Trabajadores de 'Agrupaejido' se movilizan ante el anuncio de un ERTE que afecta a casi 150 empleados

 EL EJIDO.- Trabajadores de la empresa Agrupaejido han convocado una concentración el próximo 1 de octubre a las puertas del centro de producción de La Redonda en El Ejido ante el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no rotativo anunciado por la empresa sobre unos 147 trabajadores --el 95 por ciento de su plantilla-- que abarcaría un periodo de dos años.

La concentración, prevista a partir de las 10,00 horas, llega debido a la "incertidumbre" que vive la plantilla con respecto a esta decisión que la empresa comunicó la pasada semana al grueso de sus trabajadores sin que se haya alcanzado ningún tipo de acuerdo con respecto a este procedimiento, que arrancó el pasado 1 de septiembre y se ha suscrito sin la conformidad de la plantilla.

Según han trasladado varios representantes de los trabajadores, desde la gerencia de la empresa se les ha comunicado que el ERTE ya estaría en marcha, si bien estos aseguran que no han recibido ningún tipo de notificación ni a través del SEPE ni del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de modo que siguen "en activo". 

"En las fechas en las que estamos aún no podemos solicitar el paro ni solicitar nada", se han quejado.

Los empleados incluidos en el ERTE llevan más de una semana sin acceder a sus puestos de trabajo. En concreto, fue el pasado día 18 de septiembre cuando los trabajadores recibieron una carta en la que se les notificaba la "suspensión de la relación laboral" hasta el 19 de septiembre de 2027, sentido en el que se les aseguraban que se encontraban en situación de "desempleo" aunque con posibilidad de ser desafectados "cuando la empresa lo requiera".

Desde la FICA-UGT de Almería han apuntado que se ha abierto la vía judicial ante este conflicto colectivo debido a la situación en la que han quedado los trabajadores, quienes acumula entre 20 y 30 años de antigüedad en la compañía y "no pueden demandar despidos ni nada".

"No está nada claro cómo se va a remontar la empresa", ha señalado la secretaria provincial de FICA-UGT, Francisca Ramírez, quien ha señalado que Agrupaejido tiene a la venta su centro de subastas de La Redonda de Santa María del Águila mientras que el centro de comercialización de Las Marinas, en Roquetas de Mar, es un alquiler. 

Al mismo tiempo, han señalado las deudas que mantienen con los productores agrarios, quienes en gran medida han dejado de llevar sus productos a los punto de recogida.

La plantilla ha mostrado su desconfianza ante esta "decisión empresarial" en cuanto que la parte social ha constatado, asimismo, que los únicos trabajadores que han quedado fuera del ERTE están relacionados con las oficinas, sentido en el que han manifestado serias dudas sobre cómo se prevé mantener la producción de la comercializadora sin mano de obra.

"No conocemos cuál es el plan de viabilidad para poner a funcionar la empresa y no vemos luz al final del túnel", han dicho ante la sospechas de que la gerencia busque la venta de sus activos para amortiguar la deuda que mantienen con un fondo de inversión que, en un primer momento, salvó a la compañía de un concurso de acreedores del que salió en 2023.

Fue el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería el que dio por concluido el concurso de acreedores de la comercializadora hortofrutícola al constatarse hace unos dos años que había "salido" de la "situación de insolvencia" que le llevó a solicitarlo en 2015, por un deuda cuantificada en "más de 70 millones de euros".

En el auto el juez indicaba que la empresa había superado la situación gracias a la "actividad generada", a la "satisfacción de créditos" y a la "negociación" con los acreedores, al margen de haber "obtenido financiación".

Frente a esta situación, los trabajadores han señalado algunos de los problemas que la compañía enfrentaría además con los agricultores proveedores de productos hortofrutícolas, que habrían dejado de llevar sus productos a las subastas y alhóndigas de la empresa.

 "Desde abril han entrado 'cero kilos' de producto", han dicho.

Varios de estos agricultores, según han añadido, se habrían agrupado para interponer demandas por impago mientras que la empresa les insta a tener paciencia para conseguir financiación, de modo que muchos de ellos han dado a conocer públicamente su situación a través de las redes sociales y algunos medios especializados.

El Gobierno detecta 563 infracciones en empresas acogidas a ERTE en Andalucía

 MADRID.- El Ministerio de Trabajo ha detectado 2.859 infracciones relacionadas con fraude en empresas acogidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En una respuesta parlamentaria a la pregunta planteada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia el pasado mes de octubre, el Gobierno ha detallado que todas las infracciones se derivan de 21.332 expedientes finalizados relativos al control de las empresas en ERTE a 24 de noviembre de 2020.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, anunció en julio que intensificaba su labor para detectar fraude en los ERTE con el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los expedientes y el aumento de las visitas con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares.

Andalucía fue la comunidad donde se llevaron a cabo más expedientes de control, con 3.935, seguida por la Comunidad Valenciana, donde se abrieron 2.317. Estas dos comunidades fueron también las que mostraron un mayor número de infracciones en empresas acogidas a ERTE. Mientras en Andalucía se registraron 563, en la Comunidad Valenciana se detectaron 455. Les siguen Cataluña (297), Madrid (281) y Canarias (250).

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya advirtió en marzo, cuando el Gobierno prohibió los despidos por la pandemia, que las empresas que cometieran algún fraude deberían devolver "hasta el último céntimo de euro de lo percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador o la trabajadora afectada". "Los recursos públicos que son de todos y todas y hay que utilizarlos debidamente", sentenció.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mes de noviembre cerró con 746.900 trabajadores en ERTE, 18.487 más respecto a octubre y 40.650 más con respecto al cierre de septiembre. No obstante, el departamento que dirige José Luis Escrivá afirma que esta cifra supone un 80% menos que el número de personas en ERTE registrado en abril, en el pico de la primera ola de la pandemia de coronavirus.

Cataluña (196.359), Comunidad de Madrid (131.757), Andalucía (90.153) y Canarias (83.951) fueron las regiones con mayor número de trabajadores en ERTE al final de noviembre.

Nueve de cada diez acogidos a un ERTE en Almería han podido regresar ya a su trabajo

ALMERÍA.- El senador y secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha asegurado este sábado que "el importante escudo social y económico que ha habilitado el Gobierno de España durante estos meses de pandemia ha permitido a miles de almerienses mantener sus puestos de trabajo", y ha asegurado que nueve de cada diez acogidos a un expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la provincia han podido regresar ya a su trabajo.

En un comunicado, Rodríguez valora que siete meses después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pusiera en marcha el mecanismo de los ERTE, los datos facilitados por el Gobierno de España destacan que el 88,6% de los trabajadores afectados por uno desde el inicio de la pandemia se han incorporado al mercado laboral.

De los 32.276 afectados a 30 de abril, en el peor momento de la crisis en el conjunto de España, quedaban 3.676 trabajadores en ERTE a 31 de octubre.

De otro lado, Rodríguez señalado que las medidas implementadas por el Gobierno "han estado a la altura del enorme problema sanitario, económico y social que ha ocasionado el coronavirus, lo que ha permitido que muchas familias almerienses sientan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado a su lado en los momentos más difíciles".

En este sentido, ha indicado que desde abril el gasto destinado por el Gobierno a prestaciones sociales en la provincia de Almería ha superado los 347 millones de euros, de los cuales, cerca de 81 corresponden a ERTE, "lo que supone que se han invertido de manera extraordinaria en Almería en protección social 143,2 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado".

Además, ha añadido que a 15 de noviembre en Almería se han aprobado 10.706 operaciones económicas, que afectan a 6.830 empresas, con una financiación total de 1.046,7 millones que cuentan con el aval del Estado, "lo que ha supuesto que nuestro sector empresarial, que está realizando un enorme esfuerzo durante estos meses, haya tenido en el Gobierno de España un apoyo fundamental para su supervivencia".

A juicio del senador por el PSOE, "a pesar de las dificultades por las que atraviesan aún muchos sectores, la economía sigue teniendo un gran dinamismo y buenas perspectivas de recuperación, a la espera de que en unos meses todos podamos volver a la normalidad y dejemos atrás la crisis sanitaria y económica que nos ha azotado".

