almeriaconfidencial@gmail.com / 'El poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna' (Torrente Ballester) * Newsletter de opinión e influencia, fundado en 2009 sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, por el periodista profesional Francisco Poveda, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid desde 1976.
sábado, 20 de octubre de 2012
Mas y mejor control en la actuación irregular y competencia desleal / Ángel Tomás Martín *
El
comercio y tráfico internacional por vía marítima ha sufrido una
importante caída a partir del año 2008 ocasionada por la crisis global y
nacional, provocando un descenso en los tonelajes de mercancías
transportadas y la supresión, por las compañías navieras, de algunas
líneas por falta de rentabilidad. Los efectos del vertiginoso descenso
se han manifestado en el transporte de petróleo y en el de materias
primas, pero en mayor magnitud en el sector manufacturero mundial. En
España, con un creciente descenso del consumo, el sector industrial está
pasando su peor coyuntura, solo superable con esfuerzo, tesorería y
tiempo.
Sin embargo, la competencia desleal, el plagio y la debilidad del control en la entrada de mercancías "irregulares" a que nuestro mercado nacional se ve sometido, merman nuestro crecimiento y nuestro producto interior bruto. El reto del Sector industrial no es solo luchar para superar la crisis, que con creatividad, investigación y productividad, cualidades que posee todo buen empresario se consigue, sino aunando energías para combatir la competencia desleal. Si no se logra, el desarrollo continuará frenado y la libre competencia del mercado inexistente. Ésta última está mediatizada por la práctica totalmente "irregular" procedente del mercado exterior, e incluso del interior.
¿Cuáles son los problemas con los que se encuentran la industria y los importadores españoles frente a los importadores ilegales? Trabajos de investigación con ayuda de expertos especializados y análisis de diversos contenciosos, algunos importantes, avalan la ilegalidad de actividades de distribución que impiden el normal desenvolvimiento de una buena parte de nuestra industria, que reclama un mayor y exhaustivo control de las normativas comunitarias y de las entradas de productos que carecen de la calidad y seguridad exigidas, y a precios sin competencia, por ser: 1.- flagrantes copias, muchas de ellas registradas o patentadas, 2.-por carecer, en su fabricación, de los costes de investigación e innovación y 3.- por evitar o minorar los impuestos de Arancel, IVA, y antidumping.
Es de resaltar la ejemplaridad, colaboración y rapidez de la policía judicial, pero los procedimientos contenciosos posteriores son muy lentos y las soluciones llegan tarde, perdiendo toda eficacia y ocasionando perjuicios irreparables a nuestras empresas.
Los puertos de destino de las mercancías procedentes del exterior se descargan principalmente en Valencia, Algeciras, Barcelona o Bilbao; pero pueden descargarse en otros puertos de la Unión Europea como Nápoles, Amberes o Rotterdam, entre otros. Una vez descargadas, a las mercancías hay que asignarles un destino aduanero, los cuales son: a) Despacho a consumo, con el pago de todos los impuestos y el cumplimiento de todas las disposiciones legales de calidad y seguridad, b) despacho a libre práctica, en el que solo se pagan los impuestos aduaneros, no el IVA, y también con el cumplimiento de las disposiciones legales de calidad y seguridad, c) en tránsito para su despacho en otras aduanas a petición de los titulares, d) introducción en los locales Autorizados de Depósito Temporal, donde el plazo de permanencia para el despacho es entre 20 y 45 días dependiendo del medio de transporte usado, y e) introducción en un Depósito Aduanero hasta que el propietario de la mercancía lo solicite, sin que exista plazo de permanencia para despacho. Cuando no se despachan en los plazos determinados, o son rechazadas por los Servicios de SOIVRE, SANIDAD o FITOSANITARIO o han de devolverse a origen o abandonarse a favor de la Hacienda Pública o destruirse.
Para que los inspectores del servicio de Aduanas autoricen la disposición definitiva de las mercancías, tendrán que unirse al DUA, (Documento Único Aduanero), los certificados expedidos por los servicios de SOIVRE, SANIDAD y FITOSANITARIO, responsables de controlar el cumplimiento y garantía de la calidad de los productos y la seguridad sobre las personas y normas sanitarias. Cumplido el expediente, a los DUAS se les asigna, según criterio de la Administración de Aduanas, uno de los tres circuitos siguientes: "VERDE", en el que se dispone de la mercancía inmediatamente, “NARANJA”, en el que la Aduana comprueba todos los documentos unidos al DUA, o "ROJO", de obligada comprobación documental y reconocimiento físico de la mercancía. Con independencia existen los servicios "Inspectores de Consumo" dependientes de las Comunidades Autónomas, que actúan en los locales de los mayoristas y minoristas de su demarcación territorial.
Estudiando los fallos y deficiencias de los sistemas de despacho Aduaneros y Paraduaneros, nos encontramos con el muy escaso número de funcionarios para la gran tarea a desarrollar (detección de posible manipulación de facturas, documentos y mercancías sensibles que necesitan controles por plagio de diseño y marcas, dificultad de revisión de la mercancía hasta el fondo del contenedor donde se ocultan las irregularidades, declaraciones falsas reseñando partidas arancelarias distintas a las que corresponden que no precisan controles, consiguiendo que el sistema les asigne "circuito verde" etc.). En Madrid, salvo modificación reciente, hay solo dos inspectores en el Recinto Aduanero para reconocimiento físico y uno para controlar los cerca de 40 Depósitos Aduaneros, y en Valencia idéntica plantilla, pero con 200 Depósitos Aduaneros. Por ello, el reconocimiento físico no alcanza el 10%, debido a la gran carga de trabajo y la dificultad de desempeñarlo adecuadamente.
