jueves, 11 de octubre de 2012

El alcalde de Almería "aceptaría dependiendo de las circuntancias" la conexión en tren con el puerto de Minas de Alquife

ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), ha señalado este jueves que "aceptaría dependiendo de las circunstancias" la conexión de la estación de ferrocarril con el Puerto de Almería "en el supuesto de que viniera" una propuesta similar a la realizada por la compañía holandesa de capital alemán Minas de Alquife Holding, que propone la exportación de mineral de hierro a través de las instalaciones portuarias capitalinas. 

   En declaraciones a los periodistas tras la reunión del consejo de administración de Almería Alta Velocidad, el regidor ha vuelto a subrayar la negativa del gobierno local a contemplar una conexión en superficie, de forma que, en caso de plantear una opción soterrada, ésta dependería "de los informes de impacto ambiental y de muchas circunstancias".
   "Las circunstancias son fundamentales en la vida para todo", ha reinicidido el primer edil 'popular' después de que esta semana su concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, trasladara la "oposición frontal" del equipo de gobierno al proyecto planteado por la compañía, que aún se encuentra pendiente de obtener la autorización ambiental integrada, al considerar que supondría volver "al siglo XVIII" ante los índices de contaminación y ruido que conllevaría la puesta en funcionamiento.
   Tras encontrar diferentes posturas a la oposición de Venzal al proyecto durante la última semana por parte de la Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria y los miembros de la oposición, el alcalde ha calificado de "muy simpáticas" las últimas declaraciones del edil de Urbanismo, que señalaba a la Cadena SER que "en Almería no cabe ni un tonto más" y volvía a rechazar el proyecto que promueve un "míster Marshall".
   Así, el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha declinado verter opiniones al respecto, si bien ya había mostrado anteriormente su preferencia por que la exportación de hierro se realizara a través del puerto industrial de Carboneras en lugar de hacerlo por la capital.

Carboneras condiciona la exportación de Minas de Alquife desde su puerto a nuevas conexiones viarias y de AVE

CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, ha trasladado la disposición "favorable" del Ayuntamiento para que el puerto industrial del municipio sea la salida del hierro que exporte el holding empresarial Minas de Alquife aunque ha condicionado el sí a una mejora de las infraestructuras viarias y a una conexión directa con la línea del Corredor de Alta Velocidad entre Murcia y Almería.

   Hernández se ha pronunciado en estos términos después de que los subdelegaciones del Gobierno en Almería y Granada, Andrés García Lorca y Sebastián Pérez, abogasen por esta opción frente a la que plantea de forma prioritaria Minas de Alquife, que apuesta por el puerto de la capital almeriense.
   "El Ayuntamiento se muestra a favor del proyecto siempre y cuando éste cumpla con todas las normativas y, a su vez, abra una nueva variante desde el puerto industrial hasta la Venta del Pobre para evitar el colapso del tráfico", ha indicado.
   Al hilo de esto, ha recordado que la posibilidad de llevar el hierro de las Minas de Alquife hasta el puerto de Carboneras no es nueva y ha hecho referencia a unos estudios previos que determinaron que con la actual carretera N-341, "el proyecto no es viable económicamente".
   Hernández ha señalado que la apertura de una nueva vía de comunicación directa con La Venta del Pobre es una "necesidad insalvable" al tiempo que ha apuntado que también "sería preciso" que la línea del AVE "tuviera un enlace desde el propio puerto industrial a dicha Venta".
   En esta línea, ha subrayado que las obras de ampliación del puerto ya están concluidas, "convirtiéndose en uno de los más grandes de toda la costa mediterránea". 
Esta actuación ha supuesto la construcción un muelle de ribera que sustituye al muelle auxiliar con una nueva línea de atraque de 246 metros de longitud y 18 metros de calado. La actuación abarca una superficie de 20 hectáreas, seis pertenecientes a un nuevo muelle y 14 a la zona de almacenamiento de las mercancías.

Almería Alta Velocidad aprueba crear una comisión para evaluar "la viabilidad y costes" del soterramiento

ALMERÍA.- La sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) ha mantenido este jueves una reunión de su consejo de administración en la que se ha aprobado la constitución de una comisión de trabajo para el estudio de la viabilidad y seguimiento técnico del proyecto de soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad así como de los costes financieros del mismo. 

   Según ha explicado el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), en rueda de prensa tras la reunión de la sociedad, la comisión estará compuesta por miembros de todas las administraciones implicadas en AAV, estas son, Gobierno, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería, ADIF y Renfe. Una vez constituida, tendrá que establecer un periodo de reuniones y "hacer un seguimiento más directo y estricto de todas las cuestiones relacionadas con la integración del ferrocarril".
   Ante este nuevo órgano dentro de la sociedad, el primer edil 'popular' ha descartado que las apreciaciones de la comisión puedan dar lugar a un "adiós" definitivo al soterramiento de Almería, pero sí pueden suponer un "hasta luego" a razón del contexto económico y las posibilidades de inversión.
   Asimismo, la sociedad ha decidido aplazar la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Almería y ADIF para la cesión por parte de la sociedad estatal de cesión a la ciudad de los 30.000 metros cuadrados de los suelos comprendidos entre la estación y la rotonda de Las Almadrabillas que ocupa actualmente la playa de vías y el espacio bajo el Cable Inglés.
   En este sentido, el alcalde ha puntualizado que previamente a la firma del convenio, ADIF tiene que aprobar dicho acuerdo en el seno de su consejo de administración, que se celebrará el próximo día 26. A partir de que se resuelva este asunto, las partes volverán a emplazarse previsiblemente para rubricar el acuerdo necesarios como trámite previo para dar 'luz verde' al Plan Especial del Sistema General Ferroviario.
   No obstante, el regidor almeriense ha puntualizado que, previamente a la aprobación del convenio por parte de ADIF el 26 de octubre, hay que realizar un estudio "más amplio, con dos o tres cuestiones" de carácter "técnico-jurídico" que ha declinado precisar, pero que serán necesarias obtener y analizar antes de que el administrador de infraestructuras dé el 'sí' al documento.
   Por su parte, el presidente de ADIF, Enrique Vederguer, ha señalado que "en absoluto" la liberación de suelos de la playa de vías puede conllevar perjuicios para la ordenación del espacio puesto que "no tiene una utilidad ferroviaria en el sentido estricto" a la vez que ha negado que su eliminación pueda dificultar una posterior conexión entre el puerto y la estación, si bien ha recordado que Fomento trabaja en un estudio informativo para contemplar soluciones a este extremo.  
   Rodríguez-Comendador ha explicado que los suelos que se liberarán a raíz de la firma del acuerdo suponen dotar a la ciudad de un espacio similar a tres campos de fútbol que servirá para crear "espacios públicos" y "libres". Así, ha estimado en ocho millones de euros las obras a ejecutar para levantar la playa de vías, un precio cuyo coste asumirían el Ayuntamiento de Almería y ADIF.
   El proyecto para la reformar la zona, que "prevé espacios libres, no prevé más historias", según el regidor; se redacta ya por la Gerencia Municipal de Urbanismo. "Espero que puedan verlo mis bisnietos", ha contestado el regidor al ser preguntado si la cesión de este espacio será definitiva.

Limpian las playas del municipio de Almería antes del 'puente' del Pilar

ALMERÍA.- Desde las barriadas de Cabo de Gata y Retamas hasta el litoral que recorre la barriada de El Zapillo, una marabunta de desechos ha invadido las playas donde hace unos meses estaban ocupadas por bañistas.Entre la basura acumulada en las playas de la capital, hay hasta carteles que vienen firmados por el Ayuntamiento de Antas o el de Vera, que reflejan la furia con la que 'atacó' el temporal a la provincia de Almería.

