Hace tres semanas, con motivo de un viaje a EEUU, me despedía de ustedes
hasta septiembre. Pero al volver me he encontrado con que, después de seis meses
de tomar decisiones, casi todas en sentido contrario a lo que necesitaba el
país, Mariano Rajoy decide superar los límites de lo tolerable y, de una
manera tan vil como irresponsable, llevar a sectores enteros de población, a
millones de españoles, a una situación de pobreza y exclusión social
intolerables. Y todo ello no para salir de la crisis, ya que estas medidas
hundirán aún más el crecimiento y el empleo, sino para mantener los privilegios
de una casta política incompetente y corrupta que no está dispuesta a
sacrificio alguno.
Con una cobardía poco común, elude su compromiso más
esencial, el de gobernar, y lanza la mentira más escandalosa de toda su amplia
trayectoria de embustes y falsas promesas: “Los españoles no podemos elegir si
hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”.
Es decir, que los
españoles no podemos elegir entre que nos arruinen a impuestos y nos recorten
salarios y prestaciones o acabar con el despilfarro de 120.000 millones de
euros anuales que supone, en conjunto, el modelo de Estado impuesto por
la casta política. Que los españoles no tenemos la libertad para elegir
entre acabar con las duplicidades entre AAPP (34.000 millones tirados por la
fregadera) y cerrar las 3.000 empresas públicas inútiles creadas para ocultar
deuda y colocar a 450.000 parientes, amigos y correligionarios a dedo con
sueldos un 35% superiores a la media de los funcionarios, o que nos bajen las
prestaciones de desempleo, las pensiones, la dependencia o la reinserción
social.
También que los españoles no tenemos la libertad para elegir que se
devuelvan al Estado las competencias de Justicia, Educación y Sanidad (lo
que supondría un ahorro de 47.000 millones de euros, según cálculos de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde que Aznar cometió el
error histórico de transferirlos a las CCAA el coste por alumno y enfermo ha
aumentado más del doble en términos reales) y debemos aceptar sin rechistar
recortes brutales en Sanidad y Educación y copago a todo lo que se mueve porque,
para nuestro presidente, “eso ni se plantea”. Los niveles de irresponsabilidad y
miseria moral de Rajoy resultan inauditos.
Dice no tener la libertad para
decidir, pero sí para llevar a la ruina a la nación. Si es cierto que no la
tiene porque es un cobarde y los barones no le dejan, debe dimitir. Que
no diga que es una imposición de Bruselas, porque Draghi se lo dejó bien
claro: “Menos impuestos y más recortes de gasto”. Rajoy, al igual que
cuando estaba en la oposición -cuando Valencia, Murcia o Madrid capital estaban
a la cabeza del despilfarro sin que moviera un dedo para evitarlo- es incapaz de
recortar nada. Su ineptitud, elevada a escala nacional, no sólo está llevando a
la miseria y a la exclusión social a millones de personas, está arruinando a
varias generaciones de españoles con una deuda y unos tipos de interés
inasumibles. El jueves pasado la Asociación de Empresas de Trabajo
temporal dio a conocer una cifra pavorosa: el número de familias españolas que
vive por debajo del umbral de la pobreza asciende ya al 26,5%, mucho más que en
Grecia. Y la opción de Rajoy es empobrecernos todavía más.
Una
conversación en Washington
Hace dos lunes, en el hotel Fairmont en
Washington, y gracias a un amigo común, tuve la suerte de poder exponer a un
primera espada del FMI el que, en mi opinión, es el principal problema de
España: el modelo de Estado. Le dije: “O ustedes nos ayudan acabar con las
CCAA o las CCAA acabarán con España, es así de simple”. Naturalmente, esto
hay que demostrarlo con cifras y a ello dediqué todo el tiempo del que dispuse.
El FMI, al igual que la UE y al igual que Alemania, sabe que el problema de
España radica en las regiones. Sabe también que Rajoy miente, y que miente en
todo: en la situación del sistema financiero, en la situación macroeconómica y
en el déficit público. Pero lo que no conoce bien es la dimensión real del
problema. Me quedo corto si afirmo que mi interlocutor se quedó asombrado. Y es
lógico, porque cuesta creerlo.
¿Cómo
puede creer nadie que partiendo en enero de una situación de quiebra del sistema
autonómico (que representa los dos tercios del gasto público de la nación) el
Gobierno, en lugar de intervenir a las CCAA, les transfiere cerca de 30.000
millones de euros sin condición alguna? Un dinero que ya han despilfarrado,
porque ahora necesitan 25.000 millones más. ¿Cómo puede nadie creer que un
Gobierno renuncie a intervenir en la asignación correcta de dos tercios de los
recursos de la nación?; ¿o que en los cinco primeros meses de 2012 el déficit
del Estado se haya incrementado en un 31% y la extrapolación a fin de año nos
lleve a un déficit de las AAPP del 11,6% del PIB (porque el supuesto adelanto a
CCAA jamás será recuperado (1)?
