UPyD le cruje al Gobierno de Rajoy por subir impuestos en vez de ahorrar en el gasto

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el Gobierno de Mariano Rajoy "empieza mal" al cargar sus medidas de reducción del déficit sobre las rentas del trabajo vía IRPF y, en cambio, no ahorrar evitando duplicidades en la Administración o suprimiendo entes superfluos como las diputaciones provinciales.  

   El responsable económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, critica las medidas del Consejo de Ministros porque "cuando uno navega en un barco con el casco agujereado, tirar a parte del pasaje por la borda no es una solución a largo plazo", sino que es necesario reformar un "Estado autonómico mal diseñado", algo que, según denuncia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ni se plantea".

   Anchuelo lamenta que, aunque el núcleo de la desviación se debe al "gasto desbocado" de las comunidades autónomas, éstas "no se ven apenas involucradas" en la solución y lo que se hace es subir los impuestos para "seguir financiando esos excesos", así como recortar partidas de gasto socialmente "muy sensibles", con medidas "toscas" y de "brochazo gordo"

   "Los de siempre, los objetivos fáciles, siguen estando en el centro de la diana", incide Anchuelo, que considera que se debería actuar con una filosofía de "presupuesto base cero" que concentre los recortes "más drásticos" en las instituciones autonómicas superfluas, o los sueldos excesivos para funciones profesionales similares.

   En similares términos se pronunció el 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien recuerda que su partido ya había avisado de que "era imposible seguir gastando como proponía el PSOE y bajar los impuestos como decía el PP".

   En su opinión, el Gobierno de Rajoy hace "gran continuismo" con las medidas fiscales del PSOE apuntando a los "objetivos fáciles" pues y dos tercios del incremento de recaudación que esperan con estas medidas provendrán precisamente de las rentas del trabajo mientras "las grandes fortunas siguen protegidas por sus falsas fórmulas societarias".

    A través de Twitter, Martínez Gorriarán ha aconsejado al Gobierno empezar por "acabar con las duplicidades y el gasto superfluo suprimiendo administraciones como las diputaciones provinciales. También abogan por una reforma fiscal que equipare las rentas del trabajo con las del capital.

   Su impresión es que el PP va a "dosificar las malas noticias para salvar el tinglado" y que en marzo, cuando presenten los Presupuestos Generales, "vendrá una segunda oleada de recortes".

El Gobierno avisa que el paquete de medidas es "el inicio del inicio"

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este viernes de que el paquete de medidas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es "el inicio del inicio" y ha insistido en que el Ejecutivo se ha visto "obligado" a tomarlas ante una situación "extraordinaria y no prevista".

   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con una cifra de déficit público "mucho más elevada" de la que había "comunicado y comprometido" el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha estimado en el 8%, una desviación presupuestaria "elevada" que ha obligado a tomar "decisiones extraordinarias".

   La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo tiene el "compromiso" de "decir la verdad" y, por eso, ha asegurado que quieren afrontar "con realismo la situación económica", lo que les ha conducido a tener que "adoptar medidas extraordinarias y no previstas".

   Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad de gasto que se ha fijado en 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

   Además, se ha decidido la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos y el aumento de su jornada laboral, hasta las 37,5 horas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.

   Una vez anunciadas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir en que la situación es "extraordinaria" por el desfase "no previsto" del déficit y ha remachado que esto ha "obligado" al Gobierno a "adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit".

   En este punto, ha anunciado que el Gobierno "se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles.

   "Son medidas extraordinarias, temporales, excepcionales e imprevistas", ha remachado Sáenz de Santamaría, quien también ha hecho hincapié en que la subida de impuestos se ha querido hacer según principios de "justicia y equidad" y, por eso, un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o que más tienen".

   Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, han explicado después que el aumento del IRPF se va hacer de manera progresiva, de modo que "la proporción de aportación por parte de los que mayor renta tienen es muy grande".

   El Partido Popular se había comprometido a modificar el IRPF en su programa electoral, pero el cambio previsto estaba destinado a "favorecer el ahorro" y crear una "nueva deducción" que redundase en este objetivo. En ningún momento habló de incrementar las cuotas de este ni de ningún otro impuesto.

   Una vez ganadas las elecciones, el presidente del Gobierno no se quiso pronunciar sobre esta cuestión cuando se le ha interrogó al respecto, con o sin micrófonos. Ha eludido la cuestión alegando que no podría anunciar sus medidas hasta conocer el "estado real" de las cuentas del Estado.

   Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y al ser preguntado al respecto por el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy aseguró que su intención era "no subir los impuestos" porque no le parecía "lo más razonable".

   En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha reconocido que el PP "no es partidario de subir impuestos", pero ha insistido en que la situación es "extraordinaria y no prevista" y ha "llevado a adoptar medidas extraordinarias, no deseadas" y "obligadas por el agujero del desfase en el déficit público".

   Este desfase, ha dicho, ha hecho "necesario adoptar otro tipo de medidas que en circunstancias normales, si se hubieran cumplido el compromiso del déficit público, si se hubiera limitado a 16.500 millones de euros, no se hubieran adoptado". "Estamos hablando de otras magnitudes y magnitudes de esta naturaleza obligan. Las circunstancias obligan y son duras, difíciles", ha recalcado".

   A pesar de que la ministra de la Presidencia ha asegurado que el anterior Gobierno no les avisó de cuál iba a ser el dato de déficit de 2011, Sáenz de Santamaría no ha incidido en las críticas al PSOE y ha asegurado que al Ejecutivo de Rajoy lo que le "importa" ahora es "tomar decisiones que se han empezado a tomar y se seguirán tomando".

   Dicho esto, la vicepresidenta ha insistido en que aunque la situación es "difícil", el Gobierno está "dispuesto a tomar decisiones" y a "afrontar" la situación "como viene" y a "dar la cara ante los ciudadanos".    

   Además, ha asegurado que, en esta tarea, va a "decir la verdad" y a "procurar ser justo a la hora de exigir esfuerzo y sacrificios". "Es un momento difícil, pero con medidas y reformas, estamos seguros de que España puede salir de la crisis y se puede volver a generar empleo", ha remachado.

