La Junta rechaza la supresión de las primas a las nuevas plantas de energía renovable

GRANADA.- El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha mostrado su "total rechazo" al Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que recoge la suspensión temporal de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes renovables, ya que, según ha dicho, Andalucía puede ser la región "más perjudicada" en términos socio-económicos dada la apuesta que ha realizado en este sector.

   Durante la presentación en Granada del informe de la resolución del concurso de priorización de energía eólica, Ávila ha lamentado que el Gobierno central haya "claudicado a las presiones" de los grandes grupos eléctricos que están en contra de que las renovables tengan más peso en nuestro país y ha advertido de que la medida "va a perjudicar" a otras empresas que sí habían apostado por la investigación y la creación de tejido productivo en torno a este sector.

   Así, el consejero se ha mostrado preocupado ante "un nuevo recorte del Gobierno" que a su juicio puede iniciar un cambio en el modelo energético que está en marcha en toda España, y muy especialmente --ha dicho-- en Andalucía, donde "un freno al desarrollo de este sector puede suponer un fuerte impacto en el empleo, las empresas, el desarrollo tecnológico y la apuesta por la sostenibilidad con la que todas las Administraciones tenemos que comprometernos".

   Otras de las preocupaciones expuestas por el consejero sobre esta materia es que si bien el Decreto Ley ha sido presentado como una medida temporal, no precisa cuándo se retomará el apoyo a las renovables. Asimismo, considera que el Gobierno tampoco ha justificado esta norma más allá de "hacer una apelación a responsabilizar a las energías renovables" del llamado déficit de tarifa y esto "es un mal argumento".

  "El exceso que cobran estas grandes eléctricas al poner el precio de la energía producida con ciclo combinado, a la generada por las nucleares o por las grandes infraestructuras hidráulicas, compensaría sobradamente el montante asignado a las primas de energías renovables", ha precisado al consejero, que ha lamentado que el Gobierno opte por afrontar el déficit tarifario "atacando a las renovables" en vez de tomar otras medidas.

   Ha querido destacar igualmente que la apuesta realizada en Andalucía por las renovables ha sido un éxito, ya que en torno a este sector se han generado en los últimos años 44.000 empleos directos e indirectos en 1.800 empresas, propiciando una inversión pública y privada de 11.000 millones de euros.

   Igualmente, el consejero de Economía ha indicado que este recorte, que no ha sido "consensuado con el sector", impedirá el cumplimiento de la directiva Europea 28/2009 de Fomento de las energías renovables, que señala que en 2020 al menos un 20 por ciento del consumo energético se realice con energías renovables.

   Por último, ha recordado que tiene solicitada una reunión con el nuevo Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, desde el pasado día 23 y ya ha avanzado que la postura del Gobierno andaluz va a ser defender "el liderazgo internacional de nuestras empresas en generación y tecnología de energías renovables ante un medida que difumina expectativas y crea inseguridad jurídica".

Griñán ve "clave" el papel de las tecnópolis como base "inteligente" de un nuevo modelo económico

ALMERÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha señalado este viernes el papel "clave" de los parques científicos y tecnológicos como base "inteligente" de un nuevo modelo económico y su utilidad en aras de "impulsar" la innovación y la transferencia de conocimiento en un momento en el que se "amenaza con una nueva recesión económica que va a llevar a una parálisis de la actividad".

   Griñán ha subrayado el "esfuerzo" inversor de su Gobierno con 440 millones destinados a financiar este tipo de centros en la región durante su visita al Centro de Negocios del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y ha advertido de que, para salir de esta "crisis persistente", no basta con la consolidación fiscal "aunque hay que conseguirla".

   "Necesitamos dos cosas y una de ellas es que debemos estimular la economía con la inteligencia suficiente para saber que lo que hagamos va a tener rendimientos en el futuro", ha indicado. En esta línea, y tras remarcar que se ha conseguido dar una "marco estable de financiación" a las tecnópolis, ha subrayado que en su seno "no se han perdido empleos" y que, "en algún caso", ha crecido la plantilla.

   La Junta de Andalucía ha destinado 47 millones de euros a la financiación del y de los centros tecnológicos de la provincia orientados a sectores como la industria auxiliar de la agricultura (Tecnova), la piedra (CTAP) y las energías renovables (CTAER).

   En el edificio central y centro de negocios del PITA, Pitágoras, cuyas obras están en fase de finalización se han invertido 14,5 millones de euros. Este centro, concebido para ser el gran centro de transferencia de conocimiento y de negocios innovadores de Almería, tiene una superficie construida de 15.000 metros cuadrados incluyendo sus dos plantas de aparcamiento.

   El inmueble cumple los más altos estándares de sostenibilidad, contando con certificación energética. Sus sistemas está diseñados para el máximo aprovechamiento de la luz natural, mínimo consumo de las instalaciones y espacios aislados para evitar pérdidas energéticas.

   El Edificio Pitágoras, que tiene capacidad para albergar 105 empresas, ha recibido ocho solicitudes de instalación de siete empresas y una entidad privada de apoyo al desarrollo empresarial, que emplearán a unas 60 personas que proceden de diversos sectores. El espacio que ocuparán asciende a 650 metros cuadrados, el 17% del total.

   La inversión en infraestructuras del PITA se completa con los 34,29 millones de euros invertidos en su urbanización y los 4,64 millones destinados a la construcción del edificio de la sede científica, que sumados a los 14,5 millones del Pitágoras alcanzan una inversión total de 53 millones de euros.

   La sede científica, ubicada en el Campus de la Universidad de Almería y en funcionamiento desde septiembre de 2009, acoge a 23 entidades, entre ellas 15 Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBT), tres centros tecnológicos de la provincia y algunas otras como la Cámara de Comercio o la propia sociedad gestora del parque. Con una ocupación del 95,7 por ciento, las entidades instaladas facturan anualmente más de cinco millones de euros y emplean a más de un centenar trabajadores.

   Junto al Edificio Pitágoras, se está construyendo el Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura (Fundación Tecnova), que dispondrá de 3.500 metros cuadrados para hacer de su nueva sede un centro de referencia agroalimentario a escala mundial, donde poder desarrollar proyectos de I+D+i propios y a medida para las empresas.  

   Además, se proyecta el Centro de Investigación de Laboratorio Analítico Bioclínica (LAB), el primer edificio promovido por una empresa privada dentro del parque. Con una edificabilidad de 1.700 metros cuadrados, se prevé la finalización de obras en la primavera de este año.

   El Grupo Cajamar también se instalará en el parque con dos parcelas con una edificabilidad de más de 11.473 metros cuadrados. Se trata de un proyecto tractor para el futuro inmediato del PITA por su dimensión, calidad y, también, por la confianza que transmite el promotor.

El edificio central del PITA acogerá a sus primeras siete empresas en la primera mitad de febrero

ALMERÍA.- El edificio central del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) comenzará a funcionar en los próximos días tras más de 18 meses de obras, de forma que durante la primera mitad de febrero espera acoger entre siete y ocho empresas de base tecnológica (EBT) en su principal inmueble, si bien será inaugurado oficialmente una vez que pasen las elecciones autonómicas andaluzas aunque, previamente, reciba visitas institucionales. 