Para corregir estas prácticas es necesario aumentar el número de funcionarios, tanto del SOIVRE como de Aduanas. Son muy pocos los destinados a este fin, sirva de ejemplo el volumen de trabajo y numero de despachos al año que se emiten desde Valencia, 400.000 aproximadamente, y más de 200.000 contenedores en Madrid Puerto Seco, que transportan, en la mayoría de los casos variedad de productos, sujetos unos a inspección y otros no, presentando miles documentos de despacho. Igualmente deben incrementarse los inspectores de Consumo de las CCAA por las mercancías que han podido sustraerse a los controles anteriores y también para el control de mercancías tramitadas irregularmente desde puertos comunitarios, que inciden en nuestra economía negativamente.
Es necesario y urgente este incremento de inspectores, que lejos de ser una carga presupuestaria, propiciará más recaudación fiscal y una colaboración eficaz al desarrollo y crecimiento del sector industrial, y de la economía en general. Esta sí es una reforma estructural de la máxima importancia.
Sin embargo, la competencia desleal, el plagio y la debilidad del control en la entrada de mercancías "irregulares" a que nuestro mercado nacional se ve sometido, merman nuestro crecimiento y nuestro producto interior bruto. El reto del Sector industrial no es solo luchar para superar la crisis, que con creatividad, investigación y productividad, cualidades que posee todo buen empresario se consigue, sino aunando energías para combatir la competencia desleal. Si no se logra, el desarrollo continuará frenado y la libre competencia del mercado inexistente. Ésta última está mediatizada por la práctica totalmente "irregular" procedente del mercado exterior, e incluso del interior.
¿Cuáles son los problemas con los que se encuentran la industria y los importadores españoles frente a los importadores ilegales? Trabajos de investigación con ayuda de expertos especializados y análisis de diversos contenciosos, algunos importantes, avalan la ilegalidad de actividades de distribución que impiden el normal desenvolvimiento de una buena parte de nuestra industria, que reclama un mayor y exhaustivo control de las normativas comunitarias y de las entradas de productos que carecen de la calidad y seguridad exigidas, y a precios sin competencia, por ser: 1.- flagrantes copias, muchas de ellas registradas o patentadas, 2.-por carecer, en su fabricación, de los costes de investigación e innovación y 3.- por evitar o minorar los impuestos de Arancel, IVA, y antidumping.
Es de resaltar la ejemplaridad, colaboración y rapidez de la policía judicial, pero los procedimientos contenciosos posteriores son muy lentos y las soluciones llegan tarde, perdiendo toda eficacia y ocasionando perjuicios irreparables a nuestras empresas.
Los puertos de destino de las mercancías procedentes del exterior se descargan principalmente en Valencia, Algeciras, Barcelona o Bilbao; pero pueden descargarse en otros puertos de la Unión Europea como Nápoles, Amberes o Rotterdam, entre otros. Una vez descargadas, a las mercancías hay que asignarles un destino aduanero, los cuales son: a) Despacho a consumo, con el pago de todos los impuestos y el cumplimiento de todas las disposiciones legales de calidad y seguridad, b) despacho a libre práctica, en el que solo se pagan los impuestos aduaneros, no el IVA, y también con el cumplimiento de las disposiciones legales de calidad y seguridad, c) en tránsito para su despacho en otras aduanas a petición de los titulares, d) introducción en los locales Autorizados de Depósito Temporal, donde el plazo de permanencia para el despacho es entre 20 y 45 días dependiendo del medio de transporte usado, y e) introducción en un Depósito Aduanero hasta que el propietario de la mercancía lo solicite, sin que exista plazo de permanencia para despacho. Cuando no se despachan en los plazos determinados, o son rechazadas por los Servicios de SOIVRE, SANIDAD o FITOSANITARIO o han de devolverse a origen o abandonarse a favor de la Hacienda Pública o destruirse.
Para que los inspectores del servicio de Aduanas autoricen la disposición definitiva de las mercancías, tendrán que unirse al DUA, (Documento Único Aduanero), los certificados expedidos por los servicios de SOIVRE, SANIDAD y FITOSANITARIO, responsables de controlar el cumplimiento y garantía de la calidad de los productos y la seguridad sobre las personas y normas sanitarias. Cumplido el expediente, a los DUAS se les asigna, según criterio de la Administración de Aduanas, uno de los tres circuitos siguientes: "VERDE", en el que se dispone de la mercancía inmediatamente, “NARANJA”, en el que la Aduana comprueba todos los documentos unidos al DUA, o "ROJO", de obligada comprobación documental y reconocimiento físico de la mercancía. Con independencia existen los servicios "Inspectores de Consumo" dependientes de las Comunidades Autónomas, que actúan en los locales de los mayoristas y minoristas de su demarcación territorial.
Estudiando los fallos y deficiencias de los sistemas de despacho Aduaneros y Paraduaneros, nos encontramos con el muy escaso número de funcionarios para la gran tarea a desarrollar (detección de posible manipulación de facturas, documentos y mercancías sensibles que necesitan controles por plagio de diseño y marcas, dificultad de revisión de la mercancía hasta el fondo del contenedor donde se ocultan las irregularidades, declaraciones falsas reseñando partidas arancelarias distintas a las que corresponden que no precisan controles, consiguiendo que el sistema les asigne "circuito verde" etc.). En Madrid, salvo modificación reciente, hay solo dos inspectores en el Recinto Aduanero para reconocimiento físico y uno para controlar los cerca de 40 Depósitos Aduaneros, y en Valencia idéntica plantilla, pero con 200 Depósitos Aduaneros. Por ello, el reconocimiento físico no alcanza el 10%, debido a la gran carga de trabajo y la dificultad de desempeñarlo adecuadamente.
