martes, 14 de mayo de 2013

Libertad con cargos para Demetrio Carmona, en expectativa de sobreseimiento de las actuaciones


ALMERÍA.- El exjefe de la Abogacía del Estado en la provincia de Almería, Demetrio Carmona, ha quedado en libertad con cargos imputado por un presunto delito de extorsión tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería que investiga una supuesta trama de extorsión a empresarios de la provincia enmarcada en la operación 'Tres Reyes'.

   A la salida de la Ciudad de la Justicia de Almería, el propio Carmona ha explicado que "ha aclarado todo" ante la juez, Alejandra Dodero, tras más de una hora de declaración en la que ha estado acompañado por otros dos acusados, el abogado Rogelio Vargas, y su socio Ángel Morales, quienes también han quedado en libertad imputados por un presunto delito de extorsión.
   La investigación ha permitido la detención de siete personas en Málaga, Madrid y Almería, de las que dos permanecen aún en prisión, si bien fueron tres las personas que llegaron a ingresar en el centro penitenciario de 'El Acebuche'.  
   Según ha indicado el abogado de la defensa de Carmona, Vargas y Morales, el letrado Miguel Ángel Campos, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha levantado el secreto de las actuaciones una vez que han concluido las declaraciones de sus defendidos, quienes "han contestado a todas las preguntas" que ha formulado la juez.
   La defensa ha explicado que durante la declaración, en la que no ha estado presente el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado ha precisado algunos aspectos sobre la supuesta trama que giraría en torno a la actuación de dos de los detenidos, que se hicieron pasar por agentes del CNI en una misión oficial para la recuperación de una importante cantidad de divisa extranjera iraquí.
   A partir de ahí, la defensa ha explicado que Carmona únicamente intervino para poner en contacto a los presuntos agentes con el poseedor de los dinares, si bien a partir de entonces, según sostiene, sus clientes han sido víctimas "de una estafa" en la que "les han sacado el dinero" y "han tenido que sufragar gastos".
   En esta línea, la defensa, que espera que se dicte auto de sobreseimiento en los próximos días sobre sus tres clientes, ha anunciado que se plantea iniciar un procedimiento penal sobre los presuntos estafadores a fin de "restituir" la imagen del exabogado del Estado y sus dos socios.
   Campos ha apuntado además que durante la toma de declaración Carmona ha intentado aportar a la juez instructora una "documentación muy cuantiosa" para "acreditar" su inocencia, si bien la magistrada ha instado a la defensa a aportar dicha documentación, con la que se "eliminaría esa imputación de extorsión" mediante un nuevo escrito.
   La defensa ha mantenida además que durante los últimos años, el exjefe de la Abogacía Estado ha sido "víctima" de una "suerte de ataque" por "determinadas personas" que han intentado truncar su carrera para que abandone su puesto como jefe de la Abogacía del Estado de Almería; un puesto del que fue cesado el 31 de enero de este año.
   Con esto, asegura el letrado de la defensa que esta documentación es la misma que Carmona ha tratado de emplear para "defenderse" en esos "ataques" ante otros organismos y administraciones como el Ministerio de Justicia o la Dirección General de la Abogacía del Estado, sin que haya podido hacer efectiva su postura.

El director del PITA, Alfredo Sánchez, pide su relevo del cargo


ALMERÍA.- El director general del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), Alfredo Sánchez, ha pedido su relevo al frente de la tecnópolis tras 16 años en el cargo, una decisión que habría adoptado "hace meses" y que aún negocia con la sociedad privada. 

   Fuentes del parque tecnológico han explicado que Sánchez considera que ha "finalizado un ciclo" tras haber contribuido a impulsar tanto la sede científica del PITA, ubicada en el campus de La Cañada de la Universidad de Almería, como el propio parque tecnológico de El Alquián, en donde se levanta la sede central.
   Así, ha trasladado que tras un periodo en que ha conseguido "consolidar" el proyecto, ya que, según indican la mismas fuentes, cada semana entran a formar parte del PITA entre una y dos empresas; Sánchez ha solicitado el relevo al frente de la dirección del parque, una decisión que tendrá que adoptar la comisión ejecutiva.
   En este sentido, desde la tecnópolis no han podido precisar cuándo tendrá lugar la próxima reunión de la comisión ejecutiva al carecer de periodicidad fija, ni quién será propuesto para ocupar el cargo que aún ostenta Sánchez, quien antes de ocupar este puesto formaba parte del entonces Instituto de Fomento Agrario (IFA), actual IDEA.

La Junta hará público qué entidades se oponen a dar los datos de VPO vacías

SEVILLA.- El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes que la Junta no tendrá "ningún problema" en dar a conocer los nombres de las entidades financieras que se hayan opuesto a dar los datos de VPO vacías para posibilitar el cumplimiento del decreto ley de función social de la vivienda.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha indicado que lo deseable es que todas las entidades financieras participen, de una manera democrática y civilizada, mediante el diálogo y la colaboración, y ofrezcan esos datos.
   Ha señalado que si eso no es así, la Junta tendrá que "denunciar a aquellas entidades financieras que no colaboran con la sociedad", porque esto "no es colaborar con el Gobierno, sino que se trata de darle salida a las personas que lo están pasando mal".
   Según ha explicado el portavoz, la Junta lleva pidiendo esos datos a las entidades financieras desde el último trimestre de 2012 y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha reiterado en varias ocasiones esa solicitud para que colaboren a dar "esa utilidad pública al bien social que es la vivienda".
   Ha señalado que hay entidades financieras que no están queriendo colaborar, cuando sería bueno que por el bien de esas personas que están en riesgo de perder sus viviendas, colaboren para buscar una solución social a ciudadanos que lo están pasando muy mal.
   Miguel Ángel Vázquez ha agregado que la consejera de Fomento y Vivienda está administrando este asunto con eficacia y contundencia, y ha insistido en que la voluntad del Gobierno andaluz es "dar cumplimiento fiel" al decreto ley de función social de la vivienda.
   Ha señalado que si el retraso para que las entidades financieras aporten esos datos es pequeño, "bien está lo que bien acaba", y ha querido dejar claro que la Junta no va a perder ni un minuto en reivindicar a las mismas el cumplimiento de lo recogido en el decreto ley.

Amat anuncia que sus ayuntamientos se acogerán al decreto de medidas de exclusión social pese al "sacrificio"

ALMERÍA.- El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha afirmado este martes tras el comité director de su partido que los ayuntamientos almerienses de su signo se acogerán al decreto andaluz de medidas contra la exclusión social pese al "sacrificio" y "esfuerzo" que van a tener que hacer los consistorios para poder cumplir con los requisitos del plan y las aportaciones extraordinarias a las que, según Amat, se verán abocados. 

   En rueda de prensa, Amat ha asegurado que el plan diseñado por la Junta "no será" el que necesita los ciudadanos, toda vez que se ha cuestionado si el Gobierno andaluz volverá a "comprometer" a todos los ayuntamientos. "¿Vamos a seguir esperando a que nos mande el dinero cuando quiera o va a mandarlo para poder pagar?", se ha preguntado el también alcalde de Roquetas de Mar.
   En esta línea, el presidente de los 'populares' de Almería espera que el Ejecutivo autonómico "cumpla con sus obligaciones" para que los ayuntamientos puedan "hacer frente" a los gastos que tendrán mensualmente, ya que, según ha apuntado, serán los consistorios los que tengan que comprar materiales y "trajes de faena" para los trabajadores que se contraten.
   "Ahora se vende a bombo y platillo el plan para comprar comidas, para ayudar a la dependencia y para meter a una persona tres meses a trabajar", ha dicho el líder del PP almeriense quien, pese a todo, en su discurso ha dejado claro que estas medidas se muestran insuficientes para los ciudadanos.  
   Con esto, el también presidente de la Diputación Provincial de Almería ha puntualizado la situación "muy delicada" que atraviesan sobre todo los ayuntamientos pequeños para poder financiar los planes, sentido en el que ha incidido en que "si no fuera por la Diputación de Almería y por su ayuda estarían pasando muchas más dificultades", dado que, según ha apuntado, hasta el momento la institución ha adelantado más de 20 millones de euros a los consistorios.

