ALMERÍA.- La Coordinadora Ecologista Almeriense ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite los recursos interpuestos contra las Resoluciones y decisiones adoptadas por las Consejerías de Industria, Energía y Minas y Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al permitir extraer millones de toneladas de mineral de yeso en áreas protegidas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite los recursos interpuestos por la Coordinadora Ecologista Almeriense, contra las Resoluciones y decisiones adoptadas por las Consejerías de Industria, Energía y Minas y Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, en relación con el procedimiento por el que los políticos del Partido Popular en la Junta de Andalucía, permitirán extraer millones de toneladas de mineral de yeso en áreas protegidas por la legislación española y la normativa europea, en una clara vulneración de la Ley, destruyendo importantes espacios naturales.
Esta insólita decisión adoptada por el Partido Popular se ha realizado con un claro desprecio a cualquier actuación de participación ciudadana, rotundo insulto a las asociaciones medioambientales y oscura gestión de su actuación. La participación ciudadana realizada en estos procedimientos ha sido anulada, desconsiderando cualquier aportación realizada, ya sea por la vía de sugerencia, alegación, recurso, etc., mostrando en toda su dimensión el carácter absolutamente autoritario de estos políticos, el hecho ha llegado a que ni la Delegada del Gobierno se ha dignado a escuchar lo que es nuestra obligación transmitirle.
Ante este salto cualitativo sobre la actuación de la Administración dirigida por los Políticos del Partido Popular, la Coordinadora Ecologista Almeriense quiere transmitir a la opinión pública lo siguiente:
1) Almería es uno de los mayores centros productores de yeso del mundo, en cantidad y calidad.
2) En la provincia existen una serie de espacios protegidos en los que la explotación de yeso no está permitida, dada su afección a la flora, a la fauna, al karst, a la hidrogeología, etc. Esta decisión es una garantía para proteger el patrimonio natural de nuestra provincia, para esta generación y para las venideras.
3) Afortunadamente para todos, las empresas explotadoras, básicamente multinacionales, disponen de reservas para explotar, dentro y fuera de los espacios protegidos.
4) La Junta de Andalucía, hasta el momento presente, no ha permitido la explotación en las zonas protegidas dadas las limitaciones legales existentes.
Así, no se le ha autorizado la prorroga de sus explotaciones una vez acabado el tiempo concesional a Knauf, ETEX, etc, teniendo que explotar el yeso en otras zonas de concesiones de estas empresas en donde no tienen limitaciones ambientales, manteniendo de esta manera sus plantillas de trabajadores y la economía provincial y respetando el medio ambiente.
Es decir, actuando como empresas con sensibilidad del siglo XXI, ya que, de esta manera, se sigue desarrollando la economía y se protege el medio ambiente.
5) Con la llegada de los políticos del Partido Popular al poder en la Junta de Andalucía, y en relación directa con la empresa multinacional francesa Saint Gobain la situación existente hasta el momento ha cambiado radicalmente y esos políticos han autorizado una explotación de treinta años a dicha empresa, en el seno de un espacio con la máxima protección ambiental, incluyendo la figura de protección ZEC, Zona de Especial Conservación, incluida en la Red Natura 2000.
6) La operación consiste en la prórroga de la concesión minera “Los Yesares”, ubicada en Sorbas, y afecta en sus treinta años de duración, a una producción cuyo valor es de unos 700 millones de euros y unos beneficios estimados de 100 millones de euros, cálculos realizados de forma conservadora y todo ello al valor de la moneda de 2026.
7) Paradójicamente, las empresas a las que se les ha denegado lo que los políticos del Partido Popular han concedido a Saint Gobain se encuentran en el mismo espacio geográfico, con las mismas limitaciones ambientales, con el mismo sistema de explotación, con el mismo sistema de restauración, con los mismos asesores científicos.
¿En qué estriba la diferencia entre el trato recibido por Saint Gobain y el recibido por el resto de empresas? Los almerienses podemos claramente imaginar en que estriba. Sabemos que debe ser algo muy poderoso que hace que el NO se convierta en SI.
Nuestra función social como defensores del medio ambiente es aclarar y demostrar qué es eso tan poderoso que mueve voluntades, poner de manifiesto quién ha dado la orden para ese cambio radical se produzca y determinar si hay algo punible en ello.