   Así lo ha manifestado el director general del PITA, Alfredo Sánchez, quien ha mostrado su "satisfacción" por la próxima finalización de estas obras y la puesta en marcha del "motor del parque" al que se ha bautizado como 'Pitágoras'. Allí se trasladarán algunas de las "veteranas" empresas que ya acoge la sede científica de la tecnópolis, situada en el campus de la Universidad de Almería, si bien también contará con algunas nuevas en esta primera ocupación.

   El edificio de El Alquián dispone de distintos espacios de oficinas y laboratorios destinados a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y grandes compañías. Así, según ha destacado Sánchez, existen más de 5.000 metros cuadrados de superficie adaptables a disposición de los empresarios, quienes contarán también un auditorio con 240 butacas y salas de reuniones de diferentes dimensiones, servicio de recepción centralizado y  seguridad interior y periférica, entre otras prestaciones.

   "Hay posibilidad de hacer muchas combinaciones tanto para grandes empresas como para puestos individuales", ha señalado el director del parque, quien ha explicado que la oferta de espacios del edificio se ha trasladado primero a la provincia de Almería dado que "el 90 por ciento de las empresas de los parques tecnológicos son de carácter local". Con esto, ha mostrado sus expectativas de que el edificio albergue a numerosas sociedades para comenzar a estimular la vida en el parque.

   En este sentido, el director de la sociedad tecnológica se ha mostrado "convencido" de que "el éxito del parque estará en el éxito de 'Pitágoras', cuyos primeros "colonizadores" llegarán a este "acelerador empresarial" según lo ha denominado, una vez que la comisión ejecutiva del PITA apruebe su entrada o traslado a la tecnópolis.

   'Pitágoras', que hace un guiño al filósofo y matemático griego sin renunciar al nombre comercial del PITA, ofrecerá al emprendedor una gran flexibilidad para adaptarse a sus necesidades, ya que abarca desde el puesto de trabajo individual para crear empresa con gastos compartidos mediante el sistema de 'coworking' por 125 euros al mes; hasta el espacio modular desde 20 metros cuadrados sin límite en la superficie requerida.

   Además del edificio central, el director general del PITA ha destacado que a lo largo de 2012 se pondrán en funcionamiento los primeros espacios del parque, entre los que se encuentra también el edificio de la Fundación Tecnova, dedicada a la industria auxiliar de la agricultura y cuyas instalaciones, relativas al mismo complejo que 'Pitágoras', se prevén finalizadas a principios de marzo.

   En este sentido, Sánchez ha querido recordar que la empresa pionera en instalarse en el PITA será Laboratorio Analítico Bioclínico (LAB), que ya ocupa casi una planta del enclave científico del parque y cuyo edificio en el parque estará terminado para la próxima primavera, fecha en la que se prevé además el inicio de obras para la futura sede logística de Cajamar, entidad que a finales de 2011 adquirió dos parcelas en el pasillo central del parque. Igualmente, la Fundación Pública Andaluza 'Andalucía Emprende' también reservó una de las parcelas de 1.343 metros cuadrados.

   Así, ha considerado "muy satisfactoria" la trayectoria del PITA, especialmente desde 2011 cuando se inauguró la urbanización de El Alquián, lo que unido al lleno empresarial en la sede científica y la adquisición de Cajamar de nuevas parcelas, ofrece perspectivas de que en breve se va a "dar vida al parque", según aprecia el responsable de la sociedad. "2011 ha sido un año muy bueno, empezó muy bien y terminó mejor", apostilla.

   Entre las perspectivas para los próximos años, el director ha reconocido que tendrán que desempeñar un trabajo "que nos consumo gran parte del esfuerzo diario y del económico" al estar dedicado a la promoción de los espacios del parque. "Somos un agente tecnológico, pero también tenemos un aspecto inmobiliario y tenemos que vender parcelas", comenta Sánchez.

Hortyfruta traslada su "decepción" por el apoyo "no esperado" de la Comisión de Comercio al acuerdo UE-Marruecos

ALMERÍA.- La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha trasladado este viernes su "decepción" ante el resultado "no esperado" que se registro el jueves en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo sobre el nuevo Acuerdo Agrícola con Marruecos. 

   En un comunicado, Hortyfruta ha señalado que resulta "frustrante" para el sector que se haga "oídos sordos" a sus reivindicaciones y ha advertido de que, pese a que el informe no tiene carácter vinculante de cara a la votación en la Eurocámara el próximo día 15, sí que "compromete" el futuro y el empleo en la hortofruticultura.

   Ha indicado que, desde la organización, se considera necesario seguir trabajando y "sumando esfuerzos" para conseguir que el Parlamento Europeo no ratifique el acuerdo de Asociación UE-Marruecos.

   En esta línea, Hortyfruta ha recordado que en el último ejercicio y sólo en el sector del tomate el acuerdo en vigor ha provocado "la destrucción de 12.500 empleos". "Por cada mil toneladas de tomate que se deja de exportar se pierden 50 empleos en las zonas de producción", ha explicado.

Diputaciones y Ayuntamientos reciben más de 283 millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio

SEVILLA.- La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social transfirió durante el pasado ejercicio de 2011 más de 283 millones de euros a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), según datos del Gobierno andaluz.

   Por provincias, es la de Córdoba la que más fondos públicos obtuvo para sufragar los costes de este servicio incluido en las prestaciones sociales de las que disfrutan los beneficiarios de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia con un total de 52.097.403 de euros. Le sigue Granada, con 48.756.759; Sevilla, con 39.262.594; Jaén, con 35.917.870; Huelva, con 32.697.804; Málaga, con 29.262.594; Almería, con 24.920.748, y Cádiz, con 20.664.043.

   En total, la Junta ha abonado más de 283 millones de euros a lo largo del año pasado, divididos en dos pagos semestrales que, a su vez, se han liberado en periodos bimensuales para asegurar, en la medida de lo posible, que los ayuntamientos y diputaciones gasten esos fondos exclusivamente en pagar a los trabajadores que prestan este servicio.

   Tras conocerse casos de 'retrasos' o 'impagos' de las nóminas de estos trabajadores en municipios como Jerez (Cádiz) o Armilla (Granada), la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social anunció el pasado 11 de enero que comenzaría a exigir desde este mismo mes a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes "un calendario de pagos consensuado" con las empresas y trabajadoras del servicio antes de transferirles por adelantado la cantidad destinada a esta prestación.

   De esta forma, se pretende garantizar que las empleadas de la ayuda a domicilio cobren sus nóminas en tiempo y forma todos los meses. El exigir un calendario de pagos a los Gobiernos municipales como condición para que la Junta transfiera el dinero para las nóminas de las trabajadoras de ayuda a domicilio no es una medida nueva. Se aprobó el 10 de noviembre de 2010 --fecha en la que Igualdad publicó la modificación de la orden de 2007 por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la comunidad andaluza--, aunque no entró en vigor hasta junio de 2011.