Así "ha quedado demostrado, ha indicado, al recuperar las empresas almerienses a la gran mayoría de los trabajadores que estaban en un ERTE y también al haber solicitado el aval del Estado para inyectar más de mil millones de euros con el fin de continuar y mejorar su actividad", ha concluido.

El Banco de España avisa de que los ERTE pueden perder "ideoneidad" para proteger el empleo si se alarga la crisis

 

 MADRID.- El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha advertido este jueves de que aunque los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han permitido mantener un elevado número de relaciones laborales durante la crisis, su "ideoneidad" para salvaguardar el empleo puede verse reducida si ésta se alarga y se precisan reestructuraciones a nivel de sector y/o empresa.

En estas circunstancias, Arce ve crucial "evitar la descapitalización" de los trabajadores suspendidos por ERTE mediante el "uso intensivo" de las posibilidades que introdujo el decreto que prorrogaba este instrumento hasta el 31 de enero.

En concreto, se ha referido a la posibilidad contemplada en la norma de compaginar el cobro de la prestación por desempleo con la realización de un trabajo a tiempo parcial no afectado por medidas de suspensión y a la consideración de los trabajadores afectados por ERTE como colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación para el empleo.

Al mismo tiempo, Arce ha defendido una revisión de los mecanismos de protección al empleo "para alcanzar un reparto más equitativo de la protección entre trabajadores" e insiste en la necesidad de favorecer los instrumentos de flexibilidad interna empresarial como mecanismo alternativo de ajuste del mercado de trabajo.

Durante su intervención en el Foro Económico 'El Norte de Castilla', Arce ha subrayado que la información más reciente "parece apuntar a una interrupción de la recuperación de la actividad" económica por la segunda ola de la pandemia.

El director de Economía y Estadística del Banco de España ha señalado que la crisis está teniendo un impacto "acusado" sobre el empleo (la afiliación a la Seguridad Social sin contar los ERTE llegó a ser en mayo un 20% inferior a la de un año antes y la tasa de paro seguirá en niveles elevados en 2021 y 2022), pero también sobre el déficit y la deuda pública y sobre las empresas, que han visto reducir sus beneficios de manera "significativa".

Además, ha apuntado que se ha revertido la tendencia al desapalancamiento de las empresas observada a lo largo de la recuperación, que el número de empresas activas se redujo un 6% anual en octubre, y que los concursos de acreedores se mantienen por ahora contenidos, "posiblemente como resultado de la moratoria aprobada en abril".

Tras una primera fase de la crisis en la que las medidas de apoyo a las empresas se centraron en sus problemas de liquidez, Arce ha afirmado que el foco se desplaza ahora a sus problemas de solvencia, lo que precisa, en su opinión, de un apoyo "más selectivo, focalizado en las empresas más afectadas pero viables".

Asimismo, sostiene que los instrumentos de reforzamiento de los fondos propios deben desempeñar un papel relevante y que "podrían estudiarse nuevas herramientas para canalizar recursos propios hacia las empresas de menor dimensión, posiblemente con la participación del sector privado".

También ve deseable una mejora en el funcionamiento de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias para lograr una mayor eficiencia y agilidad y permitir que más empresas puedan proseguir su actividad.

En lo que respecta al gasto público, Arce ha instado a reconstruir los márgenes fiscales y reducir la deuda pública, mediante una estrategia multianual "amplia", una vez se supere la pandemia. Dicha estrategia debe contemplar, a su juicio, una pauta de reducción gradual de los desequilibrios; la descripción pormenorizada de las acciones a adoptar en cada período, y la revisión de la composición de gasto e ingresos públicos, todo ello acompañado de una agenda "ambiciosa" de reformas estructurales.

En relación al impacto de los fondos europeos en el PIB previsto por el Gobierno (+2,6 puntos en el PIB de 2021), Arce ha afirmado que el impacto económico final dependerá de varios factores, entre ellos la capacidad de absorción de una cuantía tan elevada de fondos; que sean nuevo gasto y se destinen sobre todo a inversión, y la forma de financiación (transferencias o préstamos).

Más de 240.000 pymes, abocadas al cierre por la crisis; 135.000 de ellas, en ERTE

MADRID.- El impacto de la crisis del coronavirus sigue avanzando en las empresas y el empleo a pesar del inicio del desconfinamiento y de la batería de medidas de apoyo a los ERTE. Así lo muestra un estudio del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos al que ha tenido acceso Expansión, que concluye que en un futuro inmediato cerrarán 240.000 pymes, de las cuales 135.000 se habrán acogido a un ERTE. 

Ésta es una de las conclusiones de una encuesta realizada por los Gestores Administrativos entre su colectivo, que tramita el 15% de los ERTE.

Según los datos facilitados en la encuesta, a 15 de mayo no habían cobrado la subvención del Estado cerca de un millón de trabajadores afectados por un ERTE en toda España, una situación que vienen denunciando los afectados y que se suma al atasco en la tramitación de los ERTE que se produce desde marzo.

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha llevado a cabo una encuesta entre los pasados días 13 y 15 de mayo entre su colectivo, que reúne a cerca de 6.000 gestorías en todas las comunidades autónomas. Fernando Santiago, presidente del Consejo General, señala a este diario que "una de las conclusiones más estremecedoras de la encuesta es que, a la fecha de la contestación, cerca de un millón de trabajadores en un ERTE no habían cobrado aún la prestación del Estado. Tengamos en cuenta que muchos llevan desde el mes de marzo sin ingresar ni un solo euro".

"La otra conclusión dura es que en los próximos meses se verán en el paro más de 1.500.000 de trabajadores por el cierre de más de 240.000 pymes a consecuencia del coronavirus. Y esto a pesar de que 135.000 de dichas empresas se han acogido a un ERTE", señala Santiago. 

En este escenario, los Gestores Administrativos solicitan una nueva prórroga del calendario fiscal ya que consideran que la situación no sólo no ha mejorado, sino que es más desfavorable en muchos lugares y para gran cantidad de negocios.

Las distintas Administraciones -de las comunidades en el caso de las empresas con implantación sólo en una región, y del Ministerio de Trabajo, para grandes empresas presentes en toda España- han contestado expresamente el 67% de los ERTE presentados por los Gestores Administrativos, habiendo denegado un 2% del total. Estas cifras suponen que se han denegado 12.000 ERTE que afectan a 86.000 trabajadores.

El atasco que se vive en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) afectó a los ERTE por fuerza mayor desde marzo, que acumulaban importantes retrasos lo que, según los Gestores, abocaba ya en abril a cerca de 50.000 empresas a concurso. Las empresas tenían que sostener salarios mientras la Administración no tramitaba el ERTE y en el caso de los denegados por fuerza mayor, el plazo se alargaba a la espera de presentar el expediente por causas económicas o productivas. Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, refrenda el desconcierto de sectores en los que en algunos casos se admite la fuerza mayor y en otros no, como las ópticas. El ministro de Justicia ha calculado que en 2020 se presentarán 24.200 concursos, un 246% más, y en 2021, 50.000, un 619% más que en 2019. 

La media de trabajadores incluidos en los ERTE tramitados por los gestores administrativos es de 5,4 trabajadores por expediente, frente al 6,4 de media obtenida de la totalidad de los ERTE presentados en toda España. El presidente de los Gestores Administrativos indica: "Nuestra media es algo menor porque nuestros clientes son pymes y en los datos globales se incluyen grandes empresas, lo que distorsiona la comparación".

En todo caso, Santiago quiere "destacar la falta de claridad en cuanto a los datos oficiales reales de ERTE presentados, trabajadores afectados, denegaciones, pago de subsidios y demás; y esta opacidad afecta por igual a casi todas las Administraciones".

Las últimas cifras las hizo públicas el propio Pedro Sánchez en el Congreso el 15 de abril, cuando apuntó que el número de afectados por los ERTE se acercaba a los 3,9 millones, cifra que en estos momentos se sitúa en el entorno de 5 millones y 600.000 expedientes, según datos recabados por Expansión.

Fernando Santiago pide al Gobierno que, dado que sigue el estado de alarma y que la situación económica continúa deteriorándose, "prorrogue el calendario fiscal al menos un mes más. Aun cuando estamos casi al límite del vencimiento de la prórroga para la presentación de IVA y a pocos días para el resto de los impuestos [la prórroga de las trimestrales acaba hoy y el 30 de mayo finaliza la posibilidad de pedir aplazamiento de seis meses], creemos que el Gobierno tiene la oportunidad de ofrecer un respiro a pymes y autónomos". 