Para corregir estas prácticas es necesario aumentar el número de funcionarios, tanto del SOIVRE como de Aduanas. Son muy pocos los destinados a este fin, sirva de ejemplo el volumen de trabajo y numero de despachos al año que se emiten desde Valencia, 400.000 aproximadamente, y más de 200.000 contenedores en Madrid Puerto Seco, que transportan, en la mayoría de los casos variedad de productos, sujetos unos a inspección y otros no, presentando miles documentos de despacho. Igualmente deben incrementarse los inspectores de Consumo de las CCAA por las mercancías que han podido sustraerse a los controles anteriores y también para el control de mercancías tramitadas irregularmente desde puertos comunitarios, que inciden en nuestra economía negativamente.
Es necesario y urgente este incremento de inspectores, que lejos de ser una carga presupuestaria, propiciará más recaudación fiscal y una colaboración eficaz al desarrollo y crecimiento del sector industrial, y de la economía en general. Esta sí es una reforma estructural de la máxima importancia.
viernes, 19 de octubre de 2012
La Junta lamenta la falta de acuerdo entre administraciones y empresa para la expropiación del Cortijo del Fraile
ALMERÍA.- El consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha indicado este viernes que le parece "muy lamentable"
que las administraciones implicadas en la restauración del Cortijo del
Fraile y la empresa propietaria no hayan conseguido aún ponerse de
acuerdo para llevar a cabo la expropiación del inmueble, que posee una sociedad agrícola murciana.
En declaraciones a los periodistas durante su visita al 'Cable Inglés' de Almería, Alonso ha señalado que pese a que la Junta "no descarta"
ejecutar la expropiación del BIC ubicado en Níjar en el que
transcurrieron los hechos que motivaron 'Bodas de Sangre', de Federico García Lorca, entre otras obras; las administraciones y la mercantil no han logrado ponerse de acuerdo todavía.
El titular andaluz de Cultura ha señalado que la Administración
andaluza no puede asumir económicamente en solitario la adquisición del
edificio, por lo que ha manifestado que, por el momento, el Gobierno
andaluz seguirá aplicando las medidas necesarias para "obligar" a su
propietario a evitar que se produzca un mayor deterioro del edificio.
En este sentido, ha recordado que existe un expediente sancionador
abierto contra la propietaria del Cortijo del Fraile que podría
conllevar una multa de hasta 100.000 euros, ya que no ha entregado ante
la Junta un proyecto destinado a mantener el edificio. Ante esto, la
empresa presentó un recurso de alzada ante el expediente hace más de dos
meses, que está pendiente de resolver, según ha confirmado el propio
Alonso.
Por su parte, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP),
ha señalado también la necesidad de "agilizar" los contactos entre las
administraciones para avanzar en la puesta en valor del edificio que
también inspiró 'Puñal de claveles', de Carmen de Burgos; si bien el
asunto no ha sido abordado durante la visita del consejero al municipio
este viernes, según ha confirmado el regidor.
La Junta de Andalucía guarda en un cajón desde septiembre de 2011
una memoria económica en la que se explican las actuaciones "urgentes"
para "evitar el deterioro" del edificio. Esta memoria valora las actuaciones en 37.000 euros y en ella se especifica "dónde y cómo" dar los primeros pasos para colocar la "primera piedra" de la deseada rehabilitación y puesta en valor.
Este documento, ofrecido a la propietaria, se elaboró después de
conocer el informe elaborado por Cultura en el que se revelaba que el
inmueble presenta "patologías graves en cuanto humedades, fisuras, grietas e incluso amenaza de desplome de la torre de la capilla", lo que supone un "daño serio e irreversible en constante progresión".
Más de 300 personas protestan por los incumplimientos de la Junta con las escuelas infantiles de la provincia
ALMERÍA.- Más de 300 personas se han concentrado la
tarde de este viernes en la Plaza del Educador de Almería para exigir a
la Junta de Andalucía que que pague los meses que debe, según el
convenio firmado, a las escuelas infantiles de toda la provincia.
La Asociación Empresarial de Escuelas Infantiles de Almería,
CEIS-Almería, en un comunicado, señala que ha realizado esta nueva
acción de protesta contando con el apoyo de trabajadores de los centros y
también de padres que han acudido con sus hijos a la concentración.
La presidenta de CEIS-Almería, Ángeles Sánchez Ortega, ha
recordado que estas acciones de protesta "se deben al incumplimiento de
la Junta de Andalucía con los Centros de Educación Infantil, porque
siguen sin pagar el mes de agosto del curso pasado y también sigue sin
hacer público el calendario de pagos para este curso 2012-13".
"La situación es de asfixia para muchos centros que incluso van a
tener que empezar a mermar sus prestaciones, lo que va en perjuicio de
las familias que confían en nosotros en el cuidado de sus hijos", ha
explicado Sánchez Ortega.
La provincia de Almería se ha convertido en la primera en realizar acciones de este tipo "pero
ya nos han comunicado que en Cádiz y Córdoba van a seguir nuestros
pasos para exigir a la Junta que nos pague lo que nos adeuda", ha señalado la presidenta de CEIS-Almería.
Sánchez Ortega ha lamentado también la postura de la Junta
de Andalucía "que incluso ha impedido a los directivos de un centro
salirse del convenio y ofrecer sus plazas como privadas, sin dar ningún
tipo de explicación. Simplemente han dicho que no".
Esta acción de protesta se suma al encierro que están manteniendo
hasta que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abone los
meses de agosto y septiembre que aún adeuda a las 128 escuelas
infantiles privadas conveniadas de la provincia, al igual que a las del
resto de Andalucía, y establezca un calendario de pagos de dichas
cantidades.
