Toda la banca abre de nuevo el grifo de financiación a las promotoras

MADRID.- El crédito a promotores fue, junto al hipotecario, el crédito estrella de la banca durante los años del boom económico. Sus crecimientos interanuales llegaron a sobrepasar el 30%. Pero la crisis financiera paralizó por completo esta actividad, cuya cartera de créditos destinado a la actividad inmobiliaria no ha hecho más que caer en picado desde entonces. Las amortizaciones seguirán durante varios ejercicios siendo superiores a las nuevas concesiones, explican los expertos. El crédito a actividades inmobiliarias se convirtió así en una financiación que ningún banco quería conceder, recuerda Cinco Días. 

El cambio de ciclo económico con crecimientos positivos, ha vuelto a dar un giro a este crédito y los bancos han decidido abrir nuevamente el grifo a la financiación. “La competencia se ha vuelvo bastante dura, pero los niveles de financiación no tienen nada que ver con los de los años previos a la crisis”, explican desde una entidad financiera. De hecho, en 2017 se financió unos 8.000 millones de euros en nuevo crédito, cifra muy lejana a la de los años 2000 a 2007, según datos del sector, ya que el Banco de España no da datos de crédito nuevo por sectores.

Estas mismas fuentes insiten “la competencia, no obstante, ha vuelto a ser muy fuerte. En 2018 todos los bancos han decidido entrar nuevamente en este segmento del negocio olvidado durante varios años”.

El primero en volver a financiar la actividad promotora fue Bankinter, que ya en 2014 comenzó a hacer sus pinitos en esta actividad prácticamente en solitario. En 2015, ya con el cambio de ciclo económico confirmado y tras detectarse una demanda ya en las principales ciudades como Madrid, Barcelona de familias de renta media alta, volvieron a recuperar esta actividad CaixaBank y Banco Sabadell. Sus clientes eran en gran parte fondos de inversión.

Sabadell decidió entonces crear una unidad independiente inmobiliaria. Su presupuesto para financiar esta actividad promotora se acercaba a los 800 millones de euros, cifra que pasó a ser de 1.300 millones un año después y de más de 2.000 millones en 2017, tras abarcar también la financiación en la zona de influencia de CAM, es decir, la Comunidad Valenciana.

Para este año, ya llevan más de 580 millones de euros formalizados en créditos a promotores hasta marzo, con lo que la cifra de crédito para el presente ejercicio puede superar los 2.500 millones de euros.

Las cifras de Bankinter son más limitadas, ya que no concede más de 20 millones de financiación a un proyecto, explica un experto del sector inmobiliario. Mientras que CaixaBank parece no tener problemas para financiar ladrillo, siempre controlando el riesgo. Así, en 2017 firmó financiación por unos 2.300 millones de euros, por lo que este año no sería extraño que se acercase a los 2.800 millones, añaden las mismas fuentes, aunque en la entidad son prudentes, y aseguran que, de momento, el presupuesto que tienen para la financiación de promotores es prácticamente la misma de 2017.

BBVA volvió a entrar en este negocio en 2017. Sus principales zonas de competencia son Alicante, Valencia y Baleares, explican fuentes inmobiliarias.

Santander como Bankia han esperado a este año para reiniciar sus préstamos a promotores. Santander se ha incorporado a esta financiación en 2017, pero ha sido este año donde “te lo puedes encontrar de forma muy activa en varias de sus territoriales, y sin límite para financiar en esas zonas”, explica un promotor.

En el caso de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri su vuelta a la financiación del ladrillo se produce tras haber superado ya el lustro desde que Bruselas le concedió ayudas públicas. El veto para conceder préstamos a promotores era uno de los condicionantes impuestos por Europa tras sumar 22.424 millones de euros de dinero público en su capital.

Ahora, sin embargo, ha decidido entrar de nuevo y aspira a tener una cuota del 7% en tres años, según fija su plan estratégico 2018-2020. Para ello, su objetivo es conceder financiación por unos 450 millones anuales.

Otro de los actores que también han entrado, aunque su financiación es muy inferior a la de la gran banca es Abanca. La entidad gallega, sin embargo, es una de las más agresivas en precio, según coinciden varias fuentes, lo que se puede permitir, explica un analista, por su escaso riesgo inmobiliario, ya que como el resto de la banca nacionalizada durante la crisis financiera, traspasó sus activos vinculados al ladrillo a la Sareb.

Kutxabank también ha decidido, aunque todavía tímidamente, salir de su territorio natural y “ya se le puede encontrar en otras regiones española financiando. Aunque en su caso su estrategia pasa por comprar las hipotecas de promociones con precios bajos”, explican fuentes inmobiliarias. Ibercaja también comienza a entrar en este negocio, pero, al parecer solo financia las obras vinculadas a su balance. 

Otras claves

Exposición. Goldman Sachs calcula que la exposición inmobiliaria de Bankinter (créditos más inmuebles) es del 3%, mientras que el caso de CaixaBank llega al 11%, y BBVA España tiene el 13%. Bankia-BMN, tras pasar sus activos tóxicos a Sareb tiene una exposición inmobiliaria muy baja, del 4%. En el caso de Santander ronda el 10%.

Exigencias. El nivel de preventas que reclaman las entidades financieras a las promociones antes de concederles financiación se encuentra entre el 40% y el 50%.

Tipos de interés. La banca ofrece tipos de interés del 2,5% al 2,75%, aunque hay ofertas agresivas menores al 1,5%.

El crédito promotor sumaba en 2017, según el Banco de España, 109.998 millones, frente a los 298.989 millones de 2011

Dimas Gimeno ya tiene su estrategia para que 'El Corte Inglés' plante cara a 'Amazon'

MADRID.- El Corte Inglés está dispuesto a plantar la batalla contra Amazon. No sólo a través de la famosa alianza europea contra el gigante del comercio online; también mediante cambios internos con los que busca aumentar su base de clientes y ventas a través de Internet, según sostiene hoy El Español. 

Una cuidada estrategia que pasa por aprovechar la multicanalidad que puede ofrecer El Corte Inglés. Y es que, según los datos de los que disponen, por cada compra que se hace en el canal online y se recoge en la tienda; se generan otras compras que multiplican la venta por dos o, incluso, por tres.

Datos que ha desvelado el propio presidente de los grandes almacenes, Dimas Gimeno, ante un nutrido grupo de directivos. Ante ellos explicaba la necesidad, además, de exprimir al máximo la base de datos con la que cuenta El Corte Inglés para “conocer los gustos de los clientes y personalizar” sus experiencias.

No hay que olvidar que, como destacó el propio Gimeno, se trata de una de las “mejores” bases de datos que existe. Sólo con aquellos que cuentan con tarjeta El Corte Inglés hablamos de más de once millones de personas. Eso sí, fuentes de la compañia aseguran que ese proyecto se hará de forma transparente y contando con el cliente, de modo que sea algo “respetuoso” con él. Es decir, que no se trata de invadirlo a propuestas, consultas u ofertas.

Todo ello acompañado por un refuerzo de su página web, a la que quiere someter a cambios que le permitan “ofrecer la misma experiencia de compra” que los centros. Es decir, la misma calidad de producto, el mejor servicio y la garantía de la marca. Para ello pretenden lograr el mismo objetivo que se fijaron para los almacenes: ser “el escaparate de las marcas”, explicó.

En dos horas

Precisamente esa transformación de los grandes almacenes, dando entrada a que las firmas pudieran tener sus corners de venta ha ido ganando peso con el paso de los años. Tanto es así que el 70% de las ventas que hace El Corte Inglés proviene, directamente, de las marcas. Un claro ejemplo de esa transformación en el canal tradicional es la apertura de una Samsung Store en el centro que la cadena tiene en Callao.

Acompañando a esa transformación de la experiencia del cliente, Dimas Gimeno quiere seguir potenciando la compra de artículos que puedan llegar en sólo dos horas a sus clientes. Así que va a ir elevando en las próximas semanas el número de referencias disponibles, que pasarán de 200.000 a cerca de un millón.

¿El plazo? No quiso desvelarlo, tan sólo que será en el “corto-medio plazo”. Su intención, explicaba a los directivos, es “lograr que un cliente pueda efectuar en una visita todas sus compras”. Sobre todo, porque para aumentar el número de productos disponibles en dos horas, necesitarán adaptar el cerca de centenar de centros que tiene repartidos por toda España. El objetivo es que sean los propios centros quienes distribuyan a sus zonas de influencia. 

A vueltas con el móvil

Toda una estrategia que tendrá que ir adaptándose a las nuevas formas de “un cliente más versátil” y que compra cada vez más a través de dispositivos móviles durante las 24 horas del día y los 365 días al año.

El rival a batir, como ha mostrado en numerosas ocasiones Dimas Gimeno, es Amazon. Reclama, no ya sólo una gran alianza de los gigantes de la distribución con una gran plataforma; también una armonización fiscal para que todos los players tengan las mismas condiciones a nivel europeo.

Aunque El Corte Inglés no ofrece datos de facturación on-line, el estudio Top300 publicado por la revista eShow Magazine en Barcelona señala que la plataforma liderada por Jeff Bezos facturó el año pasado 4.241 millones en nuestro país; mientras que AliExpress llegó a los 1.234 millones y El Corte Inglés lograba 683,8 millones de euros y 3,7 millones de pedidos.