La inversión extranjera en inmuebles en España creció un 27,8%

MADRID.- Las inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 27,8% hasta septiembre respecto al mismo periodo del pasado año, con 3.601  millones de euros, tras crecer tan sólo un 2,6% en 2010, según datos del Banco de España.

   Además, estas inversiones superaron los 1.000 millones de euros durante tres trimestres consecutivos, algo que no se observaba desde 2008, antes del último desplome de estas compras. En el tercer trimestre, el incremento de las compras respecto al mismo periodo de 2010 fue del 19,2%, hasta 1.164 millones.

   Las inversiones extranjeras en inmuebles en España se redujeron progresivamente desde el año 2003, cuando alcanzaron los 7.072 millones de euros, hasta los 6.650 millones en 2004, los 5.495 millones en 2005 y, finalmente, los 4.716 millones en 2006.

   Sin embargo, esta tendencia se corrigió en 2007, ya que en el conjunto del ejercicio se contabilizaron 5.341 millones de euros procedentes de inversores extranjeros en viviendas, un 13,3% más respecto a 2006.

   En esta línea, se sumaron 5.331 millones de euros como consecuencia de las inversiones directas de los extranjeros en España hasta el cierre de 2008, un 1% más que en el mismo periodo de 2007. En 2009, la crisis del 'ladrillo' desincentivó estas inversiones, que cayeron un 31,5%, hasta los 3.651 millones, mientras que en 2010 volvieron a crecer un 2,6%, hasta los 3.747 millones.

   En cuanto a las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero, descendieron un 38% hasta septiembre en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo que ahondan en el descenso del 17,4% registrado al término del pasado año.

   Además, sólo en el tercer trimestre estas inversiones se situaron en 155 millones de euros, lo que supone un descenso del 17,5% respecto a los mismos meses de 2010.

   Desde el año 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas y otros sectores residentes, excluido el Banco de España, crecieron progresivamente en los cuatro siguientes años, pasando de 388 millones de euros en aquel año a 781 millones en 2004, 1.510 millones en 2005, 2.269 millones en 2006 y 3.365 millones en 2007.

   Sin embargo, la tendencia se truncó en 2008, en plena crisis económica, y estas inversiones cayeron hasta los 1.789 millones de euros, un 46,8% menos que un año antes, marcando una tendencia que se mantuvo en 2009, con un descenso del 44,9%, y que aún no ha cesado. En 2010, las compras de viviendas en el extranjero volvieron a caer un 17,4%, hasta los 814 millones de euros.

Eduardo Torres-Dulce, nuevo fiscal general del Estado

MADRID.- El Consejo de Ministros ha propuesto el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, para lo que ha acordado solicitar la audiencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita el preceptivo dictamente previo sobre esta designación.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy.

   Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) tiene desde marzo de 2000 la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. De tendencia moderada y conservadora, es considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.

   Torres-Dulce ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y se decantó al año siguiente por la carrera fiscal. Ha representado al Ministerio Público en la Fiscalía de Sevilla y Madrid y ha ocupado la plaza de teniente fiscal en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

   En octubre de 1996, fue ascendido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Sección de lo Penal hasta junio de 2005.

   Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales desde 1980 y vocal del Consejo Fiscal, ha ejercido también como profesor de Derecho Penal en varios centros universitarios, entre ellos ICADE, el CEU y la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.

   Reconocido cinéfilo, ha colaborado en varios programas de radio y televisión junto al cineasta José Luis Garci. Actualmente colabora con este último y Luis Herrero en el espacio 'Cowboys de medianoche', en esRadio.

   El proceso de nombramiento comienza con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se produce a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

   La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar "los méritos e idoneidad del candidato propuesto".

   El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio" y con más de 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión". Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

   En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.

La Junta de Andalucía presenta recurso contra el Gobierno central por la liquidación de 2009

SEVILLA.- La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno en relación con la liquidación del año 2009 y ha justificado la medida en que se ha producido un "quebranto de los ingresos" de Andalucía.  

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del último Consejo de Gobierno del año, ha explicado que el Ejecutivo andaluz ha venido reclamando al Gobierno central, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, una diferencia de ingresos como consecuencia de medidas que se tomaron en su día, como los 400 euros de deducción en el IRPF y el 'cheque bebé', que estima que ha supuesto un "quebranto de los ingresos de Andalucía".

   Ha recordado que además de Andalucía, también lo está reclamando Galicia. En este sentido, la Junta formalizó un recurso por la liquidación de 2008 y ahora se ha decidido formalizar otro "idéntico" por la de 2009.

   Según Moreno, Andalucía cree que, como consecuencia de algunas decisiones del Gobierno de España, se ha producido una merma de ingresos. La Junta ha cuantificado en 674 millones de euros la cantidad que hubiera debido de percibir en el año 2009.

   "Gobierne quien gobierne en España, Andalucía siempre va a recurrir y reclamar aquello que cree que le corresponde; lo hemos hecho por el año 2008, gobernando Rodríguez Zapatero, y lo vamos a seguir haciendo, como es natural, aunque ahora gobierne el Partido Popular", ha sentenciado.

El año 2011 termina con más de cinco millones de inmigrantes en España y un nuevo Reglamento de Extranjería

MADRID.- La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, ha sido la medida más destacada en la materia en un año en el que si bien la inmigración se ha mantenido en progresivo descenso, la población extranjera con permiso de residencia en España ha superado por primera vez los cinco millones de personas. 

   La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fija en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE.

   Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con saldos positivos.

   En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas han presenciado un incremento del 55 por ciento respecto de 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a registrarse intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas, según datos recopilados.

   En las Islas Canarias, las llegadas han aumentado un 60 por ciento hasta al menos 294 personas a bordo de 19 embarcaciones clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe pateras desde septiembre de 2009, cuando además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400 personas.

   El año 2011 ha sido el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las extranjeras víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.

   Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración, la adecuación de la vivienda o la integración social de los inmigrantes para trámites como renovaciones de permisos o residencia por arraigo.

   No obstante, el año termina sin que se aprueben los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, ACNUR ya ha advertido de que tiene una importancia "vital" para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.