Condenan al Ayuntamiento de Almería a indemnizar a tres comerciantes por las obras del párking de Obispo Orberá

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a tres comerciantes de Almería capital y les ha reconocido su derecho a ser indemnizados por el Ayuntamiento y la UTE Gestvivienda-Construaran debido a los daños y perjuicios que les ocasionó la demora en obra para la construcción del aparcamiento subterráneo de la calle Obispo Orberá entre los años 2002 y 2004.

   La sentencia del Alto Tribunal estima los recursos de apelación interpuestos por dos de los perjudicados contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Almería, que reconoció únicamente el derecho a indemnización a uno de ellos. No obstante, admite también parcialmente la impugnación de la UTE demandada y rebaja a la mitad la indemnización de 90.743,70 euros que fijó para Antonio Belmonte.
   La resolución subraya que los demandantes "no tenían el deber de soportar el daño que las obras podían provocar" y añade que esos "daños o molestias no se pueden incluir en aquellos que debe soportar cualquier persona por el funcionamiento de los servicios que se prestan".
   "Lo único cierto es que se han ejecutado unas obras que han podido provocar daños a terceros, sin que estos tengan la obligación de soportarlos", remarca.
   El Alto Tribunal no entra, sin embargo, a fijar la cuantía que deben percibir como indemnización tanto Guillermo Blanes como Juan Mañas y emplaza al momento de ejecución de sentencia para concretarla. El primero cifró el lucro cesante en las tiendas de su propiedad en un máximo de 787.954.86 euros mientras que el segundo lo cuantificó en 70.000 euros.
   Para la sala de lo contencioso-administrativo resulta evidente que la ejecución del aparcamiento provocó "graves dificultades de circulación, incluso por la acera" y produjo una "disminución sensible del flujo de viandantes potenciales, que utilizaban vías alternativas, habiendo observado --añade-- una disminución de la cifra de negocios de todos los que se encontraban en la zona".

Fomento privatizará las autopistas en problemas tras "una etapa pública"

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé privatizar la empresa pública que planea constituir con la decena de autopistas en problemas, tras una "etapa pública" y una vez se "resuelva su situación y su financiación", según apuntó el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

   El empresario ratificó que el Departamento que dirige Ana Pastor trabaja en integrar a las vías con problemas en una empresa "con mayoría de capital público" y que contará con participación de las concesionarias y constructoras actuales titulares de las vías.
   "Trabajamos para integrar las autopistas en una sociedad pública que, una vez las vías estén funcionando, estén financiadas y den resultados, se pueda privatizar de nuevo", destalló Villar Mir en la rueda de prensa previa a la junta de accionistas de OHL.
   El empresario indicó que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha planteado esta solución tras constatar que no ha sido posible "acordar una solución privada para estas vías, dado que tienen muchas dificultades y la mitad de ellas ya están en concurso".
   OHL es titular de la autopista Eje Aeropuerto, que une Madrid con Barajas, una de estas diez autopistas en problemas por la caída de los tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones.
   Entre el resto de vías con dificultades, también participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.

El abogado del Estado, Demetrio Carmona, queda imputado por presunta extorsión / Pepe Fernández

El ex jefe de los abogados del Estado de Almería, Demetrio Carmona del Barco, ha quedado formalmente imputado en el sumario de la "Operación Tres Reyes",  acusado de un presunto delito de extorsión.

Las fuentes consultadas han informado que la declaración de Carmona en presencia de la juez y la secretaria del Juzgado, se prolongó durante una hora y veinte minutos. Carmona, siempre según las mismas fuentes, ha respondido ampliamente a todo cuanto se le ha preguntado, especialmente en hechos o supuestos sustentados en grabaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil.

La mayoría de las preguntas han girado en torno a tres asuntos concretos, que no han sido revelados por estar bajo secreto.

En las declaraciones de esta mañana no estuvo presente la representante del ministerio fiscal, y la instructora no permitió a Carmona salirse del eje central de la investigación. Rechazando en ese contexto que, en ese mismo acto, hiciese entrega de abundante documentación que avalaría, según Carmona, la existencia de una trama criminal organizada, que se habría marcado como objetivo, entre otras cosas, su cese al frente de la Abogacía del Estado de Almería, tras 25 años en el puesto. El día 30 de enero pasado se formalizó oficialmente su caída.

No obstante, la juez admitió que podría presentar dicha documentación, ordenada, en el momento procesal oportuno; esto es cuando se levante el secreto y procedan las partes personadas.

Papeles que entran y salen
Gran parte de esa documentación, asegura el abogado del Estado, no ha sido la primera vez que entra en un despacho institucional. 

El día que Carmona y Pepe Abad (el conseguidor amigo del PP, en prisión) visitaron a Amat en la Diputación, ya la llevaba Demetrio en su carpeta. No hizo falta entregársela, cuenta, ya que Amat la rechazó argumentando que hacía años que le conocía, que confiaba plenamente en él y que sabía que todo cuanto le contaba era la verdad. También entraron esos papeles en el despacho del sub delegado del Gobierno, Andrés García Lorca; el mismo que les comentó que trasladaría el asunto a la delegada del Gobierno y a Gabriel Amat. García Lorca solo tomó notas.

Esos papeles estuvieron a punto de llegar a otro despacho, su destino final: el del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; entrevista que nunca llegó a materializarse por el estallido de la operación y que  se estaría gestando con el apoyo de Gabriel Amat . Los papeles entraron esta mañana en el juzgado, pero deberán esperar para que sean foliados y sellados en la causa con dos presos.

Junto a Carmona también ha quedado imputado, por los mismos motivos, su amigo, abogado y socio Rogelio Vargas y el socio de éste, Ángel Morales. Su declaración ha sido muy breve, no más de diez minutos.

La juez tampoco le ha permitido al abogado del Estado extenderse en su memorial de agravios por el trato recibido tras su detención por parte de los agentes actuantes de la Guardia Civil. Que literalmente le quitaran de las manos un rosario con el que rezaba en la puerta de los calabozos de la Comandancia; fue quizás el momento más humillante de todos.

Carmona confiesa que sale satisfecho tras su declaración ya que cree que hoy ha empezado a demostrarse ante la Justicia que él ha sido objetivo y víctima al mismo tiempo en la Operación Tres Reyes, tras la que se ocultaría una compleja trama que le persigue desde hace años.