Este cambio en la estrategia digital es el 'foco' en el que deben centrarse, algo que también podría ayudar a una futura expansión de El Corte Inglés al exterior, algo que por ahora Gimeno no se plantea, pero que nunca puede descartarse de cara a futuro. Aunque, eso sí, "los grandes almacenes viajan mal", dijo. 

UGT y CCOO dicen que en España no hay "normalidad judicial"

MADRID.- Pese a que aseguran que no comparten «ni el objetivo, la independencia, ni la estrategia, la proclamación unilateral que persiguen y promueven las fuerzas independentistas», lo cierto es que UGT y CCOO participarán en la manifestación del próximo 15 de abril en Barcelona, junto a los separatistas de la ANC y Òmnium Cultural, pidiendo la vuelta a casa de los presos soberanistas. Y ayer en un comunicado conjunto justificaron su participación en la marcha ante la necesidad de «construir puentes de encuentro» y para recuperar la «normalidad institucional, política y judicial», recuerda hoy El Mundo.

Las dos grandes centrales sindicales ponen en entredicho la normalidad judicial tras las decisiones que los jueces respecto al procés y que califican de «desproporcionadas», tanto «en la tipificación de algunos delitos como en el abuso de la utilización de la prisión preventiva». UGT y CCOO insisten, no obstante, en que su participación en la manifestación del domingo «en ningún caso puede confundirse con su apoyo al procés», pero aseguran que las causas judiciales contra personas «que hasta hace poco tenían altas responsabilidades institucionales» están teniendo «importantes consecuencias sociopolíticas» y podrían «incluso tenerlas sobre el rigor del sistema español si es desautorizado en instancias europeas».

Por eso, exigen que de forma «urgente» se conforme un Gobierno en Cataluña «dentro del marco Constitucional y Estatutario, porque es necesario recuperar el autogobierno dejando de aplicar el artículo 155, para que ese Gobierno se ocupe de los problemas de la gente (paro, desigualdad...), para dejar atrás el procés y abrir una etapa de diálogo entre en Cataluña y con el Gobierno».

Esto es, en definitiva, dicen, que el Gobierno renuncie al «inmovilismo» y las fuerzas políticas independentistas «al unilateralismo» que han mantenido desde el inicio del conflicto. Por eso, advierten de que han propuesto «una reforma constitucional» que dé respuesta a las aspiraciones de mayor autogobierno «en el marco de un Estado Federal».

Su postura a lo largo de todo este tiempo no siempre ha sido entendida por sus afiliados. Fuentes de UGT reconocen a El Mundo que el anuncio de su participación en la marcha de este domingo ha provocado «cierto malestar» en la organización. Ahora bien, aseguran que han conseguido llegar a una postura consensuada en el Consejo Confederal que se celebró el martes, y niegan que se trate de «una manifestación independentista» porque, precisan, el objetivo es «defender que haya un Gobierno transversal que aúne el mayor número de sensibilidades» y «la libertad de los presos preventivos» para que preparen sus juicios en casa.

Su posición en este asunto no le ha salido gratis a UGT y CCOO, que han reconocido haber perdido afiliados. En una rueda de prensa celebrada ayer, las portavoces de ambos sindicatos en Cataluña, Montse Ros y Laura Pelay, respectivamente, mostraron su preocupación por la división social en Cataluña y que perciben dentro de sus organizaciones». 

«Hubo bajas en 2017. Más de 500 personas a lo largo del año pasado. La mitad pensaba que éramos cercanos al independentismo, y los demás que éramos unionistas», dijo Ros, aunque añadió que pese a las bajas ha habido un crecimiento neto de afiliados». 

«Tenemos mucha más variabilidad (bajas y altas) por las contrataciones temporales», subrayó. Pelay también admitió bajas en UGT Cataluña. «En un momento en el que la sociedad está polarizada, buscamos un mínimo común denominador y establecer puentes» dentro de un sindicato plural.

Tampoco muchos votantes de la órbita que hoy representan los comunes entienden la comprensión de la coalición que lidera Colau con algunas protestas de los independentistas. Pero la alcaldesa no cambia de postura y anunció ayer que acudirá a la manifestación para pedir la libertad de los «presos políticos», informa Víctor Mondelo. 

Busca tender una cortina de humo después de que el martes tuviera que enterrar dos de sus principales proyectos al no recabar la mayoría suficiente para sacarlos adelante en el pleno del Ayuntamiento. Obviando que sólo el 33% de los barceloneses quiere que Cataluña sea un Estado independiente según el último barómetro del Consistorio, la primera edil de la capital catalana reclamó al PSC.

Grandes empresas presionan al Gobierno para que España tenga una ley de cambio climático

MADRID.- Una treintena de multinacionales y medianas empresas españolas han elaborado un manifiesto en el que instan "a los poderes públicos" a que "en 2018 lleguen a un acuerdo que facilite la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética estable, ambiciosa y eficaz". Entre los firmantes están 11 empresas del Ibex35: Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Mafre, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa y Telefónica. También se han sumado otras grandes empresas como Eulen, Ikea, OHL o NH, según informa El País. 

Este manifiesto llega en un momento en el que se debería estar gestando esta ley de cambio climático, que el Congreso de los Diputados reclamó por primera vez en 2011 y que Mariano Rajoy prometió en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París.

En el Congreso los partidos llevan meses enfrascados en una comisión para la elaboración de la norma. En el Gobierno, dos ministerios (el de Energía y el de Medio Ambiente) trabajan paralelamente y en una aparente descoordinación. El último desencuentro es reciente. Mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rebajaba las expectativas sobre esta ley y sostenía que habrá que esperar a que la UE desarrolle todo su paquete legislativo de lucha contra el cambio climático, la titular de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguraba este lunes que en breve habrá un borrador de la norma. 

Los posibles retrasos en acometer la futura norma preocupan a las compañías firmantes del manifiesto. El documento ha sido coordinado por el Grupo Español de Crecimiento Verde. Su presidente, Valentín Alfaya (de Ferrovial), advierte de que España "necesita una hoja de ruta ya" y que existe "cierta preocupación" en el sector empresarial al considerar "urgente" contar con una norma ya con un suficiente "nivel de ambición".

Pero, ¿por qué este interés de estas grandes compañías en tener esa ley? No es solo una cuestión de conciencia en la lucha contra el cambio climático, sino de inversiones. "Necesitamos conocer esa hoja de ruta para el futuro", explica Alfaya. El sector energético (electricidad y transporte) acumula alrededor del 80% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española. Por lo tanto, es uno de los más afectados en la lucha contra el calentamiento. Y las empresas quieren una hoja de ruta para dirigir unas inversiones que en este sector se planifican con décadas de antelación. 

"La mayor parte de los países de nuestro entorno están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono, desencadenando así una revolución a escala global que va a generar enormes oportunidades", sostiene el manifiesto presentado este miércoles. "España está bien posicionada para aprovecharlas, pero se requieren políticas efectivas ya", añade. "Un marco legal y regulatorio estable, concreto y creíble, permitirá sentar las bases sobre las que construir esa nueva economía", indica el escrito, que pide explícitamente esa ley de cambio climático. "La existencia de ese marco incentivará la inversión privada a medio y largo plazo, acelerando el proceso de descarbonización que necesita nuestra sociedad".

No están todas las compañías

Pese a que el manifiesto está impulsado desde el Grupo Español de Crecimiento Verde (una asociación creada para presionar en materia de políticas de cambio climático), no todas las compañías que forman ese grupo lo han firmado. Por ejemplo, entre las grandes empresas, no lo han apoyado Enagas, Gas Natural, el grupo Santander o La Caixa. 

Fuentes del sector achacan esa postura a algunas de las medidas concretas que se proponen en el manifiesto. Por ejemplo, en ese escrito se reclama al Gobierno un "calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles".

Los firmantes también proponen que se establezca "un precio al carbono" y se acometa "una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de quien contamina, paga". O que la ley incluya "objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la UE y el Acuerdo de París". Los firmantes del manifiesto reclaman, además, la creación de "un órgano de la Administración del Estado" que coordine y supervise "el proceso de descarbonización".

Comprar o alquilar piso, ¿qué sale más rentable en 2018?

MADRID.- Teniendo en cuenta que la compra de una vivienda es seguramente la decisión económica más importante que toma una familia, responder con acierto a la pregunta resulta imprescindible. Antes de la crisis, con las hipotecas casi regaladas, la respuesta parecía clara: mejor comprar (claro, que luego pasó lo que pasó). Durante la crisis, con los bancos dando muy poco crédito, sólo pudieron comprar quienes venían "forrados" por sus ahorros. Y tras la crisis (en caso de que la crisis a pie de calle haya acabado), ¿tras la crisis qué?, se pregunta 20Minutos.

Sin duda, España sigue siendo país de propietarios. Si pudiéramos elegir, si no dependiera de nuestra situación económica, todos (casi) preferimos comprar casa. Sólo hay que preguntar a quienes viven de alquiler. La mitad de ellos preferirían comprar piso, según el último de los estudios de Fotocasa. Seis de cada diez siguen pensando que alquilar una vivienda no es rentable a largo plazo. O en otras palabras, los españoles seguimos pensando que alquilar es tirar el dinero.