El encierro de los profesionales de las Escuelas Infantiles se
trasladará el próximo lunes al CEI Los Pinos, situado en la calle
Malvasía, de Huércal de Almería.
jueves, 18 de octubre de 2012
La Mesa de Infraestructuras trasladará a Fomento un plan de obras del AVE para ejecutar entre 2013 y 2014
ALMERÍA.- La Mesa de Infraestructuras, en la que están
representados tanto partidos políticos como agentes sociales y
económicos de la provincia de Almería, ha decidido este jueves solicitar
una reunión en el Ministerio de Fomento para presentar un plan de
acción sobre la línea de Alta Velocidad Almería-Murcia, perteneciente al
Corredor Mediterráneo, en que plasman obras a licitar y ejecutar entre
2013 y 2014.
En rueda de prensa, el presidente de la Mesa de Infraestructuras y
presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, ha
explicado que el documento recoge las obras que el ente considera que
"técnicamente" se pueden ejecutar "en este plazo" para así evitar "vacíos" en el avance de la infraestructura ferroviaria.
El documento, elaborado por la Cámara de Comercio y Asempal,
plantea invertir 237 millones de euros en los dos próximos años. Así,
durante la anualidad 2013 propone una inversión de 90 millones de euros,
en la que no se incluyen los proyectos en redacción ni las
expropiaciones necesarias para los nuevos tramos, que conllevaría la
licitación en noviembre de este año de los tramos Lorca-Rambla de
Nogalte y Rambla de Nogalte-Almendricos, por 18 millones de euros cada
uno, para su adjudicación en enero de 2013 e inicio de obras en abril.
Así, señala también como necesidades a corto plazo la licitación
en enero del próximo, adjudicación en mayo e inicio de obras en julio,
de la variante de Totana y la variante de Librilla-Alhama; proyectos que
necesitan ser adaptados cambiando la plataforma de tres a dos vías,
según puntualiza el texto. Cada una de estas variantes está valorada en
unos 15 millones de euros.
La anualidad de 2013 se completa con una inversión de siete
millones de euros para el tramo Sorbas-Barranco de Gafarillos --túnel de
Sorbas-- y las liquidaciones de tramos finalizados en 2012. Entre las
obras propuestas a ejecutar en corto plazo, el documento también recoge
el tramo Cuevas del Almanzora-Vera, correspondiente a la anualidad de
2014, y cuya adjudicación se estima para marzo de 2014, con una
inversión estimada de 12 millones de euros.
La segunda de las anualidades, para la que se prevé un montante de
147 millones de euros, contempla 24 millones de euros para el tramo
Lorca-Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras), otros 24 para Rambla de
Nogalte-Almendricos, 15 millones de euros para el túnel de Sorbas, y 72
millones para completar las variantes de Totana y de Librilla-Alhama.
El plan de acción apunta que con este planteamiento y "manteniendo el ritmo de inversión en el año 2015, finalizaría la ejecución de la plataforma hasta Almendricos".
Igualmente, explica que con este trabajo se podrían iniciar las obras
de superestructura --vía, electrificación y señalización-- a mediados de
2015, con lo que la provincia se comunicaría por AVE con Murcia desde
Almendricos o Pulpí.
Además de este plan de obras, la Mesa de Infraestructuras ha
acordado pedir al Ministerio de Fomento que tenga en cuenta el eje
transversal, en el sentido de que "requiere de una apuesta por parte de los gobiernos que componen ese gran corredor ferroviario", para que así las partidas presupuestarias "inherentes a ese corredor"
sean "prioritarias" y conseguir así que "otros países no puedan tirar
del presupuesto europeo y llevarse parte de aquel dinero que estaría
destinado a las infraestructuras dentro de España".
La Mesa manifestará también su deseo de que la línea de Alta Velocidad Almería-Granada mantenga su "curso administrativo"
pese a que no existe carga presupuestaria para su ejecución e instará a
que se ejecuten por completo las partidas presupuestarias previstas
para el próximo año. Asimismo, ha valorado el Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI) del Gobierno, que establecerá la hoja de
ruta de la nueva política en estas materias hasta 2024 y por el que
Almería cuenta con cinco posibilidades de Alta Velocidad.
Martínez Cano ha trasladado también las conclusiones alcanzadas
por el ente en materia de carreteras, con lo que se solicitará que se
cumplan los compromisos políticos sobre la A-7 para que se finalice
antes del fin de la legislatura. No obstante, han mostrado su
comprensión ante el "terreno traicionero" y los problemas
técnicos que implica la solución a adoptar para finalizar esta obra,
prevista para 2015-2016, según han precisado.
Los miembros de la Mesa han valorado el "esfuerzo inversor"
en materia de agua, ante los más de 87 millones de euros previstos para
infraestructuras en Almería a través de Acuamed, y han puntualizado que
la demanda privada decidirá los tiempos para construir el ramal de gas
en la provincia. La Mesa ha acordado también incluir en sus análisis las
infraestructuras aéreas, ya que han detectado una "pérdida de competitividad" en todos los sectores que dependen de este medio de transporte.
La Mesa de Infraestructuras ha transmitido también su petición de
colaboración a todas las administraciones para solucionar los problemas
que presenta el Levante y Valle del Almanzora tras el temporal de
finales de septiembre que ha dejado "muy deterioradas" ciertas infraestructuras, algunas de ellas de calado.
Planas: Se buscará la demolición del Algarrobico siempre que no le cueste al contribuyente
CÓRDOBA.- El consejero de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha dicho este jueves en
Córdoba que el Ejecutivo andaluz no cejará en buscar la demolición del
hotel levantado en El Algarrobico, en Carboneras, siempre que
ello no le suponga un gasto al contribuyente.