   En dicha norma, se obliga a las corporaciones locales a "aportar, en el plazo máximo de los tres meses inmediatamente siguientes a la finalización de cada período semestral, un certificado suscrito por el órgano competente acreditativo de haber abonado con regularidad mensual a la empresa prestadora del servicio los pagos correspondientes al período". Es decir, se trata, según explicó de forma más coloquial la propia consejera, de que "el tesorero o el interventor del Ayuntamiento nos mande un certificado para que, cuando llegue el momento de transferir el dinero en la liquidación, sepamos que el Ayuntamiento está al día en el pago a las empresas; o sea, que las trabajadoras del servicio cobran".

   Sin embargo, tal y como reconoció Navarro, la Junta "no ha aplicado tajantemente" esta normativa hasta la fecha porque entendió "que no era lógico hacerlo puesto que había habido elecciones (municipales) en marzo". "No parecía lógico aplicar en junio una normativa sin darle tiempo a los nuevos equipos de gobierno a que establecieran también sus prioridades y a que establecieran también su propio calendario de pagos con las empresas", justificó no sin antes advertir de que en este año 2012 sí que se aplicará la norma, aunque "con flexibilidad" para evitar que los Ayuntamientos "tomen el camino más rápido y rompan con las empresas" prestadoras del servicio, algo que "castigaría a las trabajadoras de forma indirecta".

   Andalucía es la única comunidad autónoma que adelanta el dinero para la ayuda a domicilio de la dependencia. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha destinado desde la puesta en marcha del Sistema más de 900 millones de euros a las Diputaciones y Ayuntamientos con el fin de financiar este servicio y el refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios que atienden a la dependencia.

   Según los últimos datos oficiales, 2011 se cerró en Andalucía con un total de 264.000 prestaciones de las que se beneficiaron 195.000 personas en situación de dependencia (12.100 más que en 2010 y el triple de las que había al comienzo de la legislatura).

   De estas 264.000 prestaciones, el 58 por ciento están relacionadas con los servicios (residencia, estancia diurna, teleasistencia y ayuda a domicilio) y el 42 por ciento restante con ayudas económicas para cuidados familiares, lo que supone tres puntos de diferencia con respecto a la media nacional, situada en el 55 por ciento en servicios y en el 45 por ciento en ayudas económicas. En la actualidad, el 43 por ciento de todas las personas en situación de dependencia que reciben una prestación de ayuda a domicilio en España residen en Andalucía.

El PP-A critica el "camaleonismo electoral" del PSOE sobre el acuerdo con Marruecos

EL EJIDO.- El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha criticado este viernes el "camaleonismo electoral" del PSOE en relación al acuerdo agrícola con Marruecos por parte de la Unión Europea, ya que, "de pasar a defender el acuerdo, han pasado a votar en contra en 24 horas".  

   Durante su intervención en la inauguración de unas jornadas del PP-A sobre la industria alimentaria en El Ejido, Sanz ha aseverado que "las cosas son difíciles y tampoco fuera las ponen fáciles", tras la aprobación este jueves del citado acuerdo. "La clave está en la unidad, porque juntos podemos ponernos hacia dónde queremos llegar"", ha añadido.

   El dirigente 'popular', que ha detallado la falta de rentabilidad en las producciones, los incrementos en los costes o la caída de los precios en los principales problemas del sector agroalimentario, ha insistido en que "hay que trabajar por garantizar, con medidas eficaces, que las cosas pueden cambiar".

   Como medidas para el sector agrícola, Sanz ha enumerado "el apoyo a los proyectos de fusión, apoyar una nueva reforma de la PAC que garantice las ayudas, apostar por normas de calidad y reclamar a la UE una mejora en el control de las exportaciones".

"Esto, acompañado de reformas y medidas del Gobierno, es necesario para apostar por una mejor competitividad del sector y para que Andalucía despegue definitivamente", ha concluido.

Griñán confía en la "fortaleza de una posición común" para frenar el acuerdo UE-Marruecos

ALMERÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha abogado este viernes por la "fortaleza" de una "posición común" de socialistas y populares para frenar la aprobación del nuevo acuerdo de asociación UE-Marruecos y ha señalado que tanto el parlamento como la Comisión y el Consejo Europeo gozan de mayoría del PP europeo.  

   Griñán ha subrayado que el rechazo a la liberalización que ha de someterse a ratificación el 15 de febrero "no es un problema" de España y sus zonas productoras hortofrutícolas, como Andalucía y España, con Marruecos sino con la "situación actual de la UE", que, ha añadido, "no cumple sus propias normas, sus propios tratados y sus propios convenios".

   "Lo único que exigimos es control de fronteras para que la producción de países terceros que entre en los mercados europeos lo haga en los contingentes estrictamente establecidos", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Almería tras visitar la sede del Centro de Negocios del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA).

   El líder del Ejecutivo andaluz, para quien, en el contexto actual "da igual" fijar los cupos en 1,8 o tres millones de toneladas "porque luego entran las que entran", ha señalado que las demandas pasan también por que se "exija" a los productos agrícolas de terceros países "exactamente lo mismo que a un producto elaborado y comercializado por países de la UE". "Hay que ser enormemente exigente con la trazabilidad y la seguridad alimentaria de lo que entra de fuera", ha ahondado.  

   En esta línea, y tras remarcar que expuso estas cuestiones al presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, ha apostado por trasladarlas al "ánimo" de los 27. "Vamos a hacer todos la fuerza que podamos hacer ya que --ha indicado-- si todos nos fortalecemos en una posición, quizá podamos conseguirlo".

El Tercer Sector vaticina un "crack social" en España si no se refuerza la protección

MADRID.- La Encuesta de Población Activa (EPA) estima en un millón y medio el número de hogares en España que tienen a todos sus miembros en paro y, aunque hasta bien entrado 2012 las ONGs no dispondrán de datos fiables acerca de cómo ha impactado este avance de la crisis en su realidad diaria, "es un hecho" que las demandas de ayuda han aumentado "y mucho" durante 2011, tanto, que la plataforma que aglutina a las principales entidades españolas vaticina "un crack social" si no se refuerzan los mecanismos de protección. 

   Así lo ha descrito el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha incidido en la importancia de mantener la red de protección existente y, a partir de ahí, "seguir avanzando" en inversión ya que, según ha dicho, "si en plena crisis se deja de invertir en este tipo de servicios ya estructurados que estaban atendiendo y de alguna manera fomentando el aumento empleabilidad, el coste luego va a ser mayor y la fractura social excesivamente preocupante".

   Cuando en el año 2010 la EPA cifró en medio millón los hogares en España con todos sus miembros en paro, Cáritas atendió a 1,6 millones de personas, --un 4,3% más que en 2009--, muchas de las cuales pedían ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos, recibos de la vivienda o libros escolares para los niños. El 67 por ciento de ellos acudía derivado de los servicios sociales municipales.

