Andalucía vierte sin depurar el 13% de sus aguas residuales, según un informe oficial de la Junta

SEVILLA.- Las aguas vuelven a ríos o mares en Andalucía depuradas de una u otra forma, excepto al menos un 13%. El más reciente informe de la Junta señala que 115 aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes realizan a lo sumo un tratamiento primario -por completo fuera del requisito mínimo-. A ellas se suma la mitad de las aglomeraciones menores de 2.000 habitantes. La situación de las 327.000 viviendas ilegales ni siquiera se contabiliza, pues no existe ningún dato sobre depuración de sus aguas, según El Mundo.

El tratamiento de aguas residuales es una competencia municipal que ningún Ayuntamiento está dispuesto a asumir sin ayuda de Junta o Estado. La directiva europea, y la norma estatal, obligan a unos plazos para realizarlo que se han sobrepasado. 

Tal es así, que España paga una multa semestral a la UE de 10 millones de euros por la falta de depuradora en 8 municipios de más de 15.000 habitantes, casi todos andaluces: Matalascañas, Isla Cristina (Huelva), Barbate (Cádiz), Coín, Nerja y Alhaurín el Grande (Málaga).

Pero los munícipes no están exentos de castigo. En Nerja, dos ex alcaldes de PP y PSOE, y varios concejales, incluido uno de IU, están procesados por delito ecológico debido a la ausencia de depuradora -aunque sí se cobraba el canon a los vecinos-, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, en una causa que la juez ha calificado de compleja para disponer de 18 meses extra de instrucción.

El Informe de Medio Ambiente 2018, que por fin ha ultimado la Consejería de Agricultura (ente que absorbió las competencias ambientales), divide a la región en 418 aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes, ya que varios municipios pueden compartir depuradora. Generan un volumen equivalente al de 11,3 millones de habitantes, pues se computan las aguas residuales de las industrias.

De esas aglomeraciones, 115 (equivalente a 1,1 millones de personas, el 9,8%) vierte sus aguas residuales sin tratamiento o después de un tratamiento primario, por no disponer de infraestructuras adecuadas.

Todavía hay que sumarle las aglomeraciones menores de 2.000 habitantes. De este grupo la Junta admite que no tiene datos certeros, aunque la estimación es que al menos la mitad se halla fuera de cumplimiento, es decir, unos 350.000 habitantes equivalentes.

Por tanto, el 13% de los vertidos se vuelcan a cauces o mar «a chorro», como lo define una fuente de la Consejería consultada por este diario. La depuración primaria no es más que dejar reposar el vertido en una balsa para que decanten arenas y retirar los sólidos flotantes.

Un pozo séptico

Ese 13% no incluye a las viviendas ilegales. Suman 327.000 según un cálculo sólo aproximativo de la Junta, ya que ni los ayuntamientos conocen el dato de su localidad. Su sistema de depuración en la mayoría de los casos no es más que el pozo séptico, un tratamiento primario que genera altas concentraciones bacterianas.

Todavía resta un ámbito donde se producen incumplimientos, el de las zonas calificadas como sensibles por estar ubicadas en lugares de valor ecológico alto. El 95% de la carga total que debe someterse a este tratamiento dispone de depuración secundaria, pero sólo la mitad cuenta con el sistema exigido, más riguroso aún. Esto se debe al aumento de las zonas sensibles en 2013, que dejó a 18 depuradoras faltas de la adecuación, en particular para el procesado de nitrógeno y fósforo.

La mayor parte de la carga contaminante que se vierte sin tratar por falta de depuración, añade el informe de la Junta, «se concentra en el entorno de la cuenca del río Guadalhorce, y los municipios del área metropolitana de Granada. El resto corresponde a algunos importantes municipios costeros de las provincias de Cádiz y Málaga, y Almería, y en su mayoría con aglomeraciones de pequeño tamaño dispersas por todo el territorio andaluz».

Porque, como concluye el Informe de Medio Ambiente 2018, «en Andalucía existen unos 2.200 núcleos definidos (no diseminados por encima de 300 habitantes) que representan una carga contaminante equivalente a de 714.000 habitantes, cuyo tratamiento de sus aguas residuales no se conoce bien, ni en lo que respecta a la cobertura de infraestructuras, ni en lo que se refiere a la funcionalidad de las existentes».

El vertido de aguas residuales sin autorización es una infracción administrativa, que pasa a delito cuando implique perjuicio o daño grave concreto a los sistemas naturales o a la salud de las personas. La Junta de Andalucía es competente en planificar; la ejecución sólo en las obras que califique de interés de la Comunidad. Para financiarlas la ley de Aguas creó el canon de mejora, lo que supone 1 euro al mes por usuario.

La Junta prevé ingresar este año por ese impuesto 139 millones de euros, aunque hasta hace unas semanas no llegaba al 12%. Ese canon, calificado como «atraco» por el Moreno Bonilla candidato, ahora lo mantiene ya como presidente.