El abogado del Estado, Demetrio Carmona, declara hoy ante la juez, 25 días después de ser detenido / Pepe Fernández

En el juzgado Número 1 de Almería prosigue, bajo secreto del sumario, la instrucción de la Operación “Tres Reyes” que arrancó el 18 de abril pasado y que llamó especialmente la atención de la opinión pública por la detención, junto a seis personas más, del Abogado del Estado de Almería Demetrio Carmona del Barco. El único nombre que, con prontitud, se filtró desde instancias gubernamentales vinculándolo en solitario a esta cinematográfica y singular operación. 
No fue esa la única pena, o “desgarro personal”, que le tocaría padecer a Carmona en este trance. Ya en su detención, horas antes,  tuvo que resignarse a que no le permitieran rezar el Rosario -es católico practicante- mientras esperaba su turno en un banco de la zona de calabozos de la Comandancia de la GC almeriense. 
El pasado viernes, sin ir más lejos, dos Inspectores de Trabajo de una determinada provincia andaluza, tuvieron que comparecer como testigos ante la juez y la fiscal que llevan esta compleja, por extraña, investigación, declarada secreta. Lo que evidencia que deben de haber varios asuntos más indagándose en esta causa al mismo tiempo, al margen de lo que ya se intuyen o se conocen del caso.
Pero será este martes cuando, por vez primera desde que fue detenido e imputado por la Guardia Civil, hace 23 días, declare Demetrio Carmona en sede judicial. Junto a él también declararán su amigo, abogado y socio, Rogelio Vargas y un socio de éste, el empresario Ángel Morales Ruiz. Una declaración muy esperada por todos, sobre todo por sus propios protagonistas que, por distintos motivos, se consideran víctimas de “una banda” en un contexto territorial con fuertes connotaciones políticas, venganzas personales y de corrupción generalizada. Carmona en concreto se siente sujeto pasivo de una operación de acoso y derribo de su puesto de Jefe de los Abogados del Estado, operación que con antelación habría puesto en conocimiento de las autoridades provinciales políticas y gubernativas de Almería, con “datos, nombres y apellidos, especialmente ante el sub delegado del Gobierno”.
En última instancia, tanto Carmona como Vargas, parece que fueron arrastrados al entramado que se investiga por los dos únicos presos actuales de esta Causa, José Antonio Mateo Acedo y José Abad Marcos. El primero se hacía pasar por capitán del CNI y el segundo como un intermediario de alto nivel, conseguidor de luxe, con importantes conexiones en el mundo de la política, las finanzas y conocidas empresas. Pero sobre todo proclamaba que era amigo de los que mandan ahora, destacados cargos y cuadros del PP. Incluso algún imputado en la trama Gürtell  tiene  sitio en su – se asegura- “muy interesante agenda de contactos” . Abad trasladó recientemente su residencia habitual desde Madrid a un chalé alquilado en Roquetas de Mar para, entre otras cosas, ayudar con su intermediación y contactos al Abogado del Estado en sus asuntos profesionales, personales  y negocios familiares.

El bar de la Lonja del Puerto.

Pero también para hacer caja en la zona, como en la Lonja del Puerto, donde intermedió para lograr el traspaso del bar a un tercero, según confirma la propia Presidenta del Puerto de Almería, la socialista Trinidad Cabeo. Operación que no prosperó “ya que nunca más volvió por aquí”  asegura Cabeo, de la que Abad también disponía de su  teléfono móvil.
Cabeo explicó con absoluta normalidad el contacto, no dándole mayor importancia a una propuesta más, de las muchas que llegan a la Autoridad Portuaria, de la que ni siquiera se hizo trámite administrativo alguno y dice que nunca volvió a saber del tal Pepe Abad.
Conviene recordar, una vez más, que un portavoz oficial del CNI trasladó directamente a este cronista un desmentido verbal el pasado día 25 por la noche, tras la primera información sobre este asunto publicada en este blog, aclarando que “ninguno de los nombres que han aparecido son o pertenecen al Centro Nacional de Inteligencia”. Oficialmente, por tanto, quedó desmentida la relación de la que presumían los protagonistas de este sumario.
Dado lo enrevesado de esta historia, y a solicitud de numerosos lectores que a través de mensajes dicen que se pierden en su complejidad, será conveniente intentar recapitular y ordenar resumidamente esta operación con ingredientes y nombre de “película”. (Por cierto, puestos a buscar un nombre más adecuado para esta operación,  “Juego de Tronos”, sin duda, le iría mucho mejor que “Tres Reyes”). Como también debo destacar, en honor a la verdad, que la mayoría de los datos que manejo a continuación, proceden en su mayoría de la versión que sostiene -y seguramente sostendrá ante la Juez este martes- el propio Demetrio Carmona y su entorno.

Paso a paso, la compleja historia.

Meses antes de ser cesado el 30 de enero como jefe de la Abogacía del Estado en Almería, Demetrio Carmona ya había detectado ciertos movimientos para su derribo o cese, propiciado entre altos funcionarios de su entorno e incluso “de más arriba”. Él cree que detrás de todo está la larga mano de un viejo enemigo, de un potente empresario del Levante, Estanilao Berruezo, que le ha jurado venganza hace tiempo y con el que mantiene enfrentamientos y tormentosos litigios a nivel particular, con negocios familiares de por medio; gestiones, por cierto, legalmente permitidas a un funcionario de sus nivel en la Administración española. 
Este empresario, aseguran, tendría un muy notable “club de empresarios perjudicados o damnificados”, clamando justicia en vía judicial y parece que con escasa fortuna, de momento. Un empresario tan potente capaz de obtener mil millones de euros en una sola operación con el Banco de Andalucía, ahora Banco Popular.
Hace  años, en 2007, ese mismo empresario, denunció a Carmona ante la Fiscalía Anticorrupción que le investigó a fondo, “por arriba y por abajo”, sin que el Jefe de la Abogacía del Estado supiese, durante casi dos años, que estaba siendo investigado por Anticorrupción. Una circunstancia que provocó en su día un tenso encuentro entre Demetrio Carmona y Jesús Gázquez, Fiscal Anticorrupción de Almería. Denuncia que quedaría archivada el 27 de enero de 2010 porque el empresario del Levante denunciante, según un Auto dictado por la Audiencia, no pudo demostrar las acusaciones planteadas contra Demetrio Carmona.

Nacho, el hombre del contacto.

Del Levante precisamente, Mojácar, es oriundo un conocido de Rogelio Vargas, al que todos llaman Nacho. No se conocieron en Rumanía como erróneamente se me informó hace días y así publiqué en mi primera entrega. Hasta allí con el que viajó fue con su socio Ángel Morales Ruiz. Por lo visto hubo momentos que Rumanía parecía la Puerta Purchena, con tanto almeriense junto, alguno ilustre y conocido aunque no vinculado a esta historia. (Que se sepa).
 Según cuenta el propio Vargas, Nacho Flores entró en contacto con él poco antes de aquel viaje. Fue  en Madrid donde le conoció y le presentó a un plantel de  empresarios y ejecutivos de primer nivel: El Grupo Tau, Grupo Hermanos Payá, al abogado de La Caixa Alberto Gil de la Guardia, al arquitecto Alberto Blasco con obras en Mojácar, al financiero Miguel Narváez y a la consultoría Nova Internacional, recuerda Vargas. Pasado el tiempo, tras conocer el acoso a Carmona, Nacho Flores le traslada a Vargas que está dispuesto a echarle un cable a Demetrio a través de los poderosos y buenos contactos que tiene en Madrid, en las alturas. No en vano, le dice, él trabaja para la sección empresarial del CNI y que su “jefe” directo, José Antonio, les puede ayudar y mucho. Quien hace el ofrecimiento se llama en el DNI Ignacio Flores Bernabeu,  actualmente en libertad bajo fianza de 6.000 euros, tras permanecer dos días detenido en la Comandancia de la G.C. de Almería. No llego a pisar la cárcel como su "jefe". Flores es familiar de un ex alcalde socialista en Mojácar.
A través de Flores conoce Demetrio Carmona al que todos llaman “Jefe”. Ese día, el “Jefe” iba vestido con uniforme de capitán del Ejército. Quedan citados en un McDonald, cerca de un acuartelamiento en Toledo donde supuestamente está destinado. José Antonio Mateo Acedo, es el hombre que se ofrece a ayudarle en las alturas del poder. Especialmente en el Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón, Justicia, de donde dependen los Abogados del Estado en España. Carmona no dudará sobre las intenciones reales del personaje hasta muy tarde, sin capacidad de vuelta atrás, en las jornadas previas a las detenciones. 
Poco tiempo después de aquel encuentro en Toledo aparece en escena José Abad Marcos, Pepe para los amigos, que llama a Demetrio de parte “del capitán Acedo y de Nacho”, poniéndose a su disposición para ayudarle.
Abad tiene una agenda de contactos muy notable, especialmente en el PP, donde dice que milita, habiendo sido candidato en la lista de Josep Piqué por Barcelona e incluso concejal y alcalde de un pueblo barcelonés, ya que presumía de haber sido de los poquísimos alcaldes que tuvo en esa época el PP en Cataluña.

