martes, 3 de abril de 2018

Los permisos por matrimonio y muerte de familiares deben disfrutarse a partir del primer día laborable

MADRID.- Nueva doctrina para los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento de hijos y fallecimiento de un familiar. Una sentencia del Tribunal Supremo de este mes de marzo recoge que, cuando el "hecho causante" –el nacimiento, fallecimiento o boda– tenga lugar "en día feriado", estas ausencias pagadas deberán comenzar el primer día laborable que le siga, según recoge www.eldiario.es. 

Es decir, que si en su trabajo libra los fines de semana y se casa un sábado, por ejemplo, el permiso de 15 días (como mínimo) que le corresponde deberá iniciarse el lunes siguiente y no el domingo, como venía interpretando la justicia hasta la fecha.
La decisión del Supremo se refiere a un conflicto en los tribunales sobre el Convenio Colectivo Estatal para el sector del Contact Center, pero "que sin duda es extrapolable al cualquier caso en que se debata sobre la fecha de inicio del disfrute de un permiso 'con derecho a retribución", explica  en su blog Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Autónoma de Barcelona. 
Los sindicatos coinciden también en su repercusión para el resto de sectores laborales, más allá del que afecta en concreto a los teleoperadores.
Los permisos retribuidos por estas tres situaciones que aborda la sentencia (matrimonio, muerte de familiar y nacimiento de un hijo) están reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3, pero pueden ser ampliados por los convenios colectivos. En este caso, el Convenio Estatal de Contact Center recoge en su artículo 28 que "los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, y desde que ocurra el hecho causante" durante 15 días naturales en caso de matrimonio, tres días por el nacimiento de un hijo, cuatro días "en caso de fallecimiento de cónyuge, padres, padres políticos, hijos y hermanos" y dos días por la muerte de "pariente hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad y hermanos políticos".
El Alto Tribunal da la razón a la Confederación General del Trabajo (CGT), que acudió a la Justicia para reclamar que estos permisos contemplados en el convenio de Contact Center se empezaran a contabilizar desde el primer día laborable cuando el "hecho causante" cayera en día no laborable para el trabajador. 
El sindicato  reclamaba una interpretación "que no minorase otros derechos importantes como el disfrute de días festivos o el derecho al descanso intersemanal".
Tras una primera sentencia desfavorable de la Audiencia Nacional en julio de 2016, que desestimó la demanda del sindicato, el Supremo atiende ahora a la petición del sindicato, a cuyo recurso de casación se adhirieron Comisiones Obreras y UGT.
Con la interpretación de las empresas del sector, de la Audiencia Nacional y la más extendida hasta el momento, el permiso debía ser disfrutado de manera inmediata al acontecimiento que lo provoca. 
Dos ejemplos: si el padre de una empleada moría un sábado no laborable para esa trabajadora o este pasado 30 de marzo (Viernes Santo), el permiso comenzaba entonces y se veía afectado –recortado o incluso agotado– por los festivos que suceden a estas fechas.
El Tribunal Supremo falla ahora en otro sentido y establece, como demandan los sindicatos, que el día inicial para el disfrute de los permisos "cuando el hecho causante se produzca en día feriado debe ser el primer día laborable que le siga". 
El Alto Tribunal interpreta que la frase del convenio 'y desde que ocurra el hecho causante' no implica que este permiso deba aplicarse de manera inmediata, sino simplemente con posterioridad al "hecho causante".
Los magistrados de la Sala de la Social argumentan sobre el comienzo de los permisos contemplados en el convenio que "el día inicial no puede ser un día feriado" ya que el texto habla de "ausentarse del trabajo", por lo que deberá contarse a partir del primer día laborable. 
Además, los jueces sostienen que "otra solución podría llevar al absurdo de privar del permiso, o de días de permiso, en los supuestos en que el hecho causante acaece al inicio de varios días feriados seguidos, lo que es contrario al espíritu del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y a la norma convencional".
Los jueces del Supremo también explican que, con una "interpretación lógico sistemática y finalista" de la cuestión –no literal como la de la Audiencia–, se entiende que los permisos retribuidos se conceden "para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja". 
Las valoraciones de los magistrados del Supremo llevan al Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO a concluir que se trata de una doctrina que incide en otros aspectos del permiso, más allá de su inicio, "como es su cómputo y duración, cuando concurre con otros periodos de inactividad laboral, y si el permiso resulta agotado o consumido".
Para CCOO, cuando el permiso se fija en días laborables, si durante el transcurso hay un día festivo o descanso semanal, "se suspende el disfrute del permiso y se reinicia en el siguiente día laborable". 
Con esta interpretación, un profesor –con horario de lunes a viernes– cuyo hijo naciera el viernes por la mañana tendría ese día de permiso y retomaría el siguiente el lunes.
El catedrático Eduardo Rojo explica que "la sentencia solo puede resolver por aquello que le preguntan" y en este caso solo alude al inicio de los permisos. El profesor cree que "con una interpretación amplia de la sentencia del Supremo" se podría llegar a la conclusión de que se excluyeran los festivos del cómputo de los permisos. 
Pero, por el momento, prefiere la prudencia y reconoce que tiene "más dudas" que el gabinete de CCOO: "Creo que debería haber otra sentencia que planteara estas cuestiones en concreto".

Cómo hacer la declaración de la renta por Internet

MADRID.- La campaña de la renta 2017/2018 comienza este miércoles con la apertura del plazo para la presentación de la declaración, tanto por Internet como por teléfono. Asimismo, también se establece la posibilidad, desde hoy, de concertar una cita con la Agencia Tributaria para recibir ayuda telefónica, en el día y hora acordados, el nuevo plan 'Le Llamamos'.

Cómo hacer la declaración de la renta por Internet


Desde este año es posible realizar la declaración de la renta en el móvil a través de la 'app' de la Agencia Tributaria. La aplicación, disponible en Android e IOS, permitirá la presentación de declaraciones a los contribuyentes con un solo 'clic' y sin necesidad de acceder a un ordenador.

La nueva 'app' tiene cuatro apartados que hacen mención a las distintas posibilidades que es posible ejecutar con ella: 'Presentar declaración', 'Datos Fiscales', 'Estado de tramitación' y 'Consulta declaraciones anteriores'. 

Es muy importante que el dispositivo este protegido contra amenazas y virus. La app de la Agencia Tributaria permite gestionar hasta 20 perfiles de usuario. Es indispensable disponer de un certificado o DNI electrónico, cl@ve PIN o número de referencia.  

Desaparecido ya el programa PADRE, su sustituto es 'Renta Web', una aplicación que pretende facilitar y agilizar la confección de la declaración a través de métodos telemáticos.

Para acceder a 'Renta Web', que puede emplearse tanto en móviles como en tabletas, es necesario entrar en la página web de la Agencia Tributaria. Lo que permite 'Renta Web' es disponer de una propuesta de la declaración de la renta, como era el borrador, pero con las características de ser más sencilla y ampliada a todos los perfiles de contribuyentes. 

Una vez el contribuyente esté en la página de la Agencia Tributaria, es necesario entrar en el enlace 'Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta Web)' y, a partir de ahí, será necesario seleccionar el tipo de acceso: con certificado electrónico, cl@ve PIN o número de referencia.

'Renta Web' permite generar el borrador o la propia declaración para su presentación a través de Internet o también obtener una 'predeclaración' para su presentación en papel desde el 10 de mayo, cuando sea posible entregarla en las oficinas y delegaciones de la Agencia Tributaria.