En este sentido, el Gobierno y Ciudadanos pactaron ayer aumentar en un mes, de tres a cuatro, el aplazamiento del pago de hasta 30.000 euros en impuestos sin intereses en el acuerdo para que Cs avale otro estado de alarma de 15 días. Asimismo, se compromete a agilizar el pago de prestaciones por ERTE para que se puedan percibir durante el mes de junio como muy tarde. Preguntada sobre los retrasos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que se ha producido en la última semana un "avance muy importante" en el pago de las prestaciones gracias a un "trabajo ingente" de los trabajadores del SEPE, si bien apuntó que cada día se producen incorporaciones nuevas y se requieren unos tiempos "mínimos". 

El Gobierno confía en abonar todos los ERTE pendientes esta semana

MADRID.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confía en que esta semana se puedan tramitar y abonar todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que quedaban pendientes.

En una entrevista en Telecable, Díaz ha reconocido que a finales de abril quedaron sin resolver unos 300.000 ERTE, que "hoy prácticamente están reconocidos".

Ha añadido que muchos de esos expedientes tenían "errores de tramitación" que ya se están resolviendo y, dado que se están pagando a diario -sin necesidad de esperar a una fecha mensual concreta para el abono-, cree que "esta semana terminarán todos".

Por lo que respecta a las personas que se encontraban en paro antes de que estallara la crisis del coronavirus y que están agotando sus subsidios, la ministra ha admitido que algún colectivo "queda siempre" fuera de los programas, una situación que pretende resolver con el futuro ingreso mínimo vital.

Calviño plantea los ERTE "en el futuro" para proteger a jóvenes y temporales

MADRID.- La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha planteado este jueves en el Congreso la posibilidad de contar "en el futuro" con el régimen excepcional de los ERTEs por fuerza mayor, con el fin de "evitar que los ajustes sean siempre por el lado más débil, el de los jóvenes y el de los trabajadores con contrato temporal".

De hecho, ha celebrado que el mercado laboral español "por fin, ha contado con un instrumento de flexibilidad interna de las empresas que puede evitar en el futuro que los ajustes sean siempre por el lado más débil".

Así lo ha manifestado en su comparecencia ante la Comisión del ramo del Congreso, a la que ha acudido para rendir cuentas en la Cámara Baja de las medidas adoptadas por su departamento para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

En estos momentos, el Gobierno trabaja con sindicatos y patronal para poder adaptar este mecanismo extraordinario, aprobado para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, al fin de las restricciones contempladas por el estado de alarma.

Con esta flexibilización, ha señalado la vicepresidenta, el Gobierno espera que este régimen de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo "se acomode a las diferentes fases de la desescalada", con el fin de que "no se pierda en las próximas semanas lo ganado en términos de mantenimiento del empleo, protección del tejido empresarial y de las rentas de los trabajadores".

Medidas extraordinarias

Calviño ha reivindicado este instrumento como "un sistema flexible" y ha defendido que su uso, con más de 3 millones de trabajadores de unas 530.000 empresas afectados por ERTEs, "es el mejor indicador de su éxito".

En este sentido, ha señalado cómo la caída de la ocupación ha sido, al menos hasta el momento, "muy inferior a la del PIB y muy inferior a la de la crisis anterior, a pesar de ser mucho más intensa la reducción de actividad".

De hecho, en su intervención ha asegurado que el impacto a corto plazo de esta crisis, a nivel internacional, supera al de la crisis financiera iniciada en 2008. La vicepresidenta tercera también ha reclamado poner "en valor" este instrumento, dado que "tiene un coste muy elevado para las cuentas públicas".

"Entre todos, estamos asumiendo los sueldos y cotizaciones sociales de millones de trabajadores que no hubiesen tenido derecho a estas prestaciones en otro caso", ha incidido, defendiendo en todo caso que "esta crisis requiere de medidas extraordinarias y de una fuerte acción colectiva, de la solidaridad y de la responsabilidad del conjunto de la sociedad".

El 30% de los afectados por un ERTE no volverán a trabajar

MADRID.- Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han pronosticado que el 70% de los afectados por un ERTE recuperará su empleo a finales de este año y el 30% restante, no.

Así se desprende del Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021, en el que subraya una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que augura un déficit del 10,34% del PIB este año y una deuda pública del 115,5% del PIB.

AIReF calcula que cada quincena de confinamiento se resta 1,6 puntos al PIB, y se estima una caída del PIB de entre el 20% y el 25% en la primera parte de este año y del 15% en la segunda. 

De hecho, el organismo ha indicado que en el cuarto trimestre de 2021 el PIB se situará 5 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre de 2019, y ha aplazado la recuperación a la «segunda parte de 2022». 

Michelin negociará en próximos días un nuevo ERTE para todos sus centros, incluído el de Almería

ALMERÍA.- Michelin ha comunicado este martes la intención de iniciar un periodo de consultas para la instrucción de un nuevo procedimiento colectivo de suspensión de contratos de trabajo por causas productivas y organizativas (ERTE) derivadas directamente de las pérdidas de actividad como consecuencia de la COVID-19, lo que afectará también a sus centros de investigación, incluido el de Almería.

El nuevo ERTE tomaría así el relevo de dos anteriores, uno por causa de fuerza mayor derivado de la falta de materias para producir, que ha afectado entre los días 16 y 30 de abril a los centros industriales de Valladolid, Aranda, Lasarte y Vitoria, y otro por causas organizativas que concluye el 31 de mayo y con efectos en la división comercial de Tres Cantos, el almacén de Illescas y Centro de Experiencias de Almería.

El pasado 13 de abril, Michelin decidió retornar a la actividad en todos los centros de trabajo de manera gradual y escalonada, después del cese de actividad provocado por la falta de suministros que impedían el desarrollo de las actividades.

En esta ocasión, sin embargo, tal y como explica Fernando Fuentes, secretario general de UGT-FICA en Michelin España, los planes de la dirección son plantear un único ERTE tanto para los cuatro centros industriales como para los otros tres de investigación, almacenamiento y división comercial.

"Las cosas están como están. Llevamos parando con flexibilidad interna los viernes, sábados y domingos los primeros quince días del mes y las previsiones apuntan que habrá que parar durante casi dos semanas en mayo, ya no por falta de materias primas sino por una caída de la producción ante la grave situación económica europea y mundial", reconoce el representante de UGT, quien asume que esa caída ya no es posible absorberla con una flexibilidad interna que sólo permitía afrontar situación puntuales pero no tan graves como la actual.

En la misma línea se ha posicionado CCOO tras la reunión en la que la dirección de la compañía había convocado al Comité Intercentros de la Industria (Almería, Aranda de Duero, Valladolid y Vitoria-Gasteiz), al Comité Intercentros de la División Comercial (Illescas y Tres Cantos) y al Comité de Empresa de Lasarte, y en la que se ha puesto sobre la mesa la fuerte caída de la actividad como consecuencia de la paralización de la economía mundial por la pandemia, una fuerte caída de la demanda de bienes y servicios de la que Michelin no es ajena.

Y es que las producciones asignadas han sido revisadas a la baja en prácticamente todas las actividades, de tal manera que la empresa ha comunicado cierre de días, a cargo de medidas internas de flexibilidad, en todos los centros industriales para el mes de mayo.

La Sección Sindical de CCOO en Michelin analizaba la semana pasada el nuevo y complicado escenario, y concluía que ante esta situación absolutamente excepcional es necesaria una medida absolutamente excepcional.

"El Sistema Variable, herramienta interna de flexibilidad, que ha servido siempre para dar respuesta a las diferentes situaciones productivas que se han presentado, no está diseñado para una caída productiva tan pronunciada como imprevisible. No se puede asumir el riesgo de que los saldos en negativo de la bolsa de jornadas crezcan excesivamente y que el Sistema Variable colapse", opinan fuentes de CCOO.

Es por ello, que este sindicato ya instó a la Dirección de Michelin, a la mayor brevedad, a explorar conjuntamente fórmulas que eviten hacer uso del Sistema Variable y protejan a las plantillas del escenario tan complicado que se presenta.

La convocatoria de los órganos oficiales de representación de los trabajadores de hoy, ha servido para que la Dirección de Michelin dé respuesta a esta solicitud, por lo que en los próximos días se iniciará el periodo de consultas y de negociación de un nuevo ERTE.

