ALMERÍA.- Un juez ha ordenado la apertura de juicio
oral contra el exalcalde socialista de Garrucha, Andrés
Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión,
coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio
urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos
Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6
del termino municipal.
Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se
enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y
seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la
acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos
Muñoz.
La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo
Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal
J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y
técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e
inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.
La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó
en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las
actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en
la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del
litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios
de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una
sentencia de los contencioso-administrativo.
El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de
Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de
responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a
los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la
caución.
El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil
adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida
como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía
26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística
aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS)
recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por
motivos que califican de "desconocidos".
En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras
para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución
aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error
material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a
calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia
del municipio".
Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la
revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y
paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por
supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia --sostiene--
de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha
urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692
metros cuadrados".
En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la
construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo
Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que
la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A
partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó
una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de
obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto
aprovechamiento de la edificabilidad".
Así, en el transcurso de una reunión que se habría celebrado en
junio de 2005, el abogado J.M.L.H. demandó presuntamente a los
administradores de Hermanos Muñoz "firmar un convenio urbanístico nuevo
con el Ayuntamiento de Garrucha en el que entregase a este tres millones
de euros en contraprestación al pretendido aumento de aprovechamiento
de edificabilidad por la diferencia de metros existente entre la ficha y
el plano de la UE-6".
Les habría advertido, además, supuestamente, "de que, en caso
contrario, no sería concedida la oportuna licencia de primera ocupación
ni siquiera respecto a las 106 viviendas no problemáticas
correspondientes los indiscutidos 21.000 metros cuadrados y presentarían
una denuncia contra el arquitecto de la compañía por delitos de
falsedad en el estudio detalle, y de estafa" que, finalmente se presentó
y se inadmitió, según indica.
El escrito de acusación
detalla que, en marzo de 2006, "en plena connivencia", los acusados se
habrían servido de "informes que daban pretendido amparo legal" para
promover la revisión de oficio del convenio urbanístico de la finca
objeto de litigio por "estar afectado de un error respecto a la
superficie real de la unidad de ejecución" y "pese a la flagrante y
clamorosa ilegalidad del acuerdo que pretendía tomarse".
A partir de este momento, según los querellantes, Segura, López
Peña y J.M.L.H., habrían "continuado presionando para obtener 'precio
político' a cambio de solucionar la situación creada y conceder la
licencia de ocupación" a los administradores de Hermanos Muñoz, quienes
--resalta-- "se volvieron a resistir a aceptar el chantaje pese a que
los compradores de los pisos habían empezado a rescindir contratos por
retrasos en la entrega de llaves y otros realizaban insistentes y
continuos requerimientos".
La acusación particular asegura que los acusados actuaron desde la
administración para "dilatar el proceso de obtención de la licencia de
primera ocupación" con el fin de que "la situación de la empresa fuera
casa día más insostenible tanto financieramente, como con sus
compradores" y precisa que, en este proceso, "sus administradores se
convencieron de que nunca se iba a otorgar si, previamente, no se pasaba
por caja".
Así, para "poder obtener la licencia que fraudulenta y
coercitivamente se les estaba negando", habrían concertado una reunión
con el exalcalde, el exconcejal de Urbanismo, el secretario municipal,
el arquitecto y el abogado, quienes "en primera persona, manifestaron
que para solucionar el problema existente y que se les concediera
licencia de primera ocupación, Hermanos Muñoz debería pagar al
Ayuntamiento una cantidad en torno a dos millones de euros", condición
--ahonda-- "que no tuvieron más remedio que aceptar ante la insostenible
situación a la que se habían visto abocados".
La "fórmula" por la que se "plasmo el acuerdo" fue, según indica,
la firma de un "nuevo convenio urbanístico". Una concedida la licencia
de primera ocupación para las 106 viviendas "sin discusión", los
querellantes "debían pagar a cuenta 150.000 euros" .
"El resto del
precio, una vez deducida esta cuantía, se pagaría una vez publicada en
el BOP la aprobación definitiva de la modificación del ámbito de la UE-6
y del estudio detalle", afirma.
"A continuación de la firma del convenio urbanístico, y en ese
mismo día 11 de agosto en que se vio obligada a pagar el 'precio
político', el 'chantaje' al que había sido sometida por los acusados, el
alcalde acordó la concesión de la licencia de primera ocupación a las
106 viviendas aunque denegó de forma claramente injusta e ilegal el
permiso sobre otras 28 viviendas".
