Según la Sudelegación del Gobierno, las competencias para actuar en El Algarrobico son de la Junta

ALMERÍA.- La Subdelegación del Gobierno en Almería ha señalado este miércoles que es la Junta de Andalucía la que tiene asumidas las competencias para actuar en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y ha considerado "ilógico" que desde la Consejería de Medio Ambiente se inste al Ejecutivo central a intervenir en la playa de El Algarrobico tras la sentencia que confirma que el hotel de Azata del Sol vulnera la Ley de Costas.

   "Es precisamente la Junta la máxima responsable de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS)", ha indicado en un comunicado después de que la delegada de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez, atribuyese al ministerio que dirige Miguel Arias Cañete "dejación de funciones" y le instase a cumplir la normativa de Costas.

   Para la Subdelegación, de haberse producido esa "dejación de funciones", sería "imputable precisamente" a la Consejería andaluza, a la que, en esta línea, ha reprochado que no asuma las competencias en "otros problemas similares" que se dan en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. En concreto, ha hecho referencia a las "más de 60 denuncias" de su propietario que "acumula" la Delegación Provincial con respecto a la ocupación del paraje de la Cala de San Pedro.

   Ha defendido, al hilo de esto, que el Gobierno de España es la administración que "a día de hoy trabaja de una forma más efectiva por la provincia de Almería" y ha apuntado como ejemplo las inundaciones periódicas en la Balsa del Sapo, en El Ejido, "donde pronto la Administración del Estado aportará soluciones mientras que la Junta sigue acumulando retrasos en todas sus actuaciones".

   Con respecto al protocolo suscrito en noviembre por la anterior titular del Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para proceder a la demolición del hotel de Azata del Sol y a la recuperación de la playa de El Algarrobico, ha considerado que se trata de un "mero acuerdo de intenciones firmado pocos días antes de celebrarse unas elecciones" y al que "ni siquiera se dotó con una partida económica para su puesta en marcha", según ha subrayado.