Ante este motivo, un operativo formado en el Mar Municipal de Playa del Ayuntamiento de Almería trabaja sin cesar para retirar los miles y miles de kilos de basura, de cara a que estén aptas durante el próximo puente del 12 de octubre.
Hasta el momento, según fuentes municipales, se han retirado más de 150 toneladas de residuos arrastrados por las avenidas de agua provocadas por la gota fría del Levante.
El Ayuntamiento de Almería reactivó hace tres días el Plan de Playas ante la presencia masiva de residuos como tuberías, cañas, enseres domésticos e, incluso animales muertos, en la línea de costa desde la bahía hasta las barriadas de Retamar y Cabo de Gata procedentes del río Antas y favorecidos por las corrientes marinas y el viento de Poniente.
El dispositivo especial consta de cuatro tractores limpiaplayas, dos camiones dumper, dos palas cargadoras, un lavacontenedores. Los efectivos ascienden 35 peones y 11 conductores. Además se han colocado varias bandejas para el apoyo a la limpieza que serán descargadas por el servicio de multigancho.
Desde la concejalía de Fomento y Servicios ciudadanos del Ayuntamiento de Almería indicaron a 'Ideal' que hoy iban a incorporar a los trabajos de limpieza dos camiones con pinzas para la recogida de enseres y material vegetal. El plan prevé, asimismo, que si la llegada a la orilla de los restos aportados al mar por las riadas continúa siendo elevada, se incorporen otros dos camiones de las mismas características.
El concejal del Área Manuel Guzmán destacó hoy que la «complejidad» de la tarea al no poder precisar por cuanto tiempo y en que cantidad continuarán llegando residuos e indicó que recursos del Ayuntamiento para hacer frente a este tipo de situaciones eran limitado, por lo que, desde el Consistorio, se estaba «en contacto permanente» con la Subdelegación de Gobierno central y la Delegación de Gobierno andaluz de la Junta de Andalucía.

El Almería Western Film Festival convierte Tabernas en la capital del género

TABERNAS.- El Almería Western Film Festival, al que concurren nueve largometrajes independientes y comerciales procedentes de seis países y producidos en el 2011 y el 2012, ha convertido al municipio almeriense de Tabernas en el centro de atención de los aficionados a las películas del lejano oeste.

El festival, el único en Europa dedicado exclusivamente al western y que este año llega a su segunda edición, se celebra desde hoy en Tabernas, que junto a otras localizaciones en la provincia almeriense ha servido de escenario para cientos de películas de este y otros géneros desde la década de los 60, entre ellas la famosa "trilogía del dólar" (1964-1966), de Sergio Leone, que catapultó a la fama a Clint Eastwood.
El codirector del certamen César Méndez ha explicado que el objetivo es ofrecer a los "aficionados y productoras de todo el mundo" una cita anual con el western y además poner en valor el "increíble legado cinematográfico y natural de Tabernas".
El desierto de Tabernas y otras localizaciones de la provincia almeriense como Níjar y Cabo de Gata son probablemente algunos de los lugares donde más películas se han rodado, "por detrás de Hollywood y Bollywood", con cerca de 600 títulos, ha destacado Méndez, quien ha apuntado que en las décadas de los años 60 y 70 se llegaron a rodar en la provincia "cinco o seis películas a la vez".
El Almería Western Film Festival surgió el año pasado como una iniciativa privada de un "grupo de amigos", entre ellos sus actuales codirectores -César Méndez, Danny García e Íñigo Espada- que pretendían hacer un "pequeño foro" junto con aficionados y actores en torno al western.
Méndez, quien ha explicado que el festival ha cobrado fuerza este año gracias al "apoyo decidido" del Ayuntamiento de Tabernas y la Diputación de Almería, ha asegurado que "el western está muy vivo", como demuestra el hecho de que este año se han producido en torno a sesenta películas del género en todo el mundo.
La sección oficial del festival, que concederá el Premio del Jurado y el Premio del Público, está compuesta por nueve películas independientes y comerciales procedentes de Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, todas ellas producidas entre el 2011 y el 2012.
El jurado, que dará a conocer las películas galardonadas el sábado por la noche después de tres días de proyecciones, está presidido por el actor Gianni Garko y compuesto por los también actores Dan Van Husen y Antonio Mayans, el periodista y escritor Carlos Aguilar y la escritora Anita Hass.
Entre las películas a concurso están la española "Orson West", de Fran Ruvira; la estadounidense "Good Nigth for Justice: Queen of Hearts", dirigida por Kristoffer Tabori y protagonizada por el televisivo Luke Perry; la brasileña "Pólvora Negra", de Kapel Fruman, o la chilena "Sal", protagonizada por el actor español Fele Martínez y dirigida por Diego Rougier.
Las otras cinco películas seleccionadas son las estadounidenses "Heathens and Thieves" (dirigida por Megan Peterson y John Douglas Sinclair), "The Legend of Hell's Gate" (Tanner Beard) y "Yellow Rock" (Nick Vallelonga), la neozelandesa "Good for Nothing" (Mike Wallis) y la canadiense "A Legend of Whitey" (Dave Lawrence).
Las sedes del festival, cuya entrada a todos los eventos es gratuita, son los estudios de "Fort Bravo", donde tendrán lugar espectáculos y actividades nocturnas, y el Teatro Municipal de Tabernas para la proyección de las películas a competición.
El festival ofrecerá además la proyección de clásicos del western, entre ellos "Por un puñado de dólares" (1964) -la primera película de la "trilogía del dólar"-, "Cañones para Córdoba" o "Una pistola para Ringo".
También habrá charlas y coloquios, espectáculos de especialistas y bailarinas de cancán en el poblado de "Fort Bravo", exposiciones de cárteles y fotografías de clásicos, y música en directo.

Interior prevé acabar en 2013 la ampliación del Acebuche

MADRID.- El Ministerio del Interior prevé finalizar durante 2013 la ampliación de la cárcel de El Acebuche (Almería), según ha explicado durante su comparecencia en el Congreso el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, Andreu Roca.

   Durante su comparecencia en el Congreso para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, Roca ha repasado las actuaciones en ejecución ha admitido que el ritmo de las obras del centro malagueño y la ampliación del almeriense, junto con otros, "se ha ralentizado.
   No obstante, ha previsto que las obras de ambos acaben en 2013 y, en términos generales, ha dicho que el presupuesto de su departamento para el año próximo será "continuista, en la misma tónica de contención", aunque registra "un ligero aumento", 4,98 por ciento, hasta los 88,514 millones de euros.
  

La ruta de las torres vigías de Cabo de Gata


ALMERÍA.- Cabo de Gata es un destino mágico con muchas cosas que mostrar y un sinfín de historias y leyendas para contar. Esta región almeriense fue muy codiciada en época de piratas genoveses, berberiscos y turcos. Por ello, y para salvaguardar las poblaciones más cercanas, se construyeron la torres o atalayas vigía, conectadas visualmente unas con otras mediante fogatas durante la noche y señales de humo por el día.