También se puede modificar una declaración ya presentada o presentar una declaración complementaria. 'Renta Web' facilita en la descarga de datos y recuerda, a través de una pestaña con la expresión 'pendiente', los apartados que es necesario completar con nuevos datos. Asimismo, también concede la posibilidad de apuntar una solicitud de rectificación.

Cómo hacer la declaración de la renta por teléfono


También es posible modificar y presentar el borrador y la declaración de la renta por teléfono en los siguientes números: 901 200 345 y 91 535 68 13 (atención personal, de lunes a viernes de 9 a 21 horas). Los números del Servicio de información tributaria son 901 33 55 33 y 91 554 87 70, este último disponible de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

Cita previa para la declaración


Desde este miércoles también se puede solicitar cita previa para recibir ayuda telefónica -no la cita previa de atención asistencial ordinaria-. Es el plan 'Le Llamamos', por el cual se acuerda fecha y hora con la Agencia Tributaria, que será la que se ponga en contacto con el contribuyente.

El trámite para concertar la cita se puede hacer a través de la Agencia Tributaria o llamando a los números de teléfono automáticos 901 12 12 24 y 91 535 73 26 y los de atención personal 901 22 33 44 y 91 553 00 71. Para recibir esta ayuda será necesario haber obtenido antes el número de referencia a través del servicio RENØ.

Mínimos para hacer la declaración de la Renta


Con carácter general, todas las personas físicas están obligadas a presentar la declaración, excepto personas que, como recuerda la Agencia Tributaria, hayan recibido "exclusivamente" rentas procedentes de:

-Rendimientos del trabajo personal, iguales o inferiores a 22.000 euros anuales siempre que procedan de un mismo pagador.

-Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

-Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

¿Cómo solicitar el borrador de la renta de 2017? Fechas y claves de la campaña

MADRID.- Terminada la Semana Santa toca la vuelta de las vacaciones y empieza una de las preocupaciones de todos los españoles: el 4 de abril arranca la campaña de la declaración de la renta del ejercicio 2017, que se podrá presentar hasta el mes de julio de 2018. 

Este año, además del programa Renta Web, la campaña de la declaración cuenta con una novedad: una 'app' para poder hacer la declaración desde dispositivos móviles con pasos sencillos.
Sin embargo, llegados a este punto, los más previsores ya empiezan a planear con todo lujo de detalle el momento en que poder hacer la declaración de la renta, toda la documentación necesaria para ello y otros asuntos clave, razona www.elconfidencial.com.
La primera duda surge, como es lógico, con la presentación del borrador. ¿Cómo lo solicito? 
En la página web de la Agencia Tributaria, cada año se genera una sección específica para la declaración, a la que se puede acceder desde la misma portada. 
El Portal de Renta 2017 muestra todos los datos de interés para presentarla, desde la fecha de comienzo de campaña a los datos fiscales de cada usuario, pasando por las declaraciones que ya han sido presentadas: a través del servicio de tramitación del borrador/declaración (Renta Web), al que se podrá acceder por varias vías, se podrá confeccionar, modificar y presentar la declaración. ¿Qué necesito para entrar en el servicio?
  • Clave pin: para hacerlo de este modo es imprescindible estar registrado previamente en el sistema Cl@ve.
  • Certificado o DNI electrónico.
  • Número de referencia: en primer lugar, hay que acceder al servicio RENØ para obtener el número, que en 2018, en lugar de enviarse a través de un mensaje de texto al teléfono móvil, se podrá consultar directamente en la pantalla o en la 'app'.
  • ¿Cómo tramitar la declaración de la renta 2017?

    Una vez introducida una contraseña e identificado el contribuyente, el sistema hace un estudio de validación, despliega los servicios disponibles e informa de las posibles diferencias entre los datos de la última declaración y los actuales. Si es la primera vez que ingresa en el servicio, en la primera pantalla se mostrarán los datos de identificación del declarante y del resto de los que conforman la unidad familiar: en este punto es donde hay que corregir y actualizar todos los datos, ya que el estado civil del declarante o los hijos menores de edad o incapacitados no se podrán modificar de forma posterior.

    Además, si se quieren comparar las modalidades de tributación, individual o conjunta, el sistema exigirá el número de referencia del cónyuge o un código PIN para autorizar el acceso al mismo. Una vez que se finalice con los datos de identificación, si la aplicación detecta que se debe trasladar a la declaración algún otro dato fiscal, será el propio servicio el que se lo solicite.

    En caso contrario, y de no recibir ninguna indicación posterior, el declarante podrá acceder directamente al resumen de resultados desde el que se pueden comprobar las distintas opciones de declaración, y completarla en caso de ser necesario. El calendario de la campaña marca el inicio de la misma el 4 de abril, y hasta el 2 de julio se extenderá el periodo en el que se podrán presentar las declaraciones del ejercicio del último año.

La cúpula de 'Defex' obtuvo más de 20 millones en mordidas por la venta de armas

MADRID.- Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción internacional con la venta de armas desde la empresa pública Defex, el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de Infantería de Marina retirado, Ángel María Larumbe, han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y recoge la Cadena SER.

Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia Defex. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública.
Pero ha sido Defex la que ha desmontado la coartada de los supuestos cabecillas de la trama, al contestar en un documento al juzgado que "bajo ningún concepto" autorizaron jamás las comisiones.
El caso de supuesta corrupción en la ya disuelta empresa pública Defex, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), estalló en 2014 cuando el entonces titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, desvelaron el fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.
La pública Defex, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó la venta por ese importe, pero al país africano solo le llegaron armas por valor de poco más de 50 millones. Los más de 100 restantes se repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España. 
Para ello utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales que fue diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.
Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional, sostienen que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión” y “sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento” para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía armas.
La pieza separada que investiga el contrato con Angola está prácticamente cerrada y preparada para el juicio oral. Casi todos sus responsables han sido identificados excepto el "kin" (sic) o "rey" de la trama (king): el mayor comisionista que solo por este contrato cobró una mordida de 3 millones de euros.
Al menos García Paesa y Juan Carlos Cueto, así como José Ignacio Encinas Charro, conocen la identidad del particular "míster X" de la organización criminal, según fuentes de la investigación, pero hasta el momento se han negado a desvelarla. 
Encinas Charro se limitó a asegurar cuando fue preguntado al respecto por el juez que eso eran "palabras mayores".

¿Cómo afectarán a los ciudadanos españoles las nuevas medidas de EE UU para obtener un visado?

MADRID.- El Gobierno de Estados Unidos quiere endurecer aún más, por motivos de seguridad, los controles de entrada para todas aquellas personas que tengan previsto desplazarse próximamente al país.

En este caso, a través de la recopilación unos datos personales adicionales a los ya previstos que proporcionarán los propios individuos vía formulario, entre ellos, las cuentas en redes sociales y de correo electrónico y los números de teléfono que hayan utilizado en los últimos cinco años, según desveló el Departamento de Estado la semana pasada.

La controvertida medida, que se encuentra en trámite de consulta pública (que acaba el 29 de mayo), todavía está pendiente de aprobación y no afectará a todas las personas por igual, incluidos los ciudadanos españoles, a juicio de 20Minutos.

¿A quién afectará la medida?

A todos los solicitantes de visado, de inmigrante (permanente) y de no inmigrante (temporal). En total, calcula el Gobierno estadounidense, a 14,7 millones de personas al año, de los que solo 14 millones son solicitantes de visados de no inmigrante; quedarían excluidos los visados diplomáticos. Hay que recordar que no todos los visados que se piden se conceden.