   También en materia de medidas, este año se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se ha sancionado la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se han puesto en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

   Al igual que en otros departamentos, la crisis ha dejado recortes en las áreas de inmigración, especialmente en el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, que tras haber contado con 200 millones de euros de presupuesto, en 2011 se ha quedado reducido a 66,6, un mínimo histórico.

   Con las elecciones generales y el cambio de gobierno, el área de inmigración ha perdido además, peso político. Si bien antes encabezaba el nombre del Ministerio de Trabajo y contaba con su propia Secretaría de Estado, en el gabinete de la nueva titular de esta cartera, Fátima Bláñez, los asuntos de extranjería han quedado relegados a un nivel administrativo inferior.

   No obstante, hay reformas en perspectiva que podrían devolver a la palestra los asuntos que atañen directamente al 12 por ciento de la población de España, ya que tanto en campaña como a posteriori, el Partido Popular ha difundido su intención de modificar la normativa para, entre otras medidas, eliminar la figura del arraigo y crear un visado de búsqueda de empleo que garantice el retorno a su país de quienes no encuentren trabajo.

Leguina cree que sería un "suicidio" elegir a Chacón secretaria general

MADRID.- El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha asegurado que elegir a la exministra de Defensa Carme Chacón secretaria general del PSOE sería "directamente un suicidio" porque antes el partido debe "arreglar bien" su relación con el PSC, a quien ha acusado de haber puesto "de chupa de dómine" a instituciones como el Tribunal Constitucional.

   "O el PSOE arregla bien con el PSC cuáles son las relaciones o gente del PSC no se puede presentar todavía, después de lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña", ha aseverado en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que ha añadido que los socialistas catalanes "se han salido sistemáticamente de las líneas generales que había antes de la llegada de Zapatero".

"No se sabe si son nacionalistas o qué coño son", ha criticado.

   En este sentido, ha manifestado que, a su juicio, la elección entre Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya ha anunciado oficialmente su candidatura, y Chacón, "no es dudosa" porque el primero "da tranquilidad". 

"Con Rubalcaba, hemos perdido estrepitosamente las elecciones pero no nos vamos a suicidar", ha señalado, para criticar, no obstante, que el exvicepresiente se ha rodeado "del más puro zapaterismo".

   "Yo puestos a elegir entre Rubalcaba y Chacón no tengo ninguna duda pero Rubalcaba se ha vuelto a rodear del mas puro zapaterismo" ha sentenciado, para reconocer, no obstante, que tanto el que ya fuera candidato en las pasadas elecciones generales como la diputada catalana "son corresponsables de muchísimas políticas" desarrolladas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodrgíguez Zapatero que han llevado "al hoyo" al PSOE.

   La política territorial "impuesta" por Zapatero es, según Leguina, una de las causas que han provocado la debacle en el PSOE, la cual ha calificado de "desastre autentico".

"Zapatero no tenía una visión de la sociedad española como no un conjunto articulado de personas y grupos, sino como la suma desarticulada de grupos: por un lado las feministas, por otro los homosexuales, por otro los sindicatos...", ha explicado.

   "Así no se construye un proyecto nacional ni un proyecto socialmente visible. No es nada de extrañar que las capas medias urbanas se hayan ido del PSOE en masa", ha continuado, para señalar que dicho "proyecto nacional" hay que recuperarlo "con otro discurso y otro proyecto político que no se puede parecer en casi en nada al que ha puesto en marcha Zapatero".

   Dicho esto, ha confesado que no cree que 38 Congreso Federal que tendrá lugar en febrero vaya a servir para arreglar el PSOE porque ha sido convocado "a todo correr en función de las elecciones en Andalucía".

"Es una locura" ha denunciado, para añadir que la única forma de avanzar sería que el próximo secretario general sea una persona ajena a la "cuadra del zapaterismo" y "capaz de asumir que esto es una transición".

   Preguntado sobre la posibilidad de que surjan candidaturas alternativas, Leguina ha apuntado que podría ocurrir, al tiempo que ha destacado que en el PSOE "hay una cantera mucho más grande de lo que pueda parecer", para criticar, no obstante, que en estos momentos el partido tiene "un problema de selección y de calidad del personal".

España eleva la jornada de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

MADRID.- El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal. 

   Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.

   De esta forma, el Ejecutivo 'popular' da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.

   El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.

El Gobierno recorta un 20% la subvención a partidos, patronal y sindicatos

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9 por ciento del total, y un recorte del 20 por ciento en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.

   Para ello, ha adelantado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que fijaba su cuantía base para 2008 y su actualización mínima de IPC año a año.

Más de 3.100 inmigrantes llegaron a las costas andaluzas durante 2011; 1.244 a las de Almería

SEVILLA.- El número de inmigrantes que han llegado a las costas andaluzas desde el 1 de enero de 2011 hasta este viernes asciende a 3.151 personas, siendo éstos interceptados a bordo de 149 embarcaciones, lo que supone un 55 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron a las costas de Andalucía 2.001 personas, según datos recopilados.

   

   De esta manera, la provincia de Granada es la región andaluza que ha recibido un mayor número de inmigrantes durante este año de 2011, a punto de finalizar. En concreto, han intentado alcanzar las costas granadinas un total de 1.355 personas en 33 embarcaciones. La última patera fue interceptada por el Servicio de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil la madrugada del 23 de diciembre cerca de las costas de Granada con 56 inmigrantes magrebíes a bordo, todos ellos varones.

   Por su parte, 1.244 inmigrantes fueron interceptados a bordo de 58 embarcaciones en lo que va de año cuando intentaban alcanzar las costas de Almería, principalmente a través de la Isla de Alborán, el Puerto de Almería o las zonas próximas del Cabo de Gata. Cabe recordar que efectivos de la Guardia Civil interceptaron el día de Nochebuena en Cuevas del Almanzora a 20 inmigrantes --19 varones y una mujer, todos ellos mayores de edad en buen estado de salud-- que viajaban en una patera.

   Otra de las provincias receptoras de inmigración en Andalucía es Cádiz, donde hasta la fecha han llegado 395 inmigrantes, que han sido detectados en 37 embarcaciones. La última de las pateras interceptadas tuvo lugar el pasado 19 de diciembre, cuando la Guardia Civil rescató frente a la costa de Algeciras (Cádiz) a cuatro inmigrantes de origen subsahariano que trataban de alcanzar la costa española en una embarcación hinchable a remo.