   En aquel momento, la organización advirtió de que si el aumento del paro no revertía durante 2011 se seguirán incrementando las personas en situación de pobreza "crónica" en España, ya que habían constatado que siete de cada diez beneficiarios habían acudido previamente a Cáritas en demanda de ayuda.

   Cruz Roja Española fue en la misma línea, con la previsión de que al cabo de 2011, se acabaría atendiendo a unos dos millones de personas en situación de vulnerabilidad, un 120 por ciento más que en el año 2008. La preocupación que ha manifestado recientemente la organización es que "que la gente no entre en el ciclo de la exclusión" y, para ello, considera imprescindible que "la capa de necesidades básicas se cubra urgentemente".

   Poyato recuerda que ya en tiempos de bonanza económica la pobreza llegaba a 80 millones de ciudadanos en toda la Unión Europea y, si bien en su opinión, no se trata sólo de que la miseria se esté volviendo crónica, "lo cierto es que si se deja de atender estos servicios que mantienen la cohesión de la sociedad", se va a llegar "a una situación de crack social con una diferencia entre clases medias y clases bajas cada día mayor".

   "Consideramos a pesar de la crisis, que destinar fondos a políticas sociales no es un gasto sino una inversión", ha explicado, para incidir en que se debe dar "un impulso a esta inversión en lo social" porque "no se trata sólo de la disponibilidad de servicios y de atención a estas personas", sino de apreciar que el Tercer Sector en España "genera 584.000 empleos directos".

El Gobierno obliga a las CCAA a tener déficit cero en 2020

MADRID.- El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes dicho anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

   Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

   El anteproyecto contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.

   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

   En este punto, Montoro indicó que la visita no será "amable", ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", añadió.

   Dicho esto, Montoro indicó que la palabra "imposición es exagerada", ya que simplemente se trata de devolver la estabilidad presupuestaria a la administración que no cumpla, si bien matizó que sólo sucederá en situaciones "extremas". 

"No hay que verlo en el sentido agresivo, se trata de aceptarlo con naturalidad", reiteró.

   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

   Montoro destacó que se trata de una de las "grandes reformas estructurales", que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

   "Facilita la financiación de la economía del país y asegura los servicios públicos básicos de los españoles, además de reafirmar nuestros compromisos con la UE y recuperar una imagen de solidez ante los socios europeos, condiciones y premisas para volver al crecimiento", enfatizó el ministro, quien añadió que la norma respeta "con cuidado extremo" la capacidad de autogobierno de las comunidades.

Gisbert fumiga el avispero de cajas / Alfredo Fernández

Juan Antonio Gisbert, el gestor que dejó a la CAM en territorios financieros imperiales tras comerse a la CAPA alicantina en el 91 y desbaratar los intentos de la cúpula de Caja Valencia de guillotinarla a traición en una cumbre semipolítica y policial en Castellón, vuelve ahora como un reflejo esperado del emperador germano Federico II. De momento, ya es consejero delegado de las cajas rurales españolas pese a que sus huestes de Ruralcaja son inferiores a Cajamar. Pero, además, ha imprimido otro golpe magistral antes de ser nombrado: garantiza el empleo en las rurales y se posiciona para modernizar las cajas alemanas de los Landers con la marca "Alfa" que imprimió antes de irse en 2004. Comienza el alfabeto griego.

Juan Antonio Gisbert, un alcoyano entre puentes y barrancos y amamantado en el Barrio Obrero y la Escuela de Comercio (mitad Rómulo y Remo), se desprende de letanías en el año 2004 cuando la CAM es un símbolo de eficiencias entre las cajas europeas y los alemanes envidian su estatura financiera y su saber nadar entre corrientes políticas y sociales. 

Como buen conocedor de la mitología griega (Saturno devorando a sus propios hijos), deja en el camino al presidente Manchi Bono para que Vicente Sala haga institucionalmente el papel de aturdido obediente en unos momentos en los que la Generalitat de Zaplana necesita caudales para Terra Mítica y otros dineros palaciegos para tanta corte de un rey Taifa.

Todo el mundo alicantino se sosiega en 2004 cuando Gisbert parece que se retira a la docencia con una buena indemnización (Cerca de 600 millones de pesetas). Se han equivocado, no sólo los arturos (Arthur Andersen), los Lehman Brother de Guindos, los políticos de bajo relieve de la Comunitat y Murcia sino todo el PSOE estatal adormilado en puestos de Gobierno. 

Gisbert no se contenta con una canongía remunerada de Loterías como Aurelio Martínez, el financiero-semipolítico que arrinconó en los armarios 20 planes de fusiones con Bancaja o Caja Murcia y asesoró a Zapatero sobre los gusanos de la crisis.

El naturalista Gisbert conoce la transformación de las crisálidas financieras y, cuando nadie se lo espera, comienza a agrupar las cooperativas rurales de la Comunitat. El gusano originario se transforma en mariposa y vuela hasta Almería, donde se alimenta la Reina Cajamar. 

A partir de entonces, empieza a desplegar a todas sus obreras y obreros. Logra la paz sindical sin disparar pólvora mientras los SIP pierden sus siglas y hacen fuego amigo al ignorar en que flanco de la batalla se encuentran. Asistimos al primer bombardeo financiero civil contra cinco millones de parados y millones trabajadores sin saber a que lado mirar por eso de si te ven.

Mientras sus sucesores y comandantes aprendices (Roberto López y María Dolores Amorós) pasan, en 2004, del cabotaje financiero y las plazas estratégicamente asentadas y bien protegidas, a embarrancarse en México o Miami y planificar el reino de Babel con cimientos de adobe en las ramblas, el alcoyano imprime gestión en las cooperativas agroalimentarias, sectores tradicionales y se olvida del ladrillo y el hormigón. Así, salva el patio mientras sus personajes de antaño pasan de actores principales a reyezuelos fantasmagóricos de opereta y greguerías.

Ahora, Roberto y Amorós se enfrentan a un proceso inquisitorial por parte de los creyentes parroquianos de la CAM y la investigación de las Corts y del propio Banco de España. Gisbert se siente a resguardo y espera, bajo las sombras de la Font Roja y Mariola, la carta para dirigir la fusión de las cajas alemanas. Ya fue tentado en 2000 y no esperará a 2013 porque tiene asegurada la confianza de los sindicatos y la estrella de Odín. 

Nadie sabe sobre el destino que depara a sus gobernantes, pero Gisbert tiene atisbos del emperador Federico II ("Stupor Mundi"), muerto en 1250, cuya versatilidad e inteligencia fascinó a casi todos sus contemporáneos. Sus querellas con la Iglesia (el poder del momento) motivaron que algunos colectivos pegados al temor de lo preestablecido lo equipararan a la bestia del Apocalipsis, y su imperio, con Babilonia. 