En la reunión ha quedado conformada la Comisión representativa de los Trabajadores para la negociación del ERTE, que será liderada por cuatro miembros de CCOO, sindicato mayoritario en Michelin.

ATA pide prolongar los ERTEs hasta después de verano y llevarlos hasta diciembre en algunos sectores

MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, pide prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta después de verano y llevarlos hasta diciembre en aquellos sectores en los que la actividad esté más perjudicada. 

Amor ha señalado que esta, junto a otras peticiones como la de la reincorporación paulatina de la plantilla, va a ser lo que le va a trasladar el próximo día 7 de mayo a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en el encuentro que van a mantener.

Amor cree que hay que llevar la prestación extraordinaria por cese de actividad "más allá" de la situación actual en la que se encuentra el país, porque va a haber sectores que no van a abrir, como el turístico, y otros que lo van a pasar "muy mal", como el de los autónomos feriantes. "Hay que proteger a la empresa, pero también al trabajador", ha añadido.

Desde su punto de vista, "no parece muy lógico que haya autónomos que en mayo vayan a tener una actividad por debajo del 50% y que vayan a tener que pagar toda la cuota y ningún tipo de ayudas". 

"Esto es discriminatorio, un trabajador que esté en un ERTE a media jornada cobra el 50% de su sueldo y el 50% de la prestación, igual tendría que pasar con los autónomos", ha apostillado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que con los 661 euros de la prestación "no da para pagar la luz, ni el teléfono, ni los cuatro gastos que tienen los autónomos y que van corriendo". 

Por todo ello, el presidente de la federación va a trasladarle al Gobierno que la desescalada se debe hacer con "claridad, abandonando la improvisación y con diálogo para hacer las cosas bien".

"Lo único que me preocupa ahora mismo es cómo van avanzando los tiempos y que el Gobierno dé seguridad jurídica a autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y al tejido empresarial en general. Lo que digan el 7 de mayo servirá para lo que tenga que pasar el 11 de mayo y más adelante", ha apostillado.

Además, el presidente de ATA ha hecho hincapié en que se debe clarificar qué va a pasar a partir del 1 de julio, una vez España se sitúe, si todo va bien, en la nueva normalidad, y ha alertado de que si no se prolongan las medidas y las ayudas, "va a haber un apocalipsis".

"No se van a poder tapar las cifras de paro ni de ninguna forma la cifra de la pérdida de empleo", ha apuntado, tras poner en valor la importancia de prolongar las ayudas fiscales, porque "no puede ser que los autónomos tengan que pagar cotizaciones sociales cuando acabe el estado de alarma, cuando quizás se está todavía a un 30% de actividad". 

Cotización reducida

De hecho, lo ve "inasumible" e insta a poner en marcha una cotización reducida durante los próximos meses, que podría ser una tarifa plana de 100 euros. "El crédito está muy bien y ha llegado a 231.000 autónomos y pymes, pero hay 900.000 autónomos que lo han solicitado y no tienen respuesta", ha añadido.

Por otro lado, ha criticado que la moratoria de cotizaciones se haya limitado a doce actividades y que se hayan quedado fuera actividades como el transporte, la industria, la construcción o los servicios profesionales.

También ha remarcado que el Gobierno sigue sin solucionar el requisito de estar de baja en Hacienda para acceder a la moratoria de hipotecas, alquileres o suministros. "El 95% de los autónomos está fuera de esta medida", ha añadido, tras apuntar que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha modificado esto ya, "no lo va a hacer".

No obstante, ha valorado que sí que está funcionando el cese de actividad y los aplazamientos de las cotizaciones, que lo han demandado unos 400.000 autónomos por cuenta propia. 

Según ha señalado Amor, las estimaciones de ATA apuntan a que la cifra de aplazamientos se duplicará de aquí al 20 de mayo, y ha añadido que "el resto de medidas son mucho de rellenar el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de poca efectividad". 

Preguntado sobre cómo ha visto la gestión del Gobierno durante esta crisis, Amor cree que "indiscutiblemente" algunas medidas se han tomado sobre la marcha, otras han servido después de varias reivindicaciones y modificaciones y que, por otro lado, hay otras que no están sirviendo, "porque no están bien diseñadas".

"El Estado no tiene capacidad para afrontar el coste económico"

En esta línea, ha remarcado que el Estado "no tiene la capacidad para afrontar el coste económico de las medidas y que en la apariencia está". Desde su punto de vista, aplazar hasta el 20 de mayo el pago de impuestos "se queda corto", porque España estará todavía en estado de alarma. Por ello, pide que se lleven a julio.

"En estos momentos hay mucha gente que tiene no dinero. Los aplazamientos están muy bien, pero no es solo esto. No sabemos cómo vamos a estar en octubre ni en agosto o en septiembre", ha añadido.

Por otro lado, Amor ha recomendado que si el Estado no tiene capacidad económica que acuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), al fondo de ayudas al desempleo (SURE) o al rescate. Sin embargo, lo que ha dejado claro es que si el Gobierno pide un rescate, que lo haga para salvar a las empresas, autónomos y a los trabajadores. 

Sobre la nacionalización de empresas que piden los sindicatos, Amor ha incidido en que esto es "retrotraerse a otras épocas y a otros países donde desgraciadamente la democracia y la iniciativa privada no estaban por la labor".

"¿Qué vamos a nacionalizar si el propio Estado tiene problemas para hacer frente a las ayudas que necesitan las empresas del sector privado?", ha cuestionado.

Sobre la situación económica actual y futura de España, el presidente de ATA cree que desgraciadamente la caída del PIB del primer trimestre del 5,2% es "un aperitivo" y que su evolución dependerá de la capacidad de acción del Gobierno, de mantener los ERTEs, las ayudas, las exoneraciones o las cotizaciones, ya que, si no, la caída puede ser del doble o incluso del triple.

Pérdida de tejido empresarial

Cuestionado sobre cuántos autónomos se pueden perder en esta crisis, Amor estima que se va a perder entre un 20% y un 25% del tejido empresarial a lo largo de este año si no se prolongan las ayudas.

No obstante, ha explicado que muchos agricultores autónomos que estaban en su propio régimen van a pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que esto lo van a tener "muy en cuenta". 

De hecho, ha señalado que comprobarán las caídas de las actividades para poner de manifiesto que "no va a haber maquillaje de cifras". 

Por último, el presidente de ATA se ha puesto a disposición del Gobierno para aportar en los acuerdos que sean necesarios. "Ojalá los partidos sean capaces de llegar a acuerdos, pero para eso hay que cambiar un poco la actuación que ha habido hasta ahora", ha concluido. 

Las empresas que reabran el lunes podrán mantener el ERTE y sacar sólo a parte de sus trabajadores

MADRID.- El próximo lunes se pone en marcha la primera parte del plan de desescalada del Gobierno, la llamada 'Fase 0', que permitirá a algunos negocios como bares y restaurantes reactivar parte de su actividad. Muchas empresas optaron por acogerse a los ERTE por causa de fuerza mayor habilitados por el Gobierno para hacer frente al coronavirus y ahora, parte de sus trabajadores se preguntan de qué manera afectará la reapertura a su situación laboral. 

Ante esta cuestión, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) van a continuar, pero "hay que pautar en qué grado y con qué ritmo". 

En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, Díaz ha explicado que los bares, restaurantes y negocios que sólo abran de manera parcial podrán mantener los ERTE si lo necesitan y sacar de esa situación sólo a los trabajadores que requieran para retomar la actividad. 

"Que tengan tranquilidad porque el mecanismo continúa a pesar de que ellos reabran", ha afirmado la responsable de Trabajo.

En la misma intervención, Díaz ha asegurado que sindicato y patronal siguen negociando para determinar las condiciones en las que se prorrogarán los ERTE, un acuerdo que da por hecho. "Es importante que el diálogo social trabaje y ojalá se llegue a un acuerdo lo antes posible para los ERTE", ha apostillado. 

La titular de Trabajo ha destacado que los ERTE han sido una medida "muy eficaz", por lo que "no tendría sentido que ahora se dejase caer" y ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha afirmado que los mecanismos de protección para trabajadores y empresas puestos en marcha por el coronvarius "van a continuar". 