   Un total de 125 personas han sido interceptadas en lo que va de año 2011 cuando intentaban alcanzar la costa malagueña en diez embarcaciones neumáticas o en pateras, según los datos que han sido facilitados desde la Subdelegación del Gobierno.

   Por último, Salvamento Marítimo ha rescatado en 2011 a 32 inmigrantes cuanto intentaban llegar a las costas de Punta Umbría y a la playa de Matalascañas, en dos embarcaciones, siendo éstas las únicas llegadas de inmigrantes a la provincia en lo que va de año.

La almeriense y alcaldesa de Adra, Carmen Crespo, nueva delegada del Gobierno en Andalucía

SEVILLA.- El Gobierno ha nombrado hoy a la almeriense Carmen Crespo, alcaldesa de Adra y diputada en el Parlamento andaluz, como nueva delegada del Gobierno en Andalucía, según ha anunciado este viernes la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Crespo sustituye al socialista Luis García Garrido al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Según ha explicado Saénz de Santamaría, este ha sido el único nombramiento en una Delegación aprobado este viernes debido a que el puesto lleva vacante diez días como consecuencia del "cambio de destino" de su anterior titular, que ahora es senador por designación autonómica.

   Carmen Crespo Díaz, nacida en 1967, es Diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Casada, con dos hijas y residente en su municipio natal, Adra, inicia su trayectoria política en 1990 en el Partido Popular de Adra y es en 1991 cuando forma parte por primera vez de la candidatura del Partido Popular.

   También ha ocupado el cargo de vicepresidenta de la Diputación Provincial dirigiendo el Área de Bienestar Social, Cultura y Deportes desde el año 1995 hasta el año 2000. Diputada en el Parlamento andaluz desde el año 2000, ha ejercido como secretaria de la Comisión de Coordinación y vocal de Asuntos Europeos, así como portavoz de Agricultura e Inmigración.

   Igualmente, ha pertenecido a la Comisión de Justicia y Administración Pública, al Grupo de Trabajo de la nueva Ley Régimen Local de Andalucía y a la Diputación Permanente del Parlamento de Andaluz. Actualmente es Portavoz de la Comisión de Gobernación y Vocal en las Comisiones de Salud y Asuntos Europeos, así como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y vocal del Consejo Municipalista andaluz y de la Comisión ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

   Dentro de la estructura del Partido ha ostentado distintos cargos como la Secretaría de Desarrollo Rural del PP andaluz o la Vicesecretaría de Asuntos Sociales. En la actualidad es presidenta del Partido Popular de Adra, vicepresidenta del Partido Popular de Almería y vocal del Comité Ejecutivo Regional. Actualmente es su tercera legislatura como alcaldesa en su ciudad, Adra.

Prioridades

La nueva delegada ha indicado ya este viernes que trabajará con la constancia de un "martillo pilón" para cumplir las expectativas al frente de una responsabilidad que ha considerado un "reto personal y profesional ilusionante e inquietante a un tiempo". Ha avanzado, en esta línea, que, en los primeros meses en el cargo, estará "muy pendiente" de la discusión en torno a las competencias sobre la Cuenca del Guadalquivir al tiempo que ha priorizado la gestión en materia de Costas, las infraestructuras, y, sobre todo, el empleo.
   Durante su primera intervención tras su designación, Crespo ha comparecido arropada por su compañeros del PP en Almería y por su líder provincial, Gabriel Amat, y ha trasladado que asume la "compleja" tarea en un contexto "difícil" con una "lealtad más allá de ideologías políticas, sin mirar colores y en defensa de todos los andaluces".
   Al tiempo, se ha comprometido a trabajar desde la "humildad" para "arrimar fuerzas en la ardua tarea de crear empleo en España y entrar a paliar la crisis que tanta factura ha pasado en Andalucía".
"Se trata de un momento crucial, con una enorme responsabilidad aunque me siento con la fortaleza que da el saber que mis compañeros me van a ayudar", ha subrayado
   Crespo, cuyas primeras palabras han sido de agradecimiento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y a la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, por la confianza depositada en ella, ha adelantado que, en su gestión, será "guía" el discurso de investidura de Rajoy, que ha considerado "una delicia".
"Es una guía de trabajo y esperanza para todos los españoles y para mí, por lo que me voy a aprender al dedillo esas palabras para ser un martillo pilón de constancia y trabajo", ha apuntillado.
   Sobre las líneas de trabajo, ha señalado que coincide "plenamente" con lo expresado por el líder del PP-A, Javier Arenas, con respecto a las transferencias de competencias del Estado y ha advertido de que son "cumplirlas de buena forma". Así, ha aludido a la discusión sobre la competencia de la Cuenca del Guardalquivir y ha calificado de "fundamental" la gestión en materia de Costas. "Hay muchas cosas que decir en este ámbito, que crea mucho empleo, por ejemplo, con los chiringuitos", ha añadido.
   Crespo ha primado, asimismo, las políticas conducentes a la creación de empleo y ha considerado que hay "cuestiones fundamentales que hablar entre los dos gobiernos" que exigen un tratamiento "integral". Con respecto a las infraestructuras, "en parálisis completa -ha dicho--- por las dificultades económicas en las que ha dejado el anterior gobierno", ha avisado de que habrá que ver "el estado de las deudas con las empresas adjudicatarias y como están las cuentas" para afrontar necesidades como la A-7 o la Alta Velocidad. "Eso es básico", ha señalado.
   Tras remarcar que su nombramiento "ha sido una sorpresa" que agradece "de forma especial" sabedora" de que hay compañeros de partido "con mucha diligencia", ha adelantado que comenzará su trayectoria el mismo día de Navidad, en el que mantendrá un encuentro con el exdelegado del Gobierno y antecesor en el cargo, Luis García Garrido.
La toma de posesión en acto solemne, y que estará presidida por Sáenz de Santamaría, se celebrará el día 26 en Sevilla.
   "Son de tiempos de sacrificio, trabajo y dedicación, sabedores de que, de nuestra labor, depende el bienestar de las familias que han visto y ven en Rajoy un pilar importante para sus expectativas de futuro", ha apuntado para, a continuación, remarcar que esto "exige trabajo desde el principio".
"Siempre he tenido claro -ha añadido-- que los representantes del Gobierno está para solventar los problemas y no para crearlos, por lo que me comprometo a actuar con lealtad institucional y con colaboración con el Gobierno andaluz y los alcaldes y ediles de toda la provincia".
Por último, ha tenido palabras de reconocimiento para los funcionarios de la administración del Estado, "garantes de la neutralidad y la eficacia" y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como "garantes de la libertad".
   El escaño en el Parlamento andaluz que deja María del Carmen Crespo para iniciar su andadura al frente de la Delegación del Gobierno andaluz lo ocupará la actual alcadesa de Antas, Isabel Belmonte. 

