Un informe alerta de las dificultades de migrantes en asentamientos de Níjar para acceder al padrón

 ALMERÍA.- Un informe sobre el acceso al padrón en Níjar ha alertado de la "invisibilidad" administrativa que afecta a personas migrantes que residen en asentamientos, chabolas, cortijos, garajes o infraviviendas cuando no logran inscribirse en el registro municipal, lo que dificulta su acceso a derechos básicos.

El documento, titulado 'Vivir sin existir' y elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería, parte del trabajo de acompañamiento realizado por la entidad desde 2023 a personas con dificultades para empadronarse en el municipio, en un contexto marcado por la presencia de población migrante vinculada al trabajo agrícola y por situaciones de infravivienda dispersa.

Según el informe, entre 2023 y 2025 el SJM acompañó 981 expedientes relacionados con el acceso al padrón en Níjar, si bien precisa que esta cifra refleja el volumen total de acompañamientos y no una base estadística cerrada o exhaustiva.

De los 417 casos en los que ha sido posible identificar con suficiente fiabilidad el resultado administrativo de la solicitud, 213 concluyeron con una denegación expresa, 45 quedaron sin resolución dentro del plazo legal o con incidencias vinculadas al silencio administrativo, y 159 acabaron con el empadronamiento finalmente obtenido.

Entre las dificultades detectadas, el documento recoge la exigencia de autorización del propietario, el bloqueo en cortijos y edificaciones rurales, los rechazos verbales en ventanilla sin registro, las denegaciones por "falsa domiciliación", las comprobaciones realizadas en horario laboral agrícola y los expedientes paralizados durante meses.

El informe sostiene que estas prácticas no pueden interpretarse como errores aislados, sino como "obstáculos recurrentes" que afectan a personas en situación de infravivienda, exclusión residencial o elevada vulnerabilidad social. En este sentido, recuerda que el padrón municipal debe basarse en la "residencia efectiva" y no en la situación urbanística, contractual o material de la vivienda.

La entidad apunta que estas situaciones tienen consecuencias directas, ya que generan "trabas para la escolarización de menores" y "dificultan el acceso de trabajadores migrantes a la regularización" que el propio Estado ha puesto en marcha.

El SJM subraya que, pese a las denegaciones, se han logrado 159 altas padronales en asentamientos, chabolas e infraviviendas. Para la entidad, este dato evidencia que la ley permite empadronar en estos casos y que el problema reside en cómo se aplica el procedimiento, no en la normativa.

El documento advierte además de un "efecto colateral documentado": el mercado irregular de compraventa de empadronamientos, un fenómeno que "prolifera exactamente donde el acceso ordinario resulta incierto o bloqueado".

El informe también vincula las dificultades de acceso al empadronamiento con el procedimiento extraordinario de regularización abierto hasta el 30 de junio de 2026. Aunque aclara que el padrón no es el único medio para acreditar la residencia, advierte de que su ausencia puede provocar dificultades posteriores en trámites como la toma de huellas o la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero.

Entre los casos anonimizados que recoge el documento figura el de Moussa, originario de Malí y residente en un cortijo próximo a Pueblo Blanco junto a otros trabajadores agrícolas, quien no pudo aportar la autorización de la propiedad reclamada por el Ayuntamiento al desconocer la identidad del titular registral.

Meses después, se le detectó una grave enfermedad hepática y la falta de empadronamiento dificultó la realización de pruebas diagnósticas a tiempo e impidió su acceso al tratamiento de diálisis requerido.

Ante esta situación, el SJM plantea al Ayuntamiento de Níjar aprobar criterios internos basados en la "residencia efectiva", evitar la exigencia sistemática de autorización del propietario cuando existan otros medios razonables de acreditación, adaptar las comprobaciones a la realidad laboral agrícola, registrar formalmente todas las solicitudes y reforzar el uso del informe social y del domicilio ficticio en los casos de mayor vulnerabilidad.