martes, 24 de junio de 2014

Andalucía y el PER / Joaquín Abad *

Una de las razones de que Andalucía tenga un índice de paro tan elevado es que el pesoe, desde hace más de treinta años, lo ha subvencionado. Ha imitado a la corrupta Argentina, con un ejército de parados subsidiados que le dan el voto en todas las elecciones para no perder la ayuda. Para los que manifiestan que es una canallada argumentar que, personas que reciben unos dos mil quinientos euros al año si eres menor de 52 años y el doble si eres mayor, puedan rechazar un empleo remunerado con el salario mínimo habrá que aclarar, un poco, como se vive en la Andalucía agraria. 
 
Para empezar son miles y miles los que disponen de un huerto y un corral donde tienen asegurado el sustento alimenticio. No así en las ciudades, claro. Hay familias donde la totalidad de los miembros cobran el PER. A un hogar llegan más de quince mil euros al año y con la alimentación asegurada... Me parece que en municipios donde no hay manera de gastar mil euros al mes, la conclusión es bien clara. Votarán pesoe de por vida y que vengan polacos y rumanos a recoger la aceituna. ¿O no?
 
Y el gobierno andaluz, como es muy generoso, destina partidas millonarias a becas para que los alumnos estudien idiomas, mientras en Cataluña, por ejemplo, esa ayuda es diez veces menor. Todas esos argumentos son los que en verdad han provocado que los catalanes quieran independizarse. Son muchos años pagando subsidios a Andalucía, a Extremadura, para que esas regiones dejaran de ser pobres y se industrializaran. 
 
En lugar de utilizar las ayudas para el   progreso, los Chaves, los Griñán, han optado por premiar al votante agrario a base de millones de votos cautivos con el PER. En Cataluña, los partidos que se atreven con la corrupción pierden votos. En Andalucía siempre ganan las elecciones, siempre ganarán los corruptos. Siempre han ganado los más corruptos. Va ser muy difícil que, después de treinta años de subsidios, llegue un partido y ponga orden y lógica. Cuando la corrupción se ha institucionalizado, como en Méjico, como en Argentina, la solución es traumática. 
 
(*) Periodista. Editor de www.muyconfidencial.com

lunes, 23 de junio de 2014

Francia quiere recaudar 500 millones de euros anuales con una tasa a camiones

PARÍS.-El Gobierno francés quiere recaudar unos 500 millones de euros anuales con una nueva tasa a los camiones de más de 3,5 toneladas que circulen por las autovías francesas más transitadas.

  "Es una solución equilibrada", explicó la ministra de Ecología, Ségolène Royal, en una entrevista con la radio "France Inter", donde subrayó que este proyecto de "peaje al tránsito", una versión suavizada de la controvertida "ecotasa", se aplicará a vías por las que circulan más de 2.500 camiones diarios.
  En total, serán más de 4.000 kilómetros de carreteras -frente a los 15.000 kilómetros previstos inicialmente- en los que, con una tarifa media de 0,13 céntimos por kilómetro, se recaudarán unos 500 millones, algo menos de la mitad de los 1.200 millones estimados con el proyecto inicial.
Como estaba previsto en la polémica "ecotasa", el dinero recaudado se destinará a un fondo especial para financiar infraestructuras de transporte.
En esas autovías, indicó Royal, la mayoría del tráfico es internacional y los vehículos no pagaban nada por utilizarlas, por lo que era el contribuyente francés quien las sufragaba.
El nuevo "peaje de tránsito" afectará muy poco a la región de Bretaña -sólo en una gran vía que atraviesa Francia de norte a sur-, donde las protestas contra la "ecotasa" fueron más duras.
Royal reconoció que la oposición a la "ecotasa" en Bretaña era lógica, puesto que afectaba esencialmente a las mercancías agrícolas, que atraviesan esa región de este a oeste, algo que ya no quedará tasado con el nuevo peaje.
El proyecto de la ecotasa fue suspendido por el Gobierno el pasado 29 de octubre ante la virulencia de las protestas en Bretaña.

sábado, 21 de junio de 2014

Marruecos evalúa de forma cauta el principio de acuerdo con Unión Europea sobre el tomate

RABAT.- Marruecos ha hecho una primera evaluación de forma cauta del principio de acuerdo alcanzado ayer con la Unión Europea para poner fin al conflicto abierto por la modificación del régimen de precios de entrada en territorio comunitario de los tomates marroquíes.

Un comunicado del Ministerio de Agricultura y Pesca señala que la cartera marroquí había propuesto a sus interlocutores europeos "varias vías de solución", y una de ellas ha sido aceptada por la Comisión Europea.
La Comisión se lo comunicó previamente a Marruecos mediante una llamada telefónica del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, al ministro marroquí del ramo, Aziz Ajanuch.
Fuentes marroquíes dijeron que se ha llegado a una solución "equilibrada", pero no puede darse todavía por definitiva hasta que se aplique efectivamente sobre el terreno.
En este sentido, el comunicado subraya que "las dos partes continuarán su cooperación para seguir de cerca el establecimiento de este nuevo sistema".

viernes, 20 de junio de 2014

La Unión Europea y Marruecos pactan una solución para poner fin al conflicto de los tomates

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) y Marruecos han pactado hoy una solución para poner fin al conflicto abierto por la modificación del régimen de precios de entrada en territorio comunitario de los tomates marroquíes, informaron fuentes europeas.

El origen del litigio eran algunos cambios aprobados por la UE en el sistema de derechos de aduana correspondientes a las importaciones de frutas y hortalizas, que habían motivado un "profundo descontento" entre las autoridades marroquíes, según las fuentes.
Desde el pasado febrero la tensión ha ido en aumento, llegando a convertir el asunto en un "problema político" y a producir, según los medios de comunicación marroquíes, el bloqueo de la ratificación del convenio pesquero entre los Veintiocho y Rabat.
En los contactos mantenidos con Marruecos, la Comisión Europea dejó claro que no estaba dispuesta a modificar la normativa acordada a nivel europeo y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.
La nueva regulación responde precisamente a las denuncias de los productores europeos, que durante años se han quejado de que el régimen vigente ha permitido a los agricultores marroquíes eludir el pago de tasas aduaneras.
Finalmente, para atender las preocupaciones de Rabat, Bruselas ha acordado actualizar el cálculo del "valor estándar de importación" del tomate, que no ha variado desde hace quince años.
Según la CE, a finales de los noventa la mayor parte de los tomates importados de Marruecos eran de tipo redondo liso, mientras que ahora un importante volumen de los contingentes incluye tomate cherry, variedad de mayor calidad y cuyos precios pueden ser hasta cuatro veces superiores a los del tomate redondo.
Mientras que en 1999 Marruecos exportaba a la Unión 300 toneladas anuales de tomates cherry, ahora la cifra ronda las 90.000 toneladas.
"Hemos hecho un cambio técnico que resuelve las preocupaciones (de los marroquíes)", explicó el portavoz de Agricultura de la UE, Roger Waite.
A la vez, "no se modifica lo negociado a nivel europeo", añadió.
El resultado será un sistema "más transparente, objetivo y justo para todos".
El portavoz indicó que la CE "ha informado" de las negociaciones con Marruecos a los Estados miembros más afectados por las importaciones de tomate marroquí.
La UE importa unas 350.000 toneladas de tomates de Marruecos al año (cerca de 70.000 de tipo cherry y unas 280.000 de tomate redondo liso).
En su conjunto, las importaciones marroquíes de tomates representan el 84 % del total.
La producción europea alcanzó los 6,5 millones de toneladas en 2012.

El Banco de España ve pertinente estudiar ajustes regulatorios en las cooperativas de crédito

SANTANDER.- El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, ha dicho hoy que "resulta pertinente" estudiar posibles ajustes regulatorios que permita asegurar la fortaleza de las cooperativas de crédito en un entorno más exigente.