Hay quien aún cree que Gisbert pudiera ser "El retornado" que ponga orden en las desabastecidas finanzas europeas, pero, antes, tendrá que demostrar sus conocimientos de banca genovesa y sus dotes iberas de Indíbil y Mandonio frente a los mortíferos funcionarios de Bruselas.

Ante las depresiones, la mejor receta es la esperanza del pueblo aunque sea una leyenda de chimeneas de invierno. En 1284, no uno sino tres hombres afirmaron en Alemania ser Federico II. Dos desaparecieron de forma inmediata, pero el tercero, que creyó firmemente que era el emperador, estableció su corte en Neuss, en las proximidades de Colonia. 

En aquellos días nadie dudó de "El retornado": unos porque pensaron que pasó todo ese tiempo deambulando como peregrino penitente y otros, porque había yacido bajo la tierra.

Gisbert tiene claro que no será profeta en su tierra (Alacant) porque ya ha tomado el Camino Español de Carlos V, que pasa por el Milanesado y los cantones suizos, para entrar en Alemania y devolvernos el crédito histórico perdido por los malos gestores que un día se enseñorearon como brujos de su maestro. 

Las galeras de Cajamar acompañarán su desembarco en esta costa de aspiraciones mientras caen galeones como Bancaja, Cajamadrid, La Caixa, Caja Galicia y la corte de Bruselas sin un plan de ataque o resistencia. Sólo Gisbert sabe a quien no tocará la Lotería. La suerte está echada. Sí conoce a la perfección el alcoyano la décima máxima de Marx sobre Fuerbach: "Todo educador necesita ser educado".

http://www.lacronicavirtual.com/index.php/opinion/27433-gisbert-capa-el-avispero-de-las-cajas

El 33,3% de la población activa de Almería estaba desocupada a final de 2011

SEVILLA.- Andalucía cerró 2011 con 1.248.500 desempleados y una tasa de paro del 31,23 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el paro aumentó en 15.600 personas en el cuarto trimestre y en 121.100 personas en el conjunto del año.

   De esta forma, en el cuarto trimestre de 2011 la cifra de parados aumentó en 15.600 personas, lo que supone un incremento del 1,26 por ciento en relación con el trimestre anterior. Andalucía fue en 2011 la comunidad con mayor tasa de paro, con un 31,23 por ciento, mientras que la tasa de actividad fue del 58,86 por ciento.

   Asimismo, durante el pasado año se registraron 99.500 ocupados menos en Andalucía, un 3,49 por ciento menos que en 2010, alcanzando el número total de ocupados la cifra de 2.749.600 ocupados. En relación con el trimestre anterior, el volumen de ocupados en Andalucía descendió en 3.200 personas (-0,12 por ciento), lo que la sitúa como una de las comunidades con menor descenso en la ocupación.

   A nivel nacional, el paro subió en 577.000 personas en 2011 respecto a 2010, un 12,3 por ciento más, situándose el número total de desempleados en 5.273.600 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española. La tasa de paro escaló al cierre del año pasado hasta el 22,85 por ciento, porcentaje 2,5 puntos superior al de 2010. De esta forma, la tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001.

   De los 1.248.500 parados andaluces que recoge la EPA, 670.900 son varones y 577.600 son mujeres. De esta forma, la tasa de paro masculina se situó en 29,8 por ciento, 7,34 puntos por encima de la media nacional (22,46 por ciento), mientras que la femenina se situó en un 33,06 por ciento, 9,74 puntos por encima de la media nacional (23,32 por ciento).

   Asimismo, en cuanto al total de ocupados, de los 2.749.600 ocupados, 1.580.100 fueron varones y 1.169.500 fueron mujeres.

   Por su parte, el número de activos se incrementó el ejercicio pasado en Andalucía en 21.600 personas, un 0,54 por ciento más en términos porcentuales, con lo que el número total de activos se cifra en 3.998.100 personas y sitúa a Andalucía como la comunidad con mayor incorporación de activos. En relación con el trimestre anterior, el número de activos se incrementó en 12.400 personas, un 0,31 por ciento más, lo que la sitúa como la segunda comunidad por incorporación de activos en el trimestre, tras Comunidad Valenciana (23.700).

   La tasa de actividad alcanzó el 58,86 por ciento, frente al 59,94 por ciento a nivel nacional. Este porcentaje coloca a Andalucía en el puesto undécimo, por detrás de Baleares (64,36 por ciento), Madrid (63,82 por ciento), Canarias (62,66 por ciento), Cataluña (62,48 por ciento), Murcia (62,32 por ciento), Comunidad Valenciana (60,36 por ciento), Ceuta (60,09 por ciento), Navarra (59,8 por ciento), La Rioja (59,66 por ciento) y Castilla-La Mancha (58,89 por ciento).

   Así, la tasa de actividad masculina se sitúa en 67,49 por ciento, 0,19 puntos por debajo de la nacional (67,30 por ciento), y la tasa de ocupación femenina se sitúa en 50,53 por ciento, 2,4 puntos por debajo de la media nacional (52,93 por ciento).

   Las provincias de Cádiz y Huelva fueron las que registraron una tasa de desempleo más elevada en Andalucía, con un 35,33 por ciento y 34,23 por ciento, respectivamente, mientras que en números absolutos fueron Sevilla y Málaga las que ocuparon las dos primeras posiciones, con 261.400 y 251.700 parados, respectivamente.

   Analizando el conjunto nacional, las provincias gaditana y onubense son las provincias que presentan unas tasas de paro más elevadas de todo el país.

   En el resto de provincias, la tasa de paro ascendió al 33,31 por ciento en Almería; Córdoba, con 31,73 por ciento; Málaga, con una tasa del 31,63 por ciento; Granada, con 28,93 por ciento; Sevilla, con 28,5 por ciento; y Jaén, con 28,24 por ciento de tasa de desempleo.

   En cuanto a la tasa de actividad, Almería fue la única provincia andaluza que presenta una tasa de actividad por encima del 60 por ciento, con un 64,18 por ciento. En cuanto al resto, Málaga registra una tasa de actividad del 59,88 por ciento; Sevilla, con 59,68 por ciento; Córdoba, con 59,48 por ciento; Huelva, con 59,40 por ciento; Cádiz, con 56,95 por ciento; Granada, con 55,88 por ciento; y Jaén, con 54,95 por ciento.

   A continuación, los datos de la EPA por provincias con el número total de ocupados y desempleados, así como la tasa de actividad y de paro: 

PROVINCIA/ OCUPADOS/ PARADOS /TASA ACTIVIDAD/ TASA PARO

Almería..........241.200.......120.500............64,18........33,31 Cádiz............369.400.......201.800............56,95........35,33 Córdoba..........263.800.......122.600............59,48........31,73 Granada..........298.600.......121.500............55,88........28,93 Huelva...........164.000........85.400............59,40........34,23 Jaén.............212.500........83.700............54,95........28,24 Málaga...........544.200.......251.700............59,88........31,63 Sevilla..........655.700.......261.400............59,68........28,50 ==================================================================== TOTAL..........2.749.600.....1.248.500............58,86........31,23

Intervenidas cuatro jaulas-trampa para zorros y jabalíes en Cabo de Gata

ALMERÍA.- La Guardia Civil ha intervenido cuatro artes prohibidas para la captura de jabalíes y zorros en dos cotos privados de caza ubicados en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y formulado denuncia contra dos vecinos de la capital almeriense y El Ejido.