En declaraciones a los periodistas, Planas, quien ha inaugurado
BioCórdoba 2012 en la Diputación cordobesa junto a su presidenta, María
Luisa Ceballos, ha reaccionado así al hecho de que el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado firme la sentencia por la
que declara "espacio protegido no urbanizable" el sector de paraje de El
Algarrobico sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.
La resolución llega después de que el Gobierno andaluz anunciase
que no iba a interponer recurso de casación contra el fallo que anulaba
parcialmente la normativa medioambiental aprobada en 2008 para el parque
natural de Cabo de Gata, al considerar que podría reactivar el "uso
turístico" del hotel.
Planas ha argumentado que la nueva sentencia "es un paso más en lo
que algunos han calificado como un embrollo jurídico", si bien el
consejero lo ve como "una sucesión de procedimientos cruzados", a la vez
que ha recordado que, "tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio
(de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) hemos planteado
claramente que vamos a hacer todo lo necesario" para que, "se proceda a
la demolición" del Algarrobico, "se proceda al reciclaje de los restos y
a la restauración medioambiental y, evidentemente, todas las
sentencias, las que han venido y las que están por venir, son elementos
que contribuirán a la clarificación".
En cualquier caso, Planas ha subrayado que "solo podemos tomar una
decisión de demolición cuando tengamos la seguridad de que, en
definitiva, no pesará sobre la espalda del contribuyente el coste de la
demolición", pues "el colmo de toda esta historia sería que quienes han
incumplido salieran beneficiados y quienes hemos cumplido saliéramos
condenados, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido y espero que
lo podamos resolver".
Rosalía Martín (IU) sobre Algarrobico: "Si de verdad se hace justicia, deberían pagar derribo quienes lo han permitido"
ALMERÍA.- La coordinadora provincial de IULV-CA y diputada andaluza por Almería, Rosalía Martín,
ha demandado que se "pidan" responsabilidades a las administraciones
que "propiciaron" el hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico, en Carboneras, y ha considerado que "deberían pagar los gastos de demolición y de adecuación quienes han permitido que se vulnerara" la ley.
En un comunicado, Martín ha señalado, en la misma línea que el consejero andaluz Luis Planas, que "efectivamente no pueden ser los ciudadanos" quienes paguen con sus impuestos "la aberración"
que supuso la construcción de inmueble de una veintena de plantas y 411
habitaciones aunque ha matizado que es necesario que haya "consecuencias tanto políticas como económicas".
"Si de verdad se hace justicia, deberían pagar quienes lo han permitido", ha indicado para, a continuación, destacar que la "única solución" que cabe al conflicto pasa por cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declara que viola la Ley de Costas
Al hilo de esto, ha recordado que Izquierda Plural elevó al
Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) en la que
entre otras cuestiones se pedía "estudiar la viabilidad de crear una
comisión parlamentaria, en colaboración con la Cámara andaluza y el
pleno del Ayuntamiento de Carboneras para investigar las posibles
responsabilidades patrimoniales, políticas y administrativas que
pudieran existir en los gobiernos anteriores que autorizaron la
construcción del hotel Algarrobico".
"La finalidad es esclarecer los hechos y evitar que la ciudadanía,
por medio de los presupuestos generales del Estado (PGE), tengan que
pagar la descomposición del edificio, cuya construcción fue producto de
una flagrante ilegalidad".
Martín ha destacado la decisión de la Junta de Andalucía a través
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de no seguir
recurriendo las decisiones judiciales que obligan a demoler el hotel
ilegal del Algarrobico, "algo que se lleva pidiendo muchos meses desde Izquierda Unida", ha remarcado.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha
declarado firme por medio de una diligencia de ordenación la sentencia
que restablece la calificación de espacio protegido no urbanizable del
sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel después de que no haya sido
recurrida por la administración autonómica. El fallo anula la normativa
ambiental aprobada por la Junta en 2008 en lo referente al paraje al
estimar que podría "reactivar" el establecimiento.
miércoles, 17 de octubre de 2012
FERRMED lamenta que Fomento invierta en zonas con una rentabilidad "escasa" en lugar del Corredor Mediterráneo
VALENCIA.- El grupo de trabajo técnico de Ferrmed ha
lamentado este miércoles que el Ministerio de Fomento continúa
invirtiendo en zonas de una rentabilidad "dudosa", en lugar de "concentrar los esfuerzos en las zonas que pueden reactivar la economía", como el Corredor Mediterráneo, que representan el 42 por ciento del población y del PIB.
Así, lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa el
secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, junto al miembro del Colegio
de Ingenieros Industriales de la Comunitat, Francisco García Calvo y
Angel Martínez, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para analizar las
cuentas del próximo ejercicio y el Plan de Infraestructuras, Transportes
e Infraestructuras (PITVI 2012-2014).
Las conclusiones de este estudio, que serán remitidas hoy mismo
por correo a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que se echa en
falta "más esfuerzo" para las Mercancías y Cercanías así como ceñir la alta velocidad al Corredor Mediterráneo y el Atlántico.
Además, ha criticado que el tercer carril sólo cuenta con una
asignación de 270 millones, por lo que ha exigido que se acelere su
instalación para que se puedan cumplir los plazos de llegada a valencia
en 2015 ya que en caso contrario se "producirá un cuello de botella" en la calle serrería al tener que pasar las Cercanías, el Euromed, y la Alta velocidad por ahí.
