y pedir activamente al resto de sectores económicos, se desarrollen o no en el mar, que hagan lo mismo, porque terminan afectando al frágil ecosistema marino del que dependen para su subsistencia.

El presidente de los armadores europeos (Europêche) y españoles (Cepesca), Javier Garat, hace una foto fija de la situación: la actividad pesquera es la que menos huella de carbono tiene de todas las producciones de proteína animal y proviene fundamentalmente de los motores de la embarcaciones (emiten más de 150 millones de toneladas/año y representan el 0,5 % sobre el total global).

Ante este hecho, están apostando por nuevos motores menos contaminantes y por estrategias, como el Dispositivo de Concentración de Peces (FAD, en inglés), con el que los buques tienen que hacer menos desplazamientos en busca de capturas.

Garat defiende que los armadores están "concienciados" desde hace "muchos años" sobre la necesidad de cuidar el mar y prueba de ello son los programas sobre recogida de basuras marinas y reciclado de redes de pesca.

Otro ejemplo de compromiso, recuerda, es la apuesta para que las poblaciones pesqueras alcancen el nivel de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) que evita la sobreexplotación de cada especie y así se asegura su biomasa.

El RMS ya se ha alcanzando en numerosas pesquerías y, según los armadores europeos, es la "mejor manera de defenderse y aportar contra el cambio climático".

El calentamiento global, prueba de la crisis climática, se constata ya en los océanos con especies emigrando hacia aguas más frías (latitudes nórdicas), lo que puede provocar problemas de gestión de pesquerías entre países e incluso tener que rediseñar políticas en el futuro como la propia Política Pesquera Común (PPC).

La pesca de bajura, enrolada en las cofradías de pescadores, también se vuelca y aporta soluciones y según el presidente de la española Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero, recuerda que ya hay acciones como la recogida y reciclaje de residuos o incluso la transformación en prendas de vestir gracias a Ecoalf.

Con la Fundación Biodiversidad acaban de comenzar el programa "Vigiamar": una aplicación móvil que geolocaliza los residuos en el mar para elaborar un mapa de basura marina en España.

El apoyo de las administraciones es esencial y desde el Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recuerdan a  que la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado es un ejemplo de ello o que la propia PPC que en su última reforma pidió alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible en 2020 y la plena aplicación de la obligación de desembarques desde 2019.

El Departamento aboga por dos grandes líneas que vertebran su apoyo a la lucha contra el cambio climático desde la pesca: aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos y el empoderamiento de las comunidades costeras.

Dentro de esas acciones, defiende modelos globales de gobernanza en los océanos, tolerancia "cero" ante la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, luchar contra la contaminación marina y valorizar e innovar las tareas tradicionales pesqueras.

Numerosos frentes fundamentales para asegurar el futuro sostenible de la pesca, en los que el sector también necesita de la concienciación de todos los agentes emisores de contaminantes cuyas acciones tienen una repercusión en el ecosistema marino.