Cuando conté, a modo de ejemplo, que la
alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un
sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal, no
me creyó. Así de simple. Tuve que pedirle que tecleara en Google “Asesores
ayuntamiento Madrid”. Se quedó boquiabierto. El alcalde de Washington, al igual
que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a
su trabajo. Cuando le expliqué que en España hay más de 30.000 coches oficiales,
que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos a
dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200
embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una
pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer.
“Es obvio -me dijo- que
ningún gobierno del mundo tiene derecho a empobrecer de ese modo a los
ciudadanos si tiene alternativas de reducción de gasto tan claras, pero ni el
FMI ni la UE pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los
españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque
España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo
del electorado y la separación de poderes en origen; España no tiene ni lo uno
ni lo otro. Los españoles carecemos de cauce legal alguno para cambiar el
modelo de Estado. Ni diez millones de firmas servirían para ello. Lo
entendía pero no era un tema del FMI me dijo, de todas formas “si esas son las
cifras reales el rescate es inevitable, y eso obligaría a cambiar el modelo de
Estado o algo equivalente”.
España necesita un rescate de 500.000 millones
ya.
¿Alguien se ha molestado en sumar los vencimientos de deuda? En
julio, los vencimientos del Tesoro eran de 19.000 millones y sólo se ha cubierto
una tercera parte; 13.000 en agosto y septiembre; 27.600 octubre y, el resto,
9.000. Total: 62.000 millones. Las CCAA necesitan 28.000 y los bancos,
descontando Santander y BBVA, han emitido 80.000 millones de euros con aval del
Estado, de los que 38.000 vencen este año. Total: 128.000 millones. Unos 6.000
los sacarán saqueando la caja de las Loterías, y los bancos parte del BCE, pero
aún quedan 100.000.
La liquidez que tenía el Tesoro la han
transferido de forma casi íntegra a las CCAA y al pago a proveedores; con el
déficit 2012 hay unas necesidades de financiación de 150.000 millones de aquí a
fin de año (unos 27.000 millones al mes), que con la prima y los intereses
desbocados son imposibles de lograr. Y, después, 175.000 millones en 2013
-vencimientos y déficit - y 250.000 en 2014. España necesita ya un rescate
de 500.000 millones.
Sin embargo, eso no es lo único. España no puede
seguir siendo el cortijo de una casta política parasitaria, cuyo pensamiento
real sobre el conjunto de los ciudadanos es el expresado por la indigna
palmera del PP: “Que se jodan”. Es lo que piensan los 17 presidentes
autonómicos y su inmensa corte de parásitos sociales, es lo que piensan los
8.160 alcaldes y 68.578 concejales, los miles de presidentes de empresas
públicas y los miles de diputados, senadores, asesores o sindicalistas de
pesebre completamente inútiles. ¿Acaso uno, uno sólo de ellos, o de los
casi dos millones de empleados públicos nombrados a dedo, estaría
dispuesto de renunciar a su prebendas para evitar la ruina de los
españoles?
Las nuevas medidas no sólo son una chapuza absoluta,
son un expolio sin precedentes a las clases medias y trabajadoras, mientras la
casta política se niega a aplicarse a sí misma el menor recorte. Los 65.000
millones en dos años y medio no solo son falsos, son clamorosamente
insuficientes. El conjunto, y con las valoraciones oficiales, supone 48.000
millones, no 65.000, o 19.000 millones año, o 6.300 millones en el cuatrimestre
que queda. Se necesitarían 50.000 para cumplir el compromiso de déficit 2012.
Además, las valoraciones oficiales son falsas, la recaudación estimada por IVA y
otros impuestos se ha calculado sobre la base de que el consumo se mantiene. La
teoría económica explica que eso no es así mientras la experiencia demuestra que
se queda en la mitad.
La reducción de gasto por el número de concejales,
valorada en 3.500 millones, es tres veces la real, pero como hay que esperar a
las nuevas elecciones acaba en cero. Si se ponen las cifras reales, los 19.000
al año, se quedan en 12.000 escasos o 4.000 en 2012. Y, aunque van a reducir
pensiones y subir la tarifa eléctrica, apenas llegará a la décima parte de lo
necesario. Nada a cambio de una deflación brutal y de condenar a la miseria y a
la exclusión social a millones de personas. Adicionalmente, el efecto sobre el
sistema financiero de la caída de la venta de viviendas y la subida de la
morosidad llevará a muchas entidades a la insolvencia. La buena noticia es que
ni Rajoy ni el modelo de Estado sobrevivirán al inevitable rescate. La
sustitución de estos irresponsables por profesionales es nuestra única
posibilidad de salvación.
(*) Catedrático de Economía de la UPM
(1) La cifra del déficit del Estado correspondiente
al mes de mayo es del 3,4% del PIB, que se compara con el 2,6% en el mismo
periodo 2011. A partir de aquí, dos estimaciones son posibles: elevar el 3,4% a
tasa anual (8,6%) y sumarle el 2% del objetivo de déficit de CCAA, ayuntamientos
y Seguridad Social (10,6%), algo poco realista porque ese objetivo es una
quimera. O, segunda, suponer proporcionalidad entre el 2,6% del Estado a mayo y
el 8,9% total al final de 2011, y el 3,4% actual y el total a fin de año, lo que
nos llevaría a una estimación de déficit de 2012 del 11,6%
.