"Y ello sin cuestionar en absoluto sus señas de identidad", ha dicho Restoy, que ha considerado que la organización del sector en otros países del entorno, donde las cooperativas representan una parte más relevante que en España, "constituye una referencia útil".
Restoy ha hecho esta consideración durante la clausura del Seminario "La Europa que deja la crisis", organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de Santander.
En su intervención, ha indicado que ahora es un momento "propicio" para reflexionar sobre posibles cambios normativos que permitan mantener la fortaleza de otras áreas del sector financiero como el de las cooperativas de crédito, en el nuevo entorno regulatorio y competitivo.
Al respecto, ha indicado que a diferencia de otros países, este sector solo representa un 6 % de la actividad crediticia en España, pero "desarrolla un papel relevante en ámbitos concretos, sobre todo, en el rural".
El sector se encuentra, en la mayor parte de los casos, bien capitalizado y con posiciones holgadas de liquidez como consecuencia del mantenimiento de una gestión prudente que ha puesto el foco en la clientela minorista y con escasa exposición al negocio de la promoción inmobiliaria, lo que le ha permitido eludir los problemas que han tenido otras entidades, ha dicho.
No obstante, los cambios regulatorios y la presión competitiva constituyen también un reto relevante para el sector, que le exigirá asegurar el mantenimiento de cotas suficientes de eficiencia operativa, controles eficaces a la concentración de riesgos, y sobre todo, bases sólidas que aseguren la preservación y en caso de que sea preciso, el aumento de capital regulado.

miércoles, 18 de junio de 2014

Hay que recordar lo mejor del reinado de Juan Carlos / Francisco Poveda *

Por mucho que se empeñen algunos, Juan Carlos I no ha sido un rey franquista porque pronto desarmó la estructura de aquel régimen dictatorial y autoritario para dar paso a una monarquía parlamentaria que trajese de inmediato la democracia a nuestro país. Quienes no viviesen aquello de cerca no pueden pontificar ahora en la Universidad española que lo que luego han conocido era una continuación de lo anterior, que tampoco vivieron. 
No, definitivamente no, porque medió un referéndum que legitimó la reforma política y aprobó una Constitución en 1978 por abrumadora mayoría, que lleva vigente casi 40 años. Como no hubo ruptura puede parecer que a Juan Carlos lo puso Franco y aquí sigue hasta hoy. La Monarquía actual es una consecuencia directa de la reforma pactada por todas las fuerzas políticas y los autonomistas catalanes, vascos y gallegos con la bendición de los poderes fácticos de la época. No hay otra verdad.

En varias ocasiones se le ha oido decir al monarca que su objetivo prioritario conseguido era ése y la restauración monárquica. Y por eso su padre renunció a la Corona y trasmitió al hijo su legitimidad dinástica, recibida en su día, a su vez, por el conde de Barcelona, un patriota de verdad, de quien fué el rey Alfonso XIII. De lo contrario, de no haber sido refrendada implícitamente la monarquía al aprobar la Constitución los españoles de entónces, el no reinante rey Juan no hubiese dado nunca ese paso con su renuncia pública al trono de España en favor de Juan Carlos.

El nuevo rey hizo pronto sus deberes de libertad, convivencia y diálogo dentro del pluralismo tras liquidar el franquismo por consejo de su padre y el grupo de monárquicos del interior ajenos al círculo de Estoril, lleno de personajes recalcitrantes con la vuelta a Madrid de don Juan para reinar después de Franco. El deseo de fondo no confeso del joven monarca era, mediante una amnistía, acabar con las dos Españas y ser el rey de todos los españoles pese a las resistencias de los generales provenientes de la Guerra Civil, a cual más cerril e inculto, cuando todavía la democracia era incipiente pero no vacilante. El Rey reconoce que, en todos estos años, nunca se ha olvidado de ni una sola de las víctimas del terrorismo.
El 23-F no fue otra cosa que una calculada vacuna contra esos generales tras casi obligar al rey-militar a prescindir como presidente del Gobierno de un ya muy gastado Adolfo Suárez. Le sucedió un monárquico acreditado como era Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, a mitad de camino entre tecnócrata y político, como mejor salida para poder continuar la Transición aunque más pausadamente y de forma más hábil, hasta conseguir el consolidador turno político, una vez lograda en su día la legalización de todos los partidos políticos. 

Juan Carlos fue siempre el verdadero motor del cambio y todos los demás elementos en presencia, ejecutores de las órdenes del rey como buen militar de carrera que era, hasta sacrificar en el trance a los generales monárquicos Milans del Bosch y Alfonso Armada, que nunca se hubiesen levantado contra él.

Visto en perspectiva y sin los condicionamiento de los efectos de la actual crisis económica, el resultado final no ha sido malo porque España es ahora el país más moderno de Europa y la gran esperanza de este continente porque será en los próximos años el de más y mejores oportunidades de inversión y creación de empleo, según coinciden todos los laboratorios de la City y Wall Street. El último gran servicio de Juan Carlos al país que tanto quiere, España, ha sido su abdicación de hoy para que pueda afrontar esa nueva etapa con su hijo Felipe VI al frente.
Las elección de Suárez, Calvo-Sotelo y Torcuato Fernández-Miranda primero y Felipe González después, para correr los riesgos inherentes al desarrollo del proceso político democrático, reconoce el monarca que fue un acierto cuando tanta Cancillería occidental no creía que pudiese darse el turno político y acceder al Gobierno un partido republicano como el PSOE. A partir de ese momento y, tras un largo período de gobiernos socialdemócratras, la democracia en España quedó plenamente asentada con el Estado de las Autonomías para dar oportunidades a otras sociedades de fuera de Madrid y de territorios periféricos, peninsulares e insulares.
Atendiendo a los consejos de su padre, Juan Carlos I ha sido, según sus propias palabras, un nómada en su país al jactarse de conocer las ciudades y todos los pueblos más importantes de España y haber saludado personalmente a miles de españoles. El rey ha tratado siempre de estar cerca de la gente para conocerla y tener la experiencia de escucharla para aprender de ella con sus expresadas ideas ante él. Y todo por su interés de servir al pueblo y hacer útil la monarquía.  

La primera utilidad fué conseguir en 1986 la entrada de la siempre europea España en el núcleo de decisiones de la Comunidad Económica continental tras hablar con muchos gobiernos y periodistas internacionales sobre lo que se había hecho en nuestro país durante los diez años anteriores y lo que quedaba por hacer pese a las dudas de algunos de esos interlocutores. 
Y dentro de ese esfuerzo de abrir puertas a España y destilar credibilidad democrática, Juan Carlos fue el primer rey español en viajar a Iberoamérica; lo hizo todos los años y el resultado ha sido lograr una comunidad de intereses con los países que fueron, excepto Brasil, nuestras antiguas colonias. Por eso se vanagloria de haber acercado aquellas jóvenes repúblicas a la hoy Unión Europea. También ha logrado una sincera relación fraterna con Portugal, donde residió de joven, y con Italia, donde nació por el exilio de su abuelo y de sus padres.

Insiste siempre, y no hay por qué dudarlo, en su amor y lealtad a España inculcados por su padre porque un exiliado lleva a España mucho más en su corazón, como ahora ha expresado su intención Juan Carlos al abdicar la corona, y se precia además de haber unido a todos los españoles para recuperar la democracia por la acción de la monarquía refrendada en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Por eso habla siempre de haber sentido en todo momento el apoyo general del pueblo en sus esfuerzos de normalización y modernidad, reconociendo que queda aún pendiente lograr una España más igualitaria y más justa.

Juan Carlos tuvo como rey la humildad de pedir perdón recientemente a los españoles por sus errores. Y consecuente con esa actitud ha terminado abdicando cuando lo ha creído oportuno tras escuchar a quienes ahora tienen más conocimientos, percepción y elementos de juicio para ver lo más conveniente para España y la Monarquía en un contexto europeo y occidental.

Por todo lo anterior le deben estar agradecidos hasta quienes en libertad siguen pidiendo que venga una república y exigiendo que se celebre un referéndum para ver si una mayoría de españoles abomina de esta Corona que ahora desea continuar y que, por edad, bastantes no refrendaron en su día dentro de una Constitución, que eso sí, pocos dudan que se ha quedado obsoleta y sólo sirve, al final, a los intereses de unos cuantos.

(*) Periodista y profesor

Municipios atravesados por la autopista Cartagena-Vera estudian las consecuencias de su rescate

CARTAGENA.- Los municipios atravesados por la autopista Cartagena-Vera pedirán la mediación de la Federación Española de Municipios y Provincias para conocer las consecuencias que un rescate de esta vía por el Ministerio de Fomento podría tener sobre las haciendas de los Ayuntamientos en los que paga impuestos.
   Así lo han decidido este miércoles en Cartagena alcaldes y concejales de los ayuntamientos de esta ciudad: Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Lorca, Águilas y Fuente Álamo, informa el Consistorio de Cartagena.
   La actividad de las autopistas de peaje genera derechos para las los Ayuntamientos por los que circulan en concepto de BICES (Bien Inmueble de Características Especiales).
   La intervención de Fomento en las sociedades que gestionan esas vías "podría suponer el mantenimiento el modelo de peaje o suprimirlo y podría modificarse el carácter de la sociedad para pasar a ser pública".
   Cada una de esas opciones tendría una consecuencia diferente sobre los ingresos de los Ayuntamientos, incluso su desaparición en caso de que la vía quedase con titularidad pública y de uso gratuito.
   Los ayuntamientos esperan que la FEMP recabe ante el Ministerio información sobre los procedimientos y posibles vías de compensación para las haciendas de los municipios afectados en caso de que desaparezca el derecho al cobro del BICES.

