El Consejo de Ministros autoriza 25,3 millones de euros para ampliar el muelle de Pechina

 ALMERÍA.- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 25,3 millones de euros para la ampliación del Muelle de Pechina del Puerto de Almería para aumentar la capacidad y la atención al creciente tráfico de graneles para impulsar la competitividad del sistema portuario.

Así lo ha avanzado en un apunte en la red 'X', el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante una actuación cofinanciada por la Unión Europea que desarrollará mediante su licitación la Autoridad Portuaria de Almería (APA).

En concreto, la actuación ha sido dotada con seis millones de euros de fondos europeos en el marco de la convocatoria de 2023 del Mecanismo Conectar Europa (CEF), para el impulso de una red transeuropea de transporte eficiente y sostenible, según ha indicado la APA en una nota.

La ampliación del Muelle de Pechina se efectuará mediante la prolongación la línea de atraque en 260 metros, alcanzado un calado de 18 metros, y generando cinco hectáreas de superficie.

La actuación, recogida en el plan de inversiones, "aumentará las oportunidades de crecimiento del puerto en cuanto a tráfico de mercancías y también incrementará su potencial para atraer inversión e industria", ha indicado al respecto la presidenta de la APA, Rosario Soto.

En concreto, según ha indicado el ministerio en un comunicado posterior, la actuación permitirá aumentar la capacidad del muelle para el montaje y carga de aerogeneradores, así como para atender el creciente tráfico de graneles.

La ampliación se realizará mediante la disposición de seis cajones de hormigón armado de 42,5 metros de longitud y un cierre de hormigón sumergido entre el muelle actual y la prolongación, continuando con la alineación del muelle de Pechina existente.

A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Almería, acordado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada 'Prolongación muelle de Pechina 1ª fase', y cuentan con financiación parcial procedente de los fondos europeos CEF.

Ese Plan de Inversiones 2025-2029 contempla actuaciones en el puerto de Almería por casi 97 millones de euros, de los que casi la mitad (45 millones) se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda.

Para impulsar la integración del puerto con la ciudad está previsto destinar 21 millones de euros, y otros 17,3 millones para desarrollar proyectos de sostenibilidad ambiental. Además, se invertirán 8,9 millones de euros para accesos viarios y ferroviarios que incrementen la conectividad del puerto; y 4,8 millones para seguridad.

Los puertos del Estado en Andalucía son los segundos en volumen de inversión, por detrás de los situados en Cataluña, con más de 1.300 millones de euros hasta 2029, según el plan 'Horizonte 2030' para el sistema portuario de titularidad estatal, anunciado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado mes de noviembre.

Con este plan inversor se pretende mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de los puertos del sistema portuario de titularidad estatal, que está compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias y coordinados por Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

IU celebra que la reparación a las víctimas de la violencia policial llegue al Consejo de Ministros y exige justicia para el 'Caso Almería'

 ALMERÍA.- Izquierda Unida Almería ha mostrado su satisfacción por el avance de la Proposición de Ley para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes de agentes del Estado, impulsada por IU en el Congreso y que el próximo martes 3 de marzo será elevada al Consejo de Ministros. La organización considera que este paso “abre una oportunidad histórica para reparar a quienes sufrieron la violencia policial durante la Transición y fueron condenados al silencio”.

La coordinadora provincial de IU y candidata de Por Andalucía, María Jesús Amate, subraya que esta reforma legal “tiene un significado especial para Almería, donde el Caso Almería sigue siendo una herida que nunca ha cerrado del todo”. 

En mayo del 81, Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, un joven de Pechina, fueron detenidos, torturados y asesinados por la Guardia Civil tras ser confundidos con miembros de ETA.

“Eran tres jóvenes trabajadores que venían a una comunión. Y el Estado nunca los reconoció como víctimas de su propia violencia”, recuerda Amate.

La dirigente provincial reconoce el gesto del Gobierno en 2023, cuando se entregaron diplomas de reparación simbólica a las familias, pero insiste en que “no es suficiente”. 

“No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda. No basta con un diploma. Las familias merecen el reconocimiento pleno como víctimas de terrorismo de Estado, con los mismos derechos que cualquier otra víctima de violencia política”, afirma.

Amate recuerda que las familias de los tres jóvenes “no solo sufrieron la atrocidad del crimen, sino también la humillación posterior”: versiones oficiales falsas, insinuaciones que culpabilizaban a las víctimas, beneficios penitenciarios para los responsables y décadas de silencio institucional. 

“La democracia no puede seguir permitiéndose estas zonas oscuras. La verdad ya la conocemos; ahora toca justicia y reparación”, señala.

La proposición de ley impulsada por IU modifica la Ley de Víctimas del Terrorismo y la Ley de Memoria Democrática para que los crímenes cometidos por agentes del Estado hasta el 1 de enero de 1983 puedan ser reconocidos oficialmente. Esto permitiría que casos como el de Manuel José García Caparrós en Málaga o el Caso Almería dejen de estar excluidos por lagunas legales que nunca debieron existir.