El nuevo regidor del municipio abderitano será designado en pleno en unos diez días.

Azata confirma la asistencia a la cumbre sobre El Algarrobico y espera "escuchar y hacerse escuchar"

ALMERÍA.- La empresa promotora del hotel de Azata del Sol construido el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, ha confirmado este viernes su asistencia a la cumbre que el alcalde del municipio, el independiente Salvador Hernández (Gicar), ha convocado con el objetivo de que las partes implicadas en el conflicto, incluidos Junta de Andalucía y ecologistas "se conozcan y se escuchen".

   "Pensamos que la reunión será buena aunque sólo sea para conocernos personalmente y, de este modo, conocer, de manera directa, las posiciones de unos y otros", ha trasladado el director general de Azata, José Rodríguez, quien ha mostrado la disposición de la promotora "a escuchar y hacerse escuchar".

   Rodríguez, quien ya ha confirmado por escrito al Ayuntamiento carbonero la asistencia a la cumbre, que se celebraría previsiblemente en la segunda quincena de enero, ha asegurado que no plantearán "nada diferente" a lo que se ha comunicado desde Azata desde que comenzó la batalla legal para dirimir la legalidad del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

   "Una reunión nunca puede ser mala y estamos abiertos a escuchar con la esperanza de que nos escuchen y entiendan nuestros planteamientos", ha subrayado. Azata hace hincapié en que la sentencia que declaró nula de pleno derecho el permiso municipal de obras no cuestiona la licencia sino que hace alusión a "posibles defectos" en la aprobación del "planeamiento urbanístico" que sustentó esta concesión.

   "No me canso de recordar, además, que ese planeamiento urbanístico que se está sometiendo proceso judicial es incluso anterior a que Azata adquiriese la propiedad de los terrenos sobre los que se asienta el hotel", remarcó Rodríguez cuando un juez de lo contencioso-administrativo rechazó el noviembre la ejecución provisional de fallo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ordenar, por tanto, el derribo del establecimiento.

   El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, se ha mostrado tajante este viernes sobre la propuesta del alcalde de Carboneras ya que, a su juicio, "no ha lugar" a ningún tipo de cumbre, "sino a que la justicia se pronuncie para poder trabajar en la recuperación de este espacio".

   Por su parte, la organización ecologista Greenpeace ya trasladó el jueves que no acudiría  a ninguna reunión con el alcalde ni con la empresa promotora del hotel de El Algarrobico mientras el planeamiento urbanístico del municipio clasifique el paraje como urbanizable.

Holcim plantea cerrar la mitad de sus plantas de hormigón en España y el despido de 151 empleados

MADRID.- Holcim España ha planteado a los sindicatos el cierre de entre el 50% y el 60% de las plantas de hormigón con que cuenta en España y un expediente de regulación de empleo (ERE) para 151 empleados, el 43% del total, según informaron hoy fuentes sindicales.

   La filial española del grupo suizo Holcim atribuye esta decisión al descenso de la demanda de hormigón como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.

   Holcim España acaba de presentar la propuesta a los sindicatos con representación en la compañía para iniciar el periodo de consultas y comenzar el periodo de negociaciones.

   El ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

   En concreto, en la propuesta remitida a los sindicatos, la compañía propone el cierre de entre el 50% y el 60% de las 56 plantas de hormigón con que cuenta en el territorio español.

   En consecuencia, Holcin España plantea un ERE extintivo para un total de 151 trabajadores, el 43% de la plantilla total de 352 empleados de esta división.

   Entre las plantas sobre las que está prevista el cierre se encuentran las jienenses de Bailén, Úbeda y Torredonjimeno, según publica el diario 'Ideal'.

   El director de desarrollo sostenible de Holcim, Manuel Soriano, explicó que "el mercado de la construcción se encuentra bajo mínimos y, a pesar de los ajustes que la empresa venía realizando, el deterioro del mercado sigue siendo mayor".

No obstante, el director de desarrollo sostenible de Holcim "espera y desea" que la situación se estabilice y se pueda restablecer progresivamente.

   De su lado, fuentes sindicales manifestaron su voluntad de reducir el impacto del ajuste en el periodo de negociaciones que abrirán ahora con la empresa, así como limitar al máximo el número de despidos mediante recolocaciones y abordando medidas de flexibilidad en alguna de las plantas que prevé cerrar.

Suspendido de empleo y sueldo el director de una sucursal de Cajamar en Águilas por presunta estafa

ÁGUILAS.- El director de la sucursal de Cajamar, situada en la carretera de Lorca, acusado presuntamente de operaciones financieras fraudulentas ha sido suspendido de empleo y sueldo, según han informado fuentes de la entidad bancaria en un comunicado.

   Así, la entidad ha sido la que ha denunciado ante la Guardia Civil las irregularidades detectadas en la citada oficina, "unas irregularidades que apuntan a que su director pudiera haber cometido delitos contra la propiedad y el tráfico mercantil", han precisado las mismas fuentes.

   Cajamar Caja Rural ha asegurado que "responderá y salvaguardará el patrimonio de sus clientes, los cuales quedarán indemnes de las actividades presuntamente delictivas del citado director de oficina, que ha sido suspendido de empleo y sueldo y apartado de la entidad".

   Por otro lado, sobre la cuantía defraudada y el periodo de tiempo en que se ha producido, han indicado que "no podemos facilitar datos concretos al haberse decretado secreto de sumario".

