MADRID.- El PSOE y Unidas Podemos han acordado sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se refieren como 'ley mordaza',
por una nueva norma que "garantice el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y reunión pacífica", y auditar los bienes
expoliados por el franquismo para devolverlos a sus titulares.
Estas son dos de las medidas incluidas en el pacto para un Ejecutivo de coalición "progresista" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados.
En el apartado 'Nuevos derechos y memoria democrática', el PSOE y Unidas Podemos
se comprometen a aprobar "a la mayor brevedad" una nueva ley de
seguridad ciudadana que sustituya a actual y que se basará en "una
concepción progresista de la seguridad ciudadana" y "priorizará la
garantía de derechos y la protección de la ciudadanía".
En particular, la nueva norma regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal
y la identificación de los agentes policiales, según precisan.
Además,
derogará el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé multas o penas de
prisión de hasta tres años para quienes, de acuerdo con otros,
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Recuperación del Pazo de Meirás
En el mismo apartado se incluye un punto titulado 'Recuperación de nuestra memoria democrática',
en el que ambas formaciones políticas acuerdan "auditar los bienes
expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos
titulares".
Aquí mencionan
específicamente la "recuperación inmediata" del Pazo de Meirás para el
patrimonio público. Este pazo señorial, situado en Sada (La Coruña), fue
la residencia estival del dictador Francisco Franco hasta su muerte y
sus herederos lo han mantenido como parte de su patrimonio.
Asimismo, los socialistas y el partido morado han pactado implementar
un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo
que continúan en fosas comunes y declarar nulas las condenas y
sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales,
administrativos o militares dictadas durante la Guerra Civil o la
dictadura por motivos políticos.
También
en relación con este tema, acuerdan desarrollar "actuaciones de
reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la
dictadura" -el 31 de octubre se declarará como día de recuerdo para
todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de
reconocimiento a las víctimas del exilio-, retirar la simbología
franquista de los lugares públicos y prohibir la exaltación y
enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.
En
último lugar, se comprometen a "estudiar todas las vías legales" para
retirar las condecoraciones concedidas a personas que protagonizaron
actos criminales no juzgados durante el franquismo, así como las
prestaciones asociadas.
Recuperación de la Justicia universal
En
el ámbito de la justicia, el documento prevé la recuperación de la
justicia universal, que fue limitada en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
También incluye el compromiso de sustituir el artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción de
los procedimientos penales, establecido actualmente en seis meses
prorrogables, "por ser una limitación para la lucha contra la
corrupción".
Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos promoverán un pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia,
con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes judiciales, y
buscarán mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, previendo
"mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes".
Por otro lado, el acuerdo presentado este lunes contiene un apartado dedicado a la regeneración democrática y la transparencia.
Aquí se menciona, por ejemplo, un plan nacional contra la corrupción
que "estudiará la reforma del Código Penal" e incluirá la ampliación de
las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinadas a luchar
contra la corrupción y los delitos económicos.
Ley integral contra la corrupción
Además,
impulsarán una ley integral contra la corrupción que incorporará un
Estatuto del denunciante, abordarán la regulación de los 'lobbies' o
grupos de presión y regularán "de manera más efectiva" las condiciones
de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas
para los servidores públicos, endureciendo las sanciones por su
incumplimiento.
En este ámbito se incluye asimismo una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno,
acciones para "reforzar la lucha contra los 'cárteles' en la
contratación pública, desincentivar los fraudes, compensar el
sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia", y
restringir los aforamientos políticos reconocidos en la Constitución,
"limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público".
El acuerdo suscrito también recoge una serie de cambios en el sistema electoral, como la eliminación del voto rogado en las elecciones
autonómicas, generales, y europeas y municipales y el establecimiento
de listas cremallera en todos los procesos "para garantizar la presencia
de mujeres en las instituciones".
Asimismo,
el PSOE y Unidas Podemos prometen trabajar "para conseguir un amplio
consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la
proporcionalidad del sistema" y abrir, en la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados, el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años.
Erradicar los discursos de odio
Por
último, el documento aboga por fortalecer un marco integral legislativo
y político que "erradique los discursos y los delitos de odio" para
garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las
personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales,
y con especial atención sobre grupos de especial protección.
A
continuación, apuesta por garantizar el acceso a la justicia y la
reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación
efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e "impulsar la formación
de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que
intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos
humanos".