La coordinadora provincial ha querido recordar también a Javier Verdejo, el joven almeriense de 19 años asesinado por disparos de la Guardia Civil en 1976 mientras escribía una pintada a favor de la libertad y la amnistía. 

“Su muerte tampoco ha recibido el reconocimiento que merece. Verdejo forma parte de la memoria democrática de Almería y de Andalucía, y su familia lleva medio siglo esperando una respuesta del Estado”, afirma.

Para IU Almería, esta ley “no es un gesto simbólico, sino un paso imprescindible para cerrar heridas que siguen abiertas”. Amate concluye:

“La democracia se fortalece cuando reconoce a quienes fueron víctimas de su propia sombra. Y en Almería sabemos bien lo que significa vivir con esa sombra. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y dignifique a quienes nunca debieron ser olvidados”.

El Gobierno prohíbe expresamente fumar y vapear a menores de edad, no regulado actualmente en la Ley del Tabaco

 MADRID.-  El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley del tabaco que prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores, algo que hasta ahora no estaba regulado, ya que la prohibición actual solo se limitaba a la venta o entrega de tabaco.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Esta reforma se enmarca en el desarrollo del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

Con esta modificación, los cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina), las bolsitas de nicotina para uso oral, los productos a base de hierbas, como 'shishas', y los dispositivos para el consumo de productos calentados quedarán sometidos a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional.

De este modo, la ley prohíbe expresamente el consumo de tabaco y estos productos relacionados por parte de menores de edad, y amplía la protección que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega. El objetivo del Ministerio es reforzar la protección a la infancia y adolescencia.

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La ley amplía los espacios donde está prohibido fumar e incorpora nuevos entornos de uso colectivo, tanto interiores como al aire libre, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. 

Por ello, se prohíbe fumar o utilizar estos productos en espacios públicos cerrados y en una lista ampliada de entornos exteriores, como terrazas de bares, recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles, estaciones de transporte o centros educativos, entre otros. Además, se prohíbe fumar en vehículos de transporte con conductor.

Estas medidas se alinean con los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y con el Código Europeo contra el Cáncer, que promueven reducir significativamente la prevalencia del tabaquismo antes del año 2040.

También será obligatoria la señalización clara en los espacios donde se prohíbe su uso o consumo. Asimismo, se introducen obligaciones de etiquetado e información, que deberán incluir datos sobre el contenido en nicotina y características del producto.

Por otra parte, la modificación prohíbe la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para la población joven.

El Anteproyecto de Ley modifica el régimen aplicable a la publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco y productos relacionados, mediante la incorporación de un nuevo capítulo que extiende las restricciones ya existentes al conjunto de productos relacionados con el tabaco definidos en la nueva norma. 

Se establece la prohibición de toda forma de publicidad, directa o indirecta, incluyendo cualquier tipo de comunicación comercial o promoción de productos del tabaco y productos relacionados, ya sea a través de medios impresos, audiovisuales, digitales, redes sociales, o mediante distribución de muestras o descuentos.

Asimismo, se prohíbe expresamente la publicidad en equipamientos, instalaciones y mobiliario situados en espacios de uso público o colectivo, lo que abarca elementos presentes en bares, discotecas, terrazas u otros establecimientos de ocio. Esto incluye rótulos, carteles, mobiliario urbano o de hostelería que incorpore logotipos, imágenes o referencias a marcas de productos del tabaco o productos relacionados.

También queda prohibido el patrocinio de actividades, eventos o contenidos por parte de empresas del sector, así como la aparición de marcas vinculadas a estos productos en publicaciones, festivales, actividades culturales o deportivas, tanto presenciales como en entornos digitales.

Además, el anteproyecto de ley refuerza la obligación de los responsables de espacios donde esté prohibido el consumo de productos del tabaco o productos relacionados de colocar señalización visible que informe de dicha prohibición, conforme a las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

"También se refuerzan las sanciones a quienes vulneren estas normas, ya que se van a poder enfrentar a multas severas que pueden llegar hasta los 600.000 euros", ha explicado la ministra.

Como parte de la nueva estructura de prevención, se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, órgano de coordinación interadministrativa para el seguimiento de políticas públicas en esta materia. 

"Su creación responde a la necesidad de reforzar la gobernanza y la evaluación en la lucha contra el tabaquismo, después de su supresión en 2014", añade el Ministerio.

El texto aprobado modifica el régimen sancionador, actualizando infracciones, cuantías y responsabilidades para adecuarlo a las nuevas medidas. Además, se establece un periodo transitorio de 12 meses para permitir a los fabricantes adaptar sus productos al nuevo marco legal, y para permitir el agotamiento de existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

“Sabemos que hay intereses que ejercerán presión para hacer un negocio en detrimento de la salud de los ciudadanos y en favor de esta enfermedad y de esta adicción. También sabemos que la salud pública siempre la vamos a poner por delante de los intereses comerciales”, ha finalizado García.