   Y es que, la Guardia Civil de la Región Murcia había venido desarrollando durante los meses de noviembre y diciembre la operación 'Tapadera' en la localidad murciana de Águilas.

   La investigación policial se inició a raíz de la denuncia presentada ante la Guardia Civil por esta importante entidad bancaria asentada en la Región, contra el ya ex empleado de una sucursal de la localidad de Águilas del que sospechaban la comisión de actividades irregulares e ilícitas en el ámbito de sus competencias.

   Dada la importancia y entidad de los delitos económicos investigados, desde el primer momento la Autoridad Judicial competente decretó el secreto de las actuaciones, situación que se mantiene hasta la fecha, al encontrarse la operación policial abierta.

   Según han informado fuentes de la Benemérita en comunicado de prensa, desde el primer momento, se ha contado con la estrecha colaboración y transparencia de la entidad bancaria afectada, que ha puesto a disposición de los investigadores todos los recursos humanos y materiales necesarios para el total esclarecimiento de los hechos, dada la complejidad de la investigación y el elevado número de clientes afectados.

   Los clientes afectados por el fraude han sido debidamente atendidos e informados tanto por los investigadores de la Guardia Civil especializados en delincuencia económica como por la propia entidad bancaria, para evitar una injustificada e innecesaria alarma dado el ámbito local del fraude.

   La eficacia, rapidez y control que se está ejerciendo sobre las numerosas operaciones financieras fraudulentas que han sido detectadas, y que ascienden a varios millones de euros, ha sido determinante para evitar poner en peligro el patrimonio económico de los clientes de la entidad bancaria, debiendo ser igualmente destacada la propia colaboración de los afectados.

   La estafa millonaria detectada se ha venido desarrollando durante varios años en un complejo y opaco entramado financiero diseñado por el supuesto autor, pero finalmente pudo ser descubierto por los propios servicios de control interno de la entidad bancaria, que no dudaron en poner en conocimiento de los hechos a la Guardia Civil.

   La operación policial sigue abierta y, según las mismas fuentes, todos los esfuerzos de la Guardia Civil de la Región de Murcia se han centrado, por un lado en la debida atención a las numerosas víctimas que se han puesto en contacto con los investigadores, al objeto de recabar información sobre el asunto.

   Así como, en desarrollar también una profunda y amplia investigación para conseguir el pleno esclarecimiento de todas las actividades fraudulentas detectadas.

Mohamed VI tendrá "cooperación privilegiada" con España tras la llegada de Rajoy

RABAT.- El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha transmitido este viernes sus "calurosas felicitaciones" al nuevo Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, al que ha deseado "éxito" y con quien confía en seguir trabajando para mantener la "cooperación privilegiada" entre los dos países.

   El monarca ha subrayado en un mensaje "la importancia de una acción eficiente entre las instituciones de los dos reinos" al servicio de los "intereses respectivos" y de las "aspiraciones comunes". Para Mohamed VI, los dos países deben mantener sus vínculos y trabajar por "un espacio de seguridad, de estabilidad, de armonía, de paz, de cohabitación y de interacción entre las distintas culturas y civilizaciones", según el texto recogido por la agencia oficial MAP.

   En su mensaje, en el que no hace mención a cuestiones de habitual disputa en materia territorial ni al recién cancelado acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, Mohamed VI ha aludido a la "amistad sólida", la "buena vecindad" o el "respeto mutuo" con España, con la que también mantiene una "concertación constante" y una "comprensión amistosa".

   Ambos países, ha concluido, comparten "los nobles valores universales de democracia, respeto de la dignidad, de los Derechos Humanos y del desarrollo común".

La Junta descarta la posibilidad de estudiar un acceso rodado a la Cala de San Pedro debido al PORN

ALMERÍA.-   La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería ha descartado la posibilidad de estudiar la creación o continuidad de un acceso rodado que permita acceder a la Cala de San Pedro, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar tal y como ha planteado el Ayuntamiento nijareño (PP), que recientemente expresó su intención de solicitar una autorización al Gobierno andaluz a tal fin al ver esta opción como "la única medida efectiva" para solucionar el problema de asentamientos y prácticas ilegales. 

   Fuentes de la Consejería han señalado hoy que hasta el momento no se ha recibido ningún proyecto en este sentido de forma que el Ayuntamiento "tiene que definir lo que quiere hacer" en este paraje, si bien el alcalde, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ya anunció en la primera reunión de trabajo creada en el seno de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar su intención de recuperar el paraje a través del consenso de todas las partes implicadas.

   Así, desde Medio Ambiente han indicado que "se podría estudiar la mejora del acceso, siempre y cuando se tratara de un acceso peatonal, como una cuestión puntual para mayor seguridad de los caminantes". Sin embargo, descarta la posibilidad de crear un acceso a vehículos debido a que en la planificación del parque --regida a través del PORN--, la Cala de San Pedro se establece en la zona B1, que advierte de la prohibición expresa de la apertura de nuevos caminos o pistas.

   Rodríguez adelantó su intención de presentar en los próximos días una petición para que se autorice la creación un acceso a la Cala de San Pedro, que garantice la entrada a esta playa a los servicios de vigilancia, seguridad y asistencia en caso necesario. "Se trataría de continuar el acceso acondicionado recientemente por los propietarios de la finca donde se ubicó el estacionamiento de vehículos el pasado verano hasta la misma cala", indican desde el Consistorio.

   El tramo sobre el que se quiere actuar tiene una distancia de un kilómetro y medio y lo que se pretende por parte del Ayuntamiento "es convertir la actual vereda en una pista de tierra de unos dos metros de ancho y acotada por una verja en sus extremos, que garantice que en caso de necesidad puedan acceder vehículos todo terreno de servicios de seguridad y emergencias".

   El alcalde de Níjar ha manifestado en la citada reunión "que llevamos años hablando del problema de la Cala de San Pedro, y no llegamos a encontrar ni a acometer soluciones, con lo que hay que pasar de la queja continuada cada año a la acción eficaz encaminada a solucionar las cosas". Con esto, afirma que se encuentra en la "obligación" y "responsabilidad" de "actuar ante una situación que no se puede seguir tolerando".

