SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha
aprobado este miércoles, con sólo cinco votos en contra, la Ley de
Derecho de Tanteo y Retracto para luchar contra los desahucios a las
familias más vulnerables. La norma ha contado con los votos justitos de PSOE y Ciudadanos
(55), la abstención de PP y Podemos (48) y el rechazo frontal de IU
(5).
La coalición de izquierdas, autora de la famosa ley antidesahucios
que precede a esta norma, ha sopesado mucho su voto -es las pocas veces
que se queda sola en la Cámara-, pero finalmente ha optado por la línea
dura: “Esta ley es un churro político, una chapuza política y un
ridículo espantoso”, ha dicho la diputada Inmaculada Nieto.
La Ley andaluza de Tanteo y Retracto ha tardado dos años y diez meses en ver la luz, desde que se conoció el primer borrador en junio de 2015. En este periodo de dilación administrativa, en Andalucía se han registrado 10.694 desalojos de viviendas en 2015; otros 9.998 en 2016 y 10.437 desahucios el año pasado,
según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El trámite ha sido
largo porque, según la Consejería de Vivienda, se ha cuidado mucho su
redacción para evitar que el Tribunal Constitucional la paralice, como
ocurrió con la popular ley antidesahucios.
Aquella norma, aprobada por el anterior Gobierno de coalición PSOE-IU,
habilitó a la Administración andaluza para expropiar temporalmente la
vivienda a un banco antes de que se desalojara a la familia propietaria
por los impagos hipotecarios.
La ley también obligaba a las entidades
bancarias a informar con detalle del número de pisos vacíos que tenían
en cartera, exponiéndose a sanciones si se negaban a sacarlas al
mercado. Tuvo un impacto social y mediático enorme, porque en 2013 -en
el ojo del volcán de la crisis- se registraron más de 82.000 ejecuciones
hipotecarias en España, el 22,2% en Andalucía. Pero la norma apenas
tuvo recorrido, porque el Ejecutivo central la recurrió y el
Constitucional anuló los artículos más significativos.
La nueva normativa que se ha aprobado este miércoles en el Parlamento es, por tanto, el plan B de la Junta de Andalucía.
La Ley de Tanteo y Retracto ya no permite al Gobierno andaluz expropiar
pisos a los bancos para evitar desahucios, pero sí le habilita para
ejercer el derecho preferente de compra.
La Junta podrá pujar
por las viviendas durante el alzamiento de las mismas y adquirir por su
valor de mercado los inmuebles que están en la fase final de la
ejecución hipotecaria en el proceso judicial de desahucio
En 2013, cuando nace la popular ley antidesahucios, aún no había
explotado la burbuja inmobiliaria, que dificultaba a los ciudadanos la
adquisición de una vivienda o el hacer frente a una hipoteca. Hoy, en
2018, en fase de recuperación económica, los expertos hablan ya de una
nueva burbuja en el mercado del alquiler, un efecto rebote de la primera
crisis -asociada al boom de los pisos turísticos en las principales
ciudades del país- que ha provocado un encarecimiento de los precios del
alquiler.
Podemos e IU han rechazado de plano la Ley de Tanteo y Retracto, en parte, porque no articula ninguna medida para evitar los 4.713 lanzamientos de viviendas provenientes del impago del alquiler
que se registraron en Andalucía el año pasado.
Además los dos grupos de
izquierda coinciden con el PP en otra crítica: la Junta no necesitaba
esta ley para ejercer su derecho preferente de compra porque, desde
2005, una ley estatal “que la Junta no usa” le permite hacerlo (Ley de
Vivienda Protegida).
Los tres grupos de la oposición sostienen, además,
que en tanto que existe una legislación del Gobierno central contra los
desahucios, la norma andaluza no podrá aplicarse hasta dentro de dos años (2020), un extremo que la Junta no ha desmentido.
La normativa aspira a proteger a los colectivos más vulnerables, a saber, menores de 35 años y mayores de 65,
personas con discapacidad y dependientes, familias monoparentales, con
niños a su cargo o afectadas por una ruptura de la unidad familiar,
víctimas de violencia de género o del terrorismo, emigrantes retornados y
familias en riesgo de pobreza o exclusión social.
Para aquellos que se
queden sin “solución de emergencia habitacional”, la ley permite al
departamento de Felipe López ofrecer un alquiler social tras adquirir su
vivienda. El presupuesto estimado para esta herramienta es de cuatro
millones anuales.
El impacto que va a tener la Ley de Tanteo y Retracto difiere, según
cálculos de la Junta o de la oposición. El Gobierno andaluz estima que
podrá adquirir unas 200 viviendas en los próximos dos años, por un coste
que oscila entre los 70.000 y los 80.000 euros cada una.
La oposición
rebaja considerablemente estos cálculos: Podemos prevé que sólo se
podrán adquirir siete viviendas por provincia y año de aquí a 2020, a un
precio de 45.000 euros. Los populares creen que no se podrán comprar
más de 29 viviendas al año.
Ciudadanos, socio de legislatura del Ejecutivo de Susana Díaz, es el único que ha respaldado el proyecto. Su portavoz en el debate, el diputado Carlos Hernández White,
ha generado cierta confusión en el Pleno al anunciar que el Consejo de
Gobierno aprobó el martes “duplicar” el presupuesto inicial de la ley.
La Consejería de Vivienda ha negado este extremo, aclarando que la
partida económica consignada para este año -cuatro millones de euros- es
la que estaba prevista desde el principio, la misma que se consignó el
año pasado, pero que no se llegó a ejecutar para la adquisición de
viviendas al borde del desahucio, porque la ley nunca llegó a aprobarse.
Izquierda Unida gestionaba las competencias en materia de vivienda en
al pasada legislatura y fue, por tanto, la autora de la norma más
significativa del Gobierno anterior, y quizá por eso también ha sido la
más beligerante en el debate parlamentario de este miércoles. “Andalucía
se puso a la vanguardia en materia de protección social de la vivienda”
en el mandato anterior y cuatro “cuatro comunidades siguieron la
estela” de la ley antidesahucios andaluza. Esto, subrayó Nieto, "es un
churro político".
En el escaso tiempo que estuvo en vigor la citada ley, a la Junta sólo
le dio tiempo a ejecutar dos expropiaciones, una en Huelva y otra en
Torremolinos, pero se estaban tramitando 200 expedientes más de
expropiación.
Cuando el Constitucional la paraliza, en mayo de 2015, la
sentencia hizo públicos los datos oficiales de viviendas vacías en
Andalucía que, hasta entonces, nunca se habían reconocido por parte de
la Administración: 548.669 pisos deshabitados, viviendas arrendadas
(16,9%) y demanda de vivienda en arrendamiento en Andalucía (más de
cincuenta mil unidades familiares).