¿En qué formularios se pedirán los datos?

Para los visados de inmigrante, en el formulario DS-260 (online); para los visados de no inmigrante, en el formulario DS-160 (online) y en el DS-156 (papel, para casos limitados). Estos formularios ya existen: se modificarán para incluir las nuevas preguntas.

¿Qué es un visado de inmigrante?

El que pide un ciudadano extranjero para poder residir de forma permanente en EE UU. Según la Embajada estadounidense en España, "debe estar patrocinado por un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente de los Estados Unidos que sea familiar inmediato, o futuro empleador, y tener una petición aprobada antes de solicitar el visado". El "patrocinador" es el que inicia los trámites. 
Este tipo de visados los pueden pedir familiares de ciudadanos estadounidenses; personas que vayan a casarse con ciudadanos de EE UU y se quieran quedar allí; personas que vayan a trabajar; residentes de EE UU que llevan tiempo fuera; agraciados en la denominada "lotería de la diversidad" para lograr una green card; etc.

¿Qué es un visado de no inmigrante?

El que pide un ciudadano de reside de forma permanente fuera de EE UU y quiere desplazarse allí de forma temporal. Los motivos son diversos: turismo, negocios, estudios, empleo temporal, un tratamiento médico, etc.

¿Cuántos visados se conceden al año para España?

En el año fiscal 2017, según datos del Gobierno de EE UU, se emitieron 766 visados de inmigrante asignados a España; de ellos, 465 se emitieron desde las representaciones diplomáticas. En cuanto a los visados de no inmigrante, se emitieron 36.221 (32.783 a nacionales españoles), la mayor parte para los llamados "exchange visitor" (au pairs, profesores).

¿Y para los turistas?

Los españoles no necesitan pedir un visado para hacer turismo a EE UU. Es más, no necesitan pedirlo para estancias de menos de 90 días, ya que España está incluida junto a otros 37 países en el Programa Visa Waiver, que les exime de este trámite. Lo que sí necesitan es un pasaporte con datos biométricos (no sirve uno provisional) y una ESTA: autorización de viaje que tiene una vigencia de dos años. 
Desde enero de 2016, explica Exteriores, hay una excepción a estas autorizaciones para "los españoles que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen (desde 1 marzo 2011) o tengan la doble nacionalidad española y de alguno de estos países".

¿Cuántos españoles viajan a EE UU cada año?

En 2016 lo hicieron unos 800.000, según cifras oficiales.

¿Qué datos adicionales se quieren pedir ahora?

Los formularios mencionados antes requerirán a los solicitantes el detalle de los perfiles que hayan utilizado en redes sociales en los últimos cinco años. Habrá un listado para ir seleccionando en el que estarán, entre otras, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, Linkedin, Reddit, MySpace y Weibo. 
También se pedirá la relación de números telefónicos, direcciones de correo electrónico y viajes internacionales en ese mismo tiempo, así como direcciones físicas anteriores (desde los 16 años), aclaraciones sobre problemas previos con inmigración o sobre si se tienen familiares con vínculos terroristas.

¿Es esto nuevo?

No del todo. En junio del año pasado, el Gobierno de Donald Trump ya aprobó una norma que permitía a los funcionarios pedir estos datos a los solicitantes de visados que requirieran de un "escrutinio adicional". Y cifró estos solicitantes en unos 65.000. Asimismo, los ciudadanos de los países del programa Visa Waiver pueden facilitarlos de forma opcional desde octubre de 2016.

Contexto adicional

Según el Gobierno de EE UU, en 2015 vivían en el país unos dos millones de trabajadores no inmigrantes, estudiantes, visitantes de intercambio, diplomáticos y otros. En 2014, había 12,1 millones de inmigrantes no autorizados, la mitad mexicanos.

El alquiler se dispara un 7,6% en sólo un año

MADRID.- Alquilar una vivienda nunca fue tan caro como lo es hoy. Como tampoco ha sido nunca tan lucrativo poner un piso en alquiler. Los precios siguen al alza y la rentabilidad para los inversores, también. Un 7,6% es lo que ha subido la media nacional, pero se ha rebasado el 16% en Sevilla, Tenerife o Valencia, según un informe periodístico de El Mundo. 

Los precios de la vivienda nueva y usada escalaron un 4,3% en el último trimestre de 2017, una subida demasiado marcada, según advirtieron ayer desde la Sociedad de Tasación, alcanzando un precio medio de 1.532 euros el metro cuadrado y que se ha acelerado considerablemente en apenas unos meses -en el último trimestre de 2016 subió un 0,3%- desde que el sector inmobiliario inició su recuperación en nuestro país.
La rentabilidad bruta de los alquileres también se está disparando. Ha alcanzado el 8,2% en el primer trimestre de 2018, devolviendo el ladrillo a una de las primeras posiciones, en cuanto a atractivo, como destino del ahorro de los españoles.
Madrid, con una rentabilidad del 7,46%, o Barcelona, con un 8,72%, son dos de los destinos en los que puede resultar más interesante poner una vivienda en alquiler, pero no son las ciudades en las que más está creciendo. Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife encabezan, con mucha distancia, el ranking de este primer trimestre del año, con alzas del 17,7%, 16,7% y del 16,2%, respectivamente.
El informe Tendencias del Sector Inmobiliario de la Sociedad de Tasación establece un semáforo del riesgo que el inversor asume al poner en alquiler una vivienda según la comunidad autónoma. En el caso de Madrid, Valencia o Sevilla, el riesgo es casi inexistente, según este informe. La otra cara del riesgo la encontramos, sin embargo, en Cantabria, Huelva, Ávila o Teruel.
Para intentar contener el precio de los alquileres y evitar a toda costa que se produzca una burbuja en el sector, el Gobierno incluyó el mes pasado en el Plan Nacional de Vivienda un programa de ayudas destinado a estimular los alquileres, con ayudas directas a los menores de 35 años que podrían acceder hasta un 50% del precio, siempre que no supere los 600 euros [algo que prácticamente descarta las grandes ciudades], y los ingresos del solicitante no rebasen cuatro veces el IPREM (el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, que no sean superiores a 30.000 euros anuales.
En los grandes núcleos de población, como Madrid o Barcelona, y en las zonas especialmente turísticas está teniendo un impacto creciente la irrupción de los llamados pisos turísticos que se gestionan en su mayoría a través de plataformas como Airbnb.
El fenómeno de la gentrificación, que es como se conoce, está desplazando a los habitantes de estas ciudades hacia la periferia, elevando los precios del alquiler, y dejando los centros y las zonas próximas a los puntos de interés casi exclusivamente para los turistas.
Esta realidad es en sí misma una excelente oportunidad para los inversores, que adquieren inmuebles todavía a precios inferiores al estallido de la crisis y optan por rentabilizarlos y explotarlos a través del alquiler turístico. Sin embargo, la capacidad de los españoles para reunir el dinero que exige una inversión inmobiliaria ha quedado muy mermada con la crisis económica y son, en gran medida, oportunidades al alcance sólo para grandes patrimonios.
Los españoles necesitan unos 7,5 años de sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda media, según la Sociedad de Tasación. En concreto, su índice de esfuerzo inmobiliario, que mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano necesita destinar para comprar una vivienda de tipo medio, se ha situado en el primer trimestre del año dos décimas por encima de lo registrado en 2017.
Pero el esfuerzo no es igual depende en la CCAA en la que vivas.En Baleares son necesarios casi 15 años y en Madrid (8) y Cataluña (8,5) el esfuerzo es alto, pero menor. País Vasco (7,4 años), Canarias y Galicia (7,2), Cantabria y Andalucía (6,9), Navarra (6,3), Castilla y León (5,8), C.Valenciana (5,6), Castilla-La Mancha (5,4), Asturias y Extremadura (5,3), Aragón (5,2), Murcia (4,9) y La Rioja (4,8 años) completan el ranking.