Dejamos volar la imaginación y nos trasladamos al litoral de Cabo de Gata en el siglo XVI. Alzamos la vista y divisamos una hilera de luces parpadeantes. Se trata de las torres vigía o atalayas que alertaban de las posibles invasiones de piratas genoveses, berberiscos o turcos, eran los que principalmente atracaban en la costa almeriense para reponer fuerzas y guardar sus tesoros acumulados. Estaban conectadas visualmente, unas con otras, mediante fogatas en la noche y con señales de humo durante el día, ya que ésta era la única forma de comunicación que tenían los vigilantes para dar el aviso ante el peligro.
Estas construcciones, que datan de la época musulmana, han visto cambiar su aspecto y estructura, tras la conquista cristiana, en función de las necesidades de cada tiempo. En la actualidad todo este patrimonio defensivo está considerado como Bien de Interés Cultural por ser Monumento Histórico Artístico Nacional.
Para descubrir de primera mano todas estas maravillas arquitectónicas, el viajero debe comenzar su recorrido en el pueblo de Retamar y contemplar allí la Torre García construida en el siglo XVI y ubicada sobre la arena. Cuentan las historias de la zona que en la madrugada de una noche de Diciembre de 1502, el vigía que custodiaba la atalaya encontró la imagen de la Virgen del Mar, patrona de Almería, y la recogió, tal como está reflejado en la lápida que se encuentra en los muros de esta torre.
Continuando el viaje por el litoral de Cabo de Gata se llega hasta la localidad de La Almadraba de Montevela, donde el viajero descubre, en el alto de una colina a ras de costa, la torre vigía de la Vela Blanca. Una construcción que data del siglo XVII y se ubica al sur de la playa del Mónsul, muy próxima al pueblo de San José. Parada obligada ya que es una de las urbes con mayor tradición pesquera y ganadera de esta zona almeriense.  Aquí se encuentra la torre vigía de Cala de Higuera, construida en el siglo XVI. Actualmente esta atalaya, que se encuentra volcada en posición invertida, sólo conserva los cimientos. En este pueblo, San José, el viajero podrá descansar y degustar algunos de los mejores platos de la gastronomía almeriense en el Hotel Doña Pakyta, a pie de playa, o en el Hotel Cortijo el Sotillo, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La "ruta de las torres vigía" se extiende también por la población de Rodalquilar, donde se encuentra la torre Los Lobos, construida por los nazaríes, desde 1990 se utiliza como faro. Siguiendo el recorrido, el viajero llega hasta la villa de Las Negras para descubrir la torre de San Pedro, que data del XVI aunque fue reconstruida en el XVIII, aprovechando una atalaya musulmana destruida.
Y al final de esta excursión por el pasado se encuentra el municipio de Carboneras, donde se ubica la torre del Rayo construida en la época Nazarí y reconstruida en el Renacimiento. Custodiada en sus inicios por dos guardas para años más tarde ser abandonada a su suerte, por el evidente peligro de ser atacados o secuestrados por los piratas berbéricos que atracaban en esta zona.
La "ruta de las torres vigía" es, por tanto, un viaje para disfrutar en compañía, una aventura para conocer una zona de Almería prácticamente virgen y un destino para respirar aire puro y descansar.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Hernando (PP) acusa a Junta y puerto de "maniobrar" con el proyecto de Minas de Alquife para "boicotear" la ciudad


ALMERÍA.- El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando, ha acusado este miércoles a la Junta andaluza y la Autoridad Portuaria de "maniobrar" con el objetivo de "boicotear" el proyecto del Ayuntamiento para urbanizar 30.000 metros cuadrados ocupados en la actualidad por catenarias y vías del tren en la capital tras la cesión por parte de ADIF.

   "Tanto la Junta socialista como la presidenta del puerto, Trinidad Cabeo, están llevando a cabo continúas maniobras contra la obra que va a hacer que la ciudad se recupere de la herida que la divide en dos y va devolver, así, la zona del ferrocarril a los almerienses para que la puedan disfrutar", ha asegurado Hernando en un comunicado en referencia a un posible impulso al proyecto del holding empresarial Minas de Alquife para exportar mineral a través de una conexión con el puerto de Almería.
   Ha señalado que el proyecto de reapertura de las Minas de Alquife no puede condicionarse a "las cuentas de la lechera que algunos pretenden hacer", y ha considerado que los almerienses "ya están cansados de la actitud del PSOE", cuyos dirigentes "no dudan en hacer uso de su invención para paralizar cualquier obra que sea buena para el desarrollo y futuro de la ciudad", ha añadido.
   Hernando ha afirmado que el PSOE, a su juicio, pretende que los almerienses "tengan que soportar el presunto negocio de unas minas que llevan más de 15 años cerradas" al tiempo que ha abogado por que la empresa opte por "otras alternativas más coherentes como puertos alternativos o la utilización de una vía férrea directamente al mar y la construcción de un muelle de carga en una zona no habitada".
   "Los socialistas no soportan que esta ciudad avance y se modernice, por eso hoy nos ponen como excusa unas minas, ayer un lago, y olvidan que en ocho años que han estado en el Gobierno no han hecho nada ni por el soterramiento, ni por la ciudad de Almería, ni por las Minas de Alquife".
   En esta línea, el diputado ha lamentado que la presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo, "pretenda que con el ferrocarril pase lo mismo que con el gueto que ella mantiene en el puerto, con una valla que lo separa y aísla del resto de la ciudad".
   "Almería no se puede permitir volver al siglo XIX con un proyecto que además mermaría la calidad de vida de los almerienses", ha remarcado para, a continuación, exigir al PSOE que deje de "poner trabas y de sembrar dudas e inseguridad sobre los proyectos que apuestan por el futuro de la capital".

Respuesta de Cabeo a Venzal

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, ha manifestado que es necesario "estudiar con detenimiento" el proyecto presentado por la compañía holandesa de capital alemán Minas de Alquife Holding, que plantea exportar a través de las instalaciones portuarias almerienses el hierro de las minas del Marquesado (Granada), después de que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal (PP), haya trasladado la "oposición frontal" del Consistorio ha dicha actuación que "va contra el medio ambiente y la calidad de vida de los almerienses" puesto que supone "volver a finales del siglo XVIII".
   "Si el panorama es el que nos traslada el concejal de Urbanismo, por supuesto que no hay duda de mi  postura. Sin embargo he de añadir que estamos en el siglo XXI y los proyectos se abordan con las leyes del siglo XXI y con las tecnologías del siglo XXI", ha dicho Cabeo antes de señalar que la actuación "podría significar un impulso económico para Almería".
   Cabeo ha manifestado que desde su "responsabilidad" como presidenta de la APA y "como ciudadana muy apegada a Almería", "nunca" defenderá "nada que pueda perjudicar" a la ciudad por la que, según ha confesado, siente "pasión".
"Entiendo que como Administración, mi responsabilidad no es otra que estudiar --el documento-- con detenimiento".