Finalmente, pese a la intención del Ministerio de Sanidad, la modificación del anteproyecto de ley no incluirá el empaquetado genérico por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición. No obstante, el Ministerio de Sanidad no renuncia a que se pueda introducir más adelante, durante la tramitación parlamentaria. 

La intención del departamento que dirige Mónica García era llevar a cabo esta medida que se aplica en países como Australia, Francia, Noruega y Dinamarca. En reiteradas ocasiones, Sanidad ha manifestado que la evidencia científica demuestra que el empaquetado genérico es una medida efectiva y que ayuda a que no funcione el reclamo publicitario. Esta falta de acuerdo en el Gobierno ha provocado que por el momento no se incluya en la nueva ley.

El Gobierno aprueba la declaración de utilidad pública de parte de la playa de El Algarrobico

 MADRID/SEVILLA.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 11 de febrero la declaración de utilidad pública de parte de El Algarrobico, como paso previo a su expropiación para la demolición del hotel ilegal que se ubica en esta playa, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como paso previo a su expropiación y posterior demolición.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que hay "dos lecciones" a aprender: que es "fundamental" proteger los ecosistemas y que el dominio público marítimo-terrestre es clave para la protección de las personas frente al riesgo de inundaciones.

Aagesen entiende que la Junta de Andalucía emprenderá "de forma responsable" las actuaciones necesarias sobre la parte del hotel que se encuentra fuera de la franja de 100 metros del dominio público martímo-terrestre (competencia estatal) para que ambas administraciones puedan acometer conjuntamente su derribo total.

A su vez, ha recordado el protocolo de protección de la playa firmado en 2011, por el que se acordó qué el Gobierno se iba a encargar de los gastos de demolición y Andalucía, la gestión de residuos y la partida para restaurar la playa. En este marco, el Gobierno se ha comprometido a asumir los primeros con un presupuesto que puede ascender hasta los siete millones de euros.

"Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve", ha afirmado.

Por último, Aagesen ha compartido un mensaje de "reconocimiento y agradecimiento" a los movimientos ambientales y sociales que "les han ayudado" a llevar el asunto al Consejo de Ministros. "El Algarrobico es un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales, pero también podría ser el símbolo de algo que no acaba de tener solución", ha señalado.

Ante preguntas de los periodistas, que han inquirido sobre si ha habido algún tipo de interlocución con la Junta de Andalucía sobre El Algarrobico, Aagesen se ha remitido de nuevo al protocolo de 2011 y ha incidido en que en él se establece la constitución de una Comisión de Seguimiento que adoptaría entre otras cosas un plan de actuación conjunto.

Además, entiende que la Junta ha declarado "muchas veces" que van a comprometerse en favor del derribo de El Algarrobico. "Queremos trabaja de la mano; ese es el objetivo fundamental, que consigamos la demolición de El Algarrobico", ha incidido.

Sobre la posibilidad de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encargue de los anuncios referentes a Andalucía, Aagesen ha destacado que le parece "apropiado" que Montero adelantase este lunes la expropiación de El Algarrobico. 

Según ha explicado, han colaborado "activamente" con Hacienda para lograrlos y han acudido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en representación del Gobierno.

El hotel, construido en 2003, acumula sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), así como una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En 2018, el TS declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.

Sin embargo, el TS dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.

En líneas generales, denuncia las "tácticas dilatorias" que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la "triplicación" de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria.

 La Junta urge a saber la fecha para demoler el Algarrobico

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha insistido este martes en cuestionar la vía de la expropiación por la que se ha decantado el Gobierno de España para propiciar la demolición del hotel ubicado en la playa del Algarrobico, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, al entender que supone "una vuelta al pasado", y ha urgido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a poner fecha del inicio de la demolición de dicho inmueble.

Así lo ha indicado la consejera portavoz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y ello al hilo del paso que ha dado este martes el Consejo de Ministros, y que avanzó este pasado lunes María Jesús Montero en una visita al terreno donde se ubica el hotel, la declaración de utilidad pública de parte de la superficie en la que se ubica el inmueble como paso previo a su expropiación y posterior demolición.

La portavoz de la Junta ha considerado que el Gobierno de España ha incurrido con esta decisión en "una falta de lealtad" hacia el Ejecutivo andaluz y hacia sí mismo, en función del convenio firmado entre ambas administraciones en el año 2011 y de lo acordado en la comisión mixta de seguimiento de este asunto entre el Gobierno y la Junta en marzo del año 2024.