Si ese aserto tiene algo de verdad, nunca como ahora. Alquilar una vivienda en las grandes ciudades españolas se ha puesto por las nubes, especialmente si lo que queremos es vivir en el centro. Lo de Barcelona y Madrid, por este orden, es una auténtica locura. Según este portal inmobiliario, en los últimos cuatro años, el precio de los alquileres ha subido un 49% en Cataluña y un 27% en Madrid.
En 2013, un piso de 80 metros cuadrados se alquilaba en Cataluña por unos 666 euros al mes de media y en 2017 se pagaron ya 991 euros. En la Comunidad de Madrid, se pagaban 724 euros al mes y en año pasado hubo ya que aportar 916 euros. Claro, que todas esas variables se disparon si hablamos sólo de Barcelona o sólo de Madrid. "En cuatro años, este mercado ha dado un vuelco total. En Barcelona y Madrid ya se han superado los precios máximos de los años del boom", explica Beatriz Torribo, directora de estudios de Fotocasa.
El dato oficial, el del Instituto Nacional de Estadística (INE), dice que el precio medio de la vivienda de alquiler en España subió un 1% en febrero, respecto a un año antes. Son ya 16 meses consecutivos al alza. 

Según Idealista, los alquileres se han encarecido un 8,8% durante el primer trimestre de 2018. La buena noticia es que los alquileres parecen tocar techo en Barcelona y Madrid. Este mercado refleja dos velocidades, de manera que los alquileres en las ciudades medianas o pequeñas no han vivido este boom, porque la demanda no es tanta y porque tampoco ha habido razones paa especular (los efectos del turismo lowcost).
"Durante este trimestre las mayores subidas han pasado de los grandes mercados, donde el alquiler parece haber alcanzado techo, a otras capitales donde hasta ahora el impacto de las subidas había sido menor como Cuenca, Gerona, Zaragoza o Guadalajara. En ciudades como Málaga o Alicante los propietarios ya han empezado a bajar las rentas y Barcelona también registra caídas en su evolución interanual", explica Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista. 

En su opinión, "los datos demuestran que el techo natural de los alquileres está en las posibilidades reales de los potenciales inquilinos". Parece que el mercado ya ha visto que los inquilinos de Barcelona y Madrid... ya no pueden más. 

La condena de comprar

Entonces, ¿compramos o no? Si el precio de los alquileres se ha puesto por las nubes, el de la vivienda en propiedad no se ha quedado atrás. Una diferencia sí se observa: mientras los alquileres parecen haber encontrado su límite, el precio de los pisos en venta sigue en ascenso sostenido... y ya son 3 años de subidas.
Según la tasadora Tinsa, el precio medio de la vivienda terminada en España creció un 3,8 % interanual en el primer trimestre, hasta los 1.283 euros por metro cuadrado. Desde que este precio alcanzó su punto de inflexión en 2015 el mercado residencial español ha recuperado un 7,2% de su valor, situándose en niveles del segundo trimestre de 2013. Aún así, dice Tinsa, está un 37,2 % por debajo de los máximos alcanzados en 2007.
Fotocasa calcula que el precio de la vivienda de segunda mano creció en marzo un 5,3%, hasta los 1.752 euros el metro cuadrado. "En términos interanuales, los incrementos de precios de la vivienda de segunda mano ya son de dos dígitos en las principales plazas del país", asegura Toribio. De hecho, el precio interanual lleva 18 meses consecutivos incrementándose. Estos últimos cuatros meses los incrementos están siendo los más acusados del último año y medio. Fotocasa reconoce que no se veían incrementos tan abultados desde 2007.

Los bancos han vuelto a abrir el grifo

Según el estudio 'La evolución poscrisis del mercado inmobiliario' publicado por EAE Business School, en 2017 se concedieron 429.082 hipotecas, de las que el 72% correspondió a viviendas. La cuota media mensual de cada hipoteca, durante el primer año, es de 530 euros. Los bancos vuelven a dar crédito, mucho crédito. 
Ilustra este hecho la última promoción de BBVA. Su web ya anuncia hipotecas al 100%. Dice el banco azul que son hipotecas "para aquellas personas que que no disponen de dinero ahorrado para adelantar parte del importe de la compra de dicha vivienda". Todo ello siempre que la tasación que haga la entidad bancaria supere el precio de venta de mercado. Nos suena, ¿verdad? Parece que estamos dispuestos a tropezar dos veces en la misma piedra.

Ya lo dijo en octubre del año pasado el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Su presidente mostró su preocupación por el hecho de que haya bancos que están volviendo a ofrecer hipotecas por el 100% del valor de la vivienda. Porque en realidad, sin hipoteca no hay familia media española que compre una casa.
Cada hogar hace un gran esfuerzo para adquirir un piso. ¿Cuál es el límite? Si ese esfuerzo se mide por el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano debe destinar a la compra de una vivienda de tipo medio, el esfuerzo no ha dejado de aumentar desde 2015. 

Según Sociedad de Tasación, ahora mismo necesitamos unos siete años y medio de salario completo para comprar una vivienda. Son dos décimas por encima de 2017, pero sigue estando lejos de la locura del boom, cuando hacían falta 9 años y medio de salario completo. Pero vamos en esa dirección.

En el tercer trimestre de 2017, según datos del Banco de España, el precio medio de la vivienda absorbía hasta 7,1 años de la renta bruta media de una familia. Es el dato más alto desde finales de 2011, cuando era de 7,4 años. A mitad de 2013, en plena crisis, era de 6,3 años.

Pero, ¿qué pasa si empieza a subir el euríbor?

El 95% de las hipotecas a tipo variable están referenciadas al euríbor. El índice sigue bajo, muy bajo, y los hipotecados felices. Pero eso no va a durar siempre. Algún día el euríbor, o el índice que le sustituya, despertará y muchos temblarán... otra vez. De hecho, el servicio de estudios del BBVA ya pronosticaba el año pasado un aumento gradual del euríbor a partir de 2018.
Y así ha sido. En febrero, 18 meses después, el euríbor registró su primera subida. En todo caso, sigue en negativo y volvió a bajar en marzo. El euríbor se adentró en febrero de 2016 en terreno negativo por primera vez en la historia ante la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE) para apuntalar la recuperación en la zona euro.
Casi el 30% de los nuevos hipotecados no sabe cómo le afectaría una subida de los tipos de interés. En concreto, según el análisis realizado por el Observatorio de la Financiación Familiar de Agencia Negociadora, el 28,9% de los españoles que han formalizado una hipoteca en los últimos dos años tendría que hacer un gran esfuerzo para afrontar una subida de los tipos de interés en sus préstamos, básicamente del euríbor. Tal vez por ello cada vez se firman más hipotecas a tipo fijo.

Competencia denuncia a 12 ayuntamientos y 13 autonomías por sus barreras a la unidad de mercado

MADRID.- La batalla judicial entre el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el conocido como conflicto del taxi es el pleito más mediático entre el regulador y la Administración Pública. Pero no es el único. El organismo, adscrito al Ministerio de Economía, ha interpuesto ya un total de 41 recursos contenciosos contra 12 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas al considerar que algunas normas locales y regionales atentan contra la competencia y, en última instancia, socavan el bolsillo del consumidor, a juicio de El Mundo. 

Los conflictos abiertos en la Audiencia Nacional son de lo más variado, según las cifras que maneja el propio regulador. Desde los criterios para recibir una ayuda a la formación por parte de una comunidad autónoma a los requisitos para llevar a cabo un estudio geológico previo a la construcción de un campo de fútbol femenino. 

En este último caso, remitido a la justicia hace unas semanas, la CNMC carga contra los pliegos del concurso realizado por el ayuntamiento de la localidad asturiana que limitan la realización del estudio a licenciados superiores en Geología. El regulador requiere que se cambie esta reserva profesional al entender que otros colectivos -por ejemplo, el de ingenieros de minas que denunció la «discriminación»- están capacitados para llevar a cabo el trabajo.
Todos los casos denunciados tienen en común la posible vulneración de la Ley de Unidad de Mercado, creada en 2013 para romper con los obstáculos y barreras administrativas por parte de administraciones públicas que castigan la competitividad del país. La CNMC ejerce de guardián de que se cumple esta ley dentro de sus ámbitos de actuación.
Los 41 recursos en la Audiencia Nacional han sido precedidos de decenas de informes realizados por el regulador para informar sobre las normas locales y autonómicas, ya sea por oficio o tras recibir alguna queja externa. Los informes suelen incluir un requerimiento para realizar el cambio normativo. En caso de no materializarse en un plazo de dos meses, la CNMC vuelve a llevar el asunto a su consejo para estudiar la toma de medidas legales.  

Las primeras denuncias se remontan al año 2015 y algunas de ellas ya tienen sentencia por parte de la Audiencia Nacional. En tres de los casos el recurso del regulador ha sido desestimado y en dos de ellos se ha estimado, obligando a la administración pública a cambiar la norma. Fuentes de la CNMC explican que los procedimientos no son firmes ya que en los casos que ha perdido se ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo.
Las comunidades autónomas son hasta el momento las administraciones que más recursos por parte del regulador acumulan con un total de 28 reclamaciones. La Comunidad Valenciana y la de Madrid son las dos regiones que más pleitos abiertos mantienen con la CNMC, con cinco y tres casos respectivamente.
Por otro lado, Competencia ha denunciado a 12 ayuntamientos por las restricciones en sus ordenanzas municipales a algunos colectivos. En dos de los casos la batalla se apagó por el acuerdo entre las partes, pero en el resto de los casos sigue a la espera de sentencia (ver gráfico adjunto).
Pero sin duda el pleito entre los pleitos entre la CNMC y el Gobierno es el que se bate en torno al sector del taxi. Se trata del único pleito que Competencia mantiene abierto contra normativa estatal al considerar que Fomento está bloqueando el desarrollo de empresas como Uber y Cabify y perjudicando al consumidor.