Amorós ha señalado que aunque desconocen el detalle de estos
documentos a partir de la nota de prensa y de los mapas facilitados por
el ministerio constatan que "una vez más se sigue invirtiendo en zonas con escasa rentabilidad"
cuando "en una situación tan crítica como la que atraviesa España hay
que concentrar las inversiones en zonas donde se pueda reactivar la
economía".
"Nadie está en contra de la cohesión territorial pero hay que apuntalar la economía productiva"
porque, ha recalcado Amorós, "el café para todos es imposible ahora, no
nos los podemos permitir y además está sensación cala en Europa, lo que
no nos da ningún prestigio".
En ese sentido, ha considerado "fuera de lugar" que a
Galicia llegue tres AVEs, desde Zamora, León y Asturias, o que incluso
se proyecte una conexión entre Asturias y Extremadura cuando del
conjunto de inversiones prevista en el PITVI de Alta Velocidad al
corredor mediterráneo sólo representan un 18,7 por ciento "muy lejos" del 42 por ciento que las provincias costeras suponen en población y en PIB.
Por todo ello, ha apuntado que la sensación es que "los políticos programas sólo a corto o medio plazo en lugar de a largo plazo" y
además al no presupuestar generan desconfianza entre el empresariado
para poder realizar sus inversiones. Además, ha exigido que los mapas
con las infraestructuras sean "un poco más explícitos" y en ese sentido ha lamentado que han incluido algunas de las líneas que reclamaban pero "sin presupuesto".
Respecto al Presupuesto del próximo ejercicio, critican que las actuaciones para el Corredor Mediterráneo
representan sólo el 29,4 por ciento de las actuaciones presupuestadas
para 2013 a pesar de que el peso socioeconómico de esta infraestructura
es del 42 por ciento y además "no se tiene en cuenta el retraso endémico de 20 años" en esta infraestructura. Además, ha rebatido "el desequilibrio importante" que se da entre "la preponderancia que se da a la alta velocidad" frente a las cercanías y las mercancías que "siguen siendo el pariente pobre".
Frente a ello, proponen que en las próximas cuentas se concentren los esfuerzos del AVE en el Corredor Mediterráneo
y el Atlántico, acelerar la instalación del tercer carril para que se
cumplan las fechas de llegada a Valencia en 2015 y Alicante y Cartagena
en 2016, así como actuar urgentemente en la red de cercanías de
Barcelona, Valencia, Murcia y Málaga.
Del mismo modo, pide que en el PITVI se asigne "claramente" las
partidas presupuestarias y un calendario de ejecución, se reequilibrio
los presupuestos en función del peso socioeconómico, se concentren las
inversiones en los dos grandes ejes transeuropeos, se detalle los planes
de circunvalaciones y cercanías, o se considere la línea
Lorca-Baza-Granada dentro del Corredor Mediterráneo, entre otras.
Cerca del 40% de los andaluces vive en situación de pobreza
SEVILLA.- La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social (EAPN-A) ha hecho público este miércoles, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un informe de
situación titulado 'Pobreza al Alcance de Todos. Pobreza Low Cost' en el
que se denuncia que "casi el 40 por ciento" de la población andaluza
vive en situación de pobreza.
El documento concluye que la pobreza se ha
democratizado y extendido "de manera alarmante" con motivo de la crisis
económica y alcanza ya a más de uno de cada tres andaluces, por lo que
las 41 entidades que forman parte de EAPN-A exigen a las
administraciones "un giro en las políticas y en el modelo económico que
han llevado a esta quiebra social".
En un comunicado, estas entidades apuntan que la "gravedad" de la
realidad se evidencia con un leve acercamiento a los datos. Así, cerca
de la mitad de los andaluces (47,8%) no pueden afrontar gastos
imprevistos y un 9,4 por ciento de los hogares tiene retrasos en los
pagos relacionados con la vivienda --hipoteca, luz, agua, gas,
etcétera--, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2011 del
Instituto Nacional de Estadística (INE). También según el INE, la tasa
de pobreza infantil se ha incrementado "considerablemente" en Andalucía,
alcanzando en 2011 al 36,3 por ciento de los menores.
Asimismo, EAPN-A ha advertido que uno de los datos más
preocupantes es el "desorbitado" aumento de la desigualdad entre ricos y
pobres en España, que multiplica por cinco la media de la eurozona. Una
de las razones de peso en este último dato es la destrucción de empleo,
que se ha triplicado en Andalucía desde el inicio de la crisis. Además,
uno de cada tres andaluces en activo se encuentra en situación de
desempleo, en total más de un millón de personas, y de ellas cerca de la
mitad (42%) no recibe ningún tipo de prestación, según datos de EPA,
INE y SAE.
En lo que se refiere a la vivienda, EAPN-A ha apuntado que
Andalucía lidera tras Valencia, el número de desahucios del primer
semestre de este año (7.133) y encabeza el número de ejecuciones
hipotecarias previstas en España, según el Consejo General del Poder
Judicial.
La organización declara que a esta realidad, "repleta de nuevas
formas de exclusión, discriminación y pérdida de derechos", las ONG
intentan dar respuesta y se han convertido actualmente "en un muro de
contención" ante la quiebra social. No obstante, esta labor, asegura,
está seriamente amenazada por los recortes e impagos de las
administraciones, "que no se pueden prolongar por más tiempo".
Por último, EAPN-A reclama además de un cambio en el modelo de
desarrollo imperante, propuestas tales como: la participación de las
personas en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de las
políticas; evaluaciones más estrictas del impacto de las mismas; que se
impulse la inclusión activa sin limitarla exclusivamente al empleo; la
reactivación de la Estrategia Europea 2020 a la que España se adhirió; y
el uso "efectivo" de los Fondos Estructurales Europeos para luchar
contra la pobreza y la exclusión.