Así, la consejera ha remarcado que, en dicho convenio de 2011 firmado entre las administraciones central y autonómica andaluza se estableció que "la obligación de derribar el Algarrobico corresponde al Gobierno de España", mientras que a la Junta le correspondía la de "gestionar los residuos que se produzcan como consecuencia de este derribo", y que "luego, entre las dos administraciones, habrá que restaurar la zona de la playa".

Ya en marzo del año 2024, la directora general del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que participó en la referida reunión de la comisión mixta de seguimiento coincidió "en la necesidad" de "la nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las disposiciones judiciales" por parte de dicho consistorio.

Así lo ha relatado Carolina España, que se ha preguntado entonces por qué el Gobierno central, que entonces apostaba por la vía de la nulidad de la licencia urbanística, "cambia ahora al método de la expropiación", una vía que además, según ha advertido, "ya se intentó hacer hace 20 años", en la etapa del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero "se dejó morir en el año 2009", al considerar que "la vía más idónea" para conseguir la demolición del inmueble "era la nulidad de la licencia" por parte del Ayuntamiento de Carboneras.

De este modo, la consejera portavoz ha insistido en tachar de "vuelta al pasado" la vía de la expropiación, que es "susceptible de recursos" judiciales, por lo que ese proceso se puede "judicializar" y, con ello, "eternizar", ha advertido.

Carolina España ha añadido que la Junta ofrece "colaboración" al Gobierno, pero también el "cumplimiento del convenio" firmado en 2011 y "lealtad institucional", así como emplaza a la ministra Montero a decir "el día y la hora en que van a aparecer las excavadoras para demoler el Algarrobico".

"Ya está bien de tanto marear la perdiz y de cortinas de humo", ha exclamado la consejera portavoz, que ha instado también al Gobierno de Pedro Sánchez a que "deje de enredar", al tiempo que ha aseverado que el hotel del Algarrobico "está ahí por culpa del PSOE, que gobernaba en el Ayuntamiento de Carboneras y en la Junta de Andalucía" cuando se construyó.

La portavoz de la Junta ha incidido en reivindicar que "hay un convenio firmado, una comisión de seguimiento" y "dos administraciones que han llegado a un acuerdo, y no se puede tirar todo por la borda" en un momento sólo por "comprar un titular", y ha añadido que en el Gobierno andaluz están "cansados de titulares" procedentes del Ejecutivo central "que luego no se cumplen". 

El Gobierno de España aprueba el nombramiento de José María Ángel como comisionado para la reconstrucción tras la dana

 

 MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes de manera oficial el nombramiento del exsecretario autonómico de Emergencias con el Gobierno valenciano de Ximo Puig, José María Ángel, como Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA que asoló gran parte del Levante español, Almería y Baleares y dejó más de 220 fallecidos.

Ángel es funcionario de carrera de la Diputación de Valencia desde 1982. Fue concejal y alcalde del Ayuntamiento de l'Eliana (Valencia), diputado provincial, senador del PSOE por la Comunitat Valenciana, portavoz del grupo socialista en la comisión de Interior y portavoz adjunto de la comisión de Defensa.

Además, ha ostentado responsabilidades como asesor ejecutivo del Ministerio del Interior, integrante del Comité Nacional de los Socialistas, secretario general del PSPV de la comarca del Camp de Túria, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y secretario de Política Municipal del PSPV.

En julio de 2015 fue nombrado por el entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, secretario autonómico y director de la AVSRE. Ángel fue cesado de estas responsabilidades en septiembre de 2023, cuatro meses después del cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana que propició la entrada del PP y Vox en la Generalitat.

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto que regula la creación, adscripción y funciones de este comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana en zonas de la Península e Illes Balears entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, con rango de subsecretaría y vigencia temporal.

Dependiente del Ministerio de Política Territorial, estas serán sus funciones: impulsar la ejecución de las medidas adoptadas por la Estado para paliar los daños; realizar análisis y seguimiento periódico, en especial la concesión de las ayudas y anticipos; elevar informes al Gobierno sobre las actividades y los resultados; recabar información de ministerios y delegaciones; impulsar la coordinación con las administraciones territoriales afectadas.

En cuanto a su estructura, se crean dentro del comisionado, con rango de subdirección general, una oficina de coordinación e impulso de la ejecución de las ayudas y una oficina de relaciones institucionales.

El Gobierno licita por 20,5 millones un contrato para la conservación de 273 kilómetros de carreteras

 ALMERÍA.- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato de servicios, con un presupuesto base de 20,46 millones de euros --IVA incluido--, para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Almería, que incluye el mantenimiento de 273,851 kilómetros en el sector número 1, de los cuales 226,979 kilómetros corresponden a autovías.

Según ha indicado el Ministerio de Transportes, la duración del contrato es de tres años con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tal y como se ha informado en una nota remitida por Subdelegación, el contrato, que incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado.

