La presidenta del Congreso, Francina Armengol, nos ha hecho saber que el rey, por su cuenta y riesgo, y sin su previo consentimiento, ha decidido imponernos a todos los españoles lo que más le conviene a los partidos de derecha.
De hecho, la presidenta del Congreso, que es quien debería haber tomado esa decisión, ha dicho que desconocía las razones y que esperásemos a que el monarca publicara un comunicado.
Al parecer ha refrendado la decisión política del rey sin saber siquiera sus motivos. La autoridad democrática más alta emanada de las últimas elecciones en este momento ha demostrado ser buena vasalla.
El comunicado de la Casa Real, publicado un buen rato después, es un ejercicio cutre de palabrería vacía propia de un trilero. Dice la Casa del Rey que hay una costumbre de encargar formar gobierno al partido más votado… aunque alguna vez ha habido excepciones. Por tanto, no es una costumbre obligatoria. De hecho, puede convertirse en una costumbre claramente inconstitucional porque si alguien que no es el más votado reúne apoyos suficientes desde el primer día sería flagrantemente inconstitucional que no intentara inmediatamente su investidura.
El rey lo sabe y el comunicado borda el ridículo cuando dice que a día de hoy no se dan las condiciones para saltarse esa supuesta costumbre. Luego la razón real no es la costumbre, sino que, al no haber una mayoría clara de apoyo a otro candidato, él quiere echarle una mano a Feijóo. Y tan pancho. Que para eso sigue siendo el rey.
La Constitución no establece un plazo para encargar a alguien que intente la investidura. Tras la ronda de consultas, se podía esperar a que alguien reuniera una mayoría de apoyos o a que se demostrara como imposible para encargarle a nadie que intentara formar gobierno. Eso habría sido lo más razonable constitucionalmente.
Pero parece que al rey, no a la presidenta del Congreso, sino al rey, no le apetecía. Algún partido político le había recordado estos días al propio monarca la conveniencia de no encargar gobierno a nadie hasta que se sepa quien puede reunir apoyos suficientes. Pero Felipe VI ha decidido que prefiere hacer política. Y como siempre, a favor de la derecha. Y sin presentarse a las elecciones.
Durante la elaboración de la Constitución, el rey Juan Carlos presionó en público y en privado para tener poderes ejecutivos. Los razonables constituyentes de 1978 no se los dieron. Dibujaron un Jefe de Estado con un papel exclusivamente representativo. Un símbolo que formalmente no tiene casi ni capacidad jurídica. Los actos del rey, todos menos los privados, carecen de validez sin el refrendo de un representante democrático.
Lo dice literalmente la Constitución. Pero también dice que la responsable política del encargo de formar gobierno es la presidenta de las Cortes, de donde se deduce que sólo ella puede tomar esa decisión cuando no sea puramente formal.
Pero lo que diga la Constitución al parecer da igual. Durante el reinado de Juan Carlos se respetó la letra de la norma suprema y el monarca utilizó su influencia de manera informal. Desde que Felipe accedió al poder, tras la abdicación de su corrupto padre, que utilizó la Corona para enriquecerse ilícitamente, ha hecho todo lo posible por recuperar poder ejecutivo.
Por la vía de los hechos, porque el texto constitucional no ha cambiado. En esa tarea lo apoya gran parte de los poderes fácticos y algunos teóricos, que estos días han llegado a escribir que el refrendo de sus actos es obligatorio.
El encargo de gobierno a Feijóo no es constitucionalmente razonable. No parece dirigido a formar gobierno, que es el fin de la investidura del artículo 99 de la Constitución. Parece que el rey lo ha decidido para reforzar el liderazgo del líder popular o para acercar la convocatoria de nuevas elecciones reduciendo el tiempo de negociación del que dispone Sánchez.
Ninguna de esas finalidades le corresponden. Porque él no es político. Alguien debería hacerle un tatuaje a Felipe de Borbón que le recordara cada día “tú no eres político, porque no te presentas a las elecciones”. En su defecto, los partidos deberían exigirle que vuelva a su papel o se vaya. Para siempre.
No va a pasar. Ni siquiera Sumar va a pedir la abdicación del rey Felipe VI. Las fuerzas “progresistas” se van a tragar esta nueva humillación del monarca. No se van a atrever, no ya a pedir la república, sino ni siquiera a criticar el borbonazo. Y se equivocan. Por algo, quien más apoya al rey para que asuma funciones ejecutivas es la ultraderecha. Vox sueña con un rey tan poderoso como quería Franco. Y el PSOE y Sumar le hacen el juego a la derecha tragándose sin rechistar los excesos reales.
Eso es así porque el rey representa la constitución material del país tal y como era en 1978, y se encarga de que lo siga siendo a día de hoy. La constitución material de un país son las fuerzas que fácticamente tienen poder en la sociedad: grandes empresarios, ejército, jerarquía católica, altos jueces… aquellos que manden en la sombra.
Cada vez que Felipe de Borbón interviene en política y –dada su evidente falta de respaldo popular– invierte las reglas de la democracia, lo hace para beneficiar a los mismos: a esas fuerzas vivas que controlan España desde la puerta de atrás.
Ya antes, este monarca ha mostrado en público su apoyo a corruptos y su desprecio por las clases populares. Entre otras cosas, en 2017 insultó gravemente a los votantes independentistas. Más tarde llamó al presidente del CGPJ, en mitad de un acto, para atacar directamente al Gobierno progresista. Ahora le hace el juego a la derecha, a pesar de que no tiene apoyos parlamentarios suficientes.
La monarquía es compatible con la democracia. Muchas de las democracias más avanzadas del mundo son monarquías. Pero eso solo es posible con dos condiciones: que el rey represente a toda la nación, ayudando a su unidad; y que no tome decisiones políticas, reservadas a los representantes democráticos.
La primera era un reto difícil para una institución que más que con la historia legendaria se conecta con un dictador fascista que se saltó el orden dinástico y decidió quién debía reinar a su muerte. Las tomas de posición ideológica y los gestos del rey que lo han alejado de la España más progresista han terminado de dañar su imagen como representante de todos.
La acción política de Felipe VI en momentos como el actual está terminando por hacer incompatible su reinado con un sistema democrático. Es posible una democracia con rey, pero no lo parece con este rey, que una vez más se ha salido de su papel constitucional. ¿Hasta cuándo vamos a permitirle abusar de nuestra democracia?
(*)
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Ex
letrado del Tribunal Constitucional y activista por los Derechos Humanos
https://ctxt.es/es/20230801/Firmas/43850/rey-felipe-vi-feijoo-sanchez-monarquia.htm