El Banco de España acuerda considerar a Cajamar como un grupo consolidable

MADRID.- El Banco de España ha acordado considerar al nuevo Grupo Cooperativo Cajamar encabezado por Banco de Crédito Social Cooperativo como un grupo consolidable de entidades de crédito, según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Asimismo, la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha calificado el acuerdo suscrito por las entidades participantes como un Sistema Institucional de Protección (SIP).
   El nuevo Grupo Cooperativo Cajamar, del que es entida cabecera Banco de Crédito Social Cooperativo, sucede al anterior del que era entidad cabecera Cajamar Caja Rural.

martes, 17 de junio de 2014

La monarquía de Felipe VI será 'republicana' o no será / Francisco Poveda *

Esta misma semana las Cortes Generales, Congreso y Senado, proclamarán rey al Príncipe, previsiblemente con el nombre de Felipe VI, y España introducirá así un elemento básico de tranquilidad en la Unión Europea, donde existen otras seis monarquías constitucionales o parlamentarias en espera de no perder cuota institucional en el Continente ni que muy cerca se sienten precedentes adversos. 

Bruselas oficiosamente se inclina, pues, por la continuidad de la Monarquía en nuestro país y semanas atrás ha propiciado, con la máxima discreción, la necesaria y urgente abdicación del padre, azuzada por la católica Bélgica y la protestante Holanda con especial ahínco.

También se es consciente en el resto de Europa, donde existen tres monarquías más, Noruega, Liechtenstein y Mónaco, que la forma republicana no ha tenido una buena experiencia histórica entre nosotros, sobre todo, en un siglo XIX tormentoso, aunque los amplios sectores identificados con ella no afloren ahora del todo todavía al relacionarse, intencionadamente por cierta propaganda ideológica, la II República como algo que larvó la Guerra Civil a comienzos del siglo XX. 

(Por cierto, que sería bueno sustituir en parte la actual bodeguilla del pabellón del príncipe por una biblioteca básica de ensayo para estar en poco tiempo intelectualmente por encima de la media de un país con demasiados analfabetos funcionales en este momento, sin criterio fundamentado y sobre los que va a reinar igualmente Felipe VI, más de los que parece 'ninis' y 'frikis').

 Sin embargo, el encaje de bolillos ahora es diseñar y realizar una segunda transición, con el motor de la Corona, desde la regeneración del sistema, con la voladura controlada del régimen de 1978 y la eliminación sin más de la indeseable casta generada al objeto de obtener una rápida y actual credibilidad democrática frente a unas nuevas generaciones ilustradas y decididas a opinar y ser activas sobre su propio destino individual y colectivo. Porque la inevitable Monarquía federal de Felipe VI será ya 'republicana', o no será en el tiempo, si se quiere de verdad conjurar una estructural inestabilidad institucional a la belga y un final casi seguro fatal.

La primera meta a alcanzar debe ser revaluar la Corona. Sería bueno que en La Zarzuela sólo viviera un rey y en Marivent, si acaso, una sola reina.  La imagen pública percibida y la forma transmitida van a ser claves a partir de ahora en la imprescindible, por estratégica, excelente comunicación institucional, a la par formal y no verbal, a emitir desde palacio y para la que no valdrán voluntarios aficionados en vez de profesionales experimentados y acreditados para dirigirla, por el bien de la Casa Real en primer lugar.

(Especial atención se debe prestar a Internet y la generación digital que tiene tras la suya Felipe VI, cuya aristocracia intelectual es hoy la principal fuerza social en acción en el Reino).

Es por eso que el entorno funcional heredado de la época de príncipe por la precipitación abdicadora, se ha de ir renovando gradualmente pero sin dilación antes de final de año por el nuevo monarca, quien para evitar más desaciertos ha de huir, diplomáticamente pero de forma resuelta, de ciertas amistades bien identificadas y de cortesanos espontáneos en busca de presumir en sociedad, privada o públicamente, de influencia neta en Zarzuela, hasta llegar a alimentar el ¡Hola! cuando no estamos tratando de un 'cuento de hadas' ni de una Corte al uso.

Porque de lo que sí se trata, dentro de un inaplazable cambio de estilo, es de ser útil al país, ganar autoridad moral y ser el líder de esa monarquía 'republicana' que catalice todas las sensibilidades en presencia, para quienes Zarzuela siempre debe 'estar de guardia' porque no se debe limitar a arbitrar y verlas pasar sino animar a la acción desde su influencia institucional. Eso no está reñido con la imprescindible sobriedad y ejemplaridad que se esperan dentro de una exteriorización no excesiva de privilegios. El nuevo rey no debe dejar que le induzcan a error ni repetir errores cometidos por otros. Yo le diría que no haga nada que no pueda hacer la mayoría de españoles, comenzando por renunciar como gesto a la inviolabilidad no política.

Uno de esos errores de bulto podría ser repetir esquemas superados, por experimentados años atrás, de marketing institucional que se identifican con el pasado. El contacto callejero con el pueblo no debe ser programado para la propaganda sin más recorrido sino que debe responder a circunstancias espontáneas como demuestra, una y otra vez, la longeva reina de Inglaterra, quien tampoco suele visitar ni alternar con monarcas autoritarios o recibir en Londres a dirigentes muy contestados por la opinión pública internacional. Y, mucha atención, que sólo viste su uniforme cuando el contacto es exclusivamente con militares. El mensaje es claro por parte del antiguo y sabio Imperio Británico.

El acento se ha de poner ahora, más que nada, en recibir y conocer semanalmente a nuevos representantes de la sociedad civil española y ser sugerente con ellos sin llegar a ser 'colega'. Todavía existen en nuestro país muchos más indiferentes que monárquicos declarados y republicanos recalcitrantes juntos, al igual que ocurre con los católicos de abrumadora mayoría confesa. El nuevo monarca, del que tanto espera Europa aunque no Estados Unidos, debe ser un 'republicano' y para ello se debe fijar muy bien en los modos y maneras de El Elíseo pero también tener la humildad de escuchar al rey padre de los belgas por aquello de su experiencia en templar los ánimos de valones y flamencos cada día que amanece.

Felipe VI tiene la obligación de legitimarse 'per se' y demostrar no querer ser una herencia del franquismo por una sobrevenida legalidad de dudosa legitimidad. A partir de aquí nada se debe cerrar en falso ni autoengañarse. Lo que viviremos esta semana tan solo es una forma de continuidad que exige luego varias reválidas en tiempo y forma. Los mimbres viejos hay que quemarlos, de entrada, en la chimenea de la Historia. Todo lo que, al final, ha resultado contra el pueblo no debe coexistir con el nuevo monarca por su propia trascendencia de futuro y la de su dinastia.

Así como en 1977 las Cortes franquistas fueron volatilizadas por la ley de reforma política de Adolfo Suárez, la nueva monarquía federal que ahora se necesita para preservar la unidad de España debe prescindir, a la mayor brevedad, de los viejos partidos que han venido sustentado el sistema devenido en corrupto, inviable y sin salida y, por supuesto, de los politicastros que nos han conducido a un desastre aún mayor que el de 1898, incluidos sin excepción Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy por resultar los principales. El nuevo monarca debe alejarse lo más posible de los cuatro al estar desahuciados por la sociedad española en su conjunto. Lo nuevo no debe ser viejo, como encerraba el mensaje implícito de la portada no nata de la revista satírica catalana 'El Jueves'.

Regeneración y nueva Constitución, porque la del 78 se ha utilizado finalmente contra los españoles en favor de unos pocos, deben ser los ejes para asentar la nueva monarquía federal, que ha de pivotar sobre una Justicia renovada muy a fondo, tras no haber hecho bien su trabajo durante todos estos años, para poder poner frente a esa otra judicatura más independiente a los 5.000 miembros responsables directos del hundimiento de España y la ruina de su clase media, y sacudirse así de lo peor de la actual clase política para que sus 'saurios' no arrastren al nuevo monarca en su inevitable derrota.

No debe olvidar nunca Felipe VI que la Dictadura engendra Monarquía pero que ésta debe engendrar Democracia, con riesgo de advenimiento republicano sino se profundiza en ella. Así de simple y de complejo es el proceso que se nos presenta. 

(*) Periodista y profesor

lunes, 9 de junio de 2014

Cajamar negocia con Apollo y Cerberus la venta de su gestora inmobiliaria

MADRID.- Cajamar ha preseleccionado a las fondos de inversión Apollo y Cerberus como posibles adquirentes de la gestión de su plataforma inmobiliaria en una operación que podría cerrarse esta semana, dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones.