Además, ha señalado que el próximo lunes las personas que están en ERTE y cuyos expedientes entraron en el mes de abril, cobrarán la prestación.

Previsiones del Gobierno

Respecto al Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, que recoge que la tasa de paro crecerá hasta el 19%, la ministra ha afirmado que los datos están en sintonía con los informes de otras entidades y que el Gobierno es "realista". 

Además, ha destacado que el dato de paro no alcanzará las cifras récord que se registraron en la anterior crisis, pero que "es cierto" que va a haber una caída brusca del empleo.

"Creo que la clave está en desplegar medidas que den cobertura social y que permitan una reactivación económica muy importante. La clave para salir de esta crisis es actuar con rapidez", ha añadido.

La titular de Trabajo también ha remarcado que hay que poner "más que nunca" el valor de los impuestos, que están demostrando que son imprescindibles. Al igual que cree que hay que reconfigurar la fiscalidad del país, porque se encuentra a siete puntos de la media de la Unión Europea.

Autónomos

Preguntada porque los autónomos se sienten que no son la prioridad del Ejecutivo, Díaz ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "un compromiso absoluto" con este colectivo y que se está trabajando para ayudar en todo lo que se pueda.

"Nuestra economía está sustentada en pequeñas empresas y autónomos y esta cadena es lo que permite que funcione, por lo que tenemos prioridad absoluta para ayudarles", ha incidido.

Por otro lado, la ministra cree que este Primero de Mayo va a hacer historia, porque las calles están vacías, pero los trabajadores están "más presentes que nunca, porque son los que están salvando las vidas del país". 

"Son muy duras las cifras que tenemos encima de la mesa y vamos a vivir semanas intensas que nos van a poner un escenario duro y profundamente dañoso para todos", según Díaz.

Las empresas podrán sacar a sus empleados de los ERTE progresivamente

MADRID.- Las empresas que estuvieran aplicando expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) a causa de la pandemia de Covid-19 pondrán renunciar a estos progresivamente para parte o toda la plantilla y "facilitar su tránsito" hacia las reducciones de jornada, "que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora".

Así lo ha explicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un criterio publicado este viernes sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada.

Concretamente, explica que esto podrá hacerse de forma progresiva conforme vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor.

Además, apunta que facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada supone "un menor impacto económico sobre los trabajadores" y permitirá atender a la paulatina creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas.

El criterio dice que la definición concreta de las causas objetivas que integran la fuerza mayor por coronavirus, recogida en el Real Decreto Ley, por el que se estableció el estado de alarma, responden a una causa "externa y perentoria cuyos efectos y ámbitos concretos son decididos en cada momento por las autoridades competentes por razones de salud pública".

Esto, según Trabajo, tiene como consecuencia que las distintas medidas puedan ser aplicadas con una intensidad y graduación paulatina y diferenciada.

Así, esta definición ajustada de un escenario de crisis, "no solo permite, sino que hace aconsejable, que las suspensiones o reducciones que se hubiesen adoptado con arreglo a un mayor rigor en la exigencia del confinamiento se vayan dejando de aplicar y sean modificadas en su alcance de acuerdo con la propia evaluación de la situación de emergencia sanitaria, las previsiones de desescalada y los factores a los que responde".

En este sentido, Trabajo afirma que se tiene como precedente de lo anterior la interrupción de actividades no esenciales decretada por el Gobierno del 30 de marzo al 9 de abril y en el que muchas empresas se vieron abocadas a solicitar expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor temporal para garantizar la extensión del confinamiento y la restricción de movimientos.

"Las exigencias documentales y de procedimiento deben ser imprescindibles", apunta, tras resaltar que bastará con comunicar a la autoridad laboral la renuncia a la medida autorizada o comunicada, ante una recuperación íntegra de la actividad, y trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de afección y desafección de cada uno de los trabajadores.

De hecho, remarca que el ERTE garantiza un tránsito "no traumático" hacia una normalidad futura en la que las medidas coyunturales han dejado de ser necesarias.

En resumen, el criterio dice que toda la normalidad adoptada por el coronavirus, cuyo pilar o eje fundamental está constituido por medidas de ajuste interno de las empresas, "tiene como objetivo mantener el empleo y proteger a los trabajadores y flexibilizar y agilizar los mecanismos que son imprescindibles para lograrlo".

Las empresas de 22 municipios de Almería no registran ERTE mientras que en otros once presenta solo un expediente

ALMERÍA.- Las empresas de Almería han presentado más de 7.500 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a unos 34.000 trabajadores, si bien 22 municipios de la provincia no han registrado este tipo de peticiones entre las empresas de las distintas localidades mientras que otros once pueblo únicamente han constatado una petición de ERTE.

Según los datos que maneja el Gobierno andaluz, entre los municipios donde no se han registrado ERTE hasta el pasado 16 de abril se encuentran sobre todo los pequeños municipios, como Alcudia de Monteagud, Alicún, Bayárcal, Beires, Benitagla, Castro de los Filabres, Chercos, Íllar, Instinción, Líjar y Olula de Castro.

Asimismo, tampoco se han registrado expedientes para la regulación temporal del empleo las localidades como Rágol, Santa Cruz de Marchena, Senés, Sierro, Somontín, Suflí, Tahal, Terque, Las Tres Villas, Turrillas y Velefique.

De otro lado, otros once municipios han visto como de entre todas sus empresas se ha presentado únicamente un ERTE por cada uno de ellos, con especial incidencia entre los servicios de restauranción, actividades turísticas y sanitarias. Se trata en este caso de Alboloduy, Alcóntar, Armuña del Almanzora, Bayarque, Bentarique, Cóbdar, Huécija, Laroya, Paterna del Río, Santa Fe de Mondújar y Urrácal.

Así, estos once expedientes afectan a un total de 66 trabajadores, si bien únicamente uno de ellos engloba a 43 empleados de una misma compañía relacionada con el sector de trabajos metálicos afincada en Urrácal. Solo cuatro de los expedientes afectan a un único empleado.

De la misma manera, otros municipios han presentado muy pocos expedientes de regulación que, de otro lado, han afectado a una gran cantidad de trabajadores. Es el caso de Taberno, donde se contabilizan dos solicitudes de ERTE que afectan a 563 empleados vinculados a la promoción inmobiliaria.

El 34 por ciento de las solicitudes de la provincia se han registrado en Almería capital, que también concentra el 38 por ciento los trabajadores afectados, de modo que uno de cada cuatro expedientes solicitados en la ciudad se corresponden con el sector de la restauración, esto es, el 26 por ciento de los trabajadores.

Por sectores, los más afectados por ERTE en la capital almeriense, además de la restauración, son el comercio (21 por ciento de los ERTE y 15 por ciento de empleados afectados), las actividades sanitarias (9 por ciento de los expedientes y 6 por ciento de los trabajadores), los servicios personales (8 por ciento de los ERTE y 3,3 por ciento de los empleados), las actividades de educación y formación (5 por ciento de los expedientes y 13 por ciento de trabajadores), y la construcción (4 por ciento de los ERTE y 3,6 por ciento de los empleados).

A la capital le siguen los municipios de Roquetas de Mar --12 por ciento de los ERTE-- y El Ejido --diez por ciento de los ERTE--, cuyos sectores más afectado también son la restauración con el 34 y 28 por ciento de sus expedientes, respectivamente, seguidos de Huércal de Almería, que aglutina el cuatro por ciento de los expedientes presentados con especial incidencia en el sector de la venta y reparación de vehículos --concesionarios y talleres--, que suponen el 22 por ciento de los expedientes.

Cierran la clasificación de los diez pueblos donde se han registrado más solicitudes de ERTE los municipios de Níjar (3,6 por ciento), Vera (2,9 por ciento), Adra (2,9 por ciento), Huércal-Overa (2,5 por ciento), Albox (2,5 por ciento) y Mojácar (2,2 por ciento).

El municipio almeriense de Tíjola, que según los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre el ejercicio 2017 se situó como el municipio andaluz con mayor renta bruta de Andalucía con 40.607 euros, ha registrado una treintena de ERTE, cinco de ellos ligados a la construcción que afectan a 18 empleados y otros 13 vinculados a la restauración, con 30 trabajadores.