En el contrato se incluyen varios tramos de las siguientes carreteras: en primer lugar, la autovía A-7, desde el kilómetro 761,1 en Almería hasta el kilómetro 851,8 en Adra; además, la autovía A-92, que abarca desde el kilómetro 375,4 en el límite municipal entre Gádor y Tabernas hasta el kilómetro 392,8 en Viator; y, por último, la carretera AL-14, desde el kilómetro 0 al 1,74 en Almería, así como varios tramos de las carreteras N-340A y N-347AL, según ha indicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Asimismo, el contrato incluye la sustitución de la señalización en los enlaces de la autovía A-7 entre los puntos E-762 y E-786, en los municipios de Almería, Viator y Huércal.

Los pliegos de estos contratos introducen una serie de novedades alineadas con la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética. Así, en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, según fuentes del Ministerio de Transportes.

Desde 2023, los contratos licitados incluyen criterios relativos a la mitigación y compensación de la huella de carbono. De esta manera, las empresas podrán incluir como mejora puntuable en sus ofertas la presentación de un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar el balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

 "La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones", según indica la nota remitida por la Subdelegación del Gobierno.

El Ministerio de Transportes ha destacado que "estas medidas pretenden conseguir una reducción de las emisiones de la actividad de la Dirección General de Carreteras, que en la actualidad emite 71.640 toneladas de CO2 anuales, provenientes del funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado".

 "Se refuerza así la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", han añadido.

Tal y como señala el Ministerio de Transportes, el modelo de contratos mixtos para la ejecución de operaciones de conservación y explotación "persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de las carreteras y optimizar los recursos públicos".

"A través de estos contratos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras con el objetivo de permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles". 

En ellos, se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

El Gobierno desclasifica la propuesta del plan de rehabilitación de Palomares

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de la Propuesta Preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) 2010, elaborada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 5 de mayo de 2010.

Esta desclasificación se hace a petición de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, de la Audiencia Nacional, "con los únicos y exclusivos efectos de su incorporación al procedimiento ordinario nº 538/201" con el carácter de confidencial.

Ese procedimiento fue promovido por la Federación Provincial de Ecologistas en Acción-Almería contra la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de fecha 16 de febrero de 2017, relativo a la clausura y almacenamiento de la instalación nuclear y área contaminada de Palomares (Almería).

El Consejo de Ministros ha desclasificado dicha información al amparo de lo previsto en el artículo 64.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La Comisión Europea (CE) solicitó a España en febrero de 2020 que informara antes de finales de 2021 sobre el progreso del plan definitivo de recuperación de las áreas contaminadas de Palomares, en Almería, donde una aeronave estadounidense colisionó en pleno vuelo sobre la zona en 1966, lo que provocó la contaminación con plutonio.

El Gobierno prorroga dos meses la preferencia del teletrabajo y baja el IVA a mascarillas y otros productos sanitarios

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley, con más de 30 medidas económicas, entre las que se incluye prorrogar durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, según ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño. 

El Consejo de Ministros ha aprobado además la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4 % del de libros y prensa en formato electrónico, ha informado Calviño.
Según ha explicado este martes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, también se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor en sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Según ha detallado el Gobierno, la fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa. Junto a esto se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
El objetivo de todas estas medidas es seguir protegiendo a trabajadores en esta crisis, ha subrayado Calviño quien ha avanzado que habrá medidas de financiación especificas para las empresas que están apostando por el teletrabajo.
Según ha detallado el Gobierno, se amplía la cobertura de la prestación de desempleo a los trabajadores cuyos contratos terminaran durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que dejaran un trabajo por tener una oferta laboral en firme que no se haya materializado a causa de la pandemia.
También se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos que podrán incorporarse a los ERTE o percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.
Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado.
Se ha acordado suspender plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el COVID-19- y reforzar los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones.
Habrá una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de ERTE que además y se obligará a las empresas a devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.
El Ejecutivo también ha acordado la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020.
Además, Calviño ha indicado que las nuevas medidas permitirán liberar más de 1.100 millones en liquidez para las empresas, sobre todo a autónomos y pymes, y ha destacado el “enorme esfuerzo” para abordar medidas que afectan a los ingresos y el gasto con el fin de reforzar la financiación de la economía.
En concreto, se ha aprobado que los trabajadores autónomos puedan realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, lo que permitirá que durante el periodo afectado por el estado de alarma se ajuste su pago a los ingresos reales.
Además, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y el IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días del estado de alarma, y las empresas podrán adaptar sus liquidaciones de ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020.
Además, se fija la posibilidad de supeditar el pago de deudas tributarias del Impuesto de Sociedades a la obtención de la financiación a través de las líneas de avales del ICO.