"Esta semana es posible que se cierre la venta de la plataforma inmobiliaria porque las negociaciones ya están muy avanzadas y la preselección ha recaído de momento en Apollo y en Cerberus", explicó la fuente, que no aportó datos sobre el importe de la venta.
El diario Cinco Días cifra el importe de la venta de la gestión plataforma inmobiliaria de Cajamar en algo más de 200 millones de euros.
Ni Cajamar, ni Apollo, ni Cerberus hicieron comentarios a la información.
La primera cooperativa crédito, que tiene unos activos de unos 42.000 millones de euros, llevaba meses negociando la venta de la gestión de su plataforma inmobiliaria de Cimenta2, que tiene unos activos de aproximadamente 7.000 millones de euros.
En la actualidad, la cabecera bancaria del grupo Cajamar busca captar entre 300 millones y 350 millones de euros de capital dando entrada a inversores extranjeros y compañías de capital riesgo con el objetivo de aprovechar oportunidades de crecimiento y reforzar su balance antes de enfrentarse a las pruebas de estrés en Europa, dijo recientemente su presidente en una entrevista.La banca española está siendo muy proactiva en el traspaso de sus gestoras inmobiliarias a fondos de inversión extranjeros y subcontrata sus servicios para que les ayuden a gestionar la venta de estos activos en un intento de conseguir capital sin ceder la propiedad de los inmuebles adjudicados.
Además, la banca suele anotarse plusvalías por la ventas de la gestión de este tipo de carteras gracias a las fuertes provisiones o coberturas realizadas para este tipo de negocios.
Entre las entidades que han realizado operaciones similares figuran Santander -- con la venta de su plataforma inmobiliaria Altamira a Apollo --, Banco Popular, Caixabank, Bankia y Catalunya Banc.
El traspaso de estas unidades de negocio se ha acelerado ante la caída de los precios inmobiliarios que, según algunos, permiten vislumbrar que el mercado inmobiliario estaría más cerca de tocar suelo. Desde el pinchazo de la burbuja del ladrillo entre finales de 2007 y principios de 2008, los precios de las viviendas en España han caído en torno al 40 por ciento.
La venta de la gestión del ladrillo permite a las entidades centrarse en su negocio bancario al tiempo que le libera de la pesada digestión del ladrillo que, a la postre, fue la responsable de que España acabara utilizando unos 41.300 millones de euros de una línea de crédito europea de 100.000 millones de euros para sanear el balance de sus entidades.

domingo, 8 de junio de 2014

Un abogado demanda al rey Juan Carlos por su 'participación' en el Golpe de Estado del 23F

MADRID.- El partido Soberanía ha ampliado en la Audiencia Nacional la querella que interpuso contra el Rey Juan Carlos acusándole de haber participado en la denominada 'trama civil' del 23-F para solicitar a este órgano judicial que tenga en cuenta que ha perdido la inviolabilidad desde el momento de la abdicación.
 
Según publica DiarioCrítico, el abogado querellante, José Luis Mazón, ha ampliado el recurso que interpuso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez Santiago Pedraz, que rechazó la demanda que presentó contra el Rey y contra el expresidente del Gobierno Felipe González por haber participado, a su juicio, en esta trama sustentándose en el libro de la escritora Pilar Urbano 'La gran desmemoria'.
En su escrito, el partido destaca que Don Juan Carlos abdicó de la Jefatura del Estado este lunes y, por lo tanto, "perdió" la inviolabilidad derivada de este cargo, debiendo ser investigado por un presunto delito de rebelión. Además, amplía la querella para investigar la relación del exdiputado socialista Enrique Múgica y del antiguo político del PCE Ramón Tamames en el "golpe blando".
La Audiencia Nacional ya rechazó la querella por la 'inviolabilidad' del Rey
El magistrado Santiago Pedraz rechazó a principios de mayo esta querella al negar que los hechos recogidos en el libro fueran constitutivos de un delito de rebelión y recordó que la figura del Rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 apuntó que la Constitución "prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado".
En relación con el exjefe del Ejecutivo, su auto señaló que "no se aprecia ningún elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su participación" en la trama golpista, a lo que añadió "la prescripción del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que se le pretende atribuir".
La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron".
La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".

La riqueza regional, base de lanzamiento económico / Ángel Tomás Martín *

Elaborar una política económica nacional estableciendo normativas legales con el objetivo de maximizar la tasa de crecimiento de la renta nacional estimulando la actividad empresarial, ha sido la pretensión continuada de todos los gobiernos de numerosas naciones, entre ellas España. 

Es indudable que el esfuerzo legislativo ha tenido su base solo en criterios personales y sanas voluntades, pero no es menos cierto que no han pasado de ser generalidades con pretensiones de optimizar resultados positivos del crecimiento económico y del empleo. Para alcanzarlos es imprescindible una decidida inversión de capitales creadora de puestos de trabajo, capaces de estimular expectativas e ilusión en la relación capital-producto. 

La inversión solo se promueve sobre medios de probada eficacia y la combinación óptima de los factores productivos. El aumento de la relación capital-trabajo-rendimiento debe contemplarse desde una perspectiva macroeconómica, y directamente relacionada con la riqueza regional natural y su valor añadido por sectores. Solo así la economía real será de calidad y de larga duración.

Dirigir la política económica legislando en exceso y creando normas basadas solo en razones coyunturales carentes de previsión de futuro y no estructurales relacionadas con las fuentes de riqueza regionales, es un error imperdonable. Lo que la economía tiene que proponer a los políticos son auténticos conocimientos y conclusiones basados en análisis técnicos de la riqueza nacional y su adecuada interacción empírica, unido a esquemas reales precisos por regiones y sectores. 

El valor total es el resultado de inventariar y valorar con la máxima precisión todas las unidades de bienes de forma homogeneizada, a partir de lo cual, la política económica será con toda probabilidad acertada, y útil para el imprescindible emprendimiento empresarial y la interdependencia entre los diversos sectores industriales, agrícolas, comerciales y de servicios.

La investigación específica de los valores económicos capaces de ofrecer rentabilidad y su ubicación geográfica, es la base imprescindible para saber elaborar una política de inversiones que lleve al crecimiento e incorpore los valores ociosos (empleo), sin olvidar que dicha política ha de ser selectiva debido a las grandes diferencias interregionales e inter-empresariales en las relaciones capital-producto y capital-trabajo.

Tampoco todos los sectores tienen las mismas economías de escala, pues los hay en los que las pequeñas y medianas empresas obtienen mayor productividad y rentabilidad que las grandes y viceversa. Por tanto, no han de olvidarse los valores productivos y su repercusión sobre los precios, o dicho de otra forma "maximizar la productividad para minimizar los costes", imprescindible objetivo para el crecimiento de las exportaciones y de una balanza de pagos positiva. Al ejercicio de la política económica, la sociedad le exige la elaboración de un sólido plan de inversiones y una previsión de las tendencias futuras.

Reconocer que la ciencia económica ha progresado de manera creciente en nuestro país es evidente, pero es igualmente cierto que nuestras estructuras son vulnerables como ha quedado demostrado en los seis años ya transcurridos de la actual crisis. Los responsables de la política económica han trabajado poniendo esfuerzo, sacrificio y voluntad, pero en la mayoría de los casos con ausencia de conocimientos empíricos de los sectores como polos de desarrollo y de información de rentas, necesarios para fijar objetivos y seleccionar e impulsar opciones y medidas económicas más completas, seguras y duraderas. 

Nuestras estructuras acusan algunas debilidades y defectos de implantación al no querer asumir riesgo, problema latente en la toma de decisiones macroeconómicas.

Para plantear una política de inversiones adecuada es imprescindible profundos estudios de la riqueza tradicional renovable por zonas geográficas que abarque: industria, agricultura, pesca, sector servicios, etc., o dicho de otro modo "inventariar la estructura de nuestra riqueza y capitalizar sus rendimientos" de forma que sean concordantes internacionalmente. Los resultados serían decisivos para la economía en general y para un desarrollo más armónico del país. Los estudios deben tener en cuenta los elementos específicos productivos, como instalaciones, materias primas..., unidos a los valores indirectos o recursos naturales, considerando también las condiciones geográficas, clima y red de comunicaciones. En suma, un verdadero balance nacional. 

Un ejemplo de lo expuesto fue acometido y valorado en EEUU por J.W. Kendrick, con el que se sentaron las bases en cuanto a forma conceptual y me0todológica, cuyos resultados de crecimiento y rendimiento económico quedaron patentes e imitados por otros países.