De otro lado, el sector de la piedra natural también se ha visto afectado con 52 empleados dedicados a la extracción, corte y elaboración de la piedra afectados a través de nueve expediente presentados en Macael y Cantoria --esta última con un ERTE para tres empleados--

En relación con el total de la provincia, otros municipios afectados por ERTE son Vícar (2,2 por ciento de los expedientes y empleados afectados en la provincia), Viator (1,8 por ciento de los ERTE y 23,8 por ciento de los trabajadores), Garrucha (1,7 por ciento de los expedientes y 1,1 por ciento de los empleados), Cuevas del Almanzora (1,6 por ciento de los ERTE y 1,1 por ciento de los trabajadores), Berja (1,2 por ciento de los expedientes y 0,8 por ciento de los empleados).

La lista la siguen Carboneras y Olula del Río (1,1 por ciento de los ERTE y 0,8 por ciento de los trabajadores), Vélez-Rubio (1 por ciento de los expedientes y 0,6 de los empleados), La Mojonera (1 por ciento de los ERTE y 0,3 por ciento de los trabajadores provinciales), Pulpí y Antas (ambos con el 0,8 por ciento de los expedientes y empleados) y Benahadux (0,7 por ciento de los ERTE y 0,6 por ciento de los trabajadores afectados en Almería).

UGT y CCOO protestan por carta a Empleo por la falta de información y de negociación sobre los ERTE

SEVILLA.- UGT-A y CCOO-A han reclamado este miércoles a la Junta un proceso de diálogo social real, que les ha llevado a remitirle una carta para manifestar su malestar ante la gestión por la Consejería de Empleo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la crisis del Covid-19.

Según han trasladado ambas organizaciones sindicales mediante una nota conjunta, "en este periodo de tiempo las reuniones entre la Consejería y los agentes económicos y sociales se han convertido en un espacio de información, donde se nos ha dado traslado de los datos de ERTE presentados y las comunicaciones de la Consejería con el Ministerio de Trabajo".

"En ningún momento, como hemos reclamado los agentes económicos y sociales, se nos ha facilitado toda la información necesaria para garantizar los derechos de las personas trabajadoras en todo lo referente a los ERTE", han señalado ambos sindicatos, que han sostenido que "creemos que se nos ha cercenado la participación en los procedimientos ERTE".

Esta limitación a la negociación de los sindicatos se ha producido, según UGT y CCOO, "a pesar de la reclamación insistente de las organizaciones sindicales para una mayor información sobre las empresas que se acogían a los expedientes y las personas trabajadoras afectadas".

El reproche de ambos sindicatos hacia la Junta se extiende hacia el hecho de que "son varios los decretos aprobados por el Gobierno de Andalucía sobre medidas en materia de empleo y ayudas a las empresas y autónomos, que en ningún caso han sido informados con anterioridad a su aprobación y publicación", a lo que suman que "igualmente no se ha establecido ningún procedimiento para garantizar el diálogo social".

Ante este cúmulo de reproches, UGT y CCOO de Andalucía han demandado al Gobierno andaluz que "abra un proceso real de diálogo donde se dé cabida a la participación de los agentes económicos y sociales".

El Gobierno estudia prolongar los ERTE más allá del estado de alarma

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que se está estudiando prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá de la conclusión del estado de alarma y que así se está abordando en el marco del diálogo social con los agentes sociales.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha señalado que el teletrabajo es preferente, al menos, hasta llegar a la fase 3 de la desescalada, que si se cumplen los plazos sería hasta mediados de junio.

El Ejecutivo ha diseñado un plan de desconfinamiento en cuatro fases que arrancará el 4 mayo con la reapertura de actividades con cita previa y atención individual, como los restaurantes con comida para llevar, que deberán seguir todas las medidas de sanidad y seguridad.

Todas las medidas se aplicarán por provincias o islas y terminarán de aplicarse a finales de junio, cuando se dará por recuperada la normalidad.

Cada fase durará dos semanas y se avanzará a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible continuar. Después se pasará a la etapa de la "nueva normalidad" en la que continuarán las medidas de control y el uso de material preventivo

Sobre los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre conocidos este martes, Sánchez ha afirmado que el impacto social y la desigualdad provocada por el coronavirus en los jóvenes, trabajadores temporales y mujeres "es enorme".

Según Sánchez, la economía global y también la economía española van a entrar en una recesión de "extraordinaria dimensión" y se va a exigir un compromiso "muy fuerte" también por parte de la Unión Europea.

Andalucía registra 100.062 ERTE por el coronavirus, que afectan a 540.303 trabajadores, y resuelve el 80,6%

SEVILLA.- La Consejería de Empleo ha recibido, hasta este lunes 27 de abril, un total de 100.062 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ante el estado de alarma por coronavirus, que afectan a 540.303 trabajadores, a los que habría que sumar otros 94.922 afectados por ERTE en empresas nacionales dentro de centros de trabajo en la comunidad.

Así lo ha señalado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en rueda de prensa telemática junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras la reunión del gabinete de crisis por el Covid-19.

Del total de 100.062 solicitudes de ERTE en la comunidad, la autoridad laboral ya ha resuelto 80.652, lo que representa el 80,6 por ciento de los mismos, que afectan a 400.899 trabajadores.

Según ha explicado Marín, estos ya han sido trasladados el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que lleve a cabo la liquidación de los mismos y las contraprestaciones que corresponden. 

Asimismo, ha recordado que desde el Gobierno andaluz se pidió la posibilidad de establecer nóminas semanales, pero el Ejecutivo central "no lo aceptó" por lo que ha asegurado que la Junta estará "atenta" para ver cómo se resuelven estos expedientes.

Además, el vicepresidente andaluz se ha sumado a la petición de empresarios y sindicatos de ampliar la vigencia de los ERTE en algunos sectores más allá del estado de alarma. "La compartimos y se lo hemos pedido al Gobierno de España", ha indicado.

"Si el 9 de mayo se decretara el levantamiento del estado de alarma y nosotros hemos propuesto que la apertura de los hoteles se lleve a cabo en junio, habría que aplicar una prórroga a estos ERTE", ha ejemplificado Marín.

El Gobierno facilita el acceso a la prestación de los ERTE a los trabajadores de temporada

MADRID.- El Gobierno ha ampliado la cobertura de la prestación por desempleo a más trabajadores, como los despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo o a los que no hayan podido incorporarse a un nuevo puesto a causa de esta crisis del Covid-19.

Según ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor en sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Según ha detallado el Gobierno, la fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa.
Junto a esto se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
El objetivo de todas estas medidas es seguir protegiendo a trabajadores en esta crisis, ha subrayado Calviño quien ha avanzado que habrá medidas de financiación especificas para las empresas que están apostando por el teletrabajo.
Según ha detallado el Gobierno, se amplía la cobertura de la prestación de desempleo a los trabajadores cuyos contratos terminaran durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que dejaran un trabajo por tener una oferta laboral en firme que no se haya materializado a causa de la pandemia.
También se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos que podrán incorporarse a los ERTE o percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.
Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha destacado en un comunicado que esta medida beneficia a muchos empleos asociados a actividades de temporada que empiezan en este época y que trabajan sólo unos meses al año (muchos de ellos ligados al sector turístico).
Se ha acordado suspender plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el Covid-19 y reforzar los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones.
Habrá una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de ERTE que además y se obligará a las empresas a devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.
El Ejecutivo también ha acordado la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020.
Por otro lado, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en el Congreso que durante un tiempo tras el levantamiento del estado de alarma los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) mantendrán exoneradas o reducidas las cuotas sociales y los trabajadores afectados cobrarán el desempleo.
Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra ha explicado que en una primera etapa, posterior a la vigencia del estado de alarma, todavía serán necesarias medidas de excepcionalidad, como los ERTE por fuerza mayor que "seguirán teniendo gran relevancia por lo cual deberá mantenerse transitoriamente el mecanismo de apoyo establecido durante la etapa de crisis sanitaria aguda".
La duración exacta de la prolongación de esta medida y su aplicación por sectores está siendo debatida en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, según han explicado  fuentes del Ministerio de Trabajo.
La ministra ha añadido que después los ERTE evolucionarán para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, que serán fundamentalmente por causa económica, técnica, organizativa o de producción, y que también evolucionarán los mecanismos de exención o reducción de cotizaciones a la seguridad social y la protección de desempleo durante el ERTE de acuerdo a estas nuevas situaciones.