Dinares iraquíes y bonos mejicanos.

Es en este punto del relato cuando aparecen en escena unos famosos billetes iraquíes, dinares, almacenados en una cámara acorazada de El Ejido, sacados del país tras la primera guerra de Iraq. Desde hace años sus dueños, los empresarios Juan Cantón y Manuel Rodríguez Lozano, que dicen tener legalizada la posesión de los mismos ante la Audiencia Nacional, intentan comercializarlos y sacar algún rendimiento de aquel “tesoro” improductivo que guardaban desde hace décadas a buen recaudo en el Poniente. “Hasta ahora nunca los pudieron colocar”, asegura un empresario que recibió el encargo para venderlos años atrás.

Y favor por favor. Es cuando el supuesto capitán le pide a Demetrio Carmona que intermedie con uno de los propietarios del dinero al que conoce, Manolo Rodríguez Lozano, ya que le han encomendado un servicio oficial desde “La Casa”, cuyo objetivo final es que ese dinero vaya a los EEUU. Unos billetes que podrían servir para canjearlos en Iraq pagando inversiones, avales etc. Por su parte, Acedo, tenía en su poder unos bonos, posiblemente mejicanos, que pretendía comercializar vía Suiza. Todo muy extraño ya que el asunto de estos bonos, no es conocido por Carmona, solo por su socio Vargas, al que Acedo le solicita financiación para poder comercializarlos en Suiza.

Dos historias, los mismos protagonistas.

Llegados aquí, las dos historias, siguen funcionando en paralelo y como nexo de unión entre ambas, amén de los formalmente imputados y en prisión, Acedo y Abad, aparece el Abogado del Estado de Almería, envuelto en una espiral que escapa a su control. 
Por un lado los supuestos espías negocian directamente los dineros iraquíes con Rodríguez Lozano, tras el contacto establecido por Carmona. Y éste a su vez, con la inestimable ayuda de Pepe Abad, intenta montar una estrategia de defensa de su nombre, honor y prestigio que le conduzca hasta el mismísimo ministro Ruiz Gallardón para que tome cartas en lo de su cese y haga Justicia. Ambos creen que Gabriel Amat, amigo personal de Carmona desde hace años, es la persona ideal para establecer ese puente, dadas sus buenas relaciones con “Albertito” y su entorno. Pepe Abad también dice ser amigo de Amat y sus teléfonos están también registrados en su agenda. Carmona confirma esa cordial relación con Abad cuando Amat les recibe a ambos en el Palacio Provincial.

Pasadas las semanas lo que parecía una negociación formal entre los supuestos espías y el dueño del botín de los billetes con “los tres caballitos” dibujados, se convertiría en un presunto chantaje y extorsión con amenazas e intento de secuestro del empresario propietario de los mismos, Manuel Rodríguez Lozano. Todo ello sucede en una gasolinera de Aguadulce. Ese hecho es el que judicializa el caso a través de la G.C.

  Un conseguidor de lujo

“Pepe Abad es un tipo –confiesa Demetrio Carmona- del que no tengo ninguna queja porque a mí me ha sido útil y lo que me ha prometido lo ha cumplido. También era consciente de que tenía que abonarle sus servicios, cosa que hubiese hecho sin problema”. En efecto, Abad le resuelve, entre otros temas, un asunto financiero en las alturas de Bankia o le organiza las entrevistas con el Sub Delegado del Gobierno, Andrés García Lorca y con el Presidente de la Diputación y del PP Almería, Gabriel Amat. Los encuentros se celebran en sus respectivos despachos oficiales para denunciarles, “con todo detalle”, la supuesta trama de corrupción e intereses que se ocultarían tras su cese. 
Carmona, en ese tiempo, queda impresionado cuando escucha a su flamante “primo de zumosol” hablar con  gente muy relevante por teléfono o en persona. Como el alcalde Rodríguez Comendador al que saluda efusivamente en público. Y a su mano derecha en la corporación, Manuel Guzmán, que le tiene más que localizado en su agenda de contactos políticos almerienses, con teléfonos móviles y fijos. Tanto le impresionan a Carmona las llamadas que realiza Abad como las que recibe. En algunas pone hasta el “manos libres” para que escuche a su interlocutor, con lo que Abad se gana totalmente su confianza en muy poco tiempo. Llega un momento, en esas conversaciones que escucha, en las que oye a Nacho Flores habla en mal tono de Carmona y Vargas, primera señal, interpretan, de que Abad se está desmarcando de los “espías” porque no se fía de sus tejes y manejes.

“Tres Reyes” llega al Senado.
  
Sin duda es en este punto donde se encuentra el nexo con la política. De ahí que los senadores almerienses del PSOE pregunten en el Senado por la entrevista en sede oficial del sub Delegado del Gobierno con Carmona, Vargas y Abad al menos en tres ocasiones antes de sus detenciones. García Lorca, que ha colaborado en el pasado con el despacho de abogados de Rogelio Vargas haciendo peritaciones, ha calificado los contactos previos con los implicados como “confidenciales”, dándole quizás un carácter más personal a los encuentros y se ha negado a explicar nada más. Gabriel Amat ni eso. El presidente del PP y de la Diputación se ha limitado a llamar “sinvergüenza político” a un adversario que le preguntó desde el PSOE. Hace unos días, arropado por la delegada del Gobierno Mª Carmen Crespo y todos los sub delegados andaluces reunidos en Roquetas, Amat se permitió avanzar que la Operación Tres Reyes estaba más cerca de gente del PSOE que del PP.

¿Quién es Pepe Abad?

A grandes rasgos este podría ser un intento de resumen de esta complicada historia vista por algunos de sus protagonistas más destacados, a falta, claro está, de lo que verdaderamente contraste y confirme el sumario que se instruye, la única verdad que finalmente habrá en la vía penal. Pero las explicaciones políticas son otra cosa. Y esas no llegan.
En esta operación judicial llama poderosamente la atención, desde la perspectiva política no penal, la figura de Pepe Abad. ¿Quién es este misterioso Pepe Abad, que casi nadie dice conocer en Almería, pero que dispone de los teléfonos móviles y directos de infinidad de políticos, funcionarios, empresarios y personajes públicos de este país? Un personaje, en la prisión de El Acebuche desde hace más de tres semanas, que era recibido en los despachos oficiales de Almería sobre la marcha y casi sin avisar previamente.

Los nervios, malos consejeros.

Se empieza a comprender ahora el nerviosismo que proyecta públicamente el presidente de la Diputación y del PP de Almería en las últimas semanas. Uno de los síntomas visibles ha sido formalizar un acto de conciliación, con amenaza de querella si no hay acuerdo, algo bastante inusual en su trayectoria política. Ahora lo hace para defender su honor en un juzgado de Roquetas contra la presidenta y algunos miembros de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), quienes previamente le habían denunciando ante la Fiscalía Superior de Andalucía, en Granada, con cuyo titular, Jesús García Calderón, se llegó a reunir con la AMAyT. Desde entonces la Fiscalía tiene sometido al alcalde de Roquetas a una extensa investigación sobre sus actuaciones en estos años, según se ha confirmado oficialmente. 