En España sólo existían estos análisis incompletos y poco eficaces hasta que el Legislador apreció su importancia y se promulgó la Orden Ministerial de 25 de abril de1944, constituyéndose una comisión a tal efecto. Sin embargo, fue en el año 1968 con objeto de la conmemoración del cincuenta aniversario de la fundación de la universidad comercial de Deusto, y la colaboración de fundaciones, entidades financieras y empresas, cuando se constituyó una alta Dirección Ejecutiva del más alto nivel, integrada por eminentes catedráticos, doctores en ciencias económicas, derecho, ingenieros y profesores universitarios, especialistas en los sectores agrario, industrial, servicios y metodología, cuya Dirección Técnica la asumió el catedrático de Estructura Económica Juan Velarde Fuertes, cuyo cálculo abarcó a más de quince países de las economías más avanzadas. 

Las estimaciones de la riqueza española fueron dirigidas directamente por el profesor Velarde, utilizando como la aplicación más importante "la estimación de la función de producción de Cobb Douglas", que aseguraba una mayor veracidad y una mejor previsión del futuro.

Una racional política económica necesita para el empleo de modelos econométricos, las cifras de Capital Nacional congruentes con los mercados reales. Sólo así alcanzaremos el éxito.

 (*) Economista y empresario

sábado, 7 de junio de 2014

Podemos elegir la audacia / Andrés Pedreño *

El campo político español, tal y como se reconstruye a partir de 1978, delimitó una férrea frontera entre los ´profesionales de la política´ y ´los profanos´. Los profesionales hicieron de determinados lenguajes, rituales y recompensas las señas distintivas entre quienes estaban legítimamente dentro del campo político y quienes quedaban fuera. Los profanos fueron progresivamente excluidos de la política legítima, aunque convocados periódicamente a las urnas para votar. La movilización del 15M impugnó fuertemente este campo político, cuando miles y miles de profanos gritaron «no nos representan» en nombre de la democracia. La frontera que los profesionales habían levantado frente a los profanos quedó cuestionada como síntoma de desdemocratización. 

Aquí también los ´sin papeles´, esto es, los excluidos de la política legítima, reivindicaron su lugar en el mundo político. Sabiéndose los perdedores de una crisis económica que cortaba radicalmente las trayectorias sociales ascendentes construidas laboriosamente por sus padres, los jóvenes de los sectores medios y populares urbanos, contando con la solidaridad intergeneracional de los más mayores, utilizaron muchas de sus formas de expresión específicas (la interacción grupal, la acampada, la política del placer, etc.) para reinventar un mundo político posible, pero radicalmente democrático.

La plaza pública y la asamblea representaron una apertura de la política deseada para que los profanos expresaran su malestar y su potencia. El 15M lo cambió todo. Nada podía ser igual. A los profesionales de la política a partir de entonces se les empezó a pensar como una ´casta´. A la asamblea se le concibió como el escenario ideal para la expresividad de una nueva práctica política protagonizada por ´profanos´.

La iniciativa política Podemos, que irrumpe con cinco europarlamentarios en las pasadas elecciones del 25 de mayo, nace de una lectura y de unas hipótesis sobre lo que significó el 15M. Como no se cansan de repetir Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, por citar dos de las voces más significativas de la iniciativa, no se trata tanto de ´representar´ al 15M (algo imposible dada su heterogeneidad) como de ´interpretar´ qué fue tan excepcional acontecimiento. De esa lectura del 15M nace un espíritu y una metodología para la acción política que se ha propuesto llegar a gobernar este país. El 15M rechazó la entrada en el campo institucional pero alimentó un ciclo de movilizaciones inédito (anti-desahucios, mareas, etc.). Podemos recoge ese espíritu de la política hecha por profanos pero plantea como necesidad la entrada en el campo institucional: «Nos han tenido mucho tiempo fuera, ahora nos van a tener dentro».

Este gesto, provocador e insólito, se hace sobre la base de procedimientos y metodologías que ya estuvieron presentes en el 15M: la base asamblearia y la plaza pública (los Círculos en Podemos) donde los profanos se expresan por encima de las divisiones trazadas por los partidos políticos; el rechazo a las mediaciones burocratizadas propias de los partidos; la apuesta por formas de elección y de toma de decisiones radicalmente democráticas (primarias abiertas para confeccionar las listas electorales, lo cual impugna la lógica de la ´selección de élites´ mediante el aparato de partido; construcción del programa electoral mediante discusión colectiva horizontal en la que todos se reconocen como ´expertos´, etc.).

Podemos aspira a la construcción y movilización de un pueblo que considera unido por unas similares condiciones materiales de vida modeladas por el trauma de la crisis (empobrecimiento vital y desposesión de sus propiedades sociales) y para ello reivindica y elogia una política hecha por profanos. Esta demanda de una política profana se entronca con toda una tradición política de reivindicación de una democracia digna de su significado: «Ahí donde cada hombre tome parte en la dirección de su república de distrito, o de algunas de las de nivel superior, y sienta que es partícipe del gobierno de las cosas no solamente un día de elecciones al año, sino cada día; cuando no haya ni un hombre en el Estado que no sea un miembro de sus consejos, mayores o menores, antes se dejará arrancar el corazón del cuerpo que dejarse arrebatar el poder por un César o un Bonaparte», escribió el que fuera autor de la Declaración de Independencia americana, Thomas Jefferson, allá por 1824. En definitiva, una exigencia de democracia para hacer saltar en pedazos el muro defensivo que los profesionales levantaron alrededor del campo político para mantener a raya y sin papeles a los profanos. Cuando Teresa Rodríguez dice aquello de «tener un pie en las instituciones y mil en las calles» o cuando Pablo Iglesias arenga con eso de que «si los ciudadanos no hacen política vendrá alguien a hacerla por ti», ambos están revitalizando el ideal de un poder del pueblo para el pueblo.

Si los profesionales de la política se encastillan en los lenguajes, juegos y recompensas propias del campo político, imponen la tendencia a su cierre progresivo. Y devienen ´casta´. El insigne sociólogo estadounidense C. Wright Mills habló de las élites de poder para denunciar la degradación de la democracia de su país por parte de un entretejido denso entre intereses políticos, económicos y militares de una minoría con cada vez mayor poder acumulado. El término de ´casta´, profusamente utilizado en la terminología de Podemos, recoge una definición muy similar a la de Mills, pues denuncia la connivencia interesada entre poder político, económico y financiero (´las puertas giratorias´). 

En definitiva, la casta es ese capitalismo de ´amigantes´ (amigos+mangantes) que según el filósofo Emilio Lledó caracteriza al meridional capitalismo español.

Se equivocan los que han visto en Podemos un fenómeno de ´antipolítica´. La antipolítica, tal y como Noam Chomsky la conceptualizó, es esa representación de las cosas que viene a decir que «los políticos tienen la culpa de todo», que «la política es el problema» o que afirma «yo no voy a votar, todos son iguales, corruptos e indecentes». Esta representación de la realidad oculta la responsabilidad de las grandes corporaciones empresariales en lo que está pasando. La antipolítica es una forma de ceguera promovida de forma interesada para que los lobbies capitalistas sigan moviéndose en las sombras y haciendo la política realmente existente. La antipolítica es la política del neoliberalismo. 

Por ello, Podemos reivindica la política e insiste en arrebatarle el monopolio de la política a los profesionales pues en sus manos degenera en ´antipolítica´.

El 25M Podemos lanzó una hipótesis política que recoge la transversalidad social del acontecimiento del 15M. Por encima de las diferencias de partido que dividen (y fragmentan políticamente) a la ciudadanía es posible constituir un contrapoder del 99% para gobernar este país y revitalizar la capacidad constituyente de la sociedad. Esa hipótesis llama a la audacia de los que quieren revertir la actual desdemocratización del Estado español y seguramente de Europa. 

(*)  Profesor titular de Sociología en la Universidad de Murcia
 

viernes, 6 de junio de 2014

La banca deberá identificar la nacionalidad o residencia de sus clientes con cuentas financieras

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obliga a las instituciones financiera a suministrar información sobre cuentas financieras e identificar la residencia o la nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas.