La Junta resuelve en Almería 6.376 peticiones de ERTE, el 97,9% de ellas de manera favorable

ALMERÍA.- La Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Almería, como autoridad laboral, ha resuelto hasta la fecha 6.376 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que supone el 84,4 por ciento de las 7.553 presentadas en la provincia y que afectan a 34.344 trabajadores. De las 6.376 resoluciones emitidas, el 97,9 por ciento han recibido respuesta favorable y el resto, denegatoria.

La mayor parte de estas solicitudes de ERTE son por fuerza mayor, justificadas por la obligación de suspender determinadas actividades recogida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, según ha indicado la Junta en una nota

En cuanto a los sectores de actividad, en función del volumen de trabajadores, el más afectado es el de la restauración como bares, restaurantes y puestos de comidas, que engloba al 24,9 por ciento de los empleados, con más de 8.500.

A los sectores afectados le siguen a los los comercios de todo tipo con el 17,1 por ciento (5.869 trabajadores), la educación y formación con el 7,6 por ciento (2.629 empleados afectados), los alojamientos turísticos con el 5,2 por ciento (1.780 trabajadores), la construcción y afines con el cinco por ciento (1.718 empleados), los talleres de reparación de vehículos y similares con el 4,4 por ciento (1.510 trabajadores incluidos) y las actividades sanitarias (fisioterapeutas, dentistas, clínicas privadas, etc.) con el 4,3 por ciento (1.480 empleados afectados).

Les siguen los servicios personales como peluquerías y tintorerías, (2,9 por ciento), las actividades inmobiliarias (2,8 por ciento), la fabricación de productos industriales y artesanales (2,3 por ciento), las actividades deportivas (gimnasios, instalaciones deportivas, son el 2,1 por ciento), la venta y alquiler de vehículos (2,1 por ciento), el transporte de viajeros y mercancías y la logística (1,9 por ciento), los servicios de limpieza y jardinería (1,1 por ciento), el turismo y ocio (0,9 por ciento), la industria de alimentación y bebidas (0,9 por ciento), las artes gráficas y fotografía (0,9 por ciento), y las asesorías, empresas de seguros, contabilidad, (0,7 por ciento).

Entre los menos afectados por ERTE están los servicios de reparaciones varias (0,6 por ciento), los servicios sociales (0,7 por ciento), la agricultura, ganadería y pesca (0,7 por ciento), la piedra natural y afines (0,7 por ciento) y la cultura y medios de comunicación (0,4 por ciento).

Por número de ERTE presentados, los sectores que mayor volumen de solicitudes han registrado son la restauración (27,4 por ciento, 2.075 solicitudes), el comercio (21 por ciento, 1.569 ERTE), los servicios personales con el 6,8 por ciento (517 expedientes), las actividades sanitarias (484 solicitudes, el 6,4 por ciento), la construcción y afines (369 ERTE, el 4,9 por ciento), la reparación de vehículos (el 4,5 por ciento, 340 expedientes), la educación y formación (291 solicitudes, el 3,8 por ciento), las actividades inmobiliarias (170 ERTE, el 2,2 por ciento) y los alojamientos turísticos (el 2,1 por ciento, con 156 expedientes).

Le siguen la fabricación de productos industriales y artesanales (el 1,9 por ciento), las actividades deportivas (1,8 por ciento), el transporte y logística (1,8 por ciento), el turismo y ocio (1,2 por ciento), la venta y alquiler de vehículos (1,2 por ciento), las actividades de asesoría, contabilidad y seguros (1,1 por ciento), la industria de alimentación y bebidas (0,9 por ciento), la limpieza y jardinería (0,8 por ciento), las actividades jurídicas (0,7 por ciento), las artes gráficas y la fotografía (0,7 por ciento), la agricultura, ganadería y pesca (0,7 por ciento), los juegos de azar (0,6 por ciento), la industria de la piedra y afines (0,6 por ciento) y las actividades culturales y de medios de comunicación (0,5 por ciento).

Los 6.376 ERTE ya resueltos por la Delegación Territorial de Almería afectan a 25.601 trabajadores. Por sectores y en función del volumen de empleados, el principal es el de restauración, con el 22 por ciento de los empleados, seguido de los comercios de todo tipo con el 12,1 por ciento, los alojamientos turísticos con el 5,1 por ciento, las actividades sanitarias (3,1 por ciento), los talleres de reparación de vehículos y similares con el 3 por ciento, la construcción y afines con el 2,8 por ciento, las actividades deportivas con el 2,2 por ciento y la educación y formación también con el 2,2 por ciento.

Les siguen los servicios personales como peluquerías o tintorerías (dos por ciento), la industria de alimentación y bebidas (1,4 por ciento), la venta y alquiler de vehículos (1,2 por ciento), el turismo y ocio (1 por ciento), el transporte de viajeros y mercancías y la logística (0,9 por ciento), las actividades inmobiliarias (0,8 por ciento), los servicios sociales (0,7 por ciento), los servicios de limpieza y jardinería (0,6 por ciento), la fabricación de productos industriales y artesanales (0,5 por ciento), y las asesorías, empresas de seguros, contabilidad (0,5 por ciento).

Entre los expedientes resueltos con menor incidencia están los de empresas de la cultura y medios de comunicación (0,5 por ciento), los juegos de azar (0,4 por ciento), las artes gráficas y fotografía (0,4 por ciento) y la piedra natural y afines (0,4 por ciento).

En la clasificación por número de expedientes resueltos, está en primer lugar la restauración (22 por ciento), seguida del comercio (15 por ciento), los servicios personales (4,5 por ciento), los servicios sanitarios (4,1 por ciento), la reparación de vehículos (3 por ciento), la construcción (2,1 por ciento), las actividades de educación y formación (2,1 por ciento), los alojamientos turísticos (1,7 por ciento), la fabricación de productos industriales y artesanos (1,5 por ciento) y las actividades deportivas (1,4 por ciento).

A continuación se sitúan las actividades inmobiliarias (uno por ciento), el turismo y el ocio (0,8 por ciento), el transporte y la logística (0,7 por ciento), la venta y alquiler de vehículos (0,6 por ciento), los juegos de azar (0,5 por ciento), las actividades de asesoría, seguros y contabilidad (0,5 por ciento), la industria de la alimentación y bebidas (0,4 por ciento), las actividades culturas y medios de comunicación (0,3 por ciento), la limpieza y jardinería (0,3 por ciento), los servicios sociales (0,3 por ciento) y la industria de la piedra y afines (0,3 por ciento).

Al acogerse a un ERTE, las empresas quedan exoneradas del abono de las cuotas empresariales, así como de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que la empresa tenga menos de 50 trabajadores, o del 75 por ciento si tiene 50 empleados o más en plantilla.

Por su parte, los trabajadores afectados por las regulaciones temporales de empleo pueden acogerse durante el periodo a prestaciones por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo, y sin que compute este cobro a los efectos de consumir los períodos máximos de prestación legalmente establecidos.Igualmente, el periodo de suspensión computa como periodo cotizado a la Seguridad Social.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo está afrontando una situación excepcional por la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. Un equipo formado por 36 funcionarios, la mayoría de ellos teletrabajando, conforman el dispositivo especial de resolución de ERTE en la Delegación de Empleo de Almería, un equipo que trabaja una media de 14 horas diarias cada día, incluidos fines de semana y festivos, para dar respuesta con agilidad al alto volumen de solicitudes recibidas.

El Banco de España cifra en más de 4,6 millones los trabajadores afectados por los ERTE

MADRID.- El Banco de España estima que con una duración del estado de alarma de ocho semanas la cifra de españoles afectados por Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) será de 3,1 millones, que se sumarán a unos 900.000 por las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos y otros 600.000 por las prestaciones por desempleo de trabajadores temporales, con un total de 4,6 millones de afectados, lo que comportará un coste conjunto para las arcas públicas de 6.000 millones de euros, el 70% por mayor subsidio de desempleo y el 30% en menores cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, calcula un importe de hasta 22.800 millones derivado de la moratoria de deudas tributarias y otros 3.500 millones la cuantía por el aplazamiento de los pagos impositivos al 20 de mayo.