Los acuíferos aportarían siete veces el agua de los embalses

MADRID.- Los cálculos apuntan que la capacidad de los acuíferos en España supera los 400.000 hectómetros cúbicos (unas siete veces el agua total que se puede recoger en los embalses). Y es una cantidad de agua que hoy en día se encuentra desaprovechada, bien por una falta de gestión, bien por una mala gestión, lo que da lugar a la sobreexplotación de las masas subterráneas, plantea hoy elEconomista.

Actualmente, la estimación de las reservas totales de los acuíferos de las distintas demarcaciones es de 48.000 hectómetros cúbicos, según Juan José Durán, director del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (Igme), por lo que se podría multiplicar casi por 10 la capacidad de abastecimiento actual. 
Según los expertos, dadas estas cifras, una gestión regulada de los acuíferos, que incluyera la recarga artificial, se sumaría a las herramientas para planificación hídrica del país que permitiría hacer frente a los episodios climáticos extremos y al estrés hídrico. 
Y más teniendo en cuenta que entre el 25% y 30% de los recursos utilizados para abastecimiento urbano proceden de fuentes subterráneas, el 20% de los recursos para el riego -lo que supone el 28% de la superficie regada- y el 22% del agua para uso industrial.
"No existe un ciclo verdadero de gestión integral del agua. Se ha desasociado la fase subterránea del ciclo integral del agua urbana. No existe una solución única, pero vemos que, cuando tienen lugar las grandes discusiones políticas, se centran en trasvases, desaladoras, etc., pero existen distintas herramientas", se queja Fernando López Vera, presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua.
La explotación del acuífero está, desde el punto de vista jurídico y a nivel nacional, "pendiente de desarrollo legislativo", apunta José Antonio de la Orden, investigador del Igme. 
A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua considera la recarga artificial como una presión sobre las masas de agua subterráneas, es decir, por lo tanto, se considera un vertido. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico no hacen una definición de la recarga artificial de acuíferos, por lo que se extiende la consideración europea de vertido. 
"Hay que flexibilizar la normativa. Según la actual, la lluvia no cumpliría los requisitos, sería considerada vertido", explica Jesús Carrera, profesor de Investigación del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
No es el único aspecto que preocupa al sector de la regulación sobre acuíferos. La titularidad del acuífero y de la recarga es otro de los aspectos que están pendientes de desarrollo normativo, así como la normativa de su aprovechamiento, lo que crea inseguridad jurídica para los operadores.
Además, el perímetro de salvaguardia del volumen de agua recargada, así como la flexibilización de la utilización conjunta, son aspectos que las empresas demandan que se regule para poder poner en práctica más proyectos de recarga.
"Empresarialmente no vamos a apoyar más, es la administración la que tiene que cambiar la ley y cambiarla radicalmente", indica Pedro Rodríguez Medina, director de Desarrollo Corporativo de FCC Aqualia. Hoy en día, tal y como está la legislación, apostar por la recarga artificial de acuíferos, "es más costoso, porque sería incluir nuevas fases en el tratamiento para ser capaces de recargar los acuíferos", continúa. 
De la misma opinión es Marina Arnaldos, responsable del Área de Recursos Hídricos, Producción y Regeneración de Cetaqua, quien apunta que "plantear que el operador va a hacer algo que no es rentable, no es posible. No va a tratar un agua para recargar un acuífero que no va a utilizar. Otra cosa sería que no tuviera que tratarla".
Por su parte, la administración parece no tener en su agenda a corto plazo este tema. Luis Martínez Cortina, consejero del Ministerio de Agricultura, asegura que "se puede hablar de ello en los planes hidrológicos del tercer ciclo; los segundos estaban muy centrados en la depuración. Pero no es algo ni inmediato ni sencillo". 
Y recuerda que las cuestiones medioambientales tienen prioridad en este asunto. "La Directiva Marco del Agua recoge la recarga artificial como una presión sobre nuestras masas de agua. Y el fin último de la directiva es preservar el estado de las masas. Lo que hay que demostrar es la inocuidad de lo que viertes".
Según Victor Arqued, secretario general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, las líneas de actuación se centran en la actualización del inventario de recursos hídricos, ajustes en la caracterización de las masas de agua subterránea, el ajuste de los programas de seguimiento sobre las mismas, de las exenciones y la actualización y ajuste de los programas de medida.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura propone derivar 60 hm3 hasta junio


MURCIA.- Los miembros de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura propusieron este martes derivar 60 hectómetros cúbicos a lo largo de los tres próximos meses, según pudo saber el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, citado por La Verdad. 

Dicha propuesta queda a expensas de la decisión que tome la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que tendrá que publicar una orden en el BOE los próximos días para que se haga efectivo el desembalse. Puede mantener dicho volumen o variarlo.
Este caudal se irá derivando cada mes conforme a las necesidades de la cuenca receptora y a la vista de la evolución de las reservas en el Sistema de Entrepeñas y Buendía. 
Los regadíos recibirían al mes 12,5 hectómetros en origen, y el resto sería para abastecer a la población.
La Comisión se reunió a las 14.00 horas bajo la presidencia de la directora general del Agua del Ministerio, Liana Ardiles. 
Los embalses de la cabecera del Tajo contienen 472 hectómetros, por encima de la línea roja de los 400.

Un fallo técnico provoca retrasos en la mitad de los vuelos de toda Europa

BRUSELAS.- La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, ha alertado este martes de la perturbación en el tráfico aéreo en Europa debido a un problema en su sistema de gestión, que reducirá en un 10% la capacidad de la red europea y provocará posibles retrasos en la mitad de los vuelos programados.

"Ha habido una quiebra del Sistema de Gestión del Flujo Táctico Reforzado (ETFMS, por sus siglas en inglés), con un impacto en el sistema de plan de vuelos asociado", ha informado Eurocontrol en un comunicado.
El organismo intergubernamental ha admitido que "aproximadamente la mitad" de los 29.500 vuelos previstos en la red europea para este martes podría "sufrir algún retraso" debido a la quiebra del sistema y ha precisado que espera que las operaciones de red se reanuden a última hora de la tarde.
Horas antes, el organismo intergubernamental, que contribuye a la puesta en marcha del proyecto 'Cielo Único Europeo' explicó que los procedimientos de contingencia activados a raíz del incidente reducirían "la capacidad de la red europea en un 10% aproximadamente".
Eso sí, dejó claro que "el control del tráfico aéreo no se ha visto directamente afectado y no hay consecuencias para la seguridad derivadas de este incidente".
Eurocontrol ha asegurado que el problema "ha sido identificado" y se ha puesto en marcha un plan de contingencia, que se mantendrá en las próximas horas hasta que haya certidumbre de que el sistema tiene "datos suficientes" para operar de forma "completamente correcta".
A la espera de la recuperación total del sistema, prevista a última hora de esta tarde, Eurocontrol ha solicitado a las aerolíneas que enviaron sus planes de vuelo antes de las 10.26 UTC (Tiempo Universal Coordinado) y que todavía no han despegado a volver a hacerlo dado que los datos se han perdido.
El ETFMS es clave para la gestión del tráfico al emplearse para calcular la demanda de tráfico con la capacidad disponible para el control del tráfico aéreo.
Básicamente sus dos funciones principales consisten en calcular la demanda del tráfico en cada sector de área de operaciones, utilizando información de planes de vuelos de los operadores aéreos y en la asignación de 'slots' (derechos de aterrizaje y despegue).