Supresión de IVA sanitario

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4 % del de libros y prensa en formato electrónico, ha informado Calviño.
La ministra ha precisado que la reducción a cero del IVA del suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros.
Ha detallado que esta bajada del IVA está en línea con la reducción de los aranceles por parte de la Unión Europea y tiene objetivo de garantizar la igualdad de trato entre productores nacionales y extranjeros.
Asimismo, se ha incluido en el real decreto-ley la reducción del IVA de libros, revistas y periódicos electrónicos, que hasta ahora era del 21 %, para adaptarlos a la tributación de aquellos de papel, que es del 4 %.

Los viajes no imprescindibles a países de la UE seguirán restringidos hasta el 15 de mayo

MADRID.- El Gobierno ha prorrogado los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública hasta el próximo 15 de mayo.

Así lo recoge la Orden INT/356/2020 que recoge el BOE de este martes, y que aboga por extender la aplicación de la medida que fue tomada el pasado 17 de marzo por los miembros del Consejo Europeo para limitar la expansión de la pandemia.

De esta forma, los únicos nacionales de terceros países de la Unión Europa que podrán viajar son los residentes que se dirijan a su lugar de residencia, los titulares de un visado de larga duración expedido por un país miembro al que se dirijan y los trabajadores transfronterizos.

Además, están autorizados a desplazarse los profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que regresen de realizar su labor, el personal dedicado al transporte de mercancías, el personal militar, diplomático o consular y aquellas personas que acrediten causas de fuerza mayor o motivos familiares imperativos.

Así, solo se permitirá entrar en España a las personas registradas como residentes que se dirijan directamente a su lugar de residencia en otro estado miembro, Schengen o Andorra. Eso sí, estas condiciones no serán aplicables en la propia frontera con Andorra o en Gibraltar.

Por otro lado, la orden publicada este martes en el BOE también establece que se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.

La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlsaka, entrará en vigor a las 00:00 horas del 22 de abril y tendrá vigencia hasta las 24:00 horas del 15 de mayo sin perjuicio, en su caso, de las eventuales prórrogas que pudiesen acordarse.

Estas son las principales medidas aprobadas por el Gobierno para sostener la economía

MADRID.- El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas para ayudar a autónomos, inquilinos vulnerables y empleadas del hogar. “Complementa todas las que se han ido aprobando en las semanas anteriores”, ha dicho este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás”, ha agregado.

Ya a mediados de marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado un plan de choque para hacer frente al desafío sanitario y económico sin precedentes que supone la pandemia del coronavirus. Ese paquete significa una inyección de liquidez de 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, para sostener la economía y permitir que una vez pasada la emergencia la recuperación “sea una V y no una L”. Es decir, para que el sistema vuelva a crecer rápido desde el punto en el que se había quedado antes de su paralización por el virus.

Pero el escenario está en constante evolución y la profundización de la crisis, que ha llevado el Gobierno a paralizar aún más la actividad económica para contener la curva de contagios, ha obligado a abordar medidas adicionales. Todavía no se conocen los detalles para saber el alcance de este nuevo paquete y cómo será su efectiva implementación, que tendrán que desglosar los ministerios competentes.

Principales medidas aprobadas este martes

- Alquileres: se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que las condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, ya que por ejemplo pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos... Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban íntegramente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.

- Prohibición de cortes de suministros: los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma. Se amplía también el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.

- Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización. Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.

- Ampliación de la moratoria de hipotecas: Se amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta ahora. También se amplía la moratoria a los autónomos. Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos.

- Autónomos: moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses; aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.

- Prohibición de la publicidad del juego online: durante el estado de alarma la publicidad de este tipo de juego quedará limitada a un horario de 1:00 a 5:00 de la mañana, tanto en televisión, radio y plataformas de intercambio de videos, como Youtube.

- Moratoria de pago en los créditos al consumo y reembolso de viajes: Se otorga una moratoria de tres meses a los créditos al consumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica, ampliable si fuera necesario. El Ejecutivo ha aprobado además que en caso de viajes combinados cancelados, los clientes podrán disponer de un bono a utilizar en un año; de no emplearse, se procederá a la devolución del dinero abonado. Otras empresas, como hoteles, tendrán 60 días para ofrecer una alternativa, y en caso de no hacerlo o no ser aceptada por el cliente este tendrá derecho a reembolso.

- Planes de pensiones: los partícipes de un plan de pensiones que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, estén en situación de desempleo por un ERTE o de cese de negocio, podrán rescatar sus ahorros, bajo una serie de condiciones, con un importe máximo a disponer no superior a los salarios dejados de percibir.

- Portabilidad telefónica: los usuarios podrán volver a cambiar de compañía telefónica aprovechando el procedimiento de la portabilidad, que permite esa posibilidad de forma gratuita y conservando el número de teléfono, siempre que no suponga un desplazamiento de técnicos al hogar para cualquier instalación. La medida va acompañada de la prohibición de que las operadoras puedan subir las tarifas mientras que esté vigente el estado de alarma.