No adelantar acontecimientos

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Rodríguez, ha indicado, por su parte, que marcar una "oposición frontal" al proyecto promovido por la firma holandesa con capital alemán Minas de Alquife Holding para exportar por el Puerto de Almería el mineral que extraerá de las canteras de El Marquesado en El Alquife (Granada) es "adelantar acontecimientos" dado que aún el documento se encuentra en trámites administrativos para determinar su adecuación ambiental.
   Así se ha pronunciado Ferrer después de que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal (PP), indicara que dicha actuación "va contra el medio ambiente y la calidad de vida de los almerienses" y que supone "volver a finales del siglo XVIII" en cuanto a las emisiones de ruido, polvo o contaminación.
   Ferrer, que ha declinado valorar la opinión que el Ayuntamiento pueda verter sobre el proyecto planteado por la compañía, ha manifestado que la propuesta se encuentra en estudio por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para determinar la viabilidad de otorgarle su autorización ambiental integrada, por lo que "se tramita como cualquier otro proyecto".
   En este sentido, ha manifestado que la Junta "hará que se cumpla la normativa ambiental" de manera que, en caso de que el Ayuntamiento esté en contra del proyecto, "puede hacer sus alegaciones". 
"Si le parece que no es viable, que alegue", ha dicho la delegada, quien se ha remitido a que finalicen los estudios técnicos para conocer las posibilidades de la actuación, si bien se ha mostrada "sorprendida" ante la "contundente" valoración municipal.
Precisamente, el presidente de la Asociación de Empresarios de Almería, José Cano, y el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, se han mostrado a favor del proyecto impulsado por la  firma holandesa con capital alemán Minas de Alquife Holding para exportar por el Puerto de Almería el mineral que extraerá de las canteras de El Marquesado en El Alquife (Granada) "siempre que cumpla la normativa".  
Cano ha señalado que los empresarios se mostrarán a favor "de cualquier proyecto económico que genere riqueza" después de que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal (PP), anunciara la "oposición frontal" del Consistorio al proyecto dado el daño medioambiental y turístico que produciría.
   Ante esto, los empresarios han explicado que su postura a favor de un proyecto como este pasa por el cumplimiento de "unos requisitos" que, en el caso del transporte de la materia prima hasta las instalaciones portuarias, se centran en un acceso soterrado y en el cumplimiento de las condiciones ambientales.
   Cano ha manifestado que la normativa ambiental en Andalucía es "suficientemente estricta" para que, mediante su cumplimiento, se eviten daños y ha puntualizado que "existen suficientes inspectores" para prevenir afecciones. No obstante, ha reconocido que la actuación está "en una fase embrionaria", por lo que ha instado a esperar a los informes técnicos precisos para determinar su "viabilidad".
   En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio ha considerado que a este asunto "le falta un poco más de debate interno" para estimar su idoneidad. "Hay que ver la importancia del proyecto y tranquilamente barajar más todas las posibilidades. Está habiendo declaraciones de alguna manera muy rápidas", ha apuntado.
   Martínez Cano ha instado así a "evaluar mucho más" las condiciones del proyecto antes de tomar una decisión sobre el mismo. Aún así, cree que "se pueden compaginar la actividad industrial con lo que es el que no haya ningún tipo de problema medioambiental para la ciudad", por lo que ha pedido "un poco de mesura y tiempo" para estudiar el proyecto.
   "El soterramiento al Puerto es totalmente necesario para el futuro de la actividad y el desarrollo económico de Almería", ha sentenciado en cualquier caso el presidente de la Cámara almeriense, quien ha ahondado en que en Europa "no hay nadie que no esté contemplando que efectivamente el tren llegue al puerto" para mejorar la competitividad de las exportaciones.
   Ambos presidentes han resaltado la importancia de incentivar la actividad industrial de la provincia para evitar que el Puerto de Almería sea "secundario o terciario" y para incrementar el peso de este sector en el PIB. "Hay que competir en el mundo y hay que tener herramientas competitivas", han manifestado a la hora de defender la conexión ferroviaria.

Los empresarios dicen que la inversiones en AVE "no se corresponden con las recomendadas por Bruselas"

ALMERÍA.- El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, y el presidente de la Asociación de Empresario de Almería (Asempal), José Cano, han señalado que la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio de unos 100 millones de euros para el Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia "no se corresponde con las necesidades recomendadas por Bruselas", ya que además serán para abonar obras ejecutadas y expropiaciones, y no para hacer obra nueva. 

   En rueda de prensa, ambos presidentes han hecho un análisis de las cuentas generales y su incidencia en la provincia almeriense, tras lo que han querido dar "un toque al Gobierno" puesto que "debe hacer una apuesta mucho mayor" en términos económicos para impulsar la Alta Velocidad. "Si no apuestan por el Corredor, Europa tampoco lo hará y corremos el riesgo de perder cofinanciación europea", ha dicho Martínez Cano.
   Así, han explicado que este asunto será uno de los que se aborde en la próxima Mesa de Infraestructuras, convocada para el 18 de octubre, con el objetivo de conocer las impresiones del resto de sus integrantes, pese a que ya abogan por "hacerle creer" a Bruselas la "importante apuesta" que supone para la economía almeriense avanzar en esta infraestructura.
   En cuanto al análisis de los presupuestos, han señalado el descenso de un diez por ciento con respecto al año anterior en la inversión en Almería, que asciende a 241,9 millones de euros. Igualmente, han apuntado que han desaparecido las partidas para unir por AVE Almería y Granada, mientras que sí se recoge cuatro millones de euros para ejecutar el 'plan del Toblerone'.
   Los empresarios ha calificado de "testimoniales" las partidas para carreteras, con 20.000 euros para el acceso al Puerto de Almería, 10.000 euros para la remodelación de los accesos a Vícar desde la A-7 y otros 10.000 para la prolongación de las A-92 a Almería, en el enlace a Viator. Por otra parte, han valorado los 87,4 millones de euros previstos por Acuamed para actuaciones.
   En cifras absolutas, Almería se sitúa como la cuarta provincia de Andalucía detrás de Málaga, Sevilla y Cádiz en volumen de inversión. La inversión 'per cápita' en Almería es la más alta de Andalucía, 344,31 euros por persona, por encima de la media andaluza y nacional, según los datos de Asempal y Cámara de Comercio.

El Consejo Consultivo no ve "procedente" el rescate de la concesión a Telvent de la Ciudad Digital

ALMERÍA.- El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha emitido un informe desfavorable al rescate por parte del Ayuntamiento de Almería de la concesión de los servicios de diseño, construcción y explotación del centro de servicios digitales avanzados de El Toyo y la Ciudad Digital adjudicada a la entidad UTE Telvent-Inabensa al señalar que, según los informes aportados, "no resulta procedente" efectuar un rescate ya que "con carácter previo" existe "otra causa de resolución, como es el incumplimiento del contratista".

   Según consta en el dictamen, que tiene carácter preceptivo y vinculante, el Ayuntamiento ha justificado la decisión de acudir al rescate y poner fin "a una relación contractual que ha terminado siendo ineficaz, incómoda y sembrada de obstáculos e incumplimientos", sentido en el que el órgano andaluz apunta que la concesionaria concurre en un caso de "incumplimiento" en el que incluso se ha producido el "abandono temporal" del servicio.
   El documento explica así que "carece de sentido acudir a la figura del rescate, que presupone una adecuada prestación de la concesión por parte del concesionario, cuando, en realidad, lo que ha ocurrido en el presente caso es que se ha producido una inadecuada prestación de la concesión por parte del adjudicatario", por lo que apunta a la necesidad de acometer el fin de la relación mediante otro tipo de procedimiento.
   El consejo ahonda en este sentido y expone que en un supuesto rescate la administración local tendría que "indemnizar a la concesionaria por los daños y perjuicios que se le irroguen" a raíz de los beneficios futuros que deje de percibir, entre otros aspectos; mientras que para el supuesto de incumplimiento por parte del concesionario, se establece que la fianza le será "incautada" y "deberá, además, indemnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada".
   De esta forma, el documento estima que procede que por la Administración se instruya un nuevo procedimiento de resolución por la causa prevista en el artículo 264.j del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que señala como causa de la resolución "el abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones contractuales esenciales".
   El equipo de gobierno remitió en agosto el expediente después de que la concesionaria presentara un recurso que fue estimado parcialmente por defectos de forma y que dio lugar a reiniciar el procedimiento a finales de mayo, tal y como se aprobó en junta de gobierno. Mientras tanto, el mantenimiento y conservación de instalaciones semafóricas así como la sala de control se encuentra en manos de la empresa Acisa, que cobra mensualmente por el servicio unos 17.900 euros.
   Entre la documentación que obra en el expediente se encuentra un informe del subinspector jefe del turno de la mañana del 6 de octubre de 2011, en el que se reseñan anomalías en las comunicaciones en Pescadería, el casco antiguo, Avenida Cabo de Gata, calle Altamira y la zona rural. Igualmente, apunta a problemas en la señalización semafórica en varios puntos de carretera de Ronda, y en la avenida Federico García Lorca en sentido ascendente. También apunta fallos en la carretera de Níjar y el apagón de todos los semáforos de la Vega de Acá.
   Asimismo, se adjunta un informe del concejal del Área de Gobierno del 1 de diciembre de 2011 en el que se expresa que entre noviembre de 2004 y septiembre de 2011 los servicios prestados al Área de Juventud han consistido en habilitar un portal mediante la web institucional del Ayuntamiento cuya actualización "solo pudo hacerse en varias ocasiones" ante el protocolo seleccionado.
   Además, apunta el informe que la desmembración del área ocurrida en la primavera del año 2006 por la que Salud y Consumo se convirtió en área independiente y la antigua área se convirtió en Área de Juventud y Políticas de Igualdad, no conllevó la actualización de la web, que "se mantuvo durante mucho tiempo con la denominación antigua y sin poder modificar contenidos".
   De la misma forma, explica que el cambio de corporación acaecido en mayo de 2007 "ya no pudo reflejarse en la página web, apareciendo hasta bastante tiempo después los contenidos atrasados".
 "No se reflejaba por ejemplo que las competencias de Juventud se desarrollaban desde la nueva Área de Deportes y Juventud atribuyéndoselas al anterior concejal", manifiesta ante de añadir que "para entonces toda la información referente a las actividades de Juventud estaba totalmente desfasada, siendo absolutamente inoperativa la web para los fines de Juventud del Ayuntamiento. Y así hasta el día de hoy".