La información a suministrar comprenderá la identificación completa de las cuentas, el nombre y apellidos o razón social y, en su caso, el número de identificación fiscal o análogo.
   El Gobierno ha explicado que esta nueva obligación de información se hace necesaria precisamente para adaptar la normativa española sobre asistencia mutua a los proyectos, actualmente en desarrollo, de intercambio de información automático y estandarizado, con el fin de prevenir y luchar contra el fraude fiscal.
Por otra parte, el real decreto introduce determinadas modificaciones en el régimen jurídico de la declaración-resumen anual (modelo 390), regulada en el Reglamento del IVA, que supondrá la reducción de costes indirectos para más de un millón de contribuyentes potenciales.
   Concretamente, el real decreto exonera de la obligación de presentar la citada declaración-resumen a determinados sujetos pasivos, teniendo en cuenta la información que ya vienen obligados a suministrar en sus autoliquidaciones del impuesto. La exoneración beneficiará a los obligados respecto de los que la Administración ya posea información suficiente.
   Aunque la concreción se desarrollará vía orden ministerial, afecta, fundamentalmente, a arrendadores personas físicas (un censo potencial de seiscientos mil contribuyentes, que desde este mes de enero están obligados a la presentación telemática) y a contribuyentes en régimen simplificado de estimación objetiva (censo potencial de 490.000 contribuyentes) del IVA.
   Por otra parte, la nueva norma introduce mejoras en el sistema de notificaciones electrónicas. El Real Decreto 1/2010 ya introdujo la posibilidad de practicar notificaciones por otros medios electrónicos diferentes a la dirección electrónica asignada por la Administración tributaria, siempre que dicho medio se haya consentido por el interesado. Como complemento a esta posibilidad, a partir de ahora se podrán realizar notificaciones en la sede electrónica de la Administración tributaria competente mediante el acceso voluntario del interesado.
   Ello permitirá que obligados tributarios con el denominado PIN24 puedan acceder de forma voluntaria a la sede electrónica de la Agencia Tributaria para conocer el contenido de las notificaciones de carácter tributario que pudieran tener pendientes, con los mismos efectos que cualquier otra notificación de carácter tributario.

miércoles, 4 de junio de 2014

Hipótesis de coyuntura sobre la Corona / Francisco Poveda *

El conflicto en Ucrania está a punto de dar paso a una nueva geografía económica mundial en el siglo XXI y eso, que puede desencadenar a corto plazo un conflicto bélico global y que hace discrepar a los europeos de los norteamericanos sobre su tratamiento, es el telón de fondo que condiciona, desde la guerra en Siria hasta la precipitada e inesperada abdicación del rey de España el pasado lunes tras la 62ª reunión anual del Club Bilderberg, celebrada el pasado fín de semana en un hotel del centro de Copenhague.

Ese gran club trasatlántico, el más grande y sintético 'think tank' planetario, pretende sino gobernar el mundo -que no puede, que se sepa- al menos conjurar y provocar, desde cierta planificación estratégica continuada, hechos que al gran público parecen naturales y espontáneos. Kissinger, Lagarde, Monti, Beatríz de Holanda... son algunos de sus miembros fijos al igual que la reina de España o el periodista Juan Luis Cebrián, presidente del grupo mediático 'Prisa'.

Para esta ocasión también han asistido el nuevo rey de los belgas y por España su ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo acompañado de una sobrina de Mariano Rajoy diplomática de profesión, y el director general de 'La Caixa', Juan María Nin, dentro del grupo no permanente de nuestro país.

Los temas en agenda eran la política y economía de China tras el acuerdo energético con la Rusia de Putin; el futuro de la Democracia; la sostenibilidad de la recuperación económica; el intercambio de información reservada y sensible entre los servicios secretos occidentales y de sus aliados con activa presencia esta vez de la CIA y el MI6 británico, y como tema estrella y telón de fondo, la crisis de Ucrania. Y todo a puerta cerrada y sin documentos escritos de lo tratado de forma no oficial hasta consensuar las acciones a recomendar a quienes han de ejecutarlas para blindar un gran bloque de poder ante la reestructuración militar, económica y comercial que se aventa en el mundo.

Políticos experimentados, financieros, hombres de negocios internacionales, grandes empresarios de multinacionales, dirigentes de las estructuras líderes de Internet, aristócratas, altos mandos militares, académicos y periodistas relevantes de nuestro hemisferio, hasta 150 personas de elite, se han encerrado durante tres dias en el 'Marriot' danés para abordar, analizar, concluir y proponer. Y de ahí parece haber salido la urgencia de arreglar el patio trasero de Europa de pequeños desajustes pendientes de afinamiento dada la velocidad y el calado de potenciales o previsibles acontecimientos de alcance mundial, con riesgo grueso para el todavía poderoso Occidente. 

Por esta vez, el tema de España ha ocupado, dentro de ese marco, cierta atención de los asistentes debido a la situación sobrevenida por la corrupción estructural y la inestabilidad institucional que puede provocar a medio plazo de consolidarse las tendencias electorales que arrojaban las encuestas del CIS, confirmadas luego por el resultado de unos comicios europeos de escasa participación y el auge de las propuestas ideológicas de las opciones más declaradamente republicanas y de izquierda, tras alguna de las cuales se adivina la mano de Putin a través de terceros. Tras otras, con mucha menos suerte, casi podría afirmarse que está apresuradamente Washington, en alerta siempre sobre la Península Ibérica.

Teniendo en cuenta que Europa tiene contenido el aliento ante la situación española desde hace muchos meses por lo que considera un coágulo dentro del continente y que los Estados Unidos no terminan de realizar grandes inversiones en nuestro país, en un momento para grandes oportunidades de negocio,  ante el clima generalizado de descomposición institucional, no es de extrañar que el sábado por la noche ya se supiera en algunos círculos de Madrid, incluso periodísticos de alguna provincia mediterránea, que la abdicación de Juan Carlos I esta vez no era un bulo.

El pasado domingo pasaron muchas cosas en Zarzuela a la vuelta de Copenhague de la expedición española. El ministro y la sobrinisima debieron pasar primero por Moncloa y desde allí tuvieron que llamar a Rubalcaba. Doña Sofía tuvo que ser quien le diera el primer mensaje al monarca. En escena pudieron aparecer luego, quizás, Felipe González y Cebrián, que llevaba tiempo en ello. Y cabe imaginar que no resultó fácil convencer al rey de que su permanencia hasta la muerte iba a ser que no y rápido. Seguro que el Rey puso algunas condiciones, al final poco convencido. Eso explica que Rajoy anunciase a primera hora del lunes públicamente el trance para evitar una marcha atrás de persona tan testaruda como don Juan Carlos y que el Príncipe tuviese que regresar a toda prisa de El Salvador en un viejo avión susceptible de tener que aterrizar en Canarias por avería tras el acelerón a que fue sometido.

También se puede imaginar a don Felipe hablando por teléfono desde América Central con su madre y con doña Letizia ante tal precipitación de acontecimientos  inesperados. Y con su padre, por supuesto, ya que ha respetado siempre los tiempos que él ha marcado. La vuelta a España sobre el Atlántico tuvo que ser de infarto y vigilia para don Felipe ante la que se le viene encima de repente. La prueba es que se ha tenido casi que improvisar el procedimiento urgente para una legislación 'ad hoc' inexistente porque no se veía en el previsible horizonte su necesidad.

La Unión Europea está por la monarquía en España si garantiza estabilidad ante potenciales eventualidades en el exterior de nuestras fronteras. Aunque Estados Unidos no le hace ascos a una República a su medida. Pero, además, se están renovando todas las cúpulas nacionales de poder de cara a una nueva etapa de la Historia y ahora le tocaba a la de nuestro país pese a la resistencia de don Juan Carlos estos meses mientras ahormaba sin mucha prisa los apoyos a su heredero.

Entremedio, el viaje de repúblicanos moderados a Estados Unidos tras las elecciones europeas, división de opiniones al respecto en el seno de un PSOE sin nuevos líderes de peso, un Partido Popular hundido por los escándalos aunque con el mejor banquillo para el relevo y una Corona corcomida por los desaciertos, cierta descomposición interna y un relativo fracaso comercial de los apresurados y secuenciales viajes políticos del Rey el mes pasado a cinco de las monarquías del Golfo Pérsico, con la suspensión del viaje a Qatar, que era la sexta.

El libro de Pilar Urbano tras la muerte de Suárez, el final de la instrucción judicial del caso Urdangarín con la esperada imputación de la infanta Cristina y los inquietantes informes del CNI -trufado de militares de Inteligencia- sobre el avance de las opciones republicanas ante la depresión de la Monarquía por cierta desconexión con un pueblo sufriente por la crisis económica, aumentada por la tolerada corrupción desde la cúpula del Estado hasta el último municipio, encendió todas las alarmas en el cuartel general de la OTAN en Bruselas mientras Putin le echaba en Ucrania un gran pulso a Londres, Berlín y Washington. 

Y se detecta a círculos próximos al ex presidente Aznar -¿el tapado del conservador Tea Party norteamericano?- pensando ya en la República, cuando aparece en escena un oportuno y desconocido juez de primera instancia e instrucción de Madrid, Elpidio Silva, dando certero golpe de gracia a las presuntas finanzas de una supuesta operación de altura para ocupar el hueco que pudiera dejar un derribo o abandono de la monarquía por imposibilidad de continuar... porque ya se sabe que monarquía engendra república, y ésta anarquía cuando esa anarquía luego conduce a dictadura, según el clásico axioma de la ciencia política más elemental.

Por cierto, que Bilderberg, como gran grupo de presión occidental, parece tener muchas esperanzas puestas en Eduardo Madina para que lidere el PSOE en la próxima década coincidiendo con Felipe VI en el trono. La gran jugada de ajedrez sobre nuestro país parece que sólo acaba de comenzar.