8) Paralelamente a esa conversión milagrosa del NO en SI, es conveniente que la opinión pública conozca que la decisión de los políticos del Partido Popular supone que está autorizando que se afecte gravemente a la Red Natura 2000, a una flora amenazada que es única, a una fauna catalogada en peligro de extinción, a hábitats prioritarios protegidos, tal y como se ha puesto de manifiesto en las alegaciones que esta Coordinadora Ecologista ha realizado, en informes sumamente detallados, realizados por los mejores científicos, que han sido ignorados y despreciados por las unidades de la Junta de Minas y Medio Ambiente. Todo ello, a cambio de garantizar el beneficio que se señala en el punto 6 de esta nota, y de todo lo que le rodea.
9) La misma empresa, Saint Gobain, a la que los políticos del Partido Popular le conceden lo que no les autorizan a otras empresas, dispone en la provincia de Almería, fuera de cualquier espacio protegido y de cualquier limitación ambiental, más de 600 millones de toneladas de mineral de yeso, que prefiere no extraer, para mantenerlas como reservas estratégicas por si, en el futuro, otro Gobierno regional aplica la Ley. Eso es lo que están haciendo estos políticos del Partido Popular. Y la pregunta a realizar es ¿Y a cambio de qué realizan esto los políticos del Partido Popular?.
10) Desde aquí, invitamos a la Delegación en Almería de la Consejería de Industria, Energía y Minas, y especialmente a su delegado don Guillermo Casquet Fernández, a que haga pública la cifra de reservas de yeso en la zona de Tabernas, carretera Tabernas – Sorbas, que dispone la empresa Saint Gobain para su explotación, y que pone de manifiesto la participación de los Políticos del Partido Popular en la Junta de Andalucía en la estrategia comercial antes señalada. Y si no quiere aceptar esta invitación, es muy posible que deberá aceptar el mandato de un magistrado para hacerlo.
11) En la actualidad el proceso del trabajo que está desarrollando esta Coordinadora Ecologista frente a la Junta de Andalucía, se encuentra ubicado en el área de lo contencioso administrativo y, de acuerdo con todo lo que estamos indagando se están elaborando las bases y soportes documentales necesarios para iniciar los procedimientos penales contra quien proceda, en función de sus actos, acciones u omisiones.
Los almerienses deben conocer que Saint Gobain, antes de solicitar la prorroga de su concesión, destruyó decenas de cavidades (cuevas) desarrolladas en el yeso que se encontraban catalogadas e inventariadas, que formaban parte del sistema Kárstico protegido y dentro de la Zona de Especial Conservación de Sierra Cabrera Bédar; además arrasó, desbrozando sin necesidad, hectáreas de terreno ocupadas por el hábitat protegido 1520 Gypsophiletalia, y el 6220, arrancando dicha flora, tal y como tenemos documentado en los vuelos oficiales y particulares, cartografiado por nuestros botánicos, todo ello con la complicidad de Medio Ambiente que no realizó inspección alguna y de Minas que autorizó los planes de labores, en su doble vertiente: labores realizadas el año anterior en zonas sensibles medioambientalmente hablando y labores proyectadas y autorizadas en dichas áreas. Un verdadero disparate.
12) Nuestra Coordinadora considera que no se puede permitir la impunidad de un poderoso, a ningún precio, ni empresa ni persona. Que todos los ciudadanos, incluyendo a políticos y a funcionarios estamos bajo el imperio de la Ley.
Así mismo estimamos que, en los temas ambientales, la participación de la sociedad a través de sus organizaciones, bien documentadas, defendiendo los intereses públicos y la normativa existente, constituye la única manera de combatir a las mafias económicas que hacen su santa voluntad en nuestra tierra, apoyándose en castas de políticos que viven de nuestros impuestos y que están dispuestos a todo, tal y como se puede ver, oír y comprobar en estos días en la sucesión de escándalos que pueblan lamentablemente la vida pública española.
Esas castas endogámicas que han olvidado para qué han sido elegidas y que conforman familias que se suceden a sí mismas, después de estar durante años perpetuándose en el poder, utilizándolo para su beneficio.
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