A nivel regional, el PP-A de Juan Ignacio Zoido, no se ha pronunciado en torno a esta tormenta en el desierto político almeriense. Seguramente porque históricamente ha sido un feudo controlado personalmente por Javier Arenas, a través de su “hermano mayor” Gabriel Amat . Pero sobre todo porque resulta muy difícil comprender el puzle político, sociológico y de intereses que, tanto PP como PSOE, han configurado y propiciado en estos años en un territorio bello y rico, pero aislado e incomunicado por los centralismos de Madrid y Sevilla. Tierra, por tanto, objetivo de los saqueadores más diversos.

'Costa de Almería' cierra su primer 'roadshow' por Andalucía con la asistencia de 150 agencias

ALMERÍA.- El Patronato de Turismo de Almería, empresarios turísticos y asociaciones del sector han cerrado su primer 'roadshow' en el que ha llevado la marca 'Costa de Almería' a las provincias andaluzas de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada mediante una treintena de representantes que han mostrado a 150 agencias de viaje las posibilidades del destino. 

   Así lo ha trasladado la institución provincial en una nota en la que la gerente del Patronato de Turismo, Natalia Díaz, ha apuntado que "esta experiencia pionera por parte del Patronato ha sido todo un éxito" puesto que "turistas potenciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada han conocido nuestras excelencias".
   Las presentaciones contenidas dentro del programa en España han sido una idea de promoción de la provincia en el mercado nacional, especialmente en el mercado andaluz, y han tenido lugar los días 6 y 10 de mayo. El grupo estuvo formado por una treintena de representantes de la oferta turística de las que el 50 por ciento fueron empresas turísticas y las otras dos cuartas partes asociaciones empresariales y ayuntamientos del interior y litoral de la provincia.
   La respuesta de los participantes ha dejado "muy buenas sensaciones" tanto entre la organización como entre los visitantes, que han demandado información. Se ha logrado la asistencia de 150 agencias de viaje. Las ciudades con mayor afluencia de profesionales de la intermediación fueron Málaga y Granada, donde las expectativas depositadas "se vieron superadas" mientras que Córdoba, Sevilla y Jaén "cumplieron las previsiones".
   Actualmente, estos mercados de proximidad se han convertido en un "excelente bálsamo" para "contrarrestar y hacer frente de un modo óptimo" a la crisis que afecta a todos los sectores. Precisamente una de las premisas propuestas desde las instituciones turísticas públicas es fomentar el turismo en el interior de las fronteras provinciales.
   "Si hablamos de Andalucía, esto se hace cada vez más necesario", ha apuntado Díaz para quien "ya que no cabe duda de que en los últimos años, el mejor turista nacional ha sido el andaluz dentro de la Comunidad Autónoma y esto es precisamente lo que estamos buscando potenciar con actividades de este tipo".
   El Patronato Provincial de Turismo trabaja en la preparación de nuevas citas con las que pretende convertir el destino Almería en uno de los más demandados.

Un empresario agrícola de Almería abandona sus tierras y a 120 empleados al no poder pagar

ALMERÍA.- Un empresario agrícola de Almería ha abandonado sus 34 hectáreas de cultivo y a 120 empleados "al no poder hacer frente al pago de las nóminas" que los empleados le reclaman desde hace entre cuatro y doce meses, de forma que les ha enviado un mensaje de texto en el que anunciaba que tanto él como su esposa abandonaban el país.

   Así lo ha criticado el sindicato SOC-SAT a través de su blog, en donde explican que el agricultor posee tierras en El Ejido, La Mojonera y Níjar, donde cultiva tomates y pimientos en unos invernaderos que se encuentran "en plena producción".
   No obstante, a mediados de la semana pasada y según la versión del sindicato, el empresario envió un SMS a algunos de sus trabajadores y al encargado de la finca en el que manifestaba que "abandonaba las tierras porque no podía hacer frente a los gastos y que tanto él como su mujer se marchaban del país", una situación que se produce pese que había anunciado previamente que trataría de corregir la situación.
   El SOC-SAT apunta además que algunos trabajadores han sido notificados de su baja en la Seguridad Social por mensaje de texto aunque ninguno ha recibido la obligatoria notificación de despido.
   Ante esta situación, el sindicato ha propuesto enviar un burofax a las oficinas de la empresa responsable para solicitar al empresario que proceda a los despidos correspondientes, "lo que implica cobrar una indemnización y saldar la deuda".
   Así, si en el plazo dictado no responde a su petición, "los trabajadores continuarán trabajando el campo, puesto que están en plena cosecha hasta agosto y se plantean comercializar ellos mismos los productos para no echarlos a perder". Además han anunciado su intención de no marcharse si no son despedidos formalmente ya que "se les podría acusar de abandono de su puesto de trabajo".
   El SOC-SAT ha pedido la colaboración de los afiliados que puedan acercarse a la finca a "solidarizarse" con los trabajadores, así como de las organizaciones fraternas e incluso de las autoridades competentes.

Un edil demanda al alcalde de Fines por injurias al asemejar su situación con el caso Ponferrada

ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Fines, Juan Herrero, ha interpuesto una demanda de conciliación previa querella contra el alcalde de la localidad, Rodrigo Sánchez (PP), ante un presunto delito de calumnias e injurias con publicidad tras haber señalado en un pleno que está "acusado de acoso por una vecina de Fines" y haber comparado su situación ante los medios de comunicación con la del 'caso Ponferrada'. 

   En la demanda presentada ante el Juzgado de Instrucción Único de Purchena, el denunciante exige al regidor 'popular' que reconozca que las manifestaciones realizadas durante el pleno "son falsas y carentes de verdad", de manera pide que "en el próximo pleno que celebre el Ayuntamiento se reconozca públicamente el error". Asimismo, pide que se reconozca el "daño moral que ha podido producir la confusión".
   El demandante apunta en su escrito que a raíz de la denuncia de una vecina del municipio él declaró por un presunto delito de "amenazas y no por acoso", si bien posteriormente la denuncia fue archivada. No obstante, ha explicado que durante la discusión sobre este aspecto durante el pleno "el alcalde interrumpió mi uso de la palabra para que no aclarase la verdad de lo ocurrido".
   Herrero expone además que durante el debate y en presencia de "al menos 300 vecinos del pueblo", el alcalde formuló sus acusaciones "dejando entrever que soy un acosador"; unas manifestaciones que, según recoge en su demanda, "han continuado en los medios de comunicación por su partido" para "comparar mi situación con la del caso de Ponferrada".
   El concejal socialista, que reconoce haber sido condenado en un procedimiento civil a pagar las costas, critica que se "ha utilizado este hecho" para anunciar la condena "si bien se guarda silencio" a la hora de "diferenciar ese aspecto del penal" para "generar confusión".
   Ante esto, el demandante asegura que el debate plenario se desarrolló para generar "una corriente de opinión" en la que quedaría como "un acosador" y "condenado", una cuestión "reprobable e inaceptable", a juicio del demandante. "Es, sin duda, el recurso más ruin al que se puede acudir para desacreditar la labor que ejerzo como oposición en el Ayuntamiento de Fines", ha añadido Herrero.
   El PSOE ha añadido en una nota que el comportamiento de Sánchez "sólo pretendía dejar de ser por un día el foco de atención, dado el largo historial de problemas con la justicia que arrastra tras de sí".
   En este sentido, Herrero ha recordado que el alcalde del PP en Fines está imputado, actualmente, por dos delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia a la autoridad, prevaricación, agresión y amenazas, y está implicado en cinco casos judiciales distintos.