- Violencia de género: se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista.

Ayudas aprobadas con anterioridad

- 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales, con transferencias a comunidades autónomas y Ayuntamientos, protección de los suministros básicos (luz, agua y gas) y los servicios de telecomunicaciones.

- Moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.

- Relajación de la regla de gasto para permitir a los Ayuntamientos gastar sus ahorros en servicios sociales, dependencia, y otro tipo de actividades sociales relacionados con el coronavirus.

- Flexibilización de los ERTE: los afectados se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso si no tienen derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente. Si el ERTE se solicita por causa de fuerza mayor, las empresas con menos de 50 empleados tendrán una bonificación del 100% en las cotizaciones, y del 75% si la plantilla es mayor. Las prestaciones cobradas durante el estado de alarma no computarán para el desempleo de después.

- Posibilidad para pymes y autónomos de aplazar las deudas con Hacienda hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres meses de carencia.

- La consideración de las bajas y cuarentenas forzosas como accidente de trabajo.

- Prohibición de los despidos vinculados a la crisis del coronavirus; todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños, ante el cierre de colegios y servicios sociales.

- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio a causa del estado de alarma, o cuya facturación haya caído un 75% en relación con el semestre anterior. La prestación es compatible con la exoneración del pago de cuotas y con el ERTE para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan empleados.

- Línea de avales de garantías públicas al 80% para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros; línea dotada con 2.000 millones para las empresas exportadoras; apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.

- Prohibición de las ofertas públicas de adquisición (opa) desde fuera de la UE a cotizadas españolas consideradas estratégicas.

- Apoyo a la investigación científica en la búsqueda de una vacuna; 30 millones de euros para el CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.

El Gobierno aprueba mañana las tasas Google y Tobin y elimina el despido por bajas

MADRID.- El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasas Tobin y Google, y eliminará la posibilidad de despedir por encadenar bajas por enfermedad.

Los impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales ya fueron aprobados en enero del pasado año, aunque su tramitación decayó ante la convocatoria de las elecciones generales de abril, por lo que nunca llegaron a ponerse en marcha.

El impuesto sobre transacciones financieras, con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

El impuesto será liquidado por el intermediario financiero y no afectará a las salidas a bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones de carácter temporal.

El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

Solo afectará a las multinacionales tecnológicas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en España y con él se esperan recaudar 1.200 millones de euros.

Despido por bajas

En materia laboral, el Gobierno prevé eliminar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por encadenar bajas por enfermedad, un apartado que existe desde que se aprobó la norma en 1980, aunque fue modificado en las reformas laborales de 2010 y 2012 para facilitar el uso de este tipo de despido objetivo ligado al absentismo.

El artículo 52.d avala el despido objetivo "por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".

Originalmente el artículo permitía este despido siempre que el índice de absentismo total de la plantilla superase el 5% en los mismos periodos de tiempo, una tasa que la reforma de 2010 bajó al 2,5% y que la de 2012 eliminó.

Aunque la posibilidad de despedir por faltas de asistencia al trabajo ha estado vigente desde 1980, fue la sentencia del pasado octubre del Tribunal Constitucional -que rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra este precepto- lo que hizo movilizarse a los sindicatos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha justificado que la derogación no se ha sometido a negociación con los agentes sociales (patronal y sindicatos) porque "no se puede dialogar cuando hay vulneración de los derechos fundamentales".

El Gobierno declara el "interés público para la Defensa nacional" de varios proyectos en Turre

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se declara la existencia de "razones imperiosas de interés público de primer orden, para la Defensa nacional", para ejecutar el proyecto de línea aérea-subterránea de media tensión de 25 KV, centro de transformación de 100 KVA y red de baja tensión para suministro eléctrico al asentamiento Vértice Mezquita, en Turre, para la guerra electrónica.

Dichas obras complementan las obras de construcción de las instalaciones fijas del asentamiento Vértice Mezquita en Turre que fueron ejecutadas por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa en el año 2012, previa calificación de las mismas, reflejada en la Orden Ministerial Comunicada de fecha 21 de febrero de 2011, como "obras de interés general que afecten directamente a la Defensa Nacional", según se expone en la referencia del Consejo de Ministros.

Las obras referentes al proyecto de acometida eléctrica al asentamiento han sido también objeto de declaración de "obras de interés general que afecten directamente a la Defensa Nacional", por Orden Ministerial Comunicada número 73 de fecha 7 de noviembre de 2018, y los bienes y derechos necesarios para su ejecución fueron objeto de adquisición por el procedimiento de expropiación forzosa, habiéndose declarado por Acuerdo del Consejo de Ministros, el 11 de mayo de 2018, la utilidad pública, necesidad de adquisición y urgente ocupación de los referidos bienes y derechos necesarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 47/2007, de 13 de diciembre, se ha elaborado por el departamento un Anejo al Estudio de Afección Ambiental con las medidas compensatorias, para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000.