Los mejores destinos para los turistas europeos con un euro fortalecido

MADRID.- El turista europeo tiene en sus vacaciones un aliado que para muchos puede haber pasado desapercibido: el euro. Durante los últimos años ha sido habitual ver cómo muchos países devaluaban sus monedas, o intentaban mantenerlas a precios bajos frente a otras, con la intención de exprimir las exportaciones, tal como recuerda elEconomista. 

Parece que una moneda débil es algo que todo el mundo quiere, obviando el impacto positivo que conlleva una revalorización de tu divisa: fuera de la eurozona, por ejemplo, el poder adquisitivo aumenta para un europeo que cobra en euros si la moneda se encarece frente a otras. 
Así, la fortaleza de la divisa europea durante los últimos meses es algo que celebrar para el viajero, siempre y cuando haya elegido el destino adecuado. En esta ocasión no será difícil evitar lugares en los que el tipo de cambio este año sea negativo para el turista europeo: apenas un puñado de divisas se han revalorizado frente al euro desde la Semana Santa de 2017, mientras que aquellas que se han depreciado se cuentan por decenas. 
Duarte Líbano Monteiro, director general de Ebury para España y Portugal, explica cómo "la devaluación de algunas monedas en el último año frente al euro ha supuesto una oportunidad para aquellos que salgan de vacaciones con destino a algún país fuera de la zona euro durante la Semana Santa".
Para entender las subidas que ha experimentado el euro en los últimos 12 meses, hay que recordar la tensión que sufrió la divisa durante la primera mitad del año pasado por el temor a que los resultados electorales en la eurozona pusiesen en peligro la continuidad de la eurozona tal y como la conocemos. 
Sin embargo, Le Pen perdió en Francia y Wilders en Holanda, una clara victoria para los partidarios de la Unión y su divisa, y esta última ha recogido los frutos. 
Además, la economía de la región ha sufrido un impulso durante los últimos meses, algo que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ya reconoció en el foro de Sintra el 27 de junio, y su discurso entonces fue recogido con fuertes alzas de la divisa en la mayor parte de sus cruces, que han continuado hasta hoy de forma general.

Los mejores destinos

Según el incremento en poder adquisitivo en el último año que ha generado el avance del euro, en este periodo vacacional Argentina se presenta especialmente atractivo para el viajero europeo que haya decidido viajar al país presidido por Macri. 
Con la misma cantidad de euros en el bolsillo, este año el turista pudo comprar el doble de productos que en la pasada Semana Santa, ya que la divisa europea ha subido más de un 54% frente al peso argentino durante el último ejercicio, hasta los 24,87 pesos por euro. 
Sin embargo, en el caso de Argentina es clave tener en cuenta la inflación, en niveles de casi el 27% interanual, que reducen significativamente el incremento en el poder adquisitivo.
El siguiente destino vacacional más interesante por la subida del euro también es latinoamericano: Brasil, el país de la selva amazónica por excelencia. La moneda europea ha subido más del 22% durante los últimos 12 meses en el cruce con el real, hasta los 4,03 reales por euro, y en este caso la inflación está mucho más controlada; cerró el año 2017 en una tasa interanual del 2,82%, por lo que su impacto será mínimo en el bolsillo de quien viaje al país carioca.
Para quien prefiera viajar al sudeste asiático, también en esta región hay países en los que la misma cantidad de euros pesará más en el bolsillo del turista: Filipinas es el siguiente país cuya divisa ha caído más frente a la europea, un 21,6%, hasta los 64,13 pesos por cada euro, con una inflación interanual que no alcanza siquiera el 3,5%. 
Hay otros destinos que pueden ser interesantes, en los que la moneda europea se ha revalorizado más del 15% frente a sus monedas durante el último año, repartidos por todo el mundo: Rusia, donde el cruce del euro con el rublo ha subido un 18%; India, con casi el 17% de subida; Hong Kong, con un porcentaje similar, o México, con un repunte de casi el 16%.
El caso de Estados Unidos es ahora especialmente destacable. El euro cotizaba por debajo de los 1,06 dólares la pasada Semana Santa, y a esta llegó rozando 1,23, un incremento de más del 15% que durante los últimos años no ha sido nada habitual, ya que han estado marcados por las caídas del euro frente al billete verde. 
Sin embargo, el último año ha sido diferente: a pesar de la subida de tipos de la Reserva Federal y de que los estímulos siguen presentes en la eurozona, el interés que ha hecho público el Gobierno de Donald Trump por mantener al dólar bajo se ha dejado notar en el mercado, generando esas fuertes subidas para el euro y caídas para el dólar.

El ex consejero de Empleo dice que "toda Andalucía conocía" las ayudas de los ERE

SEVILLA.- El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha negado que las ayudas bajo sospecha en el caso de los ERE, tanto las prejubilaciones como las destinadas a empresas en crisis, fuesen gestionadas con secretismo y, por lo tanto, repartidas al libre albedrío de los sus responsables. Al contrario, Fernández ha venido a decir que el programa 31L, del que se nutrían estas ayudas supuestamente irregulares, era ampliamente conocido no sólo entre quienes podían ser beneficiarios, sino a nivel global, según la crónica de El Mundo.

Tanto es así que ha llegado a afirmar, a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga, que "todo el que vivía en Andalucía conocía el 31L", a pesar de que no se publicitaba de ninguna forma, como ha remarcado el fiscal.
Quienes tenían que conocerlo, ha abundado el ex consejero, lo conocían. En concreto, se ha referido a los sindicatos y a los comités de empresa, los "destinatarios" en palabras del ex consejero, de estos programas que, además, se publicaban en la Ley de Presupuestos, en el Programa de Actuación de Inversión y en la Cuenta General de la Junta.
Fernández ha vuelto a admitir -ya lo hizo la semana pasada- que las ayudas se daban sin seguir ningún protocolo ni norma concreta, sencillamente porque no la había. Y no la había, ha justificado, porque "dos expedientes no son nunca iguales entre sí".
El desconocimiento ha sido, de nuevo, uno de los argumentos más utilizados por Antonio Fernández en esta nueva jornada de interrogatorio. No conocía, ha subrayado, que las compañías aseguradoras que hacían de intermediarias en las pólizas de prejubilaciones de los trabajadores acogidos a los ERE fuesen contratadas por la Dirección General de Trabajo, a cuyo frente estaba Francisco Javier Guerrero, al que señala reiteradamente.
De igual forma, no conoció los reparos de la Intervención al pago de estas ayudas por la falta de fiscalización previa ni tampoco cómo se fiscalizaban las mismas. "Nunca me dijeron nada", ha insistido a las preguntas reiteradas del representante del Ministerio Público.
El programa, sostiene el ex consejero, "siempre funcionó con absoluta normalidad".
No sólo no conoció las irregularidades, manifiestas según la Guardia Civil, la juez Mercedes Alaya y la propia Fiscalía acerca de la omisión de este deber de fiscalización y de cómo se eludieron los controles, sino que además "nunca nadie me advirtió, ni informó, ni comunicó ni aconsejó", ha apostillado Fernández.
Ésta es la tercera sesión del juicio en la que declara el ex consejero, que la semana pasada pidió la suspensión del interrogatorio a causa de la disfonía que sufre tras una reciente intervención quirúrgica.