El PSOE ve posibles "intereses ocultos" por el PGOU ante el rechazo de Consistorio al proyecto de Minas de Alquife

ALMERÍA.- El secretario provincial del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha calificado de "alocada" la actitud del Ayuntamiento de Almería (PP), a través de su concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, al rechazo del proyecto de Minas de Alquife Holding para la exportación de mineral por el Puerto de Almería, y ha apuntado sus sospechas a posibles "intereses ocultos" en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

   Sánchez Teruel se ha mostrado confuso ante la "brusca reacción" del edil 'popular', con la que "renuncia a cualquier conexión con el puerto" ya sea soterrada o no. En este sentido, ha creído "desafortunadas" las declaraciones de Venzal porque "van en contra de lo firmado" por las administraciones implicadas en el soterramiento del tren a su paso por la ciudad.
   Con esto, asegura que las palabras del concejal "ponen en riesgo incluso la llegada del Corredor Mediterráneo".
 "El Ayuntamiento de Almería posiblemente va por libre y no ha consultado lo que piensa Fomento, ADIF o Puertos del Estado en relación a la conexión con el puerto, porque para ellas es fundamental", ha dicho el dirigente socialista.
   Teruel, que ha mostrado su oposición al proyecto de Minas de Alquife en caso de que "perjudique a la ciudad, ha instado a esperar los informes técnicos de la Junta de Andalucía que "profundicen y analicen" la incidencia de la actuación en la ciudad a la vez que se ha mostrado a favor del soterramiento integral y su prolongación hasta el puerto capitalino para el desarrollo económico de la provincia.

IU duda de los motivos

El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Almería, Rafael Esteban, ha señalado este miércoles las "dudas" que le han surgido a raíz de la "oposición frontal" que el Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, ha marcado en relación al proyecto de Minas de Alquife Holding para transportar mineral hasta el Puerto de Almería por ferrocarril, por lo que se ha interesado en conocer "todos los entresijos de este proyecto y los motivos por los que ahora --el Ayuntamiento-- no parece estar de acuerdo".
   En una nota, el grupo municipal ha mostrado su deseo de que el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, "diga toda la verdad sobre este asunto en el que al parecer se mostró partidario en un principio junto con su compañero de partido, el alcalde de Alquife, Benito Ruiz".
   "Resulta muy extraño la virulencia con la que el portavoz del PP, Pablo Venzal, se pronunció hace unos días en contra del proyecto de las Minas de Alquife, cerrando las puertas incluso a que el mineral llegue soterrado", apuntan desde IU, donde consideran que el PP ha dado "un portazo definitivo al acuerdo global que firmaron todas las fuerzas políticas por el soterramiento de las vías del tren en Almería".
   Asimismo, se plantean si el proyecto de Alquife "puede romper alguna oportunidad o interés previsto por el PP que aún no haya querido desvelar", por lo que ha anunciado su intención de preguntar sobre este asunto directamente al alcalde de Almería en el próximo pleno, previsto para el día 15, según el grupo.
   Igualmente, desde IU se ha dicho que este tipo de proyectos requiere el "estudio tranquilo pero pormenorizado de todos los beneficios y perjuicios que pueda tener". 
 "La postura del PP tan exaltada con el asunto de Alquife nos hace pensar que hay cosas detrás del convenio con ADIF, que el alcalde no ha contado aún", ha insistido Esteban.
¿Nuevas alternativas?

El proyecto de reapertura de las Minas del Marquesado, en El Alquife (Granada) por parte de la firma holandesa con capital alemán Minas de Alquife Holding, contempla nueve alternativas para el transporte y destino del mineral por mar, de las que ocho dan salida de la materia prima a través de puertos almerienses y una lo hace a través del puerto de Motril (Granada), sin bien el documento aboga por transportar el mineral hasta el Puerto de Almería por ferrocarril ya que "presenta menor coste económico, además de menor coste social y ambiental".
   La memoria resumen del proyecto de reapertura, expone entre sus alternativas la salida del mineral por los puertos de Almería, Carboneras, Garrucha y Motril, ya sea a través de ferrocarril o por carretera, o incluso, una forma combinada de estas como es el caso de transportar el mineral en ferrocarril hasta la estación de Huércal-Viator y, desde allí, hacerlo por carretera.
   No obstante, el análisis de la compañía invita a usar el transporte por tren hasta el muelle de Pechina en el Puerto de Almería, sistema por el que apunta que los principales impactos relacionados con el método de transporte son los derivados del "incremento potencial de las afecciones acústicas en las zonas pobladas que estén próximas a la vía".
   Esta solución para la descarga de los trenes, almacenamiento de mineral y carga de barcos parte de la ejecución ya efectuada del soterramiento de la estación de ferrocarril y el ramal al puerto almeriense, aunque observa una alternativa en caso de que las obras no estén ejecutadas y que pasa por "descargar el mineral en la estación actual y posterior transporte por cinta transportadora subterránea hasta el nuevo silo de almacenamiento del puerto".
   Esta alternativa "conllevaría un mayor impacto por cuanto requiere su construcción desde cero, mientras que la primera --el ferrocarril soterrado ya hecho-- consiste en aprovechar una infraestructura existente, si bien en funcionamiento no se encuentran diferencias ambientales significativas entre ambas", según el documento.
   Las operaciones de la compañía contemplan la salida por las instalaciones portuarias almerienses de un barco cada diez días con 120.000 toneladas de concentrado, lo que suponen unos 33 barcos anuales. Para ello, explica que se prevé la carga de vagones cerrados tipo tolva con techo basculante y descarga inferior, que viajarían hasta las instalaciones portuarias en un tiempo estimado de dos horas y 15 minutos.
   El número de trenes que discurrirían por la línea Linares-Almería es de diez al día, de forma que, para ello, se prevé rehabilitar el ramal de la mina dado que ha sido objeto de actos vandálicos y carece de tendido eléctrico. Esta línea atravesaría la ciudad de Almería, llegando "a unos escasos 200 metros de la línea de costa".
   Cada tren, de 340 metros de longitud, contaría con 23 vagones de 52,6 toneladas de carga máxima, de modo que cada uno llevaría del orden de 1.200 toneladas de concentrado, esto son, unas 12.000 toneladas por día. Una primera estimación de la flota necesaria estaría compuesta por seis locomotoras de la serie 235 y 132 tolvas, junto con tres tractores de maniobras, dos en la terminal de la mina y uno en el puerto. La longitud del trayecto hasta el puerto es de 96 kilómetros.
   En cuanto a la descarga del mineral, se parte del soterramiento hasta el puerto, de forma que la línea de ferrocarril discurriría en superficie a la hora de llegar a la estación de descarga de vagones, en el muelle de Pechina. En este punto, los vagones descargarían el mineral de dos en dos a unas tolvas situadas sobre una cinta transportadora que alimentaría el silo de almacenamiento. Esta a su vez, alimentaría una pluma cargadora de barcos.
   La memoria de actuaciones contempla la creación de nuevas instalaciones en el espacio portuario, de forma que el cargadero de mineral se situaría al este del parque de almacenamiento, que albergaría una capacidad equivalente a la de dos barcos completos en previsión de una posible parada de la planta de tratamiento o un problema en la red de transporte.
   Una vez que el tren llegara a puerto, sus vagones descargarían "dentro de una estructura cerrada" sobre unas tolvas preparadas, que alimentarían una cadena de cintas que lleva el concentrado hasta un almacén. Tras un proceso de acopio, la carga de barcos se realizaría al sur del silo de almacenamiento, donde el atraque es a mar abierto.