La lucha contra el fraude fiscal permite recaudar 76,8 millones adicionales más en Almería

ALMERÍA.- La Agencia Tributaria de Almería ha reforzado la lucha contra los arrendamientos no declarados, el fraude de profesionales y las rentas ocultas en el exterior en una particular batalla con la que reducir a la mínima expresión la economía sumergida.

 El Plan de Control de 2012 ha permitido recaudar en el último año un 4,2% más, en total de 76,81 millones de euros que se han ingresado en las arcas públicas contribuyendo a la consecución de objetivos de ingresos del Estado. 
 Según las estimaciones del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA),  sobre economía sumergida en la provincia, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, eran 2.653 millones de euros.
Junto a esta mejora de los resultados recaudatorios de la lucha contra el fraude, en 2012 se han reforzado las actuaciones inspectoras. El pasado año la Agencia Tributaria en Almería liquidó actas de inspección a 232 contribuyentes un 3,75 % más que en 2011. Este incremento resulta intenso en el ámbito del control de profesionales y en el análisis de signos externos de riqueza.
El panorama económico también ha llevado a la decisión de diseñar un plan especial contra la economía sumergida. En virtud del mismo, desde la pasada primavera la Agencia Tributaria viene desarrollando un programa de actuaciones presenciales en sectores o áreas de especial relevancia socioeconómica. Se han detectado situaciones de riesgo fiscal en más del 40% de los casos analizados en la provincia tras 362 actuaciones presenciales, el 10% de la comunidad andaluza.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha estimado, en base a los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de las estadísticas de viviendas por provincias, que en Almería existen en la actualidad alrededor de 10.680 inmuebles alquilados sin declarar frente a los alrededor de 15.000 que si lo vienen haciendo. El cálculo del fraude aproximado en alquileres de vivienda en la provincia de Almería asciende, según las estimaciones del Sindicato de Técnicos delMinisterio de Hacienda, a alrededor de 17,7 millones de euros, según el diario Almería. 

jueves, 9 de mayo de 2013

El juez cita a declarar a los imputados por el caso 'Facturas' en el Patronato de Turismo de Almería

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería ha resuelto citar a declarar en calidad de imputados al exvicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, el socialista Luis Pérez Montoya, y el exgerente bajo su mandato, Francisco Iglesias, en el marco de las diligencias penales incoadas para dirimir si incurrieron en presuntos delitos continuados de falsedad y malversación con la emisión de "facturas ficticias" por un importe superior a 60.000 euros.

   Fuentes judiciales han indicado que el auto dictado por el magistrado Luis Durbán cita para el próximo día 16, asimismo, a la exsecretaria delegada del patronato, María Teresa G.R., quien, según la Fiscalía, habría dado conformidad a las facturas supuestamente "fraudulentas", y al gerente de la agencia de viajes que las emitió. Ambos han sido imputados por los mismos delitos.
   La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra los cuatro a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos trasladados por el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, tras detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
   Según recoge la denuncia del Ministerio Público, el informe policial y la documentación incorporada "evidencian" que en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de 2010, que se aprobó por el Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo el 11 de abril de 2011, se incluyen "diversas facturas" emitidas por una agencia de viajes de la capital que contienen "conceptos por servicios no realizados".
   En concreto, estas facturas "ficticias", que eran "conformadas por María Teresa G.R. y que "superan en total los 60.000 euros", detallan "personas, lugares, hoteles y vuelos para justificar los importes emitidos que corresponderían --remarca la denuncia-- a otros viajes y hospedajes distintos a los facturados".
   El fiscal jefe, Antonio Pérez Gallegos, considera que, sin perjuicio de una "ulterior y más depurada calificación", los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de malversación, por lo que resuelve que procede formular denuncia contra "los que parecen ser los responsables".
   Al hilo de esto, interesa la incoación de procedimiento penal y solicita que se reciba declaración en calidad de imputados, entre otros, al exvicepresidente del Patronato y de la Diputación Provincial, el socialista Luis Pérez Montoya, quien, según consta en el informe de la Policía Judicial, realizó "un viaje privado a Edimburgo (Escocia) en 2010 junto al gerente y otras personas que habría sido sufragado" por la institución.
   También pide que declare como imputado el exgerente Francisco Iglesias, ya que aparece en "todas las facturas ficticias como una de las personas que realizó los viajes a distintas ciudades europeas y que, realmente, no se realizaron", y de la entonces secretaria delegada del Patronato por "conformar y firmar" las citadas facturas.
   En el caso del gerente de la agencia de viajes, J.G.F.M., apunta que "confeccionó" las facturas incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de 2010, y pide que se le requiera para que aporte la documentación "referida a los viajes realizados efectivamente y por lo que no realizó facturas según sus manifestaciones a los agentes de la Policía". La denuncia solicita también la declaración de otras cuatro personas en calidad de testigos.
   En el decreto, la Fiscalía Provincial acuerda, asimismo, remitir copia del informe de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a la Agencia Tributaria por si procede iniciar un procedimiento sancionador por las "irregularidades contables" que se indican en el citado informe policial.
   La denuncia del equipo de gobierno de la Diputación de Almería se formuló a principios de 2013 ante posibles irregularidades detectadas en facturas del Patronato de Turismo durante el mandato del PSOE. El PP remitió a la Fiscalía en enero un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por este órgano y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
   En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.

La jueza desestima la personación de la exdelegada de Medio Ambiente en el caso de la cuenta de Junta

ALMERÍA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha desestimado la personación de la exdelegada provincial de Medio Ambiente en Almería Sonia Rodríguez en las diligencias por las que se investiga el presunto uso fraudulento de 300.000 euros de una cuenta no fiscalizada de la Junta de Andalucía, al entender que hasta el momento se encuentra "al margen" de la causa. 

   Así lo han comunicado fuentes judiciales, quienes han señalado que la decisión de la juez mantiene apartada del proceso judicial a Rodríguez sin perjuicio de que pueda ser requerida por el Juzgado, según el avance de la investigación, para "testificar" en relación al presunto fraude durante su etapa en el Gobierno andaluz.
   Fue la propia exdelegada quien al considerarse "perjudicada" por el presunto fraude "en la misma proporción que el actual delegado" de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, y con la intención de "aportar cualquier aclaración y de defender su honorabilidad", solicitó "de forma voluntaria" el pasado 26 de abril su personación en la causa.
   El proceso arrancó a raíz de una denuncia formulada el pasado 1 de febrero por el actual delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, quien ha declarado en calidad de perjudicado denunciante.
   Las presuntas irregularidades denunciadas por la Junta de Andalucía sobre la cuenta del Fondo de Mejoras Forestales de la Delegación Territorial de la Consejería en Almería abarcan un periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, tiempo en el que supuestamente se extrajeron 300.000 euros mediante cheques al portador.
   Durante este periodo estuvieron al frente la propia Rodríguez, el actual delegado territorial y el exdelegado Clemente García, imputado en la causa por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras haber prestado declaración junto al funcionario autonómico F.J.T., también imputado por el mismo delito y quien, según se desprende de la denuncia, figuraba supuestamente como "autorizado" en la cuenta desde la que presuntamente se malversaron 300.000 euros.
   Rodríguez ha manifestado su "más absoluto rechazo" hacia estas prácticas, toda vez que ha defendido que estuvo "completamente al margen del funcionamiento de dicha cuenta y de las presuntas irregularidades" que sobre la misma se han cometido supuestamente entre los años 2009 a 2012.
   "Durante mi etapa al frente de la Delegación no tuve la oportunidad de denunciar el presunto delito porque no fui conocedora del mismo, en caso contrario, no habría dudado un segundo en poner el caso en conocimiento de la Justicia", expuso al tener conocimiento de las presuntas irregularidades.