IULV-CA propone "ayudas mínimas" de la Junta a parados de larga duración sin ingresos
SEVILLA.- El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de
Andalucía, José Antonio Castro, ha anunciado que su formación quiere
incluir en los presupuestos de la comunidad para 2013 una partida
económica destinada a establecer una "ayuda mínima" o "salario social"
para los parados de larga duración de la comunidad sin ingresos y en
cuyo núcleo familiar no trabaje además ningún miembro, situación en la
que se encuentran en la actualidad más de 400.000 familias andaluzas.
Así lo ha dicho en el transcurso de una entrevista en Canal Sur
Televisión y en la que ha insistido en la
necesidad de "estudiar" de que, durante unos cuantos meses, estas
familias "puedan recibir una ayuda mínima" próxima al salario mínimo
interprofesional ante la imposibilidad, en estos momentos, de establecer
una renta básica en la comunidad. "Ahí es donde tenemos que aspirar,
pero decirlo hoy sería mentir a la ciudadanía, pero lo que sí vamos a
poner encima de la mesa es hacer un refuerzo importante del conocido en
Andalucía como salario social", ha explicado.
Sobre todo, ha argumentado, porque el Gobierno andaluz "no puede
tolerar de ninguna de las maneras esa bolsa creciente de pobreza que
existe ya en nuestra tierra" ni tampoco que haya hogares que sobrevivan
con "las pensiones de los abuelos y el subsidio que les queda".
"Ante
eso tenemos que actuar", ha recalcado Castro.
Aunque no ha dado muchos detalles, el portavoz parlamentario de
IULV-CA ha señalado que esta propuesta se materializaría en que,
"durante un número determinado de meses" --dependiendo del "dinero con
el que contemos veremos si son tres, seis o nueve meses", ha añadido--,
este casi medio millón de familias andaluzas puedan recibir una "ayuda
mínima" que pueda rozar el salario mínimo interprofesional "o un poco
menos" para que reciban algún tipo de ingreso.
"Vamos a intentar ser lo más solidarios posible para que esos
andaluces, a partir de enero de 2013 o marzo de 2013 puedan recibir
durante unos meses esa ayuda que les alivie algo y que también permita
que haya consumo", algo que Castro considera "necesario" para salir de
la crisis frente a las medidas de la Troika.
La cantidad que la Junta pueda destinar en sus cuentas de 2013 a
este capítulo dependerá también de que el Gobierno cumpla o no con lo
contemplado en la disposición adicional tercera del Estatuto de
Andalucía, algo que IULV-CA reivindicará porque lo "sorprendente", según
Castro, es que "Montoro responda a Centella en el Congreso que el
Estatuto de Andalucía no es una obligación sino una sugerencia".
Preguntado sobre las líneas rojas que IULV-CA marcará en las
cuentas de 2013 como miembro del Gobierno, ha indicado que serán "el
empleo, la salud y la educación", materias que, no obstante, según ha
reconocido, "ya están siendo lesionadas" como consecuencia de los
recortes "que nos vienen dados" del Gobierno y de Europa y que la Junta
de Andalucía intentará proteger "poniendo nombre y apellidos a programas
concretos" que sirvan para defender unos servicios públicos de calidad.
Respecto al sector público, Castro ha señalado que cualquier
"racionalización" que se haga del mismo debe pasar obligatoriamente por
la "transparencia" y el "diálogo y el consenso con los trabajadores" y
sus representantes sindicales y que los despidos "serían el último
argumento al que acogerse". "Habrá que empezar a hablar de movilidad
entre las empresas públicas y habrá que empezar a hablar de moderación
de salarios, pero de despidos será lo último", ha recalcado.
Con todo, el portavoz de IULV-CA en el Parlamento ha admitido que
"lo que no duda nadie es que hay que ganar en eficiencia" y que, para
ello, hay que realizar primero un "diagnóstico" del sector público que
pase por conocer con exactitud cuántas empresas y entes lo componen,
algo que, según ha dicho, su formación ha solicitado ya "de forma
imperiosa" pese a saber que "no es tan fácil delimitar" la composición
de algunas de ellas, ha dicho para justificar que la Junta aún no haya
dado a conocer cuál es el volumen exacto del sector público en la
comunidad.
El TSJA declara firme la sentencia que declara El Algarrobico espacio protegido no urbanizable
ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha declarado firme la sentencia por la que declara "espacio
protegido no urbanizable" el sector de paraje de El Algarrobico, en
Carboneras sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.
La resolución llega después de que el Gobierno andaluz anunciase que no
iba a interponer recurso de casación contra el fallo que anulaba
parcialmente la normativa medioambiental aprobada en 2008 para el parque
natural de Cabo de Gata al considerar que podría reactivar el "uso
turístico" del establecimiento.
El sector ST-1 consta como no urbanizable desde que el 23 de marzo
la Junta publicó en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el
23 de marzo la declaración del paraje de El Algarrobico como espacio
protegido no urbanizable para, así, dar cumplimiento a otra providencia
del Alto Tribunal andaluz que le instaba por segunda vez a ejecutar las
resoluciones judiciales dictadas cautelarmente en este mismo
procedimiento.
La diligencia de ordenación, dictada el pasado día 1 por la
Sección Primera y a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido
elevada por Greenpeace a la sala del TSJA que debe dirimir sobre la
legalidad o ilegalidad de la licencia municipal de obras concedida a la
promotora del hotel, según han informado a Europa Press fuentes
judiciales,.
Las mismas fuentes han precisado que esta documentación se une a
la remisión de las tres resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo
(TS) en las que se dictamina en firme que el hotel invade parcialmente
la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. La sala
deberá ahora acusar recibo y dar traslado a las partes, lo que derivará
en una prórroga para el señalamiento de la votación y fallo para dictar
sentencia.