Piden cárcel para el exalcalde y el exsecretario de Níjar por infidelidad en custodia de documentos

ALMERÍA.- La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas que suman doce meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para el exalcalde de Níjar Joaquín García (PSOE) y el exsecretario municipal Fernando Gómez, acusados de maniobrar para evitar que se publicase un edicto por el que unos vecinos hubieran formalizado la inscripción a su nombre de una finca de su propiedad.

   Ambos, según consta en el escrito de calificación provisional, se enfrentan a sendos presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos por los que serán enjuiciados por un tribunal de jurado en una vista señalada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial para los días 13, 14 y 15 de noviembre.
   La fiscal considera que el trámite no fue cumplimentado por "voluntad" y con conocimiento de los acusados y les atribuye la "intención" de evitar que se publicase el edicto porque, según remarca, consideraban que la inmatriculación de la finca, en la que ahora se ubica un parque infantil, a nombre de los demandantes "era contraria a los intereses municipales".
   La denuncia por unos hechos, que se remontan a mayo de 2002, recoge que la finca objeto de litigio, ubicada en la pedanía de Aguamarga, formó parte presuntamente de una permuta de terrenos entre un exconcejal del equipo de gobierno de García y constructor, que se habría atribuido su propiedad, y el Consistorio.
   La querella, que se interpuso a raíz de que los impulsores viesen como se procedía al vallado de su propiedad, se presentó inicialmente contra todos los miembros de la comisión de gobierno que acordaron por unanimidad en junio de 2002 "suspender la inscripción de la finca" y "ejercer las acciones que resulten pertinentes en defensa de los bienes municipales" tal y como se reflejaba en el citado acuerdo.
   El escrito de acusación fiscal, formulado contra García y Gómez, recoge que los cuatro demandantes inscribieron a su favor en mayo de 2002 la finca urbana de unos 500 metros cuadrados en el Registro de la Propiedad nº 3 de Almería de acuerdo con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y con el artículo 298 de su reglamento.
   En cumplimiento de los requisitos legales que rigen para la inmatriculación de fincas, el registrador de la propiedad remitió al Ayuntamiento de Níjar un edicto de fecha 15 de mayo para su exposición pública por espacio de un mes en el tablón de anuncios, un extremo que además debía ser acreditado por el secretario municipal mediante diligencia o certificación.
   La fiscal sostiene el citado edicto "no fue debidamente cumplimentado, ni publicado, ni diligenciado por el secretario con conocimiento y por voluntad" de García y de Gómez, lo que dio lugar a que la primera inscripción de la finca registral fuese cancelada de oficio al no haberse acreditado la publicación del edicto.
   Subraya que la intención de ambos con la no cumplimentación del edicto tal y como requirió el registrador de la propiedad "fue evitar" la inscripción por considerarla "contraria a los intereses municipales" cuando --añade el Ministerio Público-- había otras vías.
   En concreto, hace referencia a la propia legislación hipotecaria que prevé que aquellos que se crean con derecho a una finca o a parte de ella podrán alegarlo ante el juzgado o el tribunal competente en juicio declarativo "quedando anotada la demanda en registro mediante anotación preventiva".
   La fiscal, que aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, interesa al margen de las penas individuales de seis meses de prisión y un año y medio de inhabilitación el pago de una multa de cuatro meses y diez días con una cuota diaria de doce euros y de las costas.

Según Banco Santander, el nivel de deuda pública "empieza a ser incómodo" en España

MADRID.- El director adjunto del Servicio de Estudios del Banco Santander, Antonio Cortina, ha indicado que el nivel de deuda pública, que según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 alcanzará el 90,5% del PIB, "empieza a ser incómodo".

   En una jornada sobre 'Desapalancamiento y Crecimiento en España' organizada por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Fundación de Estudios Financieros, explicó además que un proceso de desapalancamiento de esta deuda no debería afectar de forma "directa e inmediata" al crecimiento económico, más allá del momento inicial.
   Asimismo, Cortina indicó que la deuda de las familias se encuentra en un nivel "confortable", aunque su distribución es desigual y puede dar lugar a segmentos más expuestos al incremento de las presiones financieras.
   Si bien, confió en que dados los avances en la reestructuración del sistema financiero y la unión bancaria "cabe esperar que las dificultades de acceso al crédito se atenúe en los próximos meses" y permita una mejor asignación del mismo desde el punto de vista de la distribución.

Empresa-Estado, similitud económica / Ángel Tomás Martín *

Para encontrar de forma definitiva solución a la gravísima coyuntura económica que envuelve a España, hemos de partir, de forma escueta, de los motivos que la ocasionaron, y de un diagnóstico concreto, realista y exento de ideologías políticas, que hagan posible establecer y aplicar con urgencia las soluciones viables, tal vez únicas, que hagan posible el crecimiento económico, el cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado, la disminución progresiva del desempleo y la amortización del endeudamiento insoportable que nos hemos creado entre Estado, Comunidades, Autónomas, Corporaciones Locales, sistema financiero y familias. Una política económica a todos los niveles nefasta, que ha olvidado el ejercicio de una " economía política" previsora, justa, inteligente y ausente de ideologías, ha sido el motor de un desequilibrio de magnitud hasta ahora desconocido.

Un sistema económico basado casi exclusivamente en la construcción, alimentado financieramente con extrema generosidad y falta de control, y un desprecio y abandono de los sectores industrial y agrícola, tenía que conducirnos a un debilitamiento progresivo de la actividad económica, reflejada en el cierre de empresas, el crecimiento del paro, la casi paralización del flujo financiero, el endeudamiento Público y el descenso de la recaudación fiscal.

Nuestro déficit público supera los 950.000 millones de €, cifra que acumula los más de 425.000 millones contraídos en los cinco últimos años, y que sigue aumentando por un gasto muy por encima de los ingresos y una acumulación de intereses (prima de riesgo ) excesivos al haber perdido la confianza de los mercados financieros. Sanear las cuentas públicas, construir unos presupuestos reales y equilibrados, que deben incluir los planes realistas de amortización de nuestro endeudamiento, depurar y reconducir el sistema bancario a lo que debe ser su actividad comercial, abandonada en gran medida, y crear las normas imprescindibles para volver al crecimiento de la riqueza, por la única vía posible, el tejido empresarial, es la gran tarea responsabilidad de todos.

Es incuestionable que debemos introducir las reformas necesarias a nuestro sistema fiscal que posibiliten al empresariado en activo y a los emprendedores y creativos, diseñar y acometer nuevos proyectos renovadores, diferenciados y competitivos. Es necesario medidas de protección al ahorrador para que revierta en beneficio de la economía real.

