ALMERÍA.- La anterior corporación local de Zurgena y parte de la actual, entre los que se encuentra el alcalde, Cándido Trabalón (PA), enfrentan una nueva petición fiscal de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por conceder licencia para la construcción de 14 viviendas unifamiliares en el paraje de 'Los Llanos del Peral' e incurrir, por tanto, en un presunto delito de prevaricación.
El fiscal, según consta en el escrito de acusación, acusa al primer edil, a los concejales andalucistas Manuel Tijeras y Emilia Jiménez y a los ex ediles Aniceto López, Josefa Sánchez García, Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios en la lista del PP-- y a los por entonces concejales del PSOE, Juan Morales y del PP, José Juan Sánchez.
El juicio oral, el cuarto al que, de momento, se enfrentan la mayoría de cargos electos implicados en el entramado urbanístico de Zurgena, se ha abierto también, según consta en el auto dictado por la juez, contra el arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel y los tres responsables de promover la obra, los constructores Felix Nogera y Teodoro Trabalón, así como el director técnico, Pedro García Alfonso.
Para ellos, como administradores de las empresas Tisan Sureste SL y Tragarcía S.L., y al encargado de supervisar el proyecto, el Ministerio Público les imputa la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, por el que interesa para cada uno de ellos dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo relacionado con la construcción, además de una multa de 24 meses a razón de 20 euros al día.
Según el relato de los hechos que se recoge el escrito de acusación, ambas empresas promovieron y construyeron bajo la dirección técnica de Pedro García, quien realizó el proyecto "con conocimiento de que no era autorizables", un total de 14 viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'Los Llanos del Peral' sobre suelo no urbanizable.
El residencial se autorizó por la corporación local zurgenera, con el voto favorable de los cargos públicos acusados, en una sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2005. El acuerdo se alcanzó, sostiene el fiscal, con un informe técnico previo elaborado por Carlos Berbel, quien los emitió "a sabiendas de su injusticia". "Todos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable", concluye.
El acusado Felix Nogera celebró un contrato de permuta con los propietarios del terreno a cabo de cuatro de los inmuebles levantado aunque no llegó a transmitir la propiedad de ninguna de las viviendas edificadas, para las que el Ministerio Pública interesa el derribo con cargo de los costes al administrador de Tisan Sureste SL.
Los concejales acusados, a excepción de Josefa Sánchez, en este procedimiento enfrentan otras tres penas de siete años de inhabilitación, y de entre seis y ocho meses de prisión, en sendas causas abiertas por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de tres promociones de viviendas irregulares en los parajes de El Cucador, Los Llanos del Peral y el Barranco de Los Pinos. Por este último caso está previsto que se sienten en el banquillo el próximo mes de marzo ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital almeriense.
Todos están, asimismo, imputados junto a otras 17 personas en la denominada operación 'Costurero', que se saldó en abril de 2008 con la detención del primer edil, el concejal de Urbanismo, dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos. A los dos cargos públicos, el juez instructor les atribuye la presunta comisión de delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del edil de Urbanismo, se suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.