"No podemos mirar para otro lado y dejar que prolifere el asentamiento ilegal, la acampada incontrolada y los establecimientos sin ningún tipo de regulación ni orden", ha indicado.

   El Ayuntamiento de Níjar ha iniciado también un expediente para investigar la titularidad del camino que da acceso a las playas de poniente de San José y de la zona de aparcamiento de Genoveses, ya que desde el Consistorio se duda sobre que estos puedan pertenecer al grupo Playas y Cortijos S.L. que alberga en la zona establecimientos hoteleros.

   Según informa el Consistorio, el camino sobre el que se investiga transcurre desde San José hasta Vela Blanca, pasando entre otras por las conocidas calas de Genoveses, Mónsul o Media Luna, con unos tres kilómetros de longitud.  Así, en el expediente se determinará si este camino y las zonas de aparcamiento en Genoveses son públicas o privadas.

Níjar señala que el proyecto de El Nazareno se ejecutaría "a más de 800 metros del límite" de Cabo de Gata

NÍJAR.- El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Níjar, Rafael Salvador Montoya (PP), ha señalado que el proyecto previsto para el paraje de El Nazareno, que prevé la construcción de 1.000 viviendas, la creación de 2.500 plazas hoteleras y un campo de golf, "está a más de 800 metros del límite del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar" de forma que se ha cuestionado "qué presión e impacto medioambiental puede generar" dicha actuación. 

   En una nota, Salvador ha respondido a las críticas vertidas desde IULV-CA, formación que ha impulsado la recogida electrónica de firmas contra el proyecto --más de 12.000 ya--, de forma que ha pedido a sus dirigentes que expliquen el sentido de sus "anuncios apocalípticos" y que digan si su formación "no detectó ningún ladrillazo" cuando planteó a través del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería antes de 2003 la planificación del área turística de El Toyo "a 100 metros del límite del Parque Natural de Cabo de Gata".

   Asimismo, ha calificado de la "campaña de desinformación" la acción de la oposición y ha asegurado que en el proyecto se encuentra justificada la disponibilidad de las "recursos hídricos suficientes" para el abastecimiento de la población a través de la desaladora de Carboneras, ya que ahora "ésta se encuentra a un diez por ciento de su producción". Con esto, afirma que el documento recoge también la depuración de aguas residuales "se realizara en una nueva estación depuradora" que los promotores "deberán construir" con fondos propios.

   En cuanto al agua de riego para el campo de golf, el edil ha puntualizado que "también, en el mismo documento, podrá comprobar que el riego del campo de golf procede íntegramente de la reutilización de las aguas residuales de la actual estación depuradora de El Viso, produciéndose una mejora de la sostenibilidad del recurso y realizándose, por primera vez en el municipio, una gestión completa del ciclo integral del agua".

   Por otra parte, se ha referido a las afirmaciones realizadas desde la Consejería de Medio Ambiente sobre que la viabilidad del proyecto dependerá de los resultados de la Evaluación Ambiental, de forma que ha precisado que este trámite "ya se encuentra en tramitación habiendo remitido el Ayuntamiento, el estudio de impacto medioambiental a la Consejería de Medio Ambiente". En este sentido, apunta a que la fecha de entrada del documento en la Delegación Provincial fue el día 11 de noviembre de 2011, y que se aportó nueva documentación el día 14 de diciembre del mismo año.

   "La edificabilidad y el número de viviendas y alojamientos turísticos de la propuesta municipal coincide exactamente con los previstos en el Potaua recientemente aprobado, y la ubicación de la propuesta también coincide con el ámbito en el que se han realizado las propuestas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda", mantiene el concejal, quien se muestra convencido de que "superará sin problemas el proceso de valoración ambiental" al haber sido aprobado previamente en el Potaua.

   Salvador ha criticado así las "visiones catastrofistas" que se han lanzado sobre la posible repercusión en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que, a su juicio, se basan en "declaraciones genéricas que no han identificado ni uno solo de los problemas que dicen que van a generarse". En esta línea, cree que "hay que exigir a los que se oponen al proyecto que expliquen sus razones, que ejerciten un diálogo contradictorio con las pormenorizadas justificaciones que exponemos en la documentación del proyecto y que sopesen también los beneficios que la propuesta tiene".

Greenpeace no acudirá a reunión sobre El Algarrobico hasta que el Ayuntamiento lo califique como no urbanizable

ALMERÍA.- La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace-España, Pilar Marcos, ha trasladado este jueves que la organización conservacionista no acudirá a ninguna reunión con el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar) ni con la empresa promotora del hotel de El Algarrobico mientras el planeamiento urbanístico del municipio clasifiquen el paraje como urbanizable.

   "Greenpeace no se va reunir ni con el alcalde de Carboneras ni con la constructora hasta que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) El Algarrobico sea no urbanizable", ha asegurado Marcos a través de su cuenta en Twitter después de que el Consistorio carbonero anunciase que había convocado a las partes implicadas en el conflicto a un encuentro "para acercar posturas".

   Hernández, quien accedió a la Alcaldía tras las elecciones municipales de mayo, ha trasladado en un comunicado que espera que la "respuesta sea positiva" y que las partes acudan a un encuentro que se desarrollaría en la primera quincena del mes de enero. Los convocados por escrito son las organizaciones conservacionistas, la junta rectora del parque natural Cabo de Gata-Níjar, asociaciones y la promotora del establecimiento.

   "El objetivo principal es que todas ellas se conozcan y se escuchen, además de intercambiar sus visiones y opiniones de un problema que lleva camino de enquistarse durante años, mientras transcurre la acción de la justicia, lo cual sería lo más perjudicial para todos los implicados", ha subrayado el primer edil.

   La última resolución de los tribunales al respecto se produjo a principios de noviembre. Un juez de lo Contencioso-administrativo rechazó ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel al considerar que la demolición de lo construido "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la promotora del establecimiento.

   El auto denegaba la solicitud que en septiembre fue presentada por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que, con su demanda, perseguían que el Ayuntamiento de Carboneras dictaminase a su vez la nulidad del acto administrativo en el que se aprobó la licencia de obras para, de este modo, eliminar cualquier "obstáculo legal" para acometer el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

   Una semana después, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, suscribían un protocolo de colaboración para proceder a la demolición y a la posterior recuperación de la playa del paraje "una vez se produzca un pronunciamiento judicial favorable y firme". El protocolo fue publicado en BOE el pasado día 6.