Hay que supervisar el mercado energético, liberalizándolo y resolviendo racionalmente el tan manido déficit tarifario por el único camino posible, las emisiones de capital necesario para compensar la supresión de las subvenciones estatales, y proseguir con las energías renovables necesarias, pero no soportadas en los recibos del consumidor; medida imprescindible para alcanzar la competitividad en los mercados exteriores. No culpemos ni hagamos responsables del déficit a las empresas y a las familias; la verdadera responsabilidad corresponde a los gestores de las empresas energéticas que emprenden y amplían actividades sin la capitalización necesaria y suficiente, olvidando los mercados bursátiles.

Igual que una empresa bien gestionada controla su endeudamiento y cuenta de pérdidas y ganancias para evitar una situación irregular que pueda ser irreversible, el endeudamiento público y su correlación con el cumplimiento estricto presupuestario, evitando déficit progresivo e incontrolado, debe ser una tarea de obligado cumplimiento en la gestión económica de todo responsable político. Pero además, de producirse el déficit, debe planificar y acometer un proceso de estímulo de la actividad económica real capaz de generar la riqueza necesaria para amortizarlo mediante el crecimiento de los ingresos públicos.

El escenario en el que nos encontramos es: Un endeudamiento, cuya cuantía impide su amortización en los plazos corto y medio, agravado por la acumulación de intereses generados por tipos inasumibles. Un presupuesto deficitario con gastos que superan el doble de los ingresos. Ausencia de nuevas empresas y de crecimiento de las activas. Un desempleo que alcanza niveles muy preocupantes. Falta de flujo financiero, y una imperiosa necesidad de adelgazamiento del gasto público. Todo ello, ha conducido al convencimiento de un rescate urgente, a pesar del rechazo de ciertos sectores que siguen negando su necesidad.

Tal vez por ello, y porque Bruselas lo exigía, se pusieron en marcha medidas impopulares de recorte en el gasto e inversiones, que vienen ocasionando protestas ininterrumpidas; y una subida de impuestos que no ha logrado el crecimiento de la recaudación, sino todo lo contrario, cuando no se acometen reformas estructurales que faciliten el crecimiento de la actividad económica. Ejemplo de ello han sido: La baja de la remuneración de los funcionarios, la subida de tasas en la enseñanza, el control farmacológico y el copago del mismo, la subida de impuestos directos e IVA, entre otros varios, y la drástica supresión de importantes inversiones públicas. No debemos olvidar que aún quedan recortes en determinados sectores, en muchos casos innecesarios o duplicados. A pesar del esfuerzo, el déficit sigue creciendo por falta de ingenio y decisión en la toma de medidas que faciliten el crecimiento de la riqueza nacional.

El rescate solo será efectivo si cubre la cifra total de endeudamiento, si el interés es asumible, y si el plazo de amortización es lo suficientemente largo para que la cuantía de devolución anual pueda asumirse por los sucesivos presupuestos generales. En caso contrario solo hay un camino que haga posible el crecimiento, la emisión de "deuda perpetua", o a un plazo no inferior a veinticinco años (no ocultamos la dificultad de su viabilidad). No podemos permitirnos no reconocer la necesidad del rescate, pero en las condiciones mencionadas anteriormente y acompañado del saneamiento de la banca y del flujo del crédito. La falta de decisión y del alargamiento en el tiempo nos situará en manos de nuestros acreedores y sin posibilidades de autogobernarnos. El reciente acuerdo del "Fondo de Rescate Europeo" cuadruplicando sus reservas hasta dos billones de €, podría hacer viable la solución a nuestro problema, puesto que se crea para el rescate integral de Italia y España.

(*) Economista y empresario

martes, 9 de octubre de 2012

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.


Un proceso políticamente imposible…


El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.


La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.


Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.


… y complicado para la economía


Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.


Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.


Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.


Nuevas duplicidades


Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.


En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.


Pagar más por la deuda


El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.


¿Y el ahorro?


El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.

Por qué no quieren a los políticos / José Oneto

La crisis institucional se agrava conforme se complica la situación económica y social del país, según reflejan dos de las más importantes encuestas que se elaboran periódicamente: la del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la que para el periódico “El País”, realiza Metroscopìa.

Los datos de los dos sondeos proporcionan una radiografía bastante aproximada de la grave deriva económica, política, social, constitucional e institucional en la que está el país, hasta el punto que, por ejemplo, en la serie histórica que viene elaborando el CIS, la preocupación por la clase política ha ido en aumento y ha alcanzado su récord, ya que más de la cuarta parte de los españoles creen que los políticos y la denominada clase política, constituyen el tercer problema del país, después del paro y de la situación económica.

Pero es que, además, casi el 89 por ciento está convencido de que la situación económica del país es mala o muy mala, el 67 por ciento que es peor que hace un año, y el 77 % que el año que viene será igual o peor que éste, al tiempo que más del 77 por ciento piensa que la situación política es mala o muy mala, más del 87 por ciento que es igual o peor que el año pasado y el 76 por ciento que el año próximo será igual o peor que hoy.

El cuadro lo completa Metroscopia al señalar que quizás, debido a esa desconfianza en la clase política, se desploma la fidelidad de los ciudadanos a los dos grandes partidos, que se hunden respecto a los resultados de las últimas generales, mientras sus líderes cosechan un gran rechazo. Más el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, ya que el 90 por ciento de los encuestados confían poco o nada en él, frente al 84 por ciento de disconformidad frente a Mariano Rajoy. Dos cifras realmente preocupantes.

De los dos sondeos se deduce que el malestar social que ha provocado la crisis económica y sus devastadores efectos, han terminando dañando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los gobernantes, al sistema democrático, e incluso al modelo de Estado autonómico, al que se acusa de ser uno de los causantes del despilfarro que ha complicado, en alguna medida, la actual crisis, que ha terminado por condicionar el futuro político del país, en tanto hemos ido perdiendo soberanía frente a Europa a la que, para agudizar más la “gran crisis” en la que estamos, se quiere incorporar Cataluña, después de independizarse y escindirse de España, mientras tenemos que cumplir unas durísimas condiciones económicas -endurecidas en caso de un rescate de la Deuda soberana- que nos han conducido, por el momento, a una de las mayores recesiones económicas desde el final de la guerra civil de l936-1939. Aunque el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de asegurar en Luxemburgo, en la reunión del Eurogrupo, que “España no necesita más austeridad”.

Al final, ese gran despilfarro, la falta de un mínimo consenso para hacer frente a una crisis que se puede llevar todo por delante; los numerosos casos de corrupción que hace que, por ejemplo, en el Parlamento valenciano el tercer grupo parlamentario sea el de los “imputados” en numerosos casos de corrupción; que muchos imputados puedan volver a presentarse a las elecciones, como si no hubiese pasado nada; que representantes partidos políticos tengan una gran responsabilidad en el gran escándalo del hundimiento de las Cajas de Ahorros que han tenido que ser rescatadas con el dinero de los ciudadanos; que conocidos los datos de su desprestigio ante la ciudadanía, la única reacción que hayan tenido haya sido en vez de hacer la mínima autocritica, echarse la culpa uno a otro, el PP al PSOE, el PSOE al PP, Carlos Floriano a los gobiernos socialistas y Oscar López al gobierno de Rajoy, explica muy bien esa falta de sensibilidad con lo que realmente está pasando, ese desprestigio que está afectando gravemente al sistema, esa ausencia de liderazgo, en uno de los momentos más graves de nuestra democracia.

http://www.republica.com/2012/10/08/por-que-no-quieren-a-los-politicos_559523/ 

Denuncian que en la RPT de la Diputación de Almería figuran cuatro plazas de redactor con título de Bachillerato

ALMERÍA.- El Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) denuncian que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación de Almería, correspondiente a 2012, aprobada definitivamente con las modificaciones incorporadas por el pleno de la Corporación Provincial de 7 de septiembre, según recoge el anuncio del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su núm. 195, de este 8 de octubre, figuren cuatro plazas de redactor/a, personal laboral, exigiendo el título de bachiller o equivalente. Asimismo, se contempla una plaza de jefe de prensa y dos de asesor de comunicación, de carácter eventual, para licenciados, sin especificar más. 