A los funcionarios y a Guerrero

Tanto en la primera como en la segunda jornada de su comparecencia ante el tribunal que juzga la llamada pieza específica de los ERE, Fernández ha descargado toda la responsabilidad en quienes estaban por debajo de él en el organigrama de la Consejería de Empleo. Tanto en los funcionarios como, sobre todo y especialmente, en quien fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
En relación a Guerrero, le señaló directamente al afirmar que era quien decidía a quién se otorgaban las ayudas y por qué importe. Fue más allá al asegurar que "nunca dio una orden para conceder una ayuda o subvención" a Javier Guerrero, quien, además, tampoco le consultaba. 
"Lo que yo despachaba con el director general eran las líneas generales, el cuánto era una decisión del director general", aseveró en respuesta a las preguntas del fiscal.
Admitió, además, el ex consejero que las subvenciones se concedían sin ningún criterio preestablecido. Fernández reconoció que no existía una norma como tal "porque no todo es igual". Lo que había, afirmó, eran "criterios generales" de aplicación.
En la primera jornada de su declaración ante el tribunal, el ex consejero de Empleo descargó cualquier tipo de responsabilidad por las irregularidades en los ERE en los funcionarios, a los que señaló a lo largo de toda su intervención para tratar de exculparse a él mismo y al resto de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 
"Quienes escriben son los funcionarios, no los políticos", sentenció a modo de resumen de su tesis.
Fernández insistió además en que ninguna de las decisiones que él o los otros ex altos cargos tomaron tenían como objetivo esquivar los controles de la Intervención, como sostiene la Fiscalía y como subrayó la Guardia Civil en sus atestados.
La Fiscalía reclama para el ex consejero Fernández penas de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
De los ex consejeros de la Junta de Andalucía sentados desde diciembre en el banquillo junto a Chaves y Griñán, Antonio Fernández es el único que ha pisado ya la prisión por su presunta responsabilidad en el desvío de fondos públicos en las ayudas destinadas a trabajadores y empresas en crisis, el conocido como caso de los ERE, cuya pieza principal se juzga actualmente en la Audiencia de Sevilla.
Fernández entró en el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) pasadas las 8 de la mañana del 24 de abril de 2012, tras el auto de prisión firmado por la juez Alaya de madrugada. Y no saldría hasta el 11 de agosto de ese mismo año, tras depositar una fianza de 450.000 euros que consiguió reunir con «cientos de aportaciones individuales de familiares y amigos», según explicó entonces su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

Jornada sobre el caso 'Aguas de El Ejido' el jueves día 5 en el Hotel 'Victoria' por la tarde a las 19 horas


ALMERÍA.- Francisco Sánchez del Águila Ramón, presidente de AMAyT (Asociacion Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia) en colaboración con ASEPUCAR de Cartagena y con el patrocinio de la Fundación Aqua Tellum, organiza la Jornada sobre Reconquista y Remunicipalizacion del servicio público de Aguas.Usos y abusos de gestión privada del Servicio. El ciclo del agua agroindustrial. El caso Aguas de El Ejido.

La jornada tendrá lugar el próximo jueves, día 5 de abril, en el Hotel Victoria de El Ejido a las 7 tarde.

Entre los ponentes estarán Fernando Urruticoechea, interventor municipal en Torre-Pacheco; Antonio Meca, concejal de C's en Lorca; el almeriense de Cuevas de Almanzora, Martín Rodríguez, en representación de  la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (ASEPUCAR) y Francisco Sánchez, abogado y presidente AMAyT.
Habrá Mesa redonda y debate, según la organización.

lunes, 2 de abril de 2018

¿En qué CCAA se paga más y en cuáles menos a la hora de hacer la Declaración de la Renta?

MADRID.- La declaración de la Renta es el deber de los contribuyentes de ajustar cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos a lo largo de un año fiscal. No obstante, cada ciudadano pagará más o menos en función de la parte de la geografía española en la que esté empadronado. El mapa fiscal español es muy dispar y existe una importante brecha entre comunidades autónomas, que ha hecho que muchos ciudadanos lleguen incluso a modificar sus domicilios fiscales, según El Mundo. 

Así, los contribuyentes catalanes con rentas bajas y medias son los que mayor esfuerzo fiscal tendrán que hacer a nivel nacional para afrontar la presentación del IRPF. Tanto es así que un ciudadano tipo, es decir, menor de 65 años, soltero, sin discapacidad y sin hijos, con una renta común de 16.000 euros anuales tendrá que abonar a Hacienda 1.611,7 euros, una cifra por encima de la media española en este tramo salarial.
De este modo, Cataluña vuelve a coronarse esta campaña como la autonomía con mayor presión fiscal en los ingresos brutos anuales de hasta 30.000 euros, un dato motivado por ser la única comunidad que no ha modificado su normativa impositiva tras la reforma fiscal aprobada por el Gobierno en 2015.  
En la otra cara de la moneda, la comunidad en la que el esfuerzo fiscal es menos acusado en todos los tramos de renta es Madrid, donde por un bruto anual de 16.000 euros habría que abonar 1.434 euros, un 12,3% menos que en Cataluña.
Para salarios medios, Cataluña y Madrid ocupan, de nuevo, los polos opuestos de la lista en tributación al IRPF. Así, un contribuyente catalán con una renta de 30.000 euros pagará a Hacienda 5.102 euros frente a los 4.829 euros que abonará el madrileño.
En los tramos de renta media y alta, Extremadura se consolida como la región donde mayor presión fiscal se ejerce sobre los usuarios por sus rendimientos, con 9.822 euros para ganancias de 45.000 euros y de 19.931 euros para rentas de 70.000 euros anuales, frente a los 9.306 y 18.975 euros de la capital española, respectivamente.
Por otra parte, la región en la que más se castiga las rentas altas es la Comunidad Valenciana, donde se impone el IRPF más elevado de toda España para este tipo de rendimientos. Así, por una renta anual de 90.000 euros, el contribuyente en cuestión deberá abonar al fisco un total de 29.163,2 euros, 1.487,8 euros de diferencia respecto a Madrid.
Después de Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, las autonomías en las que el pago de IRPF supera la media nacional para la mayoría de los tramos de renta anual son Aragón, Murcia y Andalucía, respectivamente. 
Por su parte, los contribuyentes que más ahorrarán en la declaración de este año son los empadronados, (además de Madrid), en Castilla-La Mancha y Castilla y León, seguidos po Canarias, La Rioja y Cantabria, donde la presión fiscal es más acusada en los tramos de rentas medias y altas.
El ecuador de la lista lo ocupan Galicia, Asturias y Baleares. El contribuyente gallego deberá abonar más impuestos que la media española por su renta en caso de situarse entre los tramos de 32.000 y 100.000 euros brutos anuales, una acción fiscal totalmente inversa al caso asturiano y balear, en los que se tributa menos en rendimientos medios y más en los extremos, es decir, en rentas bajas y altas.
Como novedades a este escenario fiscal, 2018 se presenta con rebajas selectivas al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas en Madrid, Cantabria, Baleares, Murcia, Galicia, Canarias y Castilla y León, cuyas bonificaciones en el tributo incluirán guiños a la condición de familia numerosa o nacimiento de hijos. 
Además, en La Rioja y Extremadura se recogerán las mayores deducciones, con bajadas de tipo impositivo. Fuera de estas rebajas fiscales se quedan Cataluña, Aragón y Asturias que no prevén cambios en el impuesto.