Mujeres por cada mil hombres en cada región de España

MADRID.- De los 46.572.132 de personas que viven en España, 23.739.271 son mujeres y 22.832.861 son hombres, según los datos más recientes del padrón municipal que recoge el INE. La proporción es, por tanto, de 1.040 mujeres por cada 1.000 hombres.

Este leve desequilibrio no deja de tener su mérito, habida cuenta que nacen muchas menos mujeres que hombres, un fenómeno generalizado en todo el mundo, por causas naturales y culturales. Concretamente el año pasado nacieron en España 96.638 varones y 91.065 hembras, una proporción de 1.056 a 1.000 (o de 948 niñas por cada niño, si utilizamos la métrica anterior).

Sin embargo, a medida que vamos escalando en la pirámide de población, la desproporción inicial se va equilibrando: hasta los 29 años sigue habiendo más hombres pero a partir de los 30 las mujeres son mayoría y su preponderancia va aumentado en cada franja de edad. A partir de los 85 años, el número de mujeres (940.000 en 2016) duplica al de hombres (apenas 470.000) y por fin empieza a hacerse realidad el sueño húmedo de los Beach Boys.

¿Cómo se explica este vuelco estadístico? Muy fácil: por la mortalidad. Los hombres solemos tener menos apego por la vida, somos más dados a morir en accidentes, a suicidarnos, practicar deportes de riesgo, follar a pelo, beber, fumar y drogarnos sin límite ni criterio. 

Por si fuera poco, las profesiones de riesgo las ejercen mayoritariamente los varones. La suma total de todos estos factores generan una criba en la que no sobreviven los más aptos sino los más prudentes, que suelen ser las más prudentes.

La desproporción entre mujeres y hombres es, por tanto, más acentuada en las regiones más envejecidas: Asturias y Castilla León, donde la media de edad supera los 47 años (la media española es de 43 años) y la población total está en franco retroceso desde hace años. 

Las únicas CCAA donde el número de hombres es levemente superior al de mujeres son Murcia y Castilla La Mancha, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Murcia es la comunidad autónoma más joven de España (la edad media es de 40 años).

La única excepción a esta norma es Madrid, una comunidad relativamente joven (42 años) en la que sorprendentemente el ratio de mujeres/hombres es de los más altos de España: 1.088. Si alguien conoce la solución a esta disonancia estadística que haga el favor de compartirla en los comentarios.

Susana Díaz no da explicaciones sobre su propio 'mastergate'

SEVILLA.- La presidenta de la Junta de Andalucía ha evitado este jueves responder a las preguntas de la oposición sobre el escándalo destapado por El Mundo en la contratación "a dedo" de una profesora, que está siendo investigada por la Justicia. 

Según publicaba el periódico, uno de los documentos remitidos por la Consejería de Educación en la causa abierta en los juzgados de Sevilla está fechado el 4 septiembre de 2014 e incluye un sello y un membrete que no se empezaron a utilizar hasta nueve meses después.

Preguntada por Podemos sobre este asunto en el pleno del Parlamento andaluz, Susana Díaz ha evitado dar explicaciones y ha arremetido contra Teresa Rodríguez, a la que ha acusado de estar haciéndole el juego sucio al Partido Popular. La dirigente del partido morado en Andalucía reprochaba a la presidenta andaluza haberse limitado a abrir una investigación interna sobre lo que ha calificado como "un Cinfuentazo", a lo que la líder del Gobierno andaluz respondía criticando que mezcle lo ocurrido con el caso de Cifuentes: "¿Qué pretende? ¿salir al socorro de la derecha, salir al socorro del Partido Popular?", ha dicho, sin dar explicaciones.

La consejera de Educación andaluza, Sonia Gaya, ha asegurado este jueves que comparecerá en el Parlamento andaluz para dar explicaciones "en tiempo y forma". De esta forma se refería a la solicitud de Podemos para modificar el orden del día del próximo pleno y que comparezca para aclarar el caso de los documentos falsificados. Gaya asegura que "no va a tener ningún problema en hacerlo" pero "no de hoy para mañana y porque sí", añadía.

La Consejería de Educación abre una investigación sobre los papeles falseados remitidos a la Justicia

SEVILLA.- La Consejería de Educación ha abierto una investigación interna para aclarar si su delegada territorial en Sevilla, Francisca Aparicio, envió al juez un dossier en el que se incluyen documentos aparentemente falsos. Ese informe se elaboró a petición de la Fiscalía en las diligencias abiertas por la contratación irregular como profesora en 2014 de la hija del que entonces era jefe de los inspectores de Sevilla, y en él se incluye un documento en el que figura un membrete y un sello que no estuvieron vigentes hasta 9 meses después a la fecha de la firma, tal y como desveló El Mundo en su edición del pasado martes.

Ese documento, donde se informaba precisamente de la elección de Anaís Moreno para cubrir un puesto docente en el Polígono Sur de Sevilla, estaba firmado por la jefe de servicio de Ordenación Educativa, Carmen Liébana, e iba remitido al jefe del servicio de Recursos Humanos, Luis Sanchís. Ambos jefes de servicio están acusados de prevaricación en la causa judicial, junto al ex delegado de Educación en Sevilla, Francisco Díaz Morillo, y la propia Anaís Moreno.
Según un comunicado emitido este miércoles, "la Consejería de Educación ha abierto una información reservada con el fin de esclarecer los hechos y circunstancias referentes a los datos y documentos integrantes del expediente remitido a la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla sobre el nombramiento de una docente en el curso 2014/15 para el desempeño de uno de los puestos adscritos al equipo educativo del Comisionado del Polígono Sur".
En concreto, añade la nota oficial, "se investigará por si hubiera alguna anomalía o actuación incorrecta en la remisión del expediente administrativo sobre este tema y despejar cualquier tipo de duda sobre la veracidad de los documentos y demás datos aportados".
La Consejería que dirige Sonia Gaya ha reiterado, además, su "total respeto y colaboración con la Justicia".
Los datos publicados por este periódico sobre esos documentos presuntamente falseados se suman a las irregularidades registradas en el nombramiento de la docente que fue seleccionada para una plaza en un centro público pese a que no era funcionaria ni interina en el momento de su nombramiento.
Además, como también ha publicado El Mundo, el nombramiento de Anaís Moreno se produjo el 1 de septiembre de 2014, aunque no sería hasta ocho días después, el 9 de septiembre, cuando se hizo oficial la 'bolsa de empleo' de la que supuestamente la Consejería de Educación extrajo su candidatura para cubrir la plaza.
Por otro lado, aunque la contratación se hizo supuestamente al amparo de un acuerdo con el Comisionado para el Polígono Sur, sin embargo, la directora de ese Comisionado negó haber conocido a la docente ni tener noticia de su nombramiento o de las tareas que realizaba durante los dos cursos en los que se supone estuvo a su servicio.
Con la información reservada ahora anunciada son ya dos las investigaciones internas abiertas por la Consejería de Educación relativas a la contratación irregular de la hija del ex jefe de los inspectores.
La primera se inició tras desvelar  El Mundo los primeros detalles del contrato bajo sospecha. Entonces, fue la consejera Adelaida de la Calle la que ordenó que se investigara si, efectivamente, Anaís Moreno fue contratada irregularmente. Esa información reservada provocó el cese en sus funciones de los dos jefes de servicio vinculados al expediente, Carmen Liébana y Luis Sanchís, y también la dimisión del jefe del Servicio de Inspección, Alberto Moreno. Los tres son funcionarios de carrera y regresaron a sus puestos originales. Pese a los ceses, que implicaban un reconocimiento implícito de las irregularidades en el expediente, la Consejería nunca informó ni trasladó al Parlamento los resultados de aquella investigación interna.
A continuación, la Consejería de Educación abrió un expediente sancionador contra Sanchís y Liébana, que ha quedado suspendido como consecuencia de la investigación abierta primero por la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla y más tarde por el juzgado de Instrucción número 17, ante el que ya han declarado los cuatro acusados y que este jueves tiene previsto tomar declaración a algunos testigos. 

La portavoz del grupo parlamentario Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este miércoles el veto impuesto por el PSOE de Andalucía a la comparencia de la consejera de Educación, Sonia Gaya, para explicar en el pleno del Parlamento el envío de documentos supuestamente falsificados desde su departamento para "obstruir el caso judicial que investiga amaños en la bolsa de interinos andaluces".
"Mientras en Madrid el PSOE presenta una moción de censura a Cristina Cifuentes por falsificar documentos, aquí el PSOE-A bloquea una comparecencia para dar explicaciones. Una vez más el PSOE hace una cosa cuando gobierna y otra cuando está en la oposición", ha lamentado Rodríguez, que no obstante, ha avanzado que su formación "seguirá exigiendo transparencia para erradicar los casos de corrupción y nepotismo que se siguen produciendo en la administración pública andaluza" y concretamente en una consejería "tan sensible" como la de Educación.

