MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente ha destacado, ante la aprobación este jueves en el
Congreso de los Diputados de la Ley de Protección y Uso Sostenible del
Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de 1998, que la nueva
norma "prohíbe expresamente" la construcción en dominio público y en la
zona adyacente de servidumbre de protección.
Así, valora que el nuevo texto "afronta los problemas que no pudo
solucionar la anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier
incremento de lo ya edificado. Además, manifiesta que la norma "responde
al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de
las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental.
Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula
para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e
introduce una estrategia de lucha contra el cambio climático.
Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene "como primer objetivo
la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos
urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al
limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando
en todo caso su protección.
Para el Ministerio, la Ley de Costas "responde única y
exclusivamente al interés general", a la necesidad del fomentar la
actividad económica sostenible en las zonas litorales (por eso se
amplían los plazos máximos de las ocupaciones), siempre que se garantice
la protección medioambiental de la costa, protegiendo al mismo tiempo
los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a
la necesidad de resolver problemas históricos del litoral español que
aquella no ha podido resolver. Por ejemplo, se refiere a la
"urbanización descontrolada" en algunos puntos de litoral y que ha
supuesto su degradación.
Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley
no solo impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus
novedades, una cláusula, la llamada "Antialgarrobicos", que permite
frenar la construcción ilegal antes de que se produzca, facilitando al
gobierno la suspensión cautelar de la obra a la espera de la decisión
judicial.
La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron
legítimamente una vivienda y que se vieron después desposeídos y la
reforma obligará a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes
de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde.
Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues
esta situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos.
El Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al
Gobierno por tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y
la confianza en España.
Otra de las medidas que valora como "esenciales" es la mejora de
la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la
costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva
legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo
de 75 años.
Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene
en cuenta el cambio climático e introduce políticas de lucha contra
este fenómeno y tiene en cuenta un plan de adaptación y la mitigación en
el litoral.
Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un
estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa
española, algo que, según el Ministerior, "jamás se ha hecho".