RPT Diputación
"Las siete plazas de la RPT de Diputación deberían ser exclusivas para periodistas, exigiendo el título de licenciatura o grado en Periodismo, o en Ciencias de la Información o Comunicación, especialidad de Periodismo o Comunicación Audiovisual, o bien pertenecer al Colegio de Periodistas de Andalucía. La administración debe velar escrupulosamente porque los periodistas tengan sus plazas de acuerdo con su titulación, como ocurre en la misma RPT con médicos, psicólogos, arquitectos y otras profesiones. El intrusismo debe terminar de una vez y la administración, más que nadie, ha de velar por evitarlo de forma clara y transparente", sostiene la Asociación de la Prensa.

La AP-APAL el 17 de noviembre de 2006, mostró su desacuerdo y rechazo a la oferta de empleo público de la Agencia de Comunicación Local (ACL) de Diputación donde se ofrecían seis vacantes de redactor (dos para nivel de titulación superior y cuatro para bachiller, FP 2 o equivalente). El 6 de octubre de 2010, el colectivo de periodistas denunció la convocatoria de Diputación, que después fue anulada, para cubrir cinco plazas de redactor de ACL Radio, exigiendo únicamente el bachillerato. 
En diciembre de 2011 la AP-APAL lamentó y rechazó el despido de tres periodistas de la ACL Radio, algunos de ellos con más de diez años de antigüedad en el medio “por causas objetivas”, al poco tiempo de que la Agencia pasase de ser un organismo autónomo local de la Diputación a depender directamente del área de Presidencia. Ahora, en la RPT aprobada, se encuadran las plazas en el Departamento de Comunicación, pero manteniendo su “estatus” anterior, objeto de la denuncia de los periodistas almerienses.

"Esta situación, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el Colegio de Periodistas de Andalucía, la FAPE, la FAAP y la AP-APAL, es una muestra más de que las Administraciones Públicas -ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía- desprecian el trabajo del periodista profesional al negarles el acceso a la Función Pública por no contemplar la categoría laboral de Periodista en la Relación de Puestos de Trabajo. Esta situación da lugar a que decenas de compañeros sean contratados como administrativos o como personal de confianza, cuando su trabajo real es el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa o en una emisora o medio público, y que está al margen del color político del gobierno de turno", concluye la nota de la Asociación de la Prensa.

La UNED espera superar las 2.800 matrículas para este curso en Almería

ALMERÍA.- El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha presidido la inauguración del Curso Académico 2012/2013 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Durante el acto, el presidente de la institución provincial, que también preside el Patronato almeriense de la UNED ha destacado la importancia de este organismo "que acerca la universidad a todos los rincones de la provincia, facilitando el acceso a la formación a aquellos que están más lejos de la capital y los que no disponen de medios para desplazarse a otras provincias". 

    Trino Gómez, director del Centro Asociado de la UNED en Almería, ha explicado que "para este curso ya contamos con 1.500 matriculados a falta de un mes para acabar el plazo, por lo que esperamos superar la cifra de 2.800 conseguida el año pasado", según ha informado la Diputación en una nota.
   Gómez ha explicado además que el principal objetivo de este año es impulsar las aulas AVIP, que permiten mediante video conferencia la realización de tutorías que transciendan no solo su aforo, sino que además pone en relación a profesores y alumnos de diferentes Centros Asociados.
   El acto ha servido también para imponer el escudo de oro del Centro al personal que cumplía 20 años en el mismo y los escudos a los licenciados y diplomados del último año, que han sido 73 alumnos. Además, el profesor de Derecho Penal de la UNED, Alfonso Serrano Maíllo, ha impartido la Lección Inaugural titulada 'Consideraciones criminológicas y jurídico penales sobre el reciente Anteproyecto de 2012 de Modificación del Código Penal'.
   Durante la inauguración se ha dado a conocer la memoria del curso anterior, financiado por la Diputación de Almería en casi un 60%.
   El Centro Asociado de Almería, dependiente de la Diputación Provincial, ha impartido la totalidad de las enseñanzas regladas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 28 titulaciones entre licenciaturas y diplomaturas, 26 grados, 43 masteres, CUID y el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.
   Además de las enseñanzas de doctorado, más de 600 Cursos configuran la oferta docente de la UNED, canalizada en títulos propios de postgrado y cursos de formación continua. En el curso 2011/12 el número total de matriculas adscritas a este Centro fue de casi 2.800 frente a las 2.495 del curso anterior, un incremento de 12,5%.
   El curso que ahora finaliza se ha caracterizado por un mayor número de alumnos procedentes de la provincia frente a los de la capital almeriense, así como por una mayor proporción de alumnas, con un 55%; frente a los alumnos matriculados. El curso ha significado además una consolidación en la aplicación de las nuevas tecnologías con experiencias como el Aula Virtual, que ha permitido una mejor comunicación con los alumnos sin que estos hayan tenido que desplazarse al Centro.
   Además, en estos años se ha producido una importante evolución en el perfil del alumnado ya que la UNED está dejando de ser una segunda oportunidad para aquellos alumnos que no habían podido estudiar en su momento, para ser un centro donde los alumnos vienen a sacar una segunda titulación.

La compraventa de viviendas repunta tras 17 meses de caídas

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 3% en agosto respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 27.708 operaciones, de las que el 49,8% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 50,2% sobre inmuebles nuevos, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   El repunte interanual de las compraventas de vivienda registrado en agosto pone fin a una racha de descensos que ya duraba 17 meses y se debe al empuje de las transacciones de pisos nuevos.
   En concreto, la compraventa de viviendas nuevas subió un 6,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 13.922 operaciones, mientras que la de usadas no registró variación alguna, con 13.786 operaciones.
   La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el octavo mes del año, en concreto el 90,3%, fueron viviendas libres. En total, la compraventa de este tipo de viviendas aumentó un 7,3%, hasta 25.022 operaciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas sumaron 2.686, con un descenso del 25% respecto a agosto de 2011.
   En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se incrementó un 1,2%, frente al repunte del 7,8% que experimentó en julio. En los ocho primeros meses del año, las compraventas de viviendas acumulan un retroceso del 16,3%.
   En agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (106), Baleares (101) y Comunidad Valenciana (99).
   El 60,5% de las compraventas de viviendas efectuadas en el octavo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.526 operaciones), Comunidad Valenciana (4.073), Cataluña (3.835) y Madrid (3.343).
   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en agosto fueron Navarra (245 operaciones), La Rioja (273) y Cantabria (393).
   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Extremadura (+19,2%), Baleares (+18%) y Castilla-La Mancha (+16,9%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Cantabria (-16,3%) y Asturias (-12,3%).
   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en agosto fue de 129.133, con un alza del 6,5% sobre agosto de 2011 y un descenso del 3% respecto al mes anterior.
   Por compraventa se transmitieron un total de 60.643 fincas, un 6,4% más que en agosto de 2011, mientras que 4.842 fincas se transmitieron por donación (+8,5%), 740 por permuta (-28,4%) y 28.917 inmuebles por herencia (+4%).
   En el apartado de compraventa, el 87,2% de las transacciones efectuadas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 12,8% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,4% fueron compraventas de viviendas.
   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 2,5% en agosto, hasta las 7.752 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 7%, hasta las 52.891.
   El número total de fincas transmitidas en agosto por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (549), Castilla-La Mancha (521) y Aragón (519).
   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Baleares (+28,9%) y Castilla-La Mancha y La Rioja (+28,8% en ambos casos), mientras que los mayores descensos se los anotaron Navarra (-33,1%), País Vasco (-20,5%) y Cantabria (-20,3%).