   Las actuaciones de los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) se produjeron hace dos semanas después de que localizasen a un hombre que se encontraba practicando caza con reclamo perdiz y que, al terminar su actividad cinegética, se dirigió hacía una zona de monte oculta por palmitos, donde se detuvo unos minutos observando.

   Según ha informado la Comandancia, la actitud del cazador levantó sospechas, por lo que los guardia civiles le siguieron hacia su turismo, estacionado en las inmediaciones, y procedieron a su identificación.

   Tras comprobar que tenía la documentación en regla para la práctica de la caza, comenzaron a inspeccionar la zona y hallaron una jaula-trampa de fabricación artesanal, perfectamente camuflada con el entorno, compuesta de doble puerta con cierre de guillotina y utilizada para la captura de jabalíes.

   El artilugio tenía los dos portones abiertos y estaba cebado con comida mientras que el suelo donde estaba colocada desprendía un fuerte olor a gas-oil con objeto de atraer a los jabalíes que tienen su hábitat natural en la zona. Los agentes le informaron de que su actuación constituía una infracción a la Ley de Protección de la flora y fauna y formularon denuncia contra él.

   En la misma jornada, el Seprona localizó en distintos puntos de un coto privado de caza cercano otras tres jaulas-trampa, dos de ellas para la captura de jabalíes y otra para zorros. También estaban perfectamente camufladas con el entorno, cebadas y con el dispositivo de cierre montado. En ambos casos habían sido colocadas sin conocimiento de los propietarios de los cotos.

COAG ve la aprobación de la comisión un "ataque frontal" contra el tejido productivo hortofrutícola

ALMERÍA.- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha calificado de "ataque frontal contra el tejido productivo hortofrutícola español" el "sí" de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) a la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos, que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. 

   Se trata de "una postura decepcionante e hipócrita", según ha trasladado el secretario general de COAG, Miguel López, quien considera que "no se puede aprobar un nuevo acuerdo que liberaliza prácticamente todo el comercio de productos agrarios sin garantizar un efectivo control en frontera de precios entrada y cantidades y sin exigir los mínimos estándares laborales, sanitarios y medioambientales que la UE exige a nuestras producciones".

   Durante las próximas dos semanas, COAG "redoblará sus esfuerzos" en Bruselas para evitar que el pleno de la Eurocámara del 15 de febrero ratifique definitivamente la puesta en marcha el acuerdo en los términos actuales. Asimismo, exigirá a las comunidades autónomas de las regiones productoras y al Gobierno central la "máxima implicación" en este tema y una defensa "sin ningún tipo de fisuras del futuro de nuestros productores".

   "No nos podemos plegar a los intereses comerciales de los que marcan el rumbo de la UE, caso de Alemania, a cambio de desmantelar nuestro rico tejido productivo", ha manifestado López, quien ha recordado que el sector de las frutas y hortalizas generó en 2011 unos 13.670 millones de euros, un tercio de la Producción Final Agraria española. "En un contexto como el actual, no podemos permitirnos el lujo de poner en peligro cuatro de cada diez empleos en las regiones productoras", ha añadido.

   Por su parte, el secretario estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha indicado que pese esta primera decisión de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, desde la organización se va a mantener nuevas reuniones con los eurodiputados para tratar de cambiar el sentido del voto de cara a la ratificación, con lo que se acudirá a la presidencia de los grupos europarlamentarios para "convencer al máximo" de que rechacen este acuerdo de asociación.

Asaja tilda de "jarro de agua fría enorme" el respaldo de la Comisión de Comercio al acuerdo UE-Marruecos

ALMERÍA.- Asaja ha considerado un "jarro de agua fría enorme" que la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) haya votado este jueves a favor de la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos después de que se hayan aceptado "en bloque" cuatro enmiendas al informe presentado por el eurodiputado José Bové (Los Verdes) en el que se que pedía tumbar el acuerdo porque colocaría a los productores agrícolas europeos "en una dura competencia difícil de mantener".

   El responsable nacional de Frutas y Hortalizas de la organización, Francisco Vargas, ha señalado que el informe "al que se ha cambiado por entero el sentido" con las enmiendas y contra el que se han tres eurodiputados españoles --dos del PP y uno del PSOE-- y dos del grupo de Los Verdes se va a "tener muy en cuenta" por parte del Parlamento Europeo (PE) el próximo día 15, fecha en la que tendrá que someterse a votación la ratificación o el rechazó del acuerdo de liberalización.

   "La única esperanza que teníamos era que este informe que, antes de ser enmendado, era contrario al acuerdo, se uniera al informe de la Comisión de Agricultura, que también se expresó en este sentido", ha subrayado Vargas, quien ha trasladado las dudas del sector sobre "cuál pesará más" para los integrantes del PE. "Mucho nos tememos que este va a ser un día muy negro", ha apuntillado.

   En esta línea, y tras resaltar que la decisión de la Comisión de Comercio Internacional supone "un varapalo muy importante" para los productores españoles, ha indicado que, mientras que el informe de la Comisión de Agricultura es "sectorial" el de la INTA contempla "todos los sectores", por lo que ha augurado que puede ser decisivo para la votación de la Eurocámara.

   Vargas ha manifestado que Asaja continuará con las acciones para alcanzar "máximo nivel de concienciación" sobre lo "altamente perjudicial" del acuerdo de asociación UE-Marruecos para España. Entre estas, ha destacado, está la presentación de mociones a los plenos de diputaciones y corporaciones locales para que estos se posicionen en contra de la ratificación y elevarlas a los 53 europarlamentarios españoles.

   "Con una situación de paro que alcanza una tasa del 28 por ciento no podemos contribuir a que suba. La agricultura puede absorber buena parte de este desempleo y necesita medidas más proteccionistas y menos liberalizadoras", ha concluido.

   Los eurodiputados han enmendado la recomendación redactada por Bové, quien criticaba la falta de una evaluación de impacto económico y medioambiental del nuevo convenio y la situación del Sáhara occidental, cuya población reclama ser excluida de los acuerdos con Marruecos. Con los cambios introducidos  por las enmiendas adoptadas en la comisión INTA, el proyecto de recomendación que llegará al pleno del Parlamento Europeo pedirá "conceder" el visto bueno definitivo al nuevo convenio comercial de productos agrícolas y pesqueros con Rabat.

   La ratificación de la Eurocámara es el último requisito para que entre en vigor el acuerdo que prevé la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios, aunque también incluye un régimen arancelario por contingentes para alimentos "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

La mayoría de las CC.AA acumulará la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas. 