El PSOE reclama a Diputación "un verdadero plan de carreteras" que mejore las infraestructuras y cree empleo

ALMERÍA.- El grupo del PSOE en la Diputación Provincial de Almería ha reclamado este jueves al equipo de gobierno la puesta en marcha de "un verdadero plan de carreteras" que "sí sirva" para mejorar las infraestructuras de la provincia "y que al mismo tiempo contribuya a la generación de puestos de trabajo".

   La portavoz del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez Felices, ha presentado una relación de vías que necesitan una intervención "de manera urgente", pero que "incomprensiblemente no aparecen en el Plan de Carreteras que presentó recientemente el equipo de gobierno", por lo que ha pedido al equipo que dirige el presidente de la institución, Gabriel Amat (PP), que "las incluya".
   Pérez Felices considera que el Plan de Carreteras que ha redactado el equipo de gobierno es un documento "a todas luces insuficiente" para dar respuesta a las necesidades de la provincia en materia de carreteras y ha señalado que "una gran parte del presupuesto que contempla" se destina "a trabajos de mantenimiento" como la limpieza de cunetas o el saneo de malecones,
   Para la portavoz socialista, estas actuaciones son "normales" y la Diputación "tiene la obligación de realizar todos los años para garantizar la seguridad vial", por lo que "no pueden ser presentadas a los ciudadanos como parte de un plan de carreteras extraordinario, porque no lo son".
   La propuesta elaborada por el PSOE contempla casi una veintena de vías de la provincia en las que los socialistas advierten de que es "necesario" acometer mejoras del trazado, colocar elementos de protección o eliminar intersecciones peligrosas.
   Con la incorporación de estas propuestas, el plan "necesitaría una inversión de entre seis y siete millones de euros", según los cálculos del PSOE, que advierte de que "ese dinero no sólo serviría para mejorar las condiciones del tráfico en nuestras carreteras, sino que además permitiría crear un importante número de puestos de trabajo, de los que nuestra provincia está tan necesitada".
   "Le pedimos una vez más a Amat que tome cartas en el asunto, que sume en lugar de restar y que se implique con las personas que peor lo están pasando", ha señalado Pérez Felices, quien se ha dirigido al presidente para que "demuestre de una vez por todas que quiere hacer algo por arreglar el problema del paro en Almería".
   Del listado de carreteras propuestas por el PSOE para entrar a formar parte del plan de la Diputación, Pérez Felices ha destacado el caso de las carreteras que discurren de Lubrín a Albanchez, de Lubrín a El Chive y de Felix a Vícar, en las que "los trabajos de mejora ya se habían empezado, pero fueron paralizados, hace ya dos años, con la llegada del PP al Gobierno de la Diputación".
   La portavoz socialista también ha señalado la conveniencia de que se actúe "cuanto antes" en la carretera que une Chirivel y Albox por El Saliente y Los Cerrillos, sobre todo teniendo en cuenta que es una vía en la que confluyen distintas poblaciones no sólo de Almería, sino también de otras provincias, y que en 2016 se cumplirá el 300 aniversario del Santuario del Saliente, lo que "sin duda provocará una notable afluencia de visitantes a la zona".
   Pérez Felices también se ha referido al caso de la carretera AL-3300 entre Roquetas de Mar y El Solanillo, cuya mejora "ha sido solicitada por la oposición a través una moción presentada en el pleno provincial, aunque el presidente de la Diputación parezca haberlo olvidado".

Ferrer destaca que las políticas de la Junta para colectivos vulnerables supone una inversión de 25 millones en Almería

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, ha destacado este jueves que el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda y los planes extraordinarios de la Junta, dirigidos a los colectivos más vulnerables, suponen una inversión en la provincia de más de 25 millones de euros.  

   En rueda de prensa, Ferrer ha valorado la actuación de la Junta de Andalucía en la defensa de los servicios y prestaciones públicas, la lucha contra el desempleo y la atención a los sectores de la población más vulnerables ante la crisis, como las prioridades de la Junta durante el primer año de la IX Legislatura.
   Así, se ha referido a la aprobación de más de 100 medidas, 18 de ellas de legislativas, puestas en marcha para combatir la crisis por el ejecutivo andaluz, un gobierno "activo y sensible", que "antepone las personas a las cifras y a los mercados", "con vocación de diálogo, de acuerdo y de movilización".
   Entre ellas, ha trasladado el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda y los planes extraordinarios, dirigidos a los colectivos más vulnerables, que suponen una inversión en la provincia de más de 25 millones de euros.
   Se trata del Plan de Choque por el Empleo, dotado con 18,8 millones de euros, y el Decreto Ley de medidas urgentes contra la exclusión social, que destina a Almería más de seis millones de euros.
   Del balance del primer año de legislatura, "un año difícil y con menos recursos de los que corresponden a Andalucía", Ferrer ha reivindicado, frente a los recortes estatales impuestos por el Gobierno central, "otra forma de hacer política y de gobernar", que ha supuesto, según ha subrayado, el "mantenimiento" de los sistemas públicos de educación y de salud.
   La Junta destina el 32 por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2013 a la educación y a la financiación en solitario de prestaciones como las becas y las ayudas a las familias, que se han incrementado un 14 por ciento.
   En la provincia de Almería y en el curso actual, la Junta está invirtiendo 19,8 en la mejora y reforma de centros educativos y otros 42,2 en los diferentes servicios y programas de apoyo a la familia. Andalucía, según ha destacado también, es la comunidad española con mayor volumen de obra pública escolar licitada. Los proyectos que se llevan a cabo a través del Plan Ola generarán en Almería unos 730 puestos de trabajo en la ejecución de 61 actuaciones.
   Ferrer se ha referido, además, a la defensa del sistema sanitario público y de las prestaciones sociales como "otro eje de la acción del Gobierno andaluz"', con el objetivo de preservar los logros del estado de bienestar frente a los recortes y las privatizaciones impuestos por el Gobierno central en áreas como el copago farmecéutico, el transporte sanitario o la atención a personas extranjeras en situación irregular.
   En el ámbito de los servicios sociales, la Junta ha tratado de "mitigar los fuertes recortes estatales", especialmente, en la atención a la dependencia. En la provincia de Almería hay más de 13.600 personas dependientes que reciben algún tipo de prestación. En 2012, la administración autonómica destinó 48 millones de euros a las prestaciones económicas para el cuidado de las personas dependientes en el entorno familiar, 40 para el abono del servicio de ayuda a domicilio, otros 40 millones más para la financiación de las 2.700 plazas en residencias y unidades de estancias diurnas para mayores y personas con discapacidad, y más de 6 millones en concepto de salario social.
   Sobre la reactivación económica, Ferrer ha destacado el apoyo de la Junta a los sectores productivos de la provincia, los incentivos destinados a pymes y los programas de fomento de la innovación y el desarrollo empresarial.
   Así mismo, ha valorado la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible, el Plan Andaluz de la Bicicleta, el programa 'La Ciudad Amable', y la creación de la oficina de asesoramiento contra los desahucios como parte del balance del primer año de la IX Legislatura. Para la delegada del Gobierno, la creación de empleo es el objetivo prioritario de la Junta, cuyas políticas seguirán orientándose a combatir las causas de la crisis y sus consecuencias.

El Banco del Tiempo municipal de Alicante cumple un año con 180 personas y 400 intercambios

ALMERÍA.- El Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Almería cumple su primer aniversario con unos resultados "plenamente satisfactorios" según ha destacado el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, quien ha destacado la inscripción de 180 socios, de los cuales 150 --114 mujeres y 36 hombres--, permanecen en la actualidad en activo con mayor regularidad.