(*) Periodista y profesor


La jueza Alaya imputa al exconsejero socialista almeriense Martín Soler

SEVILLA.- La juez Mercedes Alaya, que comanda la investigación relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, ha emitido un nuevo auto en el que resuelve imputar al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el almeriense Martín Soler (PSOE). 

Asimismo, la juez ha decidido dejar "sin efecto" el señalamiento fijado para este jueves al objeto de que compareciese como imputado el presidente de Unicaja, Braulio Medel, aplazando dicha comparecencia al 12 de junio.
   Martín Soler, natural de Cuevas de Almanzora, se suma así a los exconsejeros de la Junta de Andalucía que ya figuran como imputados en la causa, como las exconsejeras de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez; los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y Manuel Recio; los exconsejeros de Economía, Innovación Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo y Antonio Ávila; y los expresidentes autonómicos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

sábado, 31 de mayo de 2014

Más fortalecimiento para pymes en estado de insolvencia / Ángel Tomás Martín *

Los seis años transcurridos de la actual crisis han producido efectos desastrosos con importantes pérdidas de tejido empresarial, de empleo y de otros inevitables efectos colaterales por contagio. Más del 90% de las empresas que solicitaron el concurso de acreedores acabaron liquidándose al no poder hacer frente a su pasivo exigible. En España, las de menos de diez empleados representan el 94% de las más de las 3.145.000 empresas censadas en diciembre de 2013; más del 50% eran empresas individuales o autónomos con menos de tres empleados, y sólo el 4% superaba veinte en sus nóminas.

Dentro de las llamadas PYMES se encuentran también, aunque en menor porcentaje, sociedades con responsabilidad limitada a la cuantía del capital y reservas que figuraba en sus balances. Los emprendedores individuales, en auténtica desventaja al serles de aplicación en caso de insolvencia el artículo 1911 del Código Civil y el 6 del Código de Comercio, respondían con todos sus bienes presentes y futuros. España es el país con mayor número de micro-empresas, y esto requería una reforma legal en profundidad que fortaleciese el marco de insolvencia de las PYMES.

Ante la evidencia de los hechos expuestos y por recomendación, en su día, de la propia Comisión Europea, el Ejecutivo emprendió reformas legales especialmente dirigidas en apoyo y ayuda de las empresas individuales y autónomos altamente endeudados o en quiebra. Se promulga la Ley 14/2013, reguladora de la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada", gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual, pero bajo determinadas condiciones y cumpliendo otras establecidas en el nuevo marco jurídico. 

En este sentido será operativa dicha limitación desde la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y de la Propiedad. Se exceptúan de la limitación las deudas de derecho público. Tampoco podrá beneficiarse el deudor si hubiese actuado con fraude o negligencia grave. Siguiendo con las reformas, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto- Ley, convalidado unánimemente por el Congreso, que concluyó en el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, vigente desde el 9 de Marzo de 2014, con el objetivo de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación.

A pesar de las medidas mencionadas adoptadas, el Fondo Monetario Internacional no ha visto en la nueva legislación española una ayuda suficiente a las PYMES y autónomos, que siguen quedando en inferioridad de condiciones con relación a las sociedades de capital, y ha elaborado y hecho llegar al Gobierno un informe titulado FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE INSOLVENCIA PARA LAS PYMES. Este informe ha reconocido avance en la legislación mencionada, pero la considera insuficiente y carente de fortaleza a la capacidad institucional. 

Considera un solapamiento entre los negocios y activos de los hogares y las deudas, con claro abuso de hipotecas y avales exigidos por las entidades de crédito. Tampoco se facilita el rescate de las empresas "viables", siendo escasa la esperanza de los deudores para poder liquidar la deuda al final del proceso, y muy difíciles de acometer los planes de reemprendimiento o venta del negocio en marcha. El FMI no considera justo la exclusión de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), al considerarlos la Ley como preferentes.

De la lectura del informe queda claro el espíritu de la reforma que se exige en nuestro país, que se concreta en el incremento de la protección a la pequeña empresa como colectivo mayoritario nacional, la reducción de la alta protección de los acreedores privilegiados públicos y, de forma especial, abrirles un nuevo horizonte a la reconversión y viabilidad de los pasivos excesivos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todo ello ya es una realidad en otros países de nuestro entorno, como Italia, Alemania y Reino Unido.

En el amplio contenido del informe que se debatirá en la visita a España de una delegación del FMI, que tendrá lugar entre los días diecinueve al veintitrés del mes en curso con el Ejecutivo, se contienen catorce apartados entre los que destacamos de forma muy resumida, por carecer de espacio, algunos contenidos:

 -El régimen concursal español, sus procesos judiciales y no judiciales que pueden llevarse a cabo por las PYMES. -Deficiencias actuales con relación al Régimen de Insolvencias y su carácter demasiado restrictivo y rígido. -Falta de incentivos eficaces para acometer restricciones extrajudiciales, a pesar de la inclusión del plan OCAP para tratar de manera específica las dificultades financieras. -Modificar el sistema para incluir un marco de trabajo para las personas físicas financieramente responsables. -Eliminar los límites al contenido del plan para incluir a asegurados y acreedores públicos, con imposición jurídica para los acreedores disidentes. -Eliminar los límites a la extensión de la condonación o moratoria.- Incluir oficinistas de contratación para ayuda a jueces y a la aceleración de los procedimientos. -Respaldar a los empresarios y su internacionalización. -Acuerdo de un plan individual que permita llegar a un contrato de pre-insolvencia con uno o varios de sus acreedores, para evitar la puesta en marcha del proceso de insolvencia. -Defender el valor de mercado razonable de los activos inmovilizados para evitar la quiebra, y proteger la viabilidad de la actividad frente a la presión abusiva de los acreedores privilegiados.

La protección a las micro-empresas, necesaria y aceptada en gran parte de los mercados internacionales, es la exigencia que tanto el FMI como la Comisión Europea piden a España para que se estudien y aprueben las soluciones a la mayor urgencia. Sin embargo, a nuestro juicio, ni se consideró ni se incluye en el informe la dudosa "viabilidad" de aquellas empresas que acabaron en liquidación inevitable y posterior desaparición ocasionada por la incompetencia, negligencia o falta de visión de sus gestores, con el consiguiente perjuicio a proveedores, financiadores y empleados. 

Sin abandonar en estos casos la aplicación de la protección legal para la continuidad de la actividad, debe supeditarse al cambio de dirección y del consejo de administración, en su caso, o se corre el riesgo de que se repita el fracaso anterior con repercusiones aún más graves.

 No es tarea fácil establecer el criterio a seguir para la selección de un nuevo gestor en el que concurran eficacia, conocimiento del sector, buen coordinador, innovador y capacidad para el reemprendimiento y el cambio de modelo. Una vez elegido, el responsable debe analizar los motivos que ocasionaron la insolvencia en el pasado, la situación económico-financiera actual, y definir y aplicar una nueva estructura para el futuro. Sólo así, para estos casos concretos, se alcanzaría el éxito pretendido.

(*)  Economista y empresario

viernes, 30 de mayo de 2014

Cajamar busca captar 350 millones entre inversores privados antes de ser Banco de Crédito Social Cooperativo

MADRID.-La cabecera bancaria del Grupo Cajamar busca captar entre 300 millones y 350 millones de euros entre inversores extranjeros y compañías de capital riesgo que le permitirán aprovechar oportunidades de crecimiento y reforzar su balance antes de enfrentarse a las pruebas de estrés en Europa.

