MADRID.- Las comunidades autónomas de Canarias,
Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias presentarán antes del 30 de
agosto en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad
por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de
la Ley de Costas de 1988, al entender que vulnera varios principios
constitucionales.
"Hemos puesto en común nuestra preocupación. Vamos a presentar un
recurso de inconstitucionalidad Asturias, Canarias, País Vasco,
Andalucía y Cataluña", ha anunciado el consejero de obras públicas,
transporte y política territorial de Canarias, Domingo Berriel en rueda
de prensa.
Berriel ha explicado que la norma recientemente aprobada por el
Parlamento viola el principio de igualdad ante la ley; algunos aspectos
competenciales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y
plantea algunas "retroactividades intolerables".
El representante canario ha señalado que, aunque las distintas
administraciones autonómicas presentarán por separado el recurso, este
lunes han mantenido una reunión en la que han concretado los aspectos
comunes y la línea argumental. Además, ha destacado que las comunidades
autónomas reunidas representan más de la mitad del litoral español y que
están prácticamente de acuerdo en un 80 por ciento de sus argumentos.
Al encuentro han asistido, comisionados por sus respectivos
consejeros el secretario general técnico y el director general de
ordenación del territorio y urbanismo de Cataluña; por parte del País
Vasco, el viceconsejero de Medio Ambiente y el director general de la
Agencia del Agua; el subsecretario general técnico de Andalucía, y la
jefa de servicios de gestión y disciplina urbanística de Asturias.
Concretamente el consejero canario ha calificado de "mala" la Ley
actual porque no tiene ningún precepto que mejore, facilita o ponga en
valor aspectos históricos del litoral o la economía local y porque
vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que
excluye a 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser
dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves.
"No se sabe por qué estos y no otros", ha lamentado, al tiempo que
ha reclamado que la ley no amnistíe municipios concretos sino un
régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio. En
cuanto a Canarias, considera que hay entre 60 y 80 municipios que
necesitan un nuevo estudio.
Asimismo, asegura que la ley invade competencias autonómicas y
municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso
municipal cuando así lo considere. Esta sería la conocida como cláusula
anti-Algarrobico, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en
el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el
Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que ha sido declarado ilegal
por el Tribunal Supremo.
A su juicio, esta cláusula rescata "potestades de Gobernadores
Civiles y jefes provinciales del Movimiento, cuando tenían la
posibilidad de suspender cautelarmente, según su libre albedrío las
resoluciones de los ayuntamientos" y ahora esa potestad la tendrán los
delegados del Gobierno. "Eso nos parece una barbaridad", ha apostillado,
al igual que las invasiones de las competencias de las comunidades
autónomas, que tienen la ordenación del territorio y de la del litoral.
Por ello, a su juicio, la norma en cuestión "hace un ablación casi
completa" al exigir que habrá dos años para que el Estado pueda decidir
si un enclave debe ser urbano o no. En este sentido, ha dicho que
Canarias ha preguntado sobre esta cuestión, recogida en la disposición
adicional primera, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
"Hay varias invasiones competecenciales que no podemos dejar pasar
por alto. Hay que preservar el modelo constitucional de respeto a las
comunidades autónomas", ha defendido.
Finalmente, para el consejero esta ley va en contra del corazón
del Estado para debilitar el reparto competencial y la
descentralización. Berriel ha vaticinado que la Ley de Uso Sostenible y
Protección del Litoral, en definitiva, no tendrá más futuro que su
derogación.
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