Carta de Ana Julia a Ana Rosa Quintana: "Fue un accidente, me bloqueé y la bola fue creciendo"

MADRID.- Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato del pequeño Gabriel Cruz, ha escrito una carta a El Programa de Ana Rosa (Telecinco) en la que pide perdón a la familia por el crimen del menor, que lo considera un "accidente": "Me asusté, me bloqueé y la bola se fue haciendo cada vez más grande". Algo que nada tiene que ver con las pruebas recabadas, hasta ahora, por la investigación.

La misiva, de dos folios, escrita de su puño y letra en mayúsculas da su propia versión de lo ocurrido desde el 27 de febrero -día de la desaparición del niño- y el 11 de marzo -momento en el que se encuentra el cadáver del pequeño asesinado en el maletero de la acusada-.

En la carta pide perdón a "todas" las personas que han sufrido por la muerte de Gabriel Cruz, incluida su propia hija: "Ángel, Patricia, a todos. Os pido perdón". 

"Quité a la persona que amo lo más grande que una persona puede tener; un hijo", continua la carta.

Quezada asegura ser consciente de la "gravedad" del delito que se le acusa, pero insiste en el accidente como causa de la muerte del niño. Además, se muestra sorprendida por las "mentiras" que se han dicho sobre ella en los medios de comunicación: "No puedo decir más sobre esto por el secreto de sumario".

Quezada, que en ningún momento menciona el nombre de Gabriel, también recuerda en la carta a su propia hija a la que reconoce que ha hecho “daño” y por ello le pide “perdón”.

Esta es la carta íntegra:

¿Que cómo estoy? Pues te puedes imaginar, nada bien. Ante todo pedir perdón a toda la familia de Gabriel y a todas las personas que he hecho daño. No puedo hablar mucho por el secreto de sumario.

Lo primero, estoy impactada por todas las mentiras que se han dicho de mí. ¿Mi versión de los hechos? Fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad. Me asusté mucho, el miedo se bloquea y actué así. No fui lo suficientemente fuerte como para decirle a mi pareja, a nadie, lo que había pasado y, poco a poco, me fui metiendo en una bola cada vez más grande.

Sé que no tengo excusa por el accidente. Quite a la persona que amo lo más grande que uno puede tener, un hijo. Ángel, Patricia, a todos perdón. Tengo una hija y le he hecho mucho daño, espero que ella algún día me pueda perdonar. También creo que cometas el delito que cometas nos tienen que tratar como personas. Sé que pasaré el resto de mi vida aquí, pero esto es en lo que menos pienso. Tengo mucho que contar, en cuanto pueda, lo explicaré.

UNA SEGUNDA CARTA TAMBIÉN A TELECINCO

La presentadora del programa matinal ha explicado también que Quezada ha enviado una segunda carta en un tono mucho más crítico que la primera misiva. Este cambio, parece ser, se produce después de que viese -desde la cárcel- en los informativos cómo quemaron en Coripe, un pueblo de Sevilla, una muñeca que representaba a la acusada: "Impresionante las imágenes que he visto hoy. Cogen una muñeca de plástico negra, la ponen en una plaza y la queman, como si me quemaran a mí".

"Lo mío con Gabriel lo dije y siempre lo diré, fue un accidente. No soy más monstruo que esas personas y lo hice por un accidente. Ellos lo harían queriendo, son más monstruo que yo. Al escribir esta carta me tiemblan las manos. Así que disculpas cuando hay padre gente de color blanco que cometen esos crímenes nunca he visto tantas barbaridades. Eso se llama racismo y xenofobia".

Y prosigue: "Soy negra, cometí un delito sin querer, lo único que pido es que se me juzgue y se me trate como se me tiene que tratar en mi situación (...) ¿Que no hay racismo en España? Ahora lo pongo en duda, menos mal que aquí en la prisión me siento bien y me tratan como es debido porque son profesionales".

Esta es la segunda carta íntegra:

Hola Ana Rosa otra vez. Impresionante las imágenes que he visto hoy. Subo del patio y como siempre pongo las noticias y en Tele5 sale que el juez tiene nuevas noticias sobre la muerte de Gabriel, vale. Lo que dicen coincide con mi declaración, pero lo que no veo normal son otras imágenes donde sacan una muñeca de plástico negra, la ponen en una plaza y la queman como si me quemaran a mí.

Lo mío con Gabriel lo dije y siempre lo diré, fue un accidente. No soy más monstruo que esas personas y lo hice por un accidente. Ellos lo hacían queriendo, son más monstruo que yo. Al escribir esta carta me tiemblan las manos. Cuando hay gente de color blanco que cometen esos crímenes nunca he visto tantas barbaridades. Eso se llama racismo y xenofobia.

Soy negra, cometí un delito sin querer, lo único que pido es que se me juzgue y se me trate como se me tiene que tratar en mi situación. Dicen que el fiscal va a investigar si se trata de racismo. Por Dios! Si ya cuando me detuvieron en el coche que me metieron las dos chicas que se montaron conmigo, esas mismas me querían matar con las esposas por detrás y diciéndome una “ahora mismo te mataba, zorra. Te dejaba en una plaza para que te mataran, hija de puta. A ver si con un poco de suerte te matan en la cárcel”.

En el calabozo fue un infierno. No sé si sabéis que la familia de Ángel es Guardia Civil, con esto os puedo decir cómo me trataron. Estoy con antidepresivos y pastillas para comer y dormir. Que no hay racismo en España? Ahora lo pongo en duda, menos mal que aquí en la prisión me siento bien y me tratan como es debido porque son profesionales. Un saludo,

Ana Julia Quezada Cruz.

El agua del Tajo llega a Almería un año después

ALBACETE.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, ha 'recibido' esta mañana en el embalse del Talave el agua procedente de los embalses de la cabecera del Tajo.

 Ródenas ha dicho hoy que el agua del trasvase Tajo-Segura supone "un pequeño alivio en una situación gravísima" en la cuenca, tras un año sin poder regar en una zona de 130.000 hectáreas de regadío del que depende un sector socioeconómico que da empleo a miles de personas.

La comisión técnica del Trasvase Tajo-Segura aprobó hace unos días el desembalse de 20 hectómetros cúbicos para el Levante, de los cuales 7,5 se destinarán al abastecimiento humano y el resto al regadío de la Región de Murcia, sur de Alicante y norte de Almería.

Explicó que el acueducto "está sometido a unas reglas perfectamente claras que se han aplicado, y hasta ahora no había agua de sobra y no se ha trasvasado, pero ahora las reglas dicen que sí".

Almería escenario de la lucha interna del PSOE

ALMERÍA.- La Ejecutiva Municipal del PSOE en la capital había dado un plazo de cinco días al portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería y senador, Juan Carlos Pérez Navas, para que renuncie a uno de los dos cargos. Es decir, que sea senador o concejal, pero en ningún caso que comparta ambas responsabilidades públicas.

Ese plazo expiró lunes, 9 de abril, pero no está seguro que Pérez Navas, que ha anunciado que concurrirá a las primarias para ser candidato a alcalde, acepte el mandato de la Ejecutiva Municipal, dirigida por Fernando Martínez.

Juan Carlos Pérez Navas sostiene que ese órgano interno del PSOE no tiene “potestad orgánica” para la aplicación de un artículo del Reglamento Federal sobre la incompatibilidad de cargos públicos y orgánicos.
Es previsible, por tanto, que a partir de ya se establezca una batalla interna en el PSOE sobre competencias orgánicas, una batalla en la que podría intervenir incluso la dirección andaluza. En la actualidad, la Ejecutiva Federal está liderada por el ‘sanchismo’ (Pedro Sánchez), al igual que la Municipal almeriense, mientras que la andaluza y la provincial son declaradas ‘susanistas’ (Susana Díaz).

De otro lado, diversas fuentes han subrayado que el caso de Juan Carlos Pérez no es el único en relación a incompatibilidades. “Puede haber alrededor de 30 senadores y diputados socialistas que son alcaldes o concejales”, aducen. Y, al parecer, solo se ha requerido a Navas a que renuncie a uno de los dos cargos. “No ha sido la Ejecutiva Federal, sino la Municipal, y entiendo que no tiene potestad orgánica en este supuesto”.
El acuerdo de la Ejecutiva Local del PSOE en la capital instando al portavoz en el Ayuntamiento a que se decida “en el plazo de cinco días” fue adoptado antes de que Juan Carlos Pérez Navas anunciara en rueda de prensa que está dispuesto a concurrir a las primarias para candidato a alcalde en el mes de junio.

Hasta ahora, es el único nombre que ha aparecido de manera oficial. La dirección sanchista de la capital apostará, casi con toda seguridad, por otra u otro candidato.

Colegios del Opus Dei segregados por sexo en Andalucía se benefician de las subvenciones avaladas por el TC

MADRID.- Cerca de cien colegios siguen actualmente en España el modelo de educación diferenciada o segregada por sexos, la mayoría de ellos de inspiración cristiana o directamente pertenecientes a entidades vinculadas a la Iglesia católica, especialmente el Opus Dei.

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar que los colegios que segregan por sexo a sus alumnos puedan percibir subvenciones públicas vuelve a poner de actualidad la controversia sobre este tipo de educación.