El pobre paro de los autónomos: inferior al salario mínimo y al umbral de la pobreza

MADRID.- El subsidio de desempleo de un autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales) en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce, ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses (9,65), recuerda hoy Público.

Son dos de las principales conclusiones que ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han supuesto para el Estado una ganancia neta de alrededor de 800 millones.
El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.
Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.
Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el 25%.

Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio

Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del colectivo.
Ese pago da derecho, tras un mínimo doce meses de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60 euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem), siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de Empleo.
El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se explotaba.
Algo más del 20% de los ceses (361) corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de su medio de vida para la víctima.

“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”

“El sistema del CATA está bien estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena”.
En este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del colectivo. “Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.
Sin embargo, las reformas normativas apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de las aportaciones.

Las mutuas, más restrictivas que la Administración

Por otro lado, llama la atención la diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el 92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un total de 287”.
El informe señala que el cese de actividad, en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132 millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18 millones de euros.
Por una parte, “el importe teórico estimado de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.
La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros, con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza (11,57).

La dejadez de las comunidades

UPTA, que mostró su malestar por “el escaso resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el “escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.
“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año” sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han perdido su negocio”.
La organización ha solicitado a la Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo, incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

El silestone causa silicosis a los trabajadores que lo manejan como los de 'Cosentino'


ALMERÍA.- Mi nombre es José Antonio López Moreno tengo 43 años, comencé a trabajar en Cosentino en enero del 94 con 18 años y hasta mi jubilación total por enfermedad, mi puesto de trabajo lo desarrollé en la única línea de producción del silestone que existía, donde me encargaba del calibrado y del pulido. Mi herramienta de trabajo era una máquina multidisco donde se cortaba solería y tableros de silestone, mi enemigo silencioso y traicionero, el sílice que a punto estuvo de llevarme a la tumba. 

José Antonio López Moreno, presidente de AEPSIS en Almería se muestra nervioso al iniciar esta entrevista. La misma se la solicitamos por varios motivos. El primero, saber un poco más de su asociación, el segundo para conocer de primera mano el trabajo de alguien que trabajó en la multinacional almeriense y el tercero al tener conocimiento de un juicio que va a celebrarse el próximo martes en Almería contra él, tras un recurso presentado por Cosentino.

-¿Recuerda cuando llegó a Cosentino?
Sí, entré con un contrato de practicas en noviembre de 1993 y se formalizó mi contrato como trabajador en enero de 1994.

-Hábleme de su trabajo.
Desde que empecé siempre estuve en el mismo puesto, este estaba al final de la línea del silestone, en una máqina multidisco donde se cortaba la solería y los tableros de silestone y que era el lugar donde se llevaba a cabo el control de calidad, es decir donde se comprobaba que el producto estaba perfecto y donde se desechaba aquel que no estaba bien.

-De un tiempo a esta parte desde su asociación se viene denunciando la falta de medidas de seguridad, así como que la enfermedad detectada es consecuencia de la falta de dichas medidas. Hábleme de ellas.
No había medida alguna. La vestimenta que la empresa nos daba era un pantalón, una chaquetilla y una botas de seguridad identicas a las que utilizan los albañiles en la obra. No había mascarillas.

-¿Nunca utilizaron mascarillas?
Fue por el año 98 cuando al enterarnos que había compañeros enfermos, empezamos a pedirlas pero no nos las dieron. Las primeras que nos dieron recuerdo que fue en el año 2002, cuatro años después y estas eran de papel.

-¿Padece usted silicosis?
-Sí.

-Cuénteme como supo que la padecía.
Comenzó a darme fiebre, principalmente por las tardes. Así estuve cuatro o cinco meses. Todas las tardes me tomaba un paracetamol y hasta fui catorce o quince veces al servicio de urgencias de Huercal Overa. 

-¿Dejó usted de trabajar?
No. Recuerdo que me hicieron varias analíticas, una de ellas para saber si sufría de fiebres de malta. La fiebre y el malestar fue en aumento hasta que un día sufrí un gran dolor en el pecho y fui a Macael para que me vieran en la Mutua Universal. La médico que me vio me dijo que podía ser tuberculosis. De allí me mandaron al hospital de Huercal Overa donde estuve ingresado 45 días pues me aumentó la fiebre y hasta perdí la conciencia. Estuve nueve días aislado. Tal era mi gravedad que aconsejaron a mi padre que comprara mi ataud.

-¿ Lo compró?
Sí.

- ¿Qué dijo su empresa?
Nunca se pusieron en contacto conmigo, ni se preocuparon por mi estado.

-Supongo que fue entonces cuando le detectaron la enfermedad.
No, el diagnóstico con el que salí del hospital fue: "Fiebre alta moderada de origen desconocido".

-¿Qué hizo después, tras el alta médica ?
Me incorporé a mi puesto de trabajo hasta que al tercer o cuarto mes volví a recaer y me llevaron de nuevo al hospital donde me hicieron nuevas pruebas y entre estas un TAC y una biopsia pulmonar en la que me detectaron partículas de sílice en los pulmones y por consiguiente silicosis.

- ¿Y a partir de ahí...?
Me dieron la jubilación total, viendo reducidos mis ingresos como viera reducida mi salud, pasando a percibir el 55% de la base de cotización.

Le pregunto que cobra actualmente, me lo dice pero me pide que no lo publique pues lo considera algo personal. Así lo hacemos. Sin embargo la pregunta viene a colación de algo que hemos conocido y es motivo también de esta entrevista. Es por ello que le preguntamos:

-Hemos conocido que el próximo martes tiene usted que presentarse en un juzgado de Almería, por un tema relacionado con la que fuera su empresa.
Se sorprende y me pregunta como lo sé, le contesto que conocerlo es nuestro trabajo. Se muestra reacio a hablar del tema, insistimos y me aclara.
-A la empresa la penalizaron por falta de medidas de seguridad.

-¿Por qué y quién?
Fue tras tras un informe que hizo la Inspección de Trabajo después de que un inspector de Trabajo confirmara la falta de medidas de seguridad. Por tal motivo recibimos un incremento del 30% sobre ese 55% que cobramos de acuerdo a nuestra base de cotización.

- ¿Y eso que tiene que ver con el juicio promovido por Cosentino en el que se le cita a usted?
- Cosentino ha recurrido ese incremento por lo que podría perder ese treinta por ciento. Un dinero que de no percibir perjudica mi tratamiento, pues no olvidemos que debo acudir al médico a menudo, gastar en desplazamientos y medicinas ya que soy un inválido.

-Hábleme de AEPSIS-Almería, la asociación de la que usted es presidente.
La misma está legalmente constituida desde noviembre del pasado año y la componen medio centenar de personas. Tiene la sede en Arboleas (Almería) y se crea para asesorar y ser vehículo de ayuda a los afectados de silicosis en esta provincia. Era necesaria para dar a conocer nuestra problemática; tenga en cuenta que en los últimos años han muerto 6 ó 7 personas y en estos momentos tenemos constancia de que entre 35 y 40 personas están enfermos por la silicosis en la comarca, cifra esta que día a día se van incrementando. Tal es así que en este último mes se han detectado dos casos más.