   "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta en muchos casos antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.

   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Las administraciones que no corrijan el déficit pagarán multas si reinciden

MADRID.- Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

   Esta es una de las novedades que se incluirán en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones públicas, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

   Además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable, puesto que el anteproyecto que aprobará el Ejecutivo este viernes transpone los mecanismos correctores de la Unión Europea.

   Asimismo, se establecerá un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".

   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.

   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.

   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.

   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".

   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.

   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".

   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".

"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".

   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.

   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".

   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.

   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".

   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.

   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.

   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".

   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".

   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

La Eurocámara, a favor del nuevo acuerdo agrícola con Rabat

BRUSELAS.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha votado a favor del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles del PP y PSOE habían anunciado que votarían en contra.

   El nuevo acuerdo fue negociado en 2010 entre Rabat y Bruselas y ha recibido el visto bueno de los Veintisiete, pero necesita la ratificación de la Eurocámara para su entrada en vigor. Tras el voto de este jueves, está previsto que el pleno se pronuncie definitivamente el próximo 15 de febrero.

   Los eurodiputados han enmendado la recomendación redactada por el francés José Bové (Verdes) que pedía tumbar el acuerdo porque colocaría a los productores europeos "en una dura competencia difícil de mantener". Bové también criticaba la falta de una evaluación de impacto económico y medioambiental del nuevo convenio y la situación del Sáhara occidental, cuya población reclama ser excluida de los acuerdos con Marruecos.

   Con los cambios introducidos  por las enmiendas adoptadas en la comisión INTA, el proyecto de recomendación que llegará al pleno del Parlamento Europeo pedirá "conceder" el visto bueno definitivo al nuevo convenio comercial de productos agrícolas y pesqueros con Rabat.

   La ratificación de la Eurocámara es el último requisito para que entre en vigor el acuerdo que prevé la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios, aunque también incluye un régimen arancelario por contingentes para alimentos "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

   La entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido es una ventaja fuertemente criticada por los agricultores españoles, en especial desde Canarias, Andalucía y Murcia. Otras comunidades autónomas como la valenciana se han sumado a las críticas por temor a que perjudique a otras producciones como la naranja.

Los ayuntamientos también tendrán 10 años para devolver liquidaciones de 2008 y 2009

MADRID.- El Gobierno ha extendido a los ayuntamientos la ampliación de cinco a diez años del tiempo del que disponen para devolver las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009, que en este caso ascienden a unos 6.000 millones de euros.

   Así lo han adelantado anoche  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cirstóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.

   En dicha reunión, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos las líneas básicas del anteproyecto de ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y ha planteado y extendido las medidas pactadas con las comunidades la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así, los ayuntamientos también podrán acceder a la línea ICO para facilitar el pago a proveedores y mejorar su liquidez  y dispondrán de un anticipo del 50% de la liquidación positiva correspondiente al año 2010, igual que las comunidades.

   Estas medidas requerirán la presentación de un plan de ajuste por parte de las entidades locales en los términos previstos en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

   Por su parte, los ayuntamientos han asumido las principales líneas del anteproyecto de ley que se aprobará el viernes, que incluye la creación de una regla de gasto y el establecimiento de sanciones para las regiones que no cumplan los objetivos fijados.

   Además, las entidades locales se han comprometido a elaborar presupuestos o ejecutar los mismo teniendo en cuenta que los ingresos del sistema de financiación y el resto de recursos se verán condicionados por la recesión.

   Asimismo, las entidades locales emprenderán las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia en su prestación y evitar duplicidades, al tiempo que remitirán trimestralmente a Hacienda información sobre la evolución de su tesorería y los saldos con los proveedores.

   Montoro ha explicado su satisfacción tras la reunión porque las entidades locales, como ya hicieran las comunidades, han asumido las líneas básicas del anteproyecto de ley, algo muy importante porque la reducción del déficit se tiene que hacer de manera conjunta.

   A su parecer, los pactos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades y los ayuntamientos son casi "pactos de Estado" que facilitan la tarea de reconducir las cuentas públicas trabajando junto al resto de administraciones, pero sin interferir en sus competencias.

   Para el presidente de la FEMP, los compromisos alcanzados por Montoro con las entidades locales demuestran la "voluntad de diálogo y seriedad" del Gobierno, ya que se van a tomar "medidas urgentes", como la línea ICO y el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas, pero también se determinarán las competencias de estas corporaciones así como la financiación que les corresponde.

   "Es un planteamiento serio, con mucha sensatez, y un compromiso que estábamos deseando escuchar", ha señalado el también alcalde de Sevilla, quien ha prometido que las entidades locales se van a "apretar el cinturón" y también a ser "más eficaces y eficientes".

   No obstante, ha remarcado que hasta que no se reforme la ley de financiación local "es muy difícil saber hasta donde se puede apretar uno el cinturón", si bien ha dicho que, en cualquier caso, las administraciones públicas "siempre" deben procurar ser más eficientes, "como ocurre en cualquier empresa o familia".

   A la pregunta de si en la reunión se ha abordado la posibilidad de fusionar o suprimir entidades locales, Zoido ha asegurado que este asunto no ha salido a relucir, pero que, en todo caso, la intención es "controlar y racionalizar el gasto público" porque "no puede haber dos órganos dentro de una misma administración haciendo lo mismo".

   En cuanto a la fijación de sanciones a los que no cumplan, Zoido ha dejado claro que las entidades locales aceptan "los principios básicos de la estabilidad presupuestaria porque es la única manera de empezar a crecer y crear empleo".

   Aunque ha manifestado que está "convencido" de que los ayuntamientos cumplirán estos compromisos, ha subrayado que "el que no lo haga tiene que asumir las consecuencias" y que "el rigor es el mismo para todos porque es la credibilidad del Estado la que está en juego".

   El presidente de la FEMP ha agradecido a Montoro haber recibido a los ayuntamientos cuando el Gobierno "acaba de llegar" para abordar la difícil situación financiera por la que están pasando las administraciones locales.

El PSOE de Almería llevará 200 enmiendas al congreso federal con las que pedirá la defensa de la agricultura

ALMERÍA.- El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha informado este miércoles de la enmiendas que el PSOE de Almería defenderá en el XXXVIII Congreso Federal del PSOE, según aprobó en el pasado congreso provincial, de forma que incidirán especialmente en la defensa de la agricultura de Almería "con el fin de que los futuros gobiernos socialistas no puedan negociar ningún acuerdo que vaya en contra de los agricultores almerienses en el ámbito de la UE".

   Junto con la secretaria provincial de Ciudadanía, Ideas y Programas del PSOE de Almería, María del Carmen Núñez, y el presidente de la Agrupación Local del PSOE de la capital, Fernando Martínez; Sánchez Teruel ha explicado las cerca de 200 enmiendas que las agrupaciones locales de la provincia hacían a la Ponencia Marco del PSOE que se votará en el próximo Congreso Federal en dos comisiones.