   "Supone una cifra muy satisfactoria teniendo en cuenta que, según los estudios de los bancos del tiempo pertenecientes a la red nacional de bancos del tiempo, en el que se incluye el de Almería, el número de socios dados de alta durante el primer año no suele superar los 100", ha indicado en rueda de prensa Rodríguez-Comendador.
   El número de intercambios realizados en este tiempo asciende a 400, lo que implica un total de horas intercambiadas de 763, y las edades de los participantes oscilan entre los 18 y los 73 años, aunque la media ronda entre los 30 y los 45, la gran mayoría residentes en el casco urbano de la capital, pero también hay socios de Retamar, Pechina, Los Molinos, La Cañada, Huércal de Almería y Aguadulce.
   Los servicios más utilizados son los relacionados con el cuidado del cuerpo y la salud, que engloban actividades deportivas, masajes, atención psicológica, distintos talleres de crecimiento personal, autoestima y estética. Les siguen los servicios relacionados con la formación, idiomas, informática, costura y cocina, y en tercer y cuarto lugar se sitúan los asesoramientos y las actividades de ocio y tiempo libre. Así hasta una total de 350 servicios ofertados.
   El éxito del primer año del Banco del Tiempo de Almería ha hecho que se haya convertido en un "referente" y que otros ayuntamientos, como el de Cádiz, se hayan interesado por su organización y funcionamiento, "por lo que creo que es de justicia felicitar al área de políticas de igualdad por esta iniciativa y a todos los que forman la familia almeriense del Banco del Tiempo", ha destacado el regidor almeriense, quien ha estado acompañado por la concejala de Políticas de Igualdad, Carolina Lafita.
   Para celebrar este cumpleaños, este viernes, en la asociación socio cultural 'La Guajira', en la calle Cruces Bajas, 1, frente a la Alcazaba, tendrá lugar un encuentro de confraternización con todos los socios, donde se hará entrega de dos menciones especiales, habrá una actividad cultural multidisciplinar dirigida por Paco Cañizares y realizada por socios del Banco del Tiempo, se proyectará un vídeo con la actividad desarrollada este tiempo y concluirá con un encuentro gastronómico intercultural, con platos del mundo que aportarán los propios socios y una 'jam session '
   Este será el quinto encuentro de confianza en doce meses y tiene como objetivo fundamental estrechar las relaciones entre los socios. Además, se han editado también cinco boletines donde se recoge el listado de servicios y la tabla de datos de los usuarios, con lo que se pueden poner en contacto entre sí sin necesidad de pasar por la secretaría del banco del tiempo.
   Una vez consolidada su puesta en marcha, el siguiente objetivo, según ha destacado Rodríguez-Comendador, "es implicar a las asociaciones y colectivos de la ciudad". Desde el Área de Políticas de Igualdad se ha comenzado por las asociaciones de mujeres, con las que ya se mantienen conversaciones, y posteriormente se abrirá al resto. La idea es dar salida "a tanto capital humano existente con ganas de ayudar a los demás porque el Banco del Tiempo no es sino una comunidad de apoyo, donde valores como la cooperación, la solidaridad, el aprendizaje de dar y recibir, la integración o el intercambio intergeneracional adquieren pleno sentido", ha afirmado el alcalde.
   La concejala delegada destaca que los importante del Banco del Tiempo "es que esté vivo y se hagan intercambios, fomentando la solidaridad entre los almerienses".
   Además, el blog, al que se accede a través de la página web del Área de Mujer, www.mujeralmeria.es, ha resultado una valiosa herramienta de difusión de nuestras actividades y de los servicios de los socios, y ya cuenta con  cerca de 7.000 visitas desde que se creara en junio del pasado año.

Bruselas pide explicaciones por el decreto andaluz de la vivienda

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha remitido una comunicación al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la que le pide explicaciones por el decreto aprobado por la Junta de Andalucía sobre la Función Social de la Vivienda y en la que alerta de las posibles repercusiones en la banca, según han explicado fuentes próximas al Gobierno.

   Bruselas ha remitido esta comunicación, que aún no ha sido respondida por el Ministerio, al considerar que la norma andaluza que, entre otras medidas, propone la expropiación temporal de los pisos afectados por desahucios, podría tener repercusiones en los bancos y entrar en confrontación con las condiciones del memorando que De Guindos firmó a cambio del rescate a la banca española.
   Así las cosas, la Comisión Europea quiere que el Gobierno central informe sobre la medida andaluza para analizar si incurriría en alguna incompatibilidad con el memorando que aceptó España.
   Las mismas fuentes han subrayado que el propio De Guindos ya apuntó hacia determinadas consecuencias de la normativa andaluza cuando a mediados del pasado mes de abril, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, previó que "lo único" que conseguiría el decreto andaluz es "que no haya crédito hipotecario en Andalucía, que se afecte a la juventud andaluza y que el sector de la construcción cada vez vaya peor allí"

El Congreso aprueba la Ley de Costas, que asegura construcciones junto al mar

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.

   El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
   En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo, pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió en la 'segunda fase' del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de abril.
   Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los 'populares'.
   Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.
   Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.
   Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
   Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
   En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
    Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.
   Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
   Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa", justifica.
   En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.  
   Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe  garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.
   Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE, situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.
   Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
   La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
   Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al 'boom inmobiliario' y consecuente crisis económica.
   Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público.
   Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasión de competencias.
   Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado este día de "duelo" al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene "ningún espíritu de protección".
   Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas'. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.

Las grandes constructoras descartan un rescate de las autopistas en problemas

MADRID.- La patronal de grandes constructoras Seopan descarta que el Estado tenga que rescatar a la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según indicó el presidente de la asociación, Julián Núñez.

   Núñez indicó que el sector "dialoga" actualmente con el Gobierno sobre las "alternativas" que el Ejecutivo ha planteado para solventar la situación que atraviesan estas vías.
   "No hay que rescatar a las autopistas. El Gobierno anterior implementó unas medidas de viabilidad para mantener estas vías y, en las circunstancias actuales, el Gobierno está reconsiderando otras alternativas y estamos dialogando sobre ellas", detalló Núñez en declaraciones a TVE.
   Según distintas fuentes del sector, el Ministerio de Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública que se encargará de la decena de vías en problemas. Las actuales concesionarias de estas infraestructuras de pago tomarían un 20% del capital de la sociedad, que el Departamento que dirige Ana Pastor valora en 608 millones de euros.
   Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.
   El presidente de Seopan achaca su situación fundamentalmente al sobrecoste por expropiaciones que afrontaron durante su construcción. Según detalló, las radiales de Madrid contaban con un presupuesto de 400 millones para hacerse con estos terrenos, que posteriormente se multiplicó por seis, hasta sumar 1.800 millones, por resoluciones judiciales que otorgaban un mayor valor a los suelos.
   Por otro lado, Julián Núñez achacó al actual sistema de contratación de obras públicas, que fomenta que las empresas compitan presentando ofertas económicas a la baja, los sobrecostes que posteriormente registra la construcción de determinadas infraestructuras, como ha sido el caso del AVE a Barcelona.
   Según sus datos, las ofertas que se presentan a concursos de obras presentan una baja media del 26% sobre el presupuesto de licitación. "Cuando se contrata una obra por debajo del presupuesto estimado por la Administración se da lugar a que, posteriormente, durante la ejecución del proyecto, se tenga que modificar", explicó. "Nadie hace una obra a la mitad del precio que estima la Administración", añadió.
   Asimismo, el presidente de Seopan rechazó que en España se hayan construido muchas infraestructuras "accesorias". Núñez estima en unos 1.500 millones la inversión empleada en este tipo de dotaciones, "el dos por mil de los 600.000 millones de euros invertidos en infraestructuras en el país durante los veinte últimos años".
   "Decir lo contrario es anteponer una anécdota sobre la relevancia de un sector de trayectoria ejemplar", aseveró el presidente de Seopan.