Además, pone fin a una polémica judicial que comenzó cuando la Junta de Andalucía decidió retirar las ayudas a varios centros concertados que segregaban por sexo, al entender que este modelo va en contra del principio constitucional de igualdad y no discriminación.

Los datos no oficiales apuntan a que, del centenar de colegios que apuestan por este modelo educativo en España, 67 mantienen conciertos con las administraciones.

Un tercio de los colegios que imparten educación diferenciada pertenecen a Fomento de Centros de Enseñanza, una institución educativa vinculada al Opus Dei, que tiene centros sobre todo en Madrid (7), Comunidad Valenciana (6), además de en Galicia y Andalucía (con 4 en cada una de estas comunidades); Aragón, Navarra, Asturias, Murcia y Castilla y León (2 en cada una) y uno en Cataluña y Cantabria.

También están vinculadas al Opus Dei el grupo Attendis, que cuenta con 21 centros escolares en Andalucía y Extremadura, así como la Institución Familiar de Educación, que tiene 13 colegios en Cataluña y Baleares; Camp Joliu de Tarragona; o el Grupo Educativo COAS, con nueve colegios concertados en el País Vasco y La Rioja.

Los defensores de la educación diferenciada (no usan el término segregada) esgrimen que el modelo está ampliamente extendido en países como Estados Unidos o Reino Unido, y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos de unos y otras, ya que se personaliza su educación en función de sus diferentes ritmos madurativos y de aprendizaje.

Además, consideran que, lejos de lo que consideran prejuicios de sus detractores, este tipo de educación redunda en una mayor igualdad entre sexos, ya que garantiza la igualdad de oportunidades entre niños y niñas partiendo de que las diferencias entre sexos son enriquecedoras y que lo que hay que eliminar son las discriminaciones.

Sin embargo, no todos piensan así y no hay consenso científico sobre la mejora de los resultados académicos, como ha constatado la propia OCDE.

Comunidades como Cantabria, Asturias y, sobre todo Andalucía, fueron las que llevaron más lejos sus objeciones a que este tipo de centros recibieran subvenciones públicas, y en 2012 el Tribunal Supremo se pronunció a su favor, avalando la decisión de la Junta de retirar las ayudas a varios centros andaluces.

No obstante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse ante nuevos recursos de los colegios y en esta ocasión sostuvo, sin esperar a que resolviera el Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la ley, los centros tienen derecho a percibir las subvenciones.

El Constitucional ha ratificado esa doctrina al rechazar el recurso del PSOE contra la LOMCE, al avalar que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.

Andalucía cambia expropiación por compra preferente de viviendas para frenar desahucios

SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles, con sólo cinco votos en contra, la Ley de Derecho de Tanteo y Retracto para luchar contra los desahucios a las familias más vulnerables. La norma ha contado con los votos justitos de PSOE y Ciudadanos (55), la abstención de PP y Podemos (48) y el rechazo frontal de IU (5). 

La coalición de izquierdas, autora de la famosa ley antidesahucios que precede a esta norma, ha sopesado mucho su voto -es las pocas veces que se queda sola en la Cámara-, pero finalmente ha optado por la línea dura: “Esta ley es un churro político, una chapuza política y un ridículo espantoso”, ha dicho la diputada Inmaculada Nieto.

La Ley andaluza de Tanteo y Retracto ha tardado dos años y diez meses en ver la luz, desde que se conoció el primer borrador en junio de 2015. En este periodo de dilación administrativa, en Andalucía se han registrado 10.694 desalojos de viviendas en 2015; otros 9.998 en 2016 y 10.437 desahucios el año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

El trámite ha sido largo porque, según la Consejería de Vivienda, se ha cuidado mucho su redacción para evitar que el Tribunal Constitucional la paralice, como ocurrió con la popular ley antidesahucios.

Aquella norma, aprobada por el anterior Gobierno de coalición PSOE-IU, habilitó a la Administración andaluza para expropiar temporalmente la vivienda a un banco antes de que se desalojara a la familia propietaria por los impagos hipotecarios. 

La ley también obligaba a las entidades bancarias a informar con detalle del número de pisos vacíos que tenían en cartera, exponiéndose a sanciones si se negaban a sacarlas al mercado. Tuvo un impacto social y mediático enorme, porque en 2013 -en el ojo del volcán de la crisis- se registraron más de 82.000 ejecuciones hipotecarias en España, el 22,2% en Andalucía. Pero la norma apenas tuvo recorrido, porque el Ejecutivo central la recurrió y el Constitucional anuló los artículos más significativos. 

La nueva normativa que se ha aprobado este miércoles en el Parlamento es, por tanto, el plan B de la Junta de Andalucía. La Ley de Tanteo y Retracto ya no permite al Gobierno andaluz expropiar pisos a los bancos para evitar desahucios, pero sí le habilita para ejercer el derecho preferente de compra. 

La Junta podrá pujar por las viviendas durante el alzamiento de las mismas y adquirir por su valor de mercado los inmuebles que están en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial de desahucio

En 2013, cuando nace la popular ley antidesahucios, aún no había explotado la burbuja inmobiliaria, que dificultaba a los ciudadanos la adquisición de una vivienda o el hacer frente a una hipoteca. Hoy, en 2018, en fase de recuperación económica, los expertos hablan ya de una nueva burbuja en el mercado del alquiler, un efecto rebote de la primera crisis -asociada al boom de los pisos turísticos en las principales ciudades del país- que ha provocado un encarecimiento de los precios del alquiler. 

Podemos e IU han rechazado de plano la Ley de Tanteo y Retracto, en parte, porque no articula ninguna medida para evitar los 4.713 lanzamientos de viviendas provenientes del impago del alquiler que se registraron en Andalucía el año pasado. 

Además los dos grupos de izquierda coinciden con el PP en otra crítica: la Junta no necesitaba esta ley para ejercer su derecho preferente de compra porque, desde 2005, una ley estatal “que la Junta no usa” le permite hacerlo (Ley de Vivienda Protegida). 

Los tres grupos de la oposición sostienen, además, que en tanto que existe una legislación del Gobierno central contra los desahucios, la norma andaluza no podrá aplicarse hasta dentro de dos años (2020), un extremo que la Junta no ha desmentido.

La normativa aspira a proteger a los colectivos más vulnerables, a saber, menores de 35 años y mayores de 65, personas con discapacidad y dependientes, familias monoparentales, con niños a su cargo o afectadas por una ruptura de la unidad familiar, víctimas de violencia de género o del terrorismo, emigrantes retornados y familias en riesgo de pobreza o exclusión social.

 Para aquellos que se queden sin “solución de emergencia habitacional”, la ley permite al departamento de Felipe López ofrecer un alquiler social tras adquirir su vivienda. El presupuesto estimado para esta herramienta es de cuatro millones anuales. 

El impacto que va a tener la Ley de Tanteo y Retracto difiere, según cálculos de la Junta o de la oposición. El Gobierno andaluz estima que podrá adquirir unas 200 viviendas en los próximos dos años, por un coste que oscila entre los 70.000 y los 80.000 euros cada una. 

La oposición rebaja considerablemente estos cálculos: Podemos prevé que sólo se podrán adquirir siete viviendas por provincia y año de aquí a 2020, a un precio de 45.000 euros. Los populares creen que no se podrán comprar más de 29 viviendas al año. 

Ciudadanos, socio de legislatura del Ejecutivo de Susana Díaz, es el único que ha respaldado el proyecto. Su portavoz en el debate, el diputado Carlos Hernández White, ha generado cierta confusión en el Pleno al anunciar que el Consejo de Gobierno aprobó el martes “duplicar” el presupuesto inicial de la ley. 

La Consejería de Vivienda ha negado este extremo, aclarando que la partida económica consignada para este año -cuatro millones de euros- es la que estaba prevista desde el principio, la misma que se consignó el año pasado, pero que no se llegó a ejecutar para la adquisición de viviendas al borde del desahucio, porque la ley nunca llegó a aprobarse.

Izquierda Unida gestionaba las competencias en materia de vivienda en al pasada legislatura y fue, por tanto, la autora de la norma más significativa del Gobierno anterior, y quizá por eso también ha sido la más beligerante en el debate parlamentario de este miércoles. “Andalucía se puso a la vanguardia en materia de protección social de la vivienda” en el mandato anterior y cuatro “cuatro comunidades siguieron la estela” de la ley antidesahucios andaluza. Esto, subrayó Nieto, "es un churro político".

En el escaso tiempo que estuvo en vigor la citada ley, a la Junta sólo le dio tiempo a ejecutar dos expropiaciones, una en Huelva y otra en Torremolinos, pero se estaban tramitando 200 expedientes más de expropiación. 

Cuando el Constitucional la paraliza, en mayo de 2015, la sentencia hizo públicos los datos oficiales de viviendas vacías en Andalucía que, hasta entonces, nunca se habían reconocido por parte de la Administración: 548.669 pisos deshabitados, viviendas arrendadas (16,9%) y demanda de vivienda en arrendamiento en Andalucía (más de cincuenta mil unidades familiares).

La regulación de los precios de los alquileres llega este jueves al Congreso

MADRID.- El Pleno del Congreso debate este jueves una moción a propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la que exige la regulación de los precios de los alquileres con el fin de asegurar unas rentas asequibles.