-Para terminar, ¿quiere decirle algo a los responsables de la empresa Cosentino?
Les diria que antes de hacer lo que el próximo martes van a hacer se pongan en mi lugar, en el lugar de los que han fallecido y en el de sus familias, en el lugar de los afectados que han perdido su trabajo y ahora luchan por vivir.

Puestos en contacto con el abogado de Jose Antonio Lopez Moreno nos aclara que "el próximo martes en los Juzgados de Almería, se va a celebrar un juicio donde la empresa Cosentino, S.A. ha solicitado la anulación de la sanción que le impuso la Seguridad Social por carecer de medidas de seguridad en la fabrica".
Asímismo nos informa "que la Inspección de Trabajo determinó que la enfermedad del trabajador tenía una relación de causalidad directa entre el trabajo desempeñado en la fabrica y la falta de medida de seguridad en su puesto de trabajo. Ante esto la empresa alega una supuesta prescripción con el objeto retirarle el 30 % de su pensión".
Es importante aclarar que ese 30% supone un importe próximo a los 200 euros mensuales.




domingo, 1 de abril de 2018

Cosas que no se pueden olvidar al hacer la declaración de la Renta

MADRID.- El miércoles 4 de abril es un día importante para marcar en el calendario: empieza oficialmente la Campaña de Renta y llega la hora de hacer cuentas con el fisco. Muchos ciudadanos esperan ansiosos este momento porque confían en que su declaración salga a devolver y en recibir un buen pellizco de Hacienda. Aún no se conocen las estimaciones oficiales, pero cada año se suelen presentar unos 20 millones de declaraciones y, normalmente, alrededor del 70% sale a devolver, según www.vozpopuli.com.

Lo primero que hay que tener claro es el calendario. Este año la Campaña empieza oficialmente el 4 de abril y se extenderá hasta el 2 de julio, un poco más de lo habitual. Desde el pasado 15 de marzo se puede descargar la nueva aplicación que permitirá hacer la declaración en un solo 'clic' a casi cinco millones de contribuyentes. Puedes consultar en este enlace cómo funciona la aplicación y en este otro las fechas clave de la declaración de este año.
Durante estos días toca empezar a recabar todos los datos importantes para hacer la declaración e informarse de las novedades y las particularidades de la comunidad autónoma en la que reside cada uno. No hay que olvidar que hay muchas diferencias en materias que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos, como el alquiler, la compra de vivienda y los gastos de guardería, por ejemplo.
De hecho, los técnicos de Hacienda, creen que los contribuyentes podrían maximizar su declaración y beneficiarse aún más de ciertas ventajas fiscales, por lo que han elaborado un decálogo de los 10 olvidos más frecuentes de los ciudadanos para que tomen buena nota estos días e incluyan en su declaración toda la información. Estas son las cosas que no se pueden olvidar:
  • Rendimientos de trabajo. Hay algunos gastos deducibles que pueden incluirse en los rendimientos de trabajo como las cuotas sindicales o las de los colegios profesionales, siempre que la colegiación sea obligatoria para trabajar y con un límite de 500 euros al año. También se pueden incluir los gastos en abogados si se ha ido a juicio con una empresa (límite de 300 euros anuales) o los gastos que supone la movilidad geográfica de un parado que acepte un empleo que le obligue a cambiar de residencia. Además, los trabajadores con discapacidad pueden desgravarse entre 3.500 euros y 7.750 euros si están en activo. 
  • Titularidad de los inmuebles. Sobre todo las viviendas y locales vacíos que se imputan como rentas inmobiliarias. Hay que revisar que no incluyan viviendas que ya no son de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o habitadas por el ex cónyuge.  
  • Ganancias patrimoniales. Es importante revisar este tipo de ganancias en la transmisión de inmuebles y otros bienes y tener en cuenta las exenciones que existen para mayores de 65 o personas en situación de dependencia severa. También hay otra exención en la transmisión de vivienda habitual si las ganancias se reinvierten en una nueva compra o rehabilitación de otra vivienda en menos de dos años. 
  • Cambios en la situación familiar. Es muy importante reflejar los nacimientos, defunciones y cambios del estado civil en la declaración de la renta. Todas estas variables afectan al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares. También hay que tener en cuenta las situaciones de discapacidad, tanto personales como familiares, especialmente las sobrevenidas o agravadas durante 2017.
  • Impuestos negativos. Hay ayudas familiares que se implementan a través de los conocidos 'impuestos negativos, como la ayuda a familias numerosas, la de descendientes o ascendientes con discapacidad, las familias monoparentales con dos hijos sin anualidades por alimentos o las madres trabajadores con hijos menores de 3 años.   
  • Deducciones autonómicas. Es importante dedicar un poco de tiempo a repasar las deducciones autonómicas, ya que, aunque sean desconocidas por el contribuyente, pueden suponer importantes beneficios fiscales por gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda y otras muchas cosas. En este punto, los técnicos de Hacienda recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, leer el índice y repasar los apartados que interese a cada persona.
  • Alquileres. La deducción estatal ha desaparecido, pero se mantiene vigente para los contratos firmados antes del 1 de enero de 2015. Así, los inquilinos con contratos anteriores a esa fecha pueden seguir deduciéndose el 10,05% de las cuotas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales. Ademas, algunas comunidades tienen sus deducciones propias como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.
  • Compra de vivienda. La deducción estatal también ha desaparecido, pero se sigue aplicando a los que compraron o hicieron pagos para su construcción antes del 1 de enero de 2013. Estos contribuyentes mantienen el derecho a la desgravación siempre que se hayan deducido por esa vivienda en 2012 o en años anteriores. Pueden deducirse hasta un 15% de las cantidades invertidas con un límite de 9.040 euros. Además, los que hayan realizado algún gasto en obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, también deben revisar a fondo el borrador. Igual que los contribuyentes que se han gastado dinero en adecuar sus viviendas a las personas con discapacidad antes de 2013 y si las obras han acabado antes de 2017. 
  • Aportaciones a partidos políticos y donativos. Las aportaciones a partidos dan derecho a una deducción del 20% de las cuotas de afiliación. La base máxima de esta deducción será de 600 euros anuales. Además, la última reforma fiscal introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos siempre que hayan sido certificadas por la entidad beneficiaria.
  • Planes de pensiones. A pesar de que el borrador tiene incluidas las aportaciones a planes de pensiones, conviene revisar todos los datos antes de validar el documento. Y es que estas aportaciones permiten rebajar considerablemente la base imponible del IRPF. También se pueden reducir las aportaciones a planes de pensiones realizadas por el cónyuge del contribuyente cuando éste perciba rendimientos del trabajo o de actividades económicas inferiores a los 8.000 euros al año.   
  • Cláusulas suelo. Y finalmente no hay que olvidarse de las cantidades devueltas procedentes de las cláusulas suelo de las hipotecas. Según Gestha, el dinero que se pagó al banco y que este devolverá después es el reintegro de un pago indebido, por lo que no constituye renta. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses que tienen la finalidad de indemnizar y que están relacionados con las cláusulas suelo. Aunque hay una excepción cuando estos intereses se cobran en metálico y han formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por las comunidades. En esos casos hay que regularizar dichas deducciones indebidas de los cuatro ejercicios no prescritos de 2013 a 2016.