   Una de estas comisiones abordaba el futuro modelo de partido para el PSOE y la otra estaba enfocada al modelo de política socioeconómica para los ciudadanos que el PSOE defiende. Así, en cuanto a agricultura,  Sánchez Teruel ha mostrado su "satisfacción" por el "compromiso" de los eurodiputados socialistas de votar en contra del nuevo acuerdo de la UE con Marruecos tras reunirse con la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

   En la misma línea, el secretario general del PSOE ha felicitado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a la consejera de Agricultura por el trabajo realizado en Europa en defensa de la agricultura de la provincia de Almería y ha criticado que el líder del PP-A, Javier Arenas, "se haga muchas fotos" pero "poco trabajo", en este sentido.

   Sánchez Teruel ha pedido a Arenas "que esté más Bruselas, con el ministro de Agricultura y con Rajoy tratando de convencer a los eurodiputados de la derecha para votar en contra del nuevo acuerdo con Marruecos, para que no ocurra como en el año 2000 cuando apoyaron el acuerdo agrícola actual de la UE con el Reino alauita".

   Por otro lado, cuanto al contenido de las enmiendas a la Ponencia Marco del PSOE para renovar el modelo de funcionamiento interno del partido, Núñez ha indicado que "muchas cosas han cambiado en el mundo los últimos años y la política en ocasiones no ha sabido plantear soluciones a la misma velocidad que se evidenciaban los problemas, lo que ha producido un profundo desencanto en los ciudadanos; la receta del socialismo almeriense para recuperar la confianza de la ciudadanía es un partido más abierto y participativo, que sea más permeable a la realidad social".

   Para ello, según Núñez, las propuestas del PSOE de Almería "tienen tres objetivos: dar más protagonismo a la militancia, las apertura a la sociedad del partido y con un comportamiento ejemplar de los miembros del PSOE". Igualmente, para dar "más protagonismo" a la militancia entre las enmiendas, según la secretaria provincial de Ciudadanía, Ideas y Programas, se encuentran las que defienden primarias abiertas a los ciudadanos para la elección del candidato a las elecciones generales.

   Asimismo, defiende primarias abiertas a la militancia para elección directa de los secretarios generales del PSOE, listas abiertas el los procesos electorales, la reducción del número de avales para los procesos internos del PSOE, la creación de redes de militantes activistas con tareas en el ámbito local y la recuperación de las agrupaciones socialistas de barrio.

   De cara a dar más participación a la sociedad en el PSOE, según la secretaria socialista en las enmiendas del PSOE de Almería se propone "la organización de cumbres locales del PSOE para dar respuesta a las necesidades ciudadanas en este ámbito, la creación de una Comisión del Conocimiento Socialista, el uso de las herramientas de las NTIC para la presentación de Iniciativas Legislativas".

   En cuanto a los "comportamientos ejemplares" de todos los miembros del partido en las enmiendas se aboga por fortalecer los mecanismos de control del partido sobre la política de sus representantes en las distintas instituciones, con un Estatuto de Transparencia y Rendición de Cuentas, que se obligue a realizar a los cargos de forma anual un informe de gestión y la presentación de declaraciones de bienes y actividades de los cargos orgánicos también, según Núñez.

   La inclusión de un porcentaje mínimo del 15 por ciento en las listas del PSOE de jóvenes, las listas 'cremallera' obligatorias, y la creación de una 'Agrupación 2.0' para potenciar el papel de la cibermilitancia, son otros de los asuntos que se proponen en las enmiendas del PSOE de Almería. De otra parte, Martínez, ha informado que las enmiendas en cuanto al proyecto socialdemócrata de gobierno están orientadas a "recuperar el valor de lo público, con una política democrática que ordene los mercados", y vinculado a ello se "apuesta por la igualdad, lo que exige combatir la creciente concentración de la renta y del poder".

   Otro de los objetivos de las enmiendas aprobadas, según Martínez, es "dar respuesta política a la globalización económica" y para ello se propone "reconstruir la socialdemocracia desde Europa y hacia el mundo, reforzando el papel de la Internacional Socialista y del Partido Socialista Europeo". Igualmente el presidente del PSOE de la capital ha asegurado que "los mercados han ocupado el espacio que la política les ha permitido" y por ellos el PSOE de Almería propone enmiendas para reforzar el papel de la política y recuperar el espacio de lo público".

   Martínez también ha expuesto que las enmiendas defienden "máxima transparencia y participación en la vida pública" y para ello se propone "la reforma de la Ley Electoral para hacerla más proporcional", "mejorar los canales de participación con las tecnologías", además de que la política deba "rendir cuentas a los ciudadanos, a través del seguimiento del cumplimiento de los programas electorales por parte del Defensor del Pueblo" y que "los diputados nacionales y senadores deben también rendir cuentas ante los electores sobre su trabajo y el sentido de su voto".

   La lucha contra la corrupción y el fraude son retos que se pretenden abordar en las enmiendas del PSOE de Almería con propuestas como "el aumento las penas y los plazos de prescripción por delitos como el cohecho, el tráfico de influencias y el fraude fiscal" según el presidente del PSOE de la capital.

   Además "se propone la limitación de mandatos en un mismo cargo público a ocho años", según ha explicado Martínez y ha defendido "la implantación de un nuevo modelo productivo basado en la investigación, el desarrollo y la innovación, con una renovada política industrial y con la creación de un banco público".

El Ayuntamiento de Roquetas dice que la licencia que investiga Fiscalía "no ha sido objeto de recurso"

ROQUETAS DE MAR.- El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha indicado este miércoles que la licencia municipal que autorizó en 2007 la construcción de diez viviendas unifamiliares en la zona conocida como La Fabriquilla y por la que la Fiscalía Provincial ha presentado denuncia al apreciar indicios de presunta prevaricación urbanística "no ha sido objeto de recurso administrativo ni de impugnación jurisdiccional alguna".

   En un comunicado, el Consistorio ha señalado que no ha recibido "ninguna notificación" con respecto a la denuncia remitida al Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar "ni de la Fiscalía, ni del juzgado". Ha informado, asimismo, de que "en aras de la transparencia informativa", ha enlazado en la página web municipal "dentro de Gobierno abierto", todos los acuerdos adoptados en relación a la parcela donde se realizó la obra.

   Las diligencias de investigación de la Fiscalía Provincial, incoadas en julio de 2011 y de las que se dio traslado para su transformación en previas el pasado 13 de enero, indican que el hecho relevante que el Ministerio Público considera que "debe ser investigado" es el acto administrativo por el que se autorizó "de una forma no legal" la obra en una zona donde "no se podía autorizar". En concreto, se trata de una parcela en la Unidad de Ejecución UE-109.

   La licencia cuya legalidad cuestiona la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía al estimar un supuesto ilícito penal tipificado en el artículo 320 fue concedida en 2007, al tener delegadas las competencias en esta materia, por la Concejalía de Urbanismo. El caso está pendiente de judicializar, por lo que no hay imputados.