Este es el cálculo que realiza el organismo supervisor en su artículo analítico ‘Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19’, publicado este lunes, en el que, en función de distintos escenarios dependiendo de la duración, prevé una caída del PIB de entre un 6,6% y un 13,6%, un déficit de entre el 7% y el 11% y una tasa de paro de entre el 18,3% y un 21,7%.

El organismo explica que las actuaciones implementadas por el Gobierno para paliar la crisis del Covid-19 se centran en tres ámbitos: el reforzamiento del sistema sanitario, la protección del empleo y el apoyo a los hogares vulnerables, y la provisión de liquidez a las empresas.

El gasto sanitario crece

De estas tres áreas, señala que la única que tiene un coste presupuestario “bien definido” es el aumento del consumo público relacionado con el incremento del gasto sanitario, que engloba partidas por 4.400 millones de euros (el 0,4% del PIB de 2019).

Esta cantidad incorpora 2.800 millones de euros destinados a las CCAA, 1.000 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad, 30 millones para la investigación relacionada con la creación de una vacuna contra el virus y 600 millones para que las CCAA y las corporaciones locales puedan garantizar los servicios sanitarios de los más vulnerables.

Sobre el resto de las actuaciones contempladas apunta que tendrán un impacto “potencialmente elevado” sobre el déficit público de 2020, pero “de magnitud todavía incierta”.

Así, señala que las medidas de apoyo al empleo y a las rentas de hogares vulnerables incluyen una flexibilización de los expedientes de suspensión temporal de empleo y reducción de jornada (ERTE) y la exoneración de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social, un subsidio especial de desempleo para trabajadores temporales y del régimen especial de empleo doméstico y, por último, la facilitación del acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

La vigencia de la mayor parte de estas medidas coincide con la duración del estado de alarma anunciado hasta el momento por el Gobierno (8 semanas), pero el Banco de España calcula que el coste es un 50% mayor en el escenario 3 (en el que el período de confinamiento es de doce semanas) que en los escenarios 1 y 2 (en los que se asume que el confinamiento termina cuatro semanas antes).

Por lo demás, indica que el coste depende de la cuantificación del número de personas que, dentro de cada uno de los colectivos afectados por las medidas, se acogerán a ellas, aunque sus simulaciones apuntan a 4,6 millones de afectados en un estado de alarma de dos meses (3,1 millones por ERTE, 900.000 por cese de actividad de autónomos y 600.000 por desempleo de temporales), con un coste de 6.000 millones de euros, el 70% por mayor subsidio de desempleo y el 30% en menores cotizaciones a la Seguridad Social.

Préstamos y moratoria

El tercer ámbito “significativo” de las medidas aprobadas viene dado por las que están dirigidas a proveer de liquidez a empresas potencialmente viables, explica el Banco de España, lo que incluye la concesión de garantías públicas a préstamos de empresas privadas por un volumen de fondos de hasta 102.400 millones de euros, equivalentes al 8,2% del PIB de 2019.

Esta cifra resulta de sumar las correspondientes a las líneas de avales y créditos públicos para los préstamos de las empresas no financieras (100.000 millones de euros), para empresas exportadoras y pymes (2.000 millones de euros), y créditos del ICO para el sector turístico (400 millones).

“El coste que finalmente tendrá para las finanzas públicas esta medida está sometido a una elevada incertidumbre”, subraya el Banco de España, que cree que dependerá de la profundidad de la caída de la actividad de su impacto sobre la capacidad de las empresas para devolver los créditos, cuya incidencia, además, será “con toda probabilidad muy distinta por sectores”.

Por otro lado, señala que ha sido aprobada una moratoria de deudas tributarias por un período de seis meses para pymes y autónomos por un importe de hasta 22.800 millones de euros, así como el aplazamiento de todos los pagos impositivos de las empresas hasta el 20 de mayo por una cuantía de 3.500 millones de euros.

Elasticidad en la recaudación

Por último, el Banco de España explica que en la construcción de los escenarios se ha tenido en cuenta, sobre la base de la experiencia de la pasada recesión, que cabe esperar que las elasticidades de la recaudación de las distintas figuras impositivas al comportamiento de sus respectivas bases se acreciente “significativamente” ante “una contracción de la actividad tan intensa como la que se espera en 2020″.

En concreto, el retroceso de la recaudación por IVA e impuesto sobre Sociedades en 2008-2009 superó en torno a un 50% el que cabía esperar según las elasticidades históricas.

Para 2021, las previsiones se apoyan en los supuestos técnicos habituales, por lo que supone que las partidas sujetas a una mayor discrecionalidad, entre las que destacan por su tamaño las compras o la inversión pública, evolucionarán en línea con el crecimiento potencial nominal.

Además, se asume que la trayectoria de las restantes partidas que componen las cuentas de las administraciones públicas vendrá definida, en ausencia de medidas adicionales, por sus determinantes habituales, lo que, en particular, implica que los ingresos impositivos vuelvan a crecer en línea con sus bases.

Solo dos de cada 100 afectados por ERTE cobrarán su prestación en abril

MADRID.- Solo 2 de cada 100 trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) cobrarán su prestación este 10 de abril; día habitual de cobro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tramitado y autorizado para pago un total de 36.000 prestaciones en toda España, según datos publicados por UGT; que a su vez cita al SEPE como fuente. A fecha de 28 de marzo un total de 2.004.224 trabajadores habían entrado en un proceso de ERTE.

La disparidad de cifras llega marcada por el plazo mínimo de cinco días entre que una empresa comunica un erte a la autoridad laboral, esta da el 'ok' al expediente y dichos datos pasan posteriormente al SEPE. También debido a los cambios normativos introducidos al principio del estado de alarma, pues el Gobierno habilitó posteriormente a las empresas el presentar de manera colectiva las solicitudes de los trabajadores afectados para agilizar dicho proceso.

Fuentes de Trabajo desmienten la cifra de UGT y señalan que el SEPE ha reconocido durante el mes de marzo un total de 619.688 prestaciones (una cifra que incluiría también a nuevos parados); aunque no precisan cuántas prestaciones se han abonado. Desde UGT exigen mayor celeridad a las oficinas públicas de empleo para tramitar y autorizar las prestaciones y así evitar que los ocupados vinculados a una suspensión tengan que esperar hasta el mes de mayo para percibirla.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas avanzan que desde el Gobierno se ha solicitado a los bancos que avancen ya desde el mes de abril el pago de las prestaciones para que los empleados afectados puedan percibirla desde el momento en el que el SEPE la haya tramitado. 

El Ejecutivo cerró dicho compromiso con las entidades bancarias para avanzar los pagos del 10 de mayo al día 2; pero desde el Ministerio de Trabajo se pretende acelerar el proceso para poder garantizarlo mediante dicha vía ya en abril. Con este movimiento, el Ejecutivo pretende evitar que un afectado por erte deba afrontar dos finales de mes (el de marzo y el de abril) sin haber cobrado todavía la prestación por desempleo.

UGT urge al departamento liderado por Yolanda Díaz a acelerar los plazos desde que el SEPE recibe la notificación por parte de la empresa de que un trabajador va a ser objeto de un erte, hasta que ese trabajador se le reconoce el derecho a cobrar el paro. 

Pues entre el 16 y el 31 de marzo el SEPE ha tramitado un total de 659.791 prestaciones por desempleo vinculadas a erte. No obstante, de estas, solo ha autorizado el pago para este 10 de abril a 36.000.

En este sentido, UGT y CCOO han coincidido en solicitar, en sus respectivos comunicados, el reconocimiento de una 'nómina continua' para el cobro de la prestación. Es decir, que si bien tradicionalmente el SEPE abona la prestación de paro el día 10 de cada mes, ante las actuales y excepcionales circunstancias, pase a abonarla una vez el SEPE verifique y tramite la solicitud. Algo que desde el Ministerio de Trabajo ya han puesto en marcha vía entidades financieras y que está pendiente del 'ok' de las mismas.

Pese a que el Gobierno habilitó la posibilidad de un permiso retribuido recuperable para los trabajadores considerados no esenciales, en su lugar se ha impuesto la vía de los ERTE. Aquellas compañías que se han visto afectadas por la "hibernación" decretada entre el 31 de marzo y el 11 de abril por el Gobierno han preferido en mayor medida mandar a casa vía ERTE a sus empleados, que no avanzarles dos semanas de sueldo y recuperarlas más adelante; tal como reconocen fuentes sindicales y patronales consultadas.