En el estudio se comprenden una serie de medidas correctoras y un plan de seguimiento que "contribuye a evitar el impacto sobre el espacio Red Natura ZEC Sierra Cabrera-Bédar", y que "permiten concluir que el impacto sobre la flora y fauna es nulo o de baja intensidad".

El Gobierno de España aprobará el viernes las primeras medidas por los daños de la gota fría

MADRID.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha explicado este martes que el Consejo de Ministros adoptará el próximo viernes las primeras medidas "ante la urgente situación" provocada por la gota fría de la semana pasada en el sudeste español.

Respecto a las diferentes peticiones de los ayuntamientos y las comunidades autónomas de la declaración de zona catastrófica, ha apuntado en declaraciones a la Cope que las delegaciones de Gobierno están recopilando la información, ya que el Ejecutivo "ha de dar una respuesta lo más inmediata posible, teniendo en cuenta todas las circunstancias".

"Hay amplias zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid que deberán tener ese tratamiento", una declaración que "no es una varita mágica, sino un instrumento a través del cual se coordinan una serie de actuaciones de diversos ministerios para dar una respuesta más eficaz", ha añadido.

A su juicio, lo importante es "la agilidad y prontitud en la toma de decisiones", ante la "situación muy grave" que atraviesan muchas zonas.

Entre las propuestas que puede aprobar el Gobierno, "que por estar en funciones tiene una capacidad de actuación limitada", se ha referido a posibles medidas fiscales y ayudas extraordinarias.

El Gobierno aprueba la subida del 0,25% ligada al PIB para los funcionarios

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes ejecutar con efectos 1 de julio la subida salarial del 0,25 % adicional para los funcionarios que estaba vinculada a la evolución del PIB de 2018.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado en marzo de 2018, preveía una subida salarial fija del 2,25 % en 2019 para los empleados públicos, que ya se aplicó en enero, más un alza variable del 0,25 % si el PIB de 2018 aumentaba más de un 2,5 %, un repunte que finalmente fue del 2,6 %.

El Gobierno central aumenta el 50% las ayudas para comedor y ocio infantil en verano

MADRID.- El Gobierno ha aumentado un 50 por ciento las ayudas para actividades de ocio y comedores en verano destinadas a menores en situación de vulnerabilidad, por lo que invertirá 15 millones de euros -10 millones en 2018- que beneficiarán a 100.000 menores para "romper el círculo de desventaja" entre los niños.

Lo ha explicado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado el programa para la Garantía de los Derechos a la Alimentación, Ocio y Cultura de los Menores durante las Vacaciones Escolares (VECA) 2019.

"En una democracia que se califica de calidad es necesario que todos los niños tengan las mismas oportunidades" y este programa quiere ofrecer una alimentación saludable y equilibrada para los menores más vulnerables y garantizar su ocio tras el fin del curso escolar.

En la iniciativa se incluyen servicios como desayuno, comida y eventualmente bolsas para la cena, junto a actividades, como campamentos de verano de carácter lúdico, recreativo, cultural y educativo.

El Programa VECA refuerza las distintas actividades estivales de ocio educativo que llevaban funcionando desde hace varios años en diferentes ciudades y municipios y asume el coste de las plazas de los niños más vulnerables para que puedan disfrutar de actividades "sin riesgo de sufrir estigma o segregación".

El Programa está en conexión con los Servicios Sociales Municipales y los centros escolares, de forma que se facilita el acceso de las familias potencialmente beneficiarias, a través de los sistemas de información de las becas de comedor que disfrutan durante el curso.

Carcedo ha destacado que muchos niños en situación vulnerable sufren desnutrición por una alimentación "ni saludable, ni equilibrada".

En este sentido, ha alertado de que el 20 por ciento de los niños que viven con menos recursos consumen tres veces más alimentos procesados y que, si siete de cada diez menores comen fruta diaria, en las familias en riesgo de exclusión ese dato se reduce a cinco de cada diez.

Todo ello, deriva en que estos niños sufran mayor obesidad y otras enfermedades vinculadas al sobrepeso, ha añadido.

El Gobierno, a través del Alto Comisionado de la Lucha Contra la Pobreza Infantil, diseñó el pasado año el programa VECA que dotó con 10,4 millones de euros; entonces esa cantidad duplicó los fondos destinados hasta entonces a la lucha contra la pobreza infantil en verano.

Las ayudas para este año contemplan triplicar respecto a 2017 el número de beneficiarios de estas prestaciones, hasta alcanzar a 100.000 menores, mientras que en 2017 fueron 33.000 y en 2018, 66.000 participantes.

"El Gobierno tiene el objetivo de situar a los niños en el centro de la política" y "evitar el olvido veraniego que muchas veces sufren los niños de lasa familias más desfavorecidas.