La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por la portavoz de En Comú, Lucía Martín, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado mes de marzo, y se produce justo una semana después de que la formación catalana llevara al Congreso una ley para abordar esta cuestión.

De esta forma, el debate servirá al grupo confederal para medir las fuerzas en el Pleno del Congreso de cara al debate de admisión a trámite de su proposición de ley. En todo caso, aún está pendiente si el Gobierno, como en otras ocasiones, presenta un veto a la iniciativa, aunque tal y como aseguraba Martín en su presentación, la ley no modifica los Presupuestos de modo alguno.

En el texto de la iniciativa que se someterá a votación este jueves, la formación catalana demanda al Gobierno regular los precios de los alquileres “como medida revisable en áreas urbanas con incrementos de precios abusivos contrastables” con el fin de “asegurar unas rentas asequibles”.

Asimismo, pide impulsar las reformas legislativas para volver a los cinco años de duración mínima de los contratos del alquiler y mejorar la protección de las personas inquilinas.

En Comú también se refiere al contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, exigiendo al Gobierno aumentar su dotación en los próximos Presupuestos Generales del Estado “para que ninguna persona con necesidad residencial quede excluida de los programas de ayudas públicas”.

Durante la exposición de motivos de su moción, Martín reclama líneas de financiación en el citado plan para que las comunidades autónomas pudieran ampliar su parque público de alquiler mediante la compra de vivienda ya construida o la cesión de edificios por parte de grandes propietarios.

“Ambas medidas pueden llegar a ser más económicas que el fomento de la nueva construcción, y a la vez permitirían hacer frente a las operaciones especulativas en las que fondos de inversión compran edificios enteros a la espera de la rápida finalización de los contratos de los inquilinos”, asevera.

Macron invita a los católicos a reforzar su presencia en la política y la sociedad francesas

PARÍS.- Para los obispos, fue un discurso que marcará un antes y un después en las relaciones entre el poder terrenal y el espiritual, un mensaje de respeto, admiración y comprensión hacia la religión católica poco habitual en boca de un presidente de la República laica. Para una parte de la izquierda, las palabras que Emmanuel Macron pronunció el lunes por la noche ante la conferencia episcopal, en París, son un torpedo contra la laicidad, el principio de separación entre las Iglesias y el Estado, consagrado en la venerada ley de 1905, que forma el núcleo de la identidad de la Francia moderna, tal como recoge El País.

El discurso puede leerse como una operación de seducción hacia los católicos, atrapados, dijo el presidente, entre quienes les "instrumentalizaban" y quienes "les ignoraban". Es decir, entre una derecha que les intentó movilizar contra iniciativas del antiguo presidente, el socialista François Hollande, como la legalización del matrimonio homosexual; y una izquierda laica y a veces anticlerical que se negaba a escucharles.

El presidente quiere reconstruir "el vínculo roto". Sin ceder en ningún punto en cuestiones como la inmigración o la bioética, animó a los católicos a contribuir al debate, pero con "cuestionamientos" más que "conminaciones". Y sin que la Iglesia renuncie a resultar incómoda, a ser "uno de estos puntos de referencia que no ceden al humor del tiempo".

Macron elogió la dedicación de los católicos franceses a la ayuda a los más necesitados y les animó a "hacer más todavía" implicándose en la política. “Por muy decepcionante que pueda ser para algunos, por muy árida que a veces sea para otros, necesita la energía de los comprometidos, vuestra energía". 

Al mismo tiempo, esbozó una teoría de laicidad que sirve para otras religiones, no sólo la católica, chocó con las lecturas más estrictas de la ley de 1905, y convocó para algunos el fantasma de una apertura de la República al islam.

Macron defendió que lo laico y lo sagrado no se oponen. Al contrario. "Considero que la laicidad ciertamente no tiene como función negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni desenraizar de nuestras sociedades la parte sagrada que nutre tanto a nuestros conciudadanos", dijo. 

Y puso el ejemplo del teniente coronel Arnaud Beltrame, un gendarme profundamente católico —pero también francmasón— que el 23 de marzo pasado sacrificó su vida al intercambiarse por una rehén durante un ataque terrorista en el sur de Francia.

Las palabras de Macron no sorprendieron a quienes le habían escuchado en septiembre ante las autoridades protestantes, o a quienes habían leído, en sus textos y entrevistas, su idea de la laicidad, o prestado atención a su iniciativa para remodelar el islam en Francia. Pero nunca las había articulado de manera tan clara como ante los obispos católicos. 

El portavoz de la Conferencia Espiscopal, Olivier Ribadeau Dumas, celebró el discurso como "un hito en las relaciones entre la Iglesia y el Estado". Para otros, socava en su esencia la laicidad y abre la puerta a mensajes similares hacia otras religiones.

"Esperamos a un presidente, escuchamos a un sub-cura", dijo Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda La Francia Insumisa. El ex primer ministro Manuel Valls, y hoy aliado de Macron, avisó: "La laicidad es Francia, y sólo tiene un fundamento: la ley de 1905, la de la separación de las Iglesias y el Estado. La ley de 1905, toda la ley, nada más que la ley". La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, ve en las palabras de Macron un intento de "anestesiar" a los católicos para "atacar mañana la ley de 1905".

La laicidad de Macron se inspira en la de uno de sus maestros, el filósofo protestante Paul Ricoeur. Ricoeur abogaba por una "laicidad de apertura", en la que la neutralidad religiosa del Estado no fuese un obstáculo para la expresión, en convivencia o tensión, de la espiritualidad de sus ciudadanos. Lo contrario de esta laicidad abierta sería lo que Macron llamaba, en una entrevista en 2016, el laicismo, "una versión radical y extrema de la laicidad que se nutre de los miedos contemporáneos". 

"Hay que preservar como un tesoro la concepción liberal de la laicidad que ha permitido en este país que cada uno tenga derecho a creer o a no creer...", añadía. Todo estaba dicho.

Los españoles prefieren los productos frescos en tienda

MADRID.- El 50 % de los consumidores españoles que compran a través de Internet cualquier tipo de producto también ha adquirido alguna vez alimentos vía "online", lo que supone un crecimiento de 10 puntos respecto al año anterior, según un estudio sobre comercio electrónico publicado hoy.

El informe anual elaborado por el Observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación, en el que participan la Universidad Complutense y la patronal de supermercados Asedas, apunta a que los frescos -carne, fruta, pan, pescado y verdura- siguen siendo un freno al aumento de este tipo de ventas.
De hecho, sólo un 2 % de los usuarios afirma utilizar únicamente Internet para realizar sus compras de alimentación, frente al 48 % que siempre acude a establecimientos físicos. "Se observa que hay más compra 'online', pero sin dejar de acudir físicamente a las tiendas, sobre todo para los frescos", ha defendido la directora del proyecto y profesora de la Universidad Complutense, María Puelles.
Su trabajo -en base a una encuesta realizada a medio millar de personas que afirman hacer compras por Internet- apunta a que los productos voluminosos y de carga son los más demandados por esta vía.
De hecho, de acuerdo con los autores del informe, apenas el 1 % de los encuestados utiliza únicamente plataformas puramente digitales -como Ulabox, Tudespensa, Lola Market o Deliberry- para hacer sus pedidos, y la mayoría recurre a las web de las cadenas físicas o compatibiliza ambas opciones.
El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha destacado la amplia red de mercados, tiendas de barrio, supermercados e hipermercados que presenta España y ha recordado que el 85 % de sus compradores acude a estos establecimientos a pie.
Puelles, por su parte, ha augurado que la venta a través de la red seguirá incrementando su peso, y ha destacado la importancia que pueden tener en su desarrollo nuevas tecnologías como la realidad virtual para mejorar la experiencia.

Así crece el comercio 'online'

• El perfil de quien compra productos de gran consumo -categoría que engloba alimentación, higiene personal y limpieza del hogar- por Internet es de una persona de entre 30 y 50 años, mayormente mujer, con ingresos mensuales de entre mil y 3.000 euros, con educación universitaria y un cargo medio en su empresa.
• Según el estudio, la mayoría de los consumidores dedica entre 15 y 30 minutos a completar su cesta "online" frente a los 20-45 minutos de media que uno tarda en la tienda física, lo que supone un ahorro de hasta media hora que puede ser superior si se incluye el traslado hasta el punto de venta.
• Los pedidos se suelen realizar durante la jornada laboral para "tener más tiempo de ocio" y tres de cada cuatro se completan desde el ordenador, aunque las tablets (16 %) y los móviles (8 %) crecen con fuerza. La confianza en el pago y en la cadena donde se realiza la compra, así como la rapidez en la entrega, son los criterios más valorados por el consumidor.