"Buscamos captar capital en el entorno de los 300 ó 350 millones de euros entre inversores privados, sobre todo, para poder crecer (...) no lo hacemos para superar las pruebas de estrés", dijo el viernes Luis Rodríguez, presidente del Banco de Crédito Social Cooperativo, en una entrevista.
El Grupo Cooperativo Cajamar, formado por 19 cajas rurales, que consolidan su balance para compartir riesgos y mutualizar beneficios, constituyeron recientemente el Banco de Crédito Social Cooperativo en el que se integran otras 13 cajas rurales.
"La idea es dar entrada a nuevos socios en nuestro banco, entre ellos socios extranjeros, y aunque no hay calendario cerrado nos gustaría tener cerrada esta operación antes de finales de año, pero en ningún caso se les daríamos una participación mayoritaria", manifestó Rodríguez.
En la actualidad, el capital social del Banco de Crédito Social Cooperativo -- que estrena marca a partir de la próxima semana -- comprende 1.000 millones de euros.
Rodríguez, que dejó la puerta abierta a la entrada de fondos de capital riesgo, reconoció que entre los posibles futuros accionistas podría estar el grupo asegurador italiano Generali, que presta servicios a Cajamar.
"Si decidimos dar entrada en nuestro accionariado a una aseguradora (...) Generali es la opción", señaló Rodríguez.A cierre de marzo, el Grupo Cooperativo Caja Mar registró un beneficio de 119 millones de euros, aunque todavía tuvo una elevada morosidad del 17,77 por ciento lastrada por la compra (sin ayudas públicas) en 2012 de Rural Caja.
Al contrario que en el caso de las cajas de ahorros españolas, que tuvieran que ser rescatadas con ayuda europea por unos 41.300 millones de euros, al sufrir de forma directa las consecuencias del estallido inmobiliario, la principal actividad de las cajas rurales es el negocio con  empresas del sector agroalimentario.
De hecho, en el caso del Grupo Cooperativo Cajamar tan sólo el 11 por ciento del total de su cartera de préstamos corresponde a crédito promotor y suelo.El grupo Cajamar suma unos 42.000 millones de euros en activos, y estará sometido a partir del próximo 4 de noviembre a la supervisión única del Banco Central Europeo (BCE) y por ello están incluidas en el ejercicio de revisión de activos (AQRs, por sus siglas en inglés) y las posteriores pruebas de estrés.
A cierre de abril, el Grupo Cooperativo Cajamar tenía un ratio de core capital Tier-1 del 11,53 por ciento, lo que llevó a Rodríguez a mostrarse confiado y señalar que pasaría los AQR "sin ningún problema" y con "tranquilidad" las pruebas de resistencia.
En el escenario base de las pruebas de estrés, las entidades tienen que tener un ratio de core capital Tier-1 del 8 por ciento y del 5,5 por ciento en el adverso.
Después de la crisis protagonizada por las cajas de ahorro españolas, el Gobierno esta ultimando una reforma del sector de las cajas rurales y cooperativas de crédito que tiene como objetivo mejorar su gobierno corporativo para incrementar su transparencia. Según fuentes del sector, la nueva normativa podría provocar una concentración en este subsector.
En la actualidad hay unas 63 cooperativas de crédito, de las que 59 son cajas rurales, con unos activos de unos 135.000 millones de euros, lo que supone una cuota mercado conjunta en torno al 5 por ciento.

lunes, 12 de mayo de 2014

Greenpeace finaliza su acción sobre El Algarrobico

CARBONERAS.- Un centenar de activistas de Greenpeace han dado por finalizada la acción que desde este domingo iniciaron en el polémico hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras , en el que han pintado sobre su fachada un gran punto negro de unos 8.000 metros cuadrados sobre el que se puede leer "hotel ilegal" a fin de llamar la atención sobre este espacio y exigir el desmantelamiento del inmueble promovido por Azata.

   Los activistas han comenzado a desalojar el hotel a las 10,00 horas con "mucho cansancio y mucha alegría" por "seguir dejando constancia de que no se pueden consentir destruir nuestra costa".
 "Lo decimos alto y claro y seguiremos diciéndolo hasta que sea desmantelado", ha señalado la organización ecologista a través de su web.
   La acción ha concluido con la presencia de dos zódiacs en las que se podía leer el mensaje: 'Algarrobico, punto negro de la costa' y 'Demolición ya'. Esta ha sido la acción con más activistas en los 30 años de historia de Greenpeace en España. Según la organización, los activistas han abandonado el hotel sin que se produjeran detenciones tras finalizar su acción.
   Asimismo, Greenpeace ha lamentado que la Junta de Andalucía siga sin responder al escrito que la organización ecologista ha dirigido esta semana a su presidenta Susana Díaz para que la Administración andaluza adquiera los terrenos en los que se ubica el hotel y los registre a su propiedad. De la misma manera, el Ministerio de Medio Ambiente "sigue dando la espalda" a la defensa de la costa en este paraje.
   "El fin del punto negro del Algarrobico comienza con la compra de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía de nuevo. El Algarrobico se ha convertido en la vergüenza de la inactividad de la Administración andaluza", ha declarado el director de Greenpeace, Marío Rodríguez, para quien "las administraciones públicas tienen que hacer valer las leyes ambientales de nuestro país".
   La organización ecologista cree que "ya hace tiempo que se terminaron las excusas" de los políticos para no hacer cumplir la ley y devolver el paraje natural de El Algarrobico a los ciudadanos. "¿Cuántos argumentos más necesitan los políticos para cumplir su obligación y desmantelar este edificio ilegal?", se ha preguntado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
   "No es justo que se pongan los recursos naturales al servicio de las empresas y que para ello se les arrebaten a los ciudadanos, es necesario que se haga justicia, y que se haga ya", ha añadido la activista, presente también en esta última acción.

domingo, 11 de mayo de 2014

Greenpeace pinta de negro el hotel de El Algarrobico

ALMERÍA.- Más de un centenar de activistas de Greenpeace, según los organizadores, han acudido este domingo al hotel de la playa de El Algarrobico para pintar "un gigantesco punto negro de 8.000 metros cuadrados" en la fachada y exigir así su "desmantelamiento inmediato".

Greenpeace ha señalado en un comunicado que varios activistas portaban pancartas donde se podían leer 'Algarrobico punto negro de la costa' y 'Demolición ¡YA!'. Igualmente, ha asegurado que ésta ha sido la acción "en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España".
"Este hotel ilegal de 21 plantas y 411 habitaciones se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español y es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental", apuntan desde la ONG.
Igualmente, ha exigido tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Medio Ambiente "que no se escuden más en la maraña judicial que se ha creado en torno al hotel y que acuerden la recuperación natural de la zona y la demolición del hotel inmediatamente, ya que actualmente tienen suficientes argumentos judiciales y políticos para ello".
Con esta acción, Greenpeace quiere "desmontar las excusas esgrimidas" por las administraciones, e insta a que la Junta, como primer movimiento, "ejecute sin excusas las sentencias del TSJA dictadas en diciembre de 2013 y que declare públicos los terrenos donde se ubica el hotel y los terrenos a su nombre".
Asimismo, ha exigido que el Ministerio de Medio Ambiente aplique la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad "que le capacitan para ordenar inmediatamente el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa".
 "Para reforzar esta potestad ministerial, cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó en julio de 2011 la Orden Ministerial que fijaba un deslinde de costas en los primeros 100 metros de playa", señala.
De igual modo, Greenpeace ha pedido que ambas administraciones ejecuten el protocolo general de colaboración para la recuperación de la playa de El Algarrobico publicado en el BOE en diciembre de 2011 "y hagan prevalecer la normativa ambiental sobre la urbanística".
La sentencia del pasado 21 de marzo del TSJA que, según la ONG, declara que "el terreno de El Algarrobico y el adyacente son urbanizables, no hacen más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley, lo que solo beneficia la estrategia de la empresa promotora (Azata) para dilatar eternamente el caso en los tribunales".
En este sentido, el director de Greenpeace España ha señalado desde la playa de El Algarrobico que "si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, el Ministerio y la Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley".
 "Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha añadido Rodríguez.
Además, Greenpeace ha recordado que "la principal excusa esgrimida por Junta y Ministerio, el pleito sobre la licencia de obras, solo determinará si la licencia urbanística concedida a la promotora Azata del Sol por el Ayuntamiento de Carboneras fue legal y si hay que compensar económicamente a la misma, lo cual no pone en duda la ilegalidad del hotel y la obligación de demolerlo".
Del mismo modo, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha destacado que "es la sexta vez que activistas de Greenpeace acuden al hotel para denunciar su ilegalidad".
 "Desde 2003 han pasado cuatro ministros y tres presidentes de la Junta, y el hotel sigue en pie, por lo que hoy resulta más sorprendente que la Junta de Andalucía no actúe y no pida la ejecución del auto que le otorga la propiedad de los terrenos", señala.
"Para que no se olviden de su responsabilidad, queremos recordar a nuestros políticos que el Algarrobico es el mayor punto negro de la historia de la destrucción a toda costa y una vergüenza para el país", ha apuntado Marcos.
La organización ecologista ha destacado que los activistas están en un espacio público, ya que una orden ministerial de 2005 ratificada por el Tribunal Supremo "fijó la servidumbre de protección de la Ley de Costas en 100 metros por lo que el edificio se encuentra ubicado claramente en terrenos públicos".
Por último, ha recordado que "el desmantelamiento y la posterior restauración del Parque Natural, según un estudio publicado generaría 379 puestos de trabajo y el 98 por ciento del material del edificio recuperado".

viernes, 25 de abril de 2014

El abogado Mazón denuncia al Rey y a Felipe González en base al libro de Pilar Urbano sobre el 23-F

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.
En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.
Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.
La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”
Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.
La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.
La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.
“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.
La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.
La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.
La querella recoge el siguiente párrafo:
"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".