Caja Rural de Canarias aprueba su incorporación al Grupo Cooperativo Cajamar

LAS PALMAS.- La asamblea general extraordinaria de Caja Rural de Canarias ha aprobado esta noche su incorporación al Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por Cajamar.

   De esta manera, queda revalidada la propuesta presentada por el Consejo Rector, que fue adoptado por 2.897 votos a favor, 40 en contra y 36 abstenciones.

   La decisión de la asamblea general de Caja Rural de Canarias será notificada ya este viernes por la mañana por Cajamar como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según confirmaron fuentes conocedoras del proceso.

   Caja Rural de Canarias se convierte así en la séptima entidad que aprueba su incorporación al Grupo Cooperativo Cajamar, al que aporta un volumen de negocio de 2.214 millones de euros, activos por importe de 1.264 millones de euros, 69 oficinas, 322 empleados y más de 100.000 clientes.

   La Rural de Canarias, con sede en Gran Canaria, cuenta con más de 23.000 socios, de los que 18.697 son personas físicas y 4.349 empresas e instituciones.

   Integrado por Cajamar Caja Rural, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer, Caixa Turís, Caja Rural Castellón y unos meses después de que Caja Rural de Baleares y Caja Campo hayan completado también su fusión con la entidad cabecera, el Grupo Cooperativo Cajamar es el primer grupo consolidable de cooperativas de crédito de España.

   De este modo, el nuevo grupo financiero al que hoy ha decidido adherirse Caja Rural de Canarias se sitúa a la cabeza del sector de las cooperativas de crédito en España con unos activos por importe de 38.000 millones de euros, más de 1.000 oficinas, 5.694 empleados, 2,5 millones de clientes y 795.798 socios.

   Este grupo aglutina una de cada tres oficinas y uno de cada tres empleados del sector de cajas rurales, y está abierto a la participación de más entidades, "por lo que no se descarta que en un futuro puedan incorporarse al mismo otras cajas rurales españolas", según explicó la entidad en un comunicado.

   Caja Rural de Canarias mantendrá su independencia, su sede social y servicios centrales, sus órganos sociales de gobierno y dirección, su red de oficinas y empleados.

   Asimismo, mantendrá "el sentido autonómico de las inversiones y de la aplicación del Fondo Social de Formación y Promoción", según confirmó ella misma.

El déficit comercial crece en Andalucía un 31,8% y desciende un 0,4% en Almería

SEVILLA.- El déficit comercial en Andalucía se ha incrementado un 31,8 por ciento en los diez primeros meses del año, hasta los 5.359,5 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

   Este resultado es consecuencia de un aumento del 23,8 por ciento de las exportaciones, hasta los 18.528,9 millones de euros, de forma que suponen el 10,4 por ciento del total de exportaciones a nivel nacional.

   Por su parte, las importaciones en Andalucía han sumado durante los meses de enero a octubre un total de 23.888,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 25,5 por ciento en relación con el mismo período de 2010. Esa cifra representa el once por ciento del total de importaciones del conjunto del Estado.

   A nivel nacional, el déficit comercial ha registrado una caída del 9,1 por ciento en los diez primeros meses del año en tasa interanual, hasta los 39.114,9 millones de euros.

   Por provincias, Cádiz, Huelva y Málaga han registrado déficit comercial, mientras que las otras provincias han presentado un saldo comercial positivo.

   De esta forma, Cádiz ha resaltado con el mayor déficit comercial en los diez primeros meses de 2011, que alcanzó los 4.483,1 millones de euros, un 12,1 por ciento más que en el mismo período de 2010, de las que las exportaciones han ascendido a 6.141,7 millones (+39%) y las importaciones a 10.624,8 millones, lo que supone un aumento del 26,2 por ciento.

   Tras Cádiz, se sitúa Huelva, que ha registrado un déficit comercial de 3.462 millones de euros, un 47,1 por ciento más que en los diez primeros meses de 2010, y donde las exportaciones han ascendido a 4.275,2 millones (+51 por ciento), y las importaciones, a 7.737,2 millones, lo que supone un incremento del 49,2 por ciento.

   Por su parte, Málaga ha registrado un déficit comercial de 10,9 millones de euros, un 94,1 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Así, las exportaciones aumentaron un 6,4 por ciento hasta los 1.122,6 millones y las importaciones cayeron un 8,6 por ciento hasta los 1.133,5 millones de euros.

   Por su parte, Almería ha registrado el saldo comercial positivo mayor de la comunidad andaluza, con 840,9 millones de euros, lo que supone una caída del 35,4 por ciento, de forma que las exportaciones han descendido a 1.645,3 millones (-0,4%), y las importaciones han aumentado un 129,5 por ciento, hasta los 804,3 millones.

   En Córdoba también se obtuvo un saldo comercial positivo, que ha alcanzado los 722,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,9 por ciento, ascendiendo las exportaciones a 1.379,1 millones (+8,5%) y las importaciones a 656,7 millones, lo que supone un aumento del 18,4 por ciento.

   La provincia de Sevilla ha registrado en los primeros diez meses del año un saldo comercial de 626,5 millones de euros en relación con el mismo período de 2010, un 51,6 por ciento más, de forma que las exportaciones aumentan un 1,9 por ciento (2.692,2 millones de euros) y las importaciones han decrecido un 7,3 por ciento hasta los 2.065,7 millones de euros.

   En la provincia de Jaén el superávit comercial asciende a 239,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 58,9 por ciento, y donde las exportaciones se han cifrado en 606,6 millones (+12%) y las importaciones se situaron en 367,1 millones de euros (-6,1%).

   En la provincia de Granada, el saldo comercial es de 167,2 millones de euros hasta octubre, lo que supone una caída del 255,1 por ciento, con exportaciones por valor de 666,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 20,1 por ciento con respecto al mismo período de 2010, y un volumen de importaciones por 499,1 millones, lo que supone un descenso del 24,7 por ciento.