Del tomate comunista al marxismo neoliberal

BRUSELAS.- Un fantasma rojo recorre Europa, el fantasma del kétchup de origen desconocido, de padre con nombre italiano y madre comunista china. Me despierto aterrado, acabo de leer un excelente ensayo escrito por el periodista francés Jean-Baptiste Malet titulado El Imperio del oro rojo y tengo pesadillas cada noche, barriles de tomate concentrado explotan y dejan todo rojo, pringoso y pestilente. Necesito tocar y comer un tomate de aquí, fresco, maduro, real. Voy a ello antes de narrar el rojo apocalipsis de mi sueño:

Plano uno. Almería. No somos ceniza ni polvo sino agua. El agua que vino de los confines del Universo en millones de meteoritos de hielo cuando la tierra era un erial caliente y vacío. Eso eres tú y yo y ese cesto de tomates tan rojos que acabas de coger. Agua fósil que llegó de muy lejos y luego se filtró por las entrañas de la tierra hasta acabar salobre en el mar, luego en la nube, después en el río, más tarde en este tomate y dentro de ti. Trituro un kilo de tomates maduros junto a dos buenas ramas de albahaca y cuelo muy despacio el puré resultante con dos trapos finos de muselina de seda. 

Aliño luego este agua casi transparente con tres gotas de vinagre de Jerez, un chorro de aceite de oliva y un poco de sal marina. Al fondo de ese agua dejo caer tres berberechos recién abiertos al vapor, dos dados de tomate limpio y unos brotes de corujas picantes. Todo aquello apenas es agua, pero en el corazón de su sabor esta todo lo bueno de la tierra y del mar de aquí al lado.

Plano dos. La pesadilla tomatera. El tomate chino es recogido a destajo en los campos de Sichuán, dos toneladas al día por persona, diez horas de trabajo, 20 € de salario medio al día. Tomates cultivados sin muchos miramientos en cuanto a polvitos venenosos. Los tomates en China se cultivan en miles de pequeñas parcelas y los agricultores pulverizan generosamente el pesticida que también utilizan para el algodón, el arroz o el girasol que cultivan al lado. Después todos esos tomates se mezclan en la gran fábrica de procesado así que su trazabilidad es complicada. La empresa transformadora que convierte la fruta en concentrado se llama Cofco Tunhe (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), es la principal compañía procesadora y pertenece al Estado. Transforma 8 millones de toneladas y produce 250.000 toneladas / año de concentrado de tomate que luego vende a Kraft, Unilever, Heinz, Nestlé, Campbell, DelMonte, Pepsico, Ducros…

La segundona es la compañía Chalkis, que produce 160.000 toneladas de tomate concentrado. Este grupo agroalimentario pertenece al Bingtuan, que es el conglomerado empresarial del ejército chino, y ha comprado empresas procesadoras de tomate francesas para luego cerrarlas y vender con esa marca tomate concentrado chino. Por ejemplo la antes prestigiosa marca francesa de tomates provenzal Le Cabanon o la prestigiosa y tradicional marca italiana Giaguaro reciben los barriles de triple concentrado de tomate chino, añaden agua y las reenvasan en latitas en las que pone made in Italy para un montón de marcas distintas. Además esas exportaciones de triple concentrado chino no pagan aranceles.

La cosa o el truco es así: si tú compras materia prima fuera orientada a su reexportación una vez procesada, la Unión Europea te perdona los impuestos porque se supone que eso mejora la competitividad de las industrias transformadoras europeas. El concepto legal se llama “régimen de perfeccionamiento activo”. Aunque esa práctica también está fastidiando a quienes producen esas materias primas dentro de la UE. ¡Tomateros de Badajoz, meleros de La Alcarria, a joderse, esto se llama globalización!. Se supone que ese producto cuya materia prima procede de China y es procesado en Europa, tiene como destino venderse fuera, pero: ¿de verdad no se vende dentro de la UE? 

Lo cierto es que sale de las fábricas europeas con un made in Italy o made in France ¿o made in Spain?, China no aparece por ningún lado pero la banderita italiana o francesa sí está en la lata. Lo alucinante es que esta práctica tramposa no es ilegal porque ha habido un “procesamiento de la materia prima”; tú coges un barril de triple concentrado de tomate, añades agua, lo envasas con tu marca y ya has “procesado” el producto originario. Además, los grandes procesadores-envasadores fabrican para las marcas más famosas de la gran distribución europea. Aparentemente, los consumidores podemos elegir entre una enorme variedad de marcas pero en realidad, dentro de la lata, lo que hay es el mismo producto; eso sí, las etiquetas de fuera son de lo más variado y colorista. Viva el capitalismo canalla.

¿Te gusta el kétchup? Dentro de un rato dejará de gustarte. La salsa kétchup se hace a base de tomate procesado y concentrado. Los principales fabricantes de concentrado son Estados Unidos, China e Italia (y muy por detrás van España y Turquía). Con el concentrado se comercia, se trafica, se especula en todo el mundo: va envasado en unos barriles azules de tamaño similar a los barriles de petróleo. El tomate concentrado está en toda nuestra comida: pizza, kétchup, salsas, platos preparados, platos congelados, sopas, conservas de todo tipo… de la paella a los garbanzos, de las albóndigas de lata al zumo de todos los aviones. El concentrado de tomate es uno de los ingredientes culinarios que puede decirse que es universal y se consume en todos los países y continentes sin excepción. Claro que los barriles de concentrado no son como el petróleo y caducan, el tomate se pone “viejo” o se estropea o se pudre y… lo ha adivinado Usted, entonces ese tomate se procesa y se envía a África donde nadie suele quejarse de que sea producto caducado o que apenas haya en la lata un 30% de tomate y que el resto sean féculas, soja, fibra u otras sustancias baratas. 

A este tomate de la peor calidad se le denomina Black Ink, tinta negra, porque hasta ha perdido su color rojo y es marrón oscuro tirando a pardo, así que se le añade colorante sintético rojo en cantidad y listo. Además en África la venta de salsa de tomate se suele hacer a granel, a cucharadas, la mayoría de la gente es pobre y no tiene ni para comprarse una latita. En Túnez, Libia, Ghana o Nigeria se han detectado partidas de miles de toneladas de este tomate adulterado, tomate basura. Y el que no se ha detectado se vende por ahí, en todos los mercados.

El neoliberalismo era esto. La mitad del kétchup de este mundo procede de triple concentrado de tomate chino, pero no puedes saber cuál sí y cuál no, para elegir con libertad soberana. Mucho del tomate que se vende como made in U.E no lo es y no lo pone en la etiqueta, ni tiene porqué, debido a esas fantasmagóricas leyes de la U.E. que convierten una materia prima exógena en otra cosa super autóctona con el sólo milagro de añadir agua del grifo. El oro rojo es una estupenda metáfora de la economía global en el siglo XXI. 

Por otra parte, y en paralelo, las más avanzadas escuelas de pensamiento neoliberal plagian las recetas marxistas y neomarxistas de la economía china como soluciones para flexibilizar o precarizar el mercado laboral o retrasar el apocalipsis ecológico y económico, y para evitar que la especie de los consumidores se extingan de la faz de la tierra, ya que la subespecie de los trabajadores se está extinguiendo sin remedio.

De nuevo la comida es política, el tomate de lata y sus circunstancias nos puede llevar a los gulag chinos en los que trabajan gratis cuatro millones de personas. Cada vez que hagas una pizza, unos espagueti o eches un chorro de kétchup en tu hamburguesa se muere un gatito. Cada vez que leas aquel capítulo de El Capital que habla de la plusvalía, un robot de la industria estará quitando el curro a uno de los tuyos, o a mil. Es lo que hay. 

La alimentación es negocio, la industria agroalimentaria mueve 3,2 billones de euros, y los que fabrican alimentos ya no son los míticos empresarios que comenzaron a hacer kétchup en 1890 como Henry John Heinz. Su compañía, ahora, fusionada con Kraft, pertenece a grises grupos de inversión especulativa como 3G Capital y Belkshire Hathaway pertenecientes a Warren Baffett, que es el segundo hombre más rico del mundo y que ahora fabrica el 59% de todo el kétchup del mundo. Su objetivo es ganar más pasta, no fabricar mejor kétchup.

Plano tres. Badajoz. Extremadura es una de las zonas de cultivo de tomate para industria más importante de España y suministra tomates cultivados según normativa de seguridad alimentaria europea con una trazabilidad total. Las marcas españolas que fabrican concentrado de tomate y salsas de tomate a partir de esa materia prima ofrecen a los consumidores productos seguros y de calidad. No se trata de decir que todos los alimentos cultivados y procesados en China son “malos” sino de tener la libertad como consumidores informados de elegir realmente un kétchup fabricado aquí con tomates de aquí o elegir cualquier otro. ¿No era la libertad de elección la base del capitalismo? 

Salto en el tiempo. Mediados de agosto, con diez o doce años, siesta obligada de la que siempre nos escapamos para ir al río a pescar y a bañarnos hasta casi las nueve. Somos niños salvajes requemados por el sol que volvemos con un hambre caníbal. Olor a tierra caliente y mojada bajo la parra. Avispas peleando contra niños, chicharras enloquecidas, brisa con olor a tabaco en flor. Una rebanada de pan y un tomate maduro y perfecto cortado por la mitad por mi abuelo, un chorro de aceite y sal. Nada más. Una delicia. Tal vez de verdad el sabor del paraíso, el maná, el fruto aquel del árbol de la ciencia, el origen de todos los pecados deliciosos de este mundo. Para los otros pecados, los amargos, vuelva al plano dos.

Merece la pena meterse en el rojo y pestilente universo alimentario mundial del estupendo trabajo de investigación de Jean-Baptiste Malet El imperio del oro rojo. Ed. Península 2018.

 http://ctxt.es/es/20180404/Politica/18928/tomate-China-industria-pesticidas-Union-Europea.htm