"Que por medio del presente escrito, formulamos DENUNCIA ante la jurisdicción ordinaria, al
amparo
de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
23de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión contra (i) D.
Joaquín Giménez García, Magistrado del Tribunal Supremo jubilado, y su
esposa, cuyos datos de identificación desconocemos; D. Carlos Granados
Pérez, Magistrado del Tribunal Supremo jubilado, y su esposa, cuyos
datos de identificación desconocemos; D. Antonio Ramos Gancedo,
Magistrado del Tribunal Supremo jubilado, y su esposa, cuyos datos de
identificación desconocemos; D. José Ramón Soriano Soriano, Magistrado
del Tribunal Supremo jubilado, y su esposa, cuyos datos de
identificación desconocemos; todos ellos por los delitos de cohecho,
tráfico de influencias, y prevaricación judicial (este último salvo para
las esposas) y (ii) contra el ex fiscal jefe de Cataluña ya jubilado,
José María Mena Álvarez, por los delitos de extorsión, tráfico de
influencias, e inducción a la prevaricación judicial.
ACODAP descubre y denuncia que detrás de la “Doctrina Botín” se oculta un
entramado de sobornos, extorsiones y chantajes Grave asunto. Cuatro magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo habrían sido
sobornados a través de sus esposas para después ser chantajeados. Sus votos fueron
fundamentales para inclinar la balanza a favor de Emilio Botín, el desaparecido jefazo del
Banco de Santander, en los procedimientos penales que le afectaban
Son (eran) cuatro magistrados de la Sala de lo Penal, ahora jubilados, que habrían sido
extorsionados para forzar el archivo de un asunto a cambio de no divulgar que habían sido
sobornados a través de sus respectivas esposas en otros tantos procedimientos. Los cuatro
volvieron a coincidir en la Sala que votó a favor de la “Doctrina Botín”. Ahora se han
recuperado las cartas que descubren y podrían acreditar esos presuntos chantajes. Por eso
han sido denunciados como corresponde.
ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el
ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, formulado la denuncia ante el
juzgado de guardia de Madrid contra los cuatro magistrados del Tribunal Supremo, ya
jubilados, junto con sus respectivas esposas, por hechos que pudieran ser constitutivos de
delitos de cohecho, tráfico de influencias, y prevaricación judicial. El supuesto extorsionador
también es denunciado.
Los documentos inculpatorios de los sobornos estarían relacionados con un expediente judicial
identificado como Recurso 20206/2006 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo. En ese
procedimiento era querellado el entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena
Álvarez, acusado de organizar con cargo a los fondos reservados del Estado una supuesta
trama mafiosa al margen de los GAL que se habría dedicado en principio a la eliminación física
de determinados adversarios políticos. La “eficiente” organización se transformaría
posteriormente en una gran maquinaria lucrativa para generar asesinatos por encargo a
cambio de precio (sicarios.)
En esa querella habrían quedado documentados asuntos gravísimos recogidos en una montaña
de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie: Mena, que aparece
reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor
matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España, con cargo a los fondos
reservados del Estado; y por su lugarteniente, el Sargento “Ruiz” de la Guardia Civil, que
aparece dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y
ejecutor de las órdenes dadas por el primero.
En los manuscritos que aparecieron después de la querella, casi todos aportados a la causa
penal, quedaría reflejada la angustia y preocupación que al fiscal jefe de Cataluña le habría
provocado aquel procedimiento, y su temor a ser descubierto. Fruto de esa preocupación
serían las cartas con las que Mena habría chantajeado (supuestamente) a cuatro de los
magistrados de los que dependía el destino de esa querella. Según la documentación
mencionada, se trataría de Joaquín Giménez García, Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos
Gancedo y José Ramón Soriano Soriano.
Las distintas cartas, a pesar de estar manuscritas, respondían todas a un mismo formulario.
Repasemos sus alucinantes contenidos:
“Compañero: iré directamente al grano. Sólo cuatro líneas para ponerte al corriente sobre
aspectos concretos de la querella que Alberto Royuela Fernández ha presentado contra mi
persona en esa Sala Segunda. 1- necesito apoyos frente al ponente (Delgado) y el presidente
(Saavedra)”.
Las distintas cartas se diferencian únicamente en el apartado 2, que es el que explicita la
extorsión de cada caso particular. Atentos a la miga de cada uno. Si no fuese por la gravedad
del asunto, lo escrito sería cómico, para partirse de la risa:
A Joaquín Giménez: “2- Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que
tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses
favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones
de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte”.
A Carlos Granados: “2- Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un
deposito de 1.000.000.-€ que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en
compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia”.
A Ramos Gancedo: “2- Tú me das tu apoyo y yo no divulgo cómo te hiciste con tu casa de
Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades interpuestas, del narco Fajardo, al que tú
dejaste en libertad y se dio a la fuga”
A José Ramón Soriano: “2- Tú me das tu apoyo y yo no divulgo el depósito de 600.000.-€
abierto en el Santander en mayo de 2003, a nombre de una sociedad administrada por tu
esposa, justo 2 días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido
narcotraficante gallego. Si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores, el
citado depósito es harto sospechoso, ¿no lo crees así también?”
Estos cuatro magistrados intervinieron un año después en la Sala que tenía que resolver lo que
en adelante se conocería popularmente como “Doctrina Botín” (Sentencia del Pleno, Sala 2ª,
del Tribunal Supremo núm. 1045/2007, de 17 de diciembre), según la cual no se puede ir a
juicio solo con la acusación popular si la Fiscalía y los perjudicados solicitan el sobreseimiento
de la causa. Esta doctrina fue modificada un año después, en el 2008, para poder procesar (y
condenar) al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atuxa, por no disolver el grupo
parlamentario “Sozialista Abertzaleak.”
Los cuatro magistrados votaron a favor de exonerar de toda responsabilidad penal a Emilio
Botín.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito con los documentos que se
acompañan, se sirva tener por formulada DENUNCIA ante la jurisdicción ordinaria, al amparo
de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de
octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del
Derecho de la Unión contra (i) D. Joaquín Giménez García, Magistrado del Tribunal Supremo
jubilado, y su esposa, cuyos datos de identificación desconocemos; D. Carlos Granados Pérez,
Magistrado del Tribunal Supremo jubilado, y su esposa, cuyos datos de identificación
desconocemos; D. Antonio Ramos Gancedo, Magistrado del Tribunal Supremo jubilado, y su
esposa, cuyos datos de identificación desconocemos; D. José Ramón Soriano Soriano,
Magistrado del Tribunal Supremo jubilado, y su esposa, cuyos datos de identificación
desconocemos; todos ellos por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, y prevaricación
judicial (este último salvo para las esposas) y (ii) contra el ex fiscal jefe de Cataluña ya jubilado,
José María Mena Álvarez, por los delitos de extorsión, tráfico de influencias, e inducción a la
prevaricación judicial; a cuyo efecto el juzgado competente requerirá al Tribunal Supremo
para que aporten al procedimiento los expedientes completos y debidamente testimoniados a
que se refiere la denuncia, y recibirá declaración a los denunciados no aforados.
recabar de oficio la identificación de sus domicilios, al carecer nosotros de esa información".