En la resolución declarada firme, el Alto Tribunal andaluz anulaba
en concreto la inclusión del sector donde se asienta el inmueble de una
veintena de plantas y 411 habitaciones en las zonas C3 o áreas
degradadas del parque natural y sostiene, asimismo, que la modificación
de la planimetría del PORN que la Junta de Andalucía hizo en 1997 y por
la que convertía el paraje en urbanizable "no tiene validez alguna"
porque, según subraya, "no puede cambiarse el nivel de protección de un
área con una mera condición de errores", que, además, "no reunía los
requisitos mínimos".
Cabe recordar que en 1997 la Junta modificó los mapas alegando que
la planimetría en la que el paraje de El Algarrobico aparecía como zona
C1 o de interés general y, por tanto, como no urbanizable era errónea e
la incluyó en las áreas D2 o urbanizable ordenado, lo que daba vía
libre a su uso turístico. Un año después, el Ayuntamiento de Carboneras
aprobaba el Plan Parcial que daría lugar a la posterior concesión de la
licencia de obras para construir el "controvertido" hotel.
La sentencia reprocha al Gobierno andaluz que cambiase el nivel de
protección "fundamentándolo en que las reducidas dimensiones del BOJA
hacía de difícil legibilidad" determinar con certeza en qué zona estaba
incluido el paraje "cuando sin ningún género de dudas" se veía que se
localizaba en subzona no urbanizable y concluye que este cambio "más
bien parece haber sido una triquiñuela" para adaptar la norma
medioambiental del parque natural al planeamiento urbanístico de
Carboneras.
"No puede aceptarse que por un mecanismo tan burdo como una mera
corrección de errores se cambie la proyección de un suelo, pasando de
especial protección a urbanizable", asegura el tribunal para el que la
actuación de la Junta le parece "más bien una triquiñuela para hacer
jugar a la inversa la jerarquización de los planteamientos urbanísticos,
adaptando el PORN a las Normas Subsidiarias del municipio carbonero, lo
que está vedado".
A raíz de estas premisas, y en respuesta a la demanda de
Greenpeace que sostenía que con el PORN de 2008 el Gobierno andaluz
pretendía "dar solución a la existencia del hotel", el TSJA considera
que efectivamente, a través de esta nueva normativa, se "redujo el nivel
de protección" en la zona y, además, se "ampliaron los usos y
actividades" permitidas en la zona al hacer posible nuevas edificaciones
o la rehabilitación de las existentes en las áreas calificadas como
degradadas.
La Junta ve un "arma política" el manifiesto de la Mancomunidad del Almanzora y reitera su "compromiso" con la vía
ALMERÍA.- La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer,
ha reafirmado este miércoles el compromiso del Gobierno autonómico con
la Autovía del Almanzora y ha refutado el manifiesto apoyado por los
alcaldes no socialistas de la Mancomunidad de Municipios del Valle del
Almanzora por el que piden a la Administración autonómica "diga de una vez por todas si se va a continuar con los trabajos" de esta infraestructura al considerar que es una "arma política" del PP contra la Junta.
Ferrer ha manifestado que tanto
el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como la
consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y la consejera de
Fomento y Vivienda, Elena Cortés, han señalado que dicha vía es "clave"
para el desarrollo de la provincia, por lo que es una "apuesta" del
Gobierno andaluz.
Así, ha señalado que entre los tramos que quedan por hacer se
encuentra la licitación de unos cuatro millones de euros para la
variante de Albox, para el que "existe un compromiso de terminar",
y el tramo Purchena-Fines-Huércal-Overa, pendiente de ejecutar mediante
fórmula de colaboración público-privada para la que hay que "revisar"
los términos del acuerdo, pero que está aún "dentro de plazo".
La delegada del Gobierno de la Junta opina que manifiestos como el que han suscrito los 12 alcaldes almerienses "dañan las instituciones", y ha reiterado que con esta acción se ha tratado de usar la Mancomunidad "políticamente, en el sentido más rastrero del término", contra la Junta a un día de la Mesa de las Infraestructuras. "No me extrañaría que tuviera relación", ha apostillado.
Por otra parte, Ferrer ha defendido también la actuación de la
Junta en las carreteras afectadas por el temporal en la comarca del
Levante y ha asegurado que en un plazo de "dos semanas" el Puente
de Carasoles de Zurgena permitirá el tráfico de vehículos pesados, ya
que se ha destinado una partida de 590.000 euros a su reparación, aunque
desde el domingo permite el paso de vehículos, pequeños camiones y
autobuses.
"Me gustará que la Diputación tuviera la misma agilidad",
ha señalado la titular provincial de la Junta antes de enumerar algunas
carreteras dependientes de la Diputación pendientes de arreglar y de
indicar la actitud de la mancomunidad hacia la institución provincial.
Los alcaldes del Almanzora emplazan a la Junta a que diga si se va a terminar la autovía
ALMERÍA.- Los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios
del Valle del Almanzora de Almería, salvo los del PSOE, han apoyado
este miércoles un manifiesto común en el que han solicitado a la Junta
de Andalucía que, mediante un declaración formal e institucional, "diga de una vez por todas si se va a continuar con los trabajos" de la Autovía del Almanzora o, por el contrario, "se paralizan las obras definitivamente".
El presidente de la citada mancomunidad y alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas
(PP), ha lamentado la ausencia de los regidores socialistas, con los
que se había consensuado un manifiesto similar al que se ha rubricado a
excepción del tercer punto, en el que se hace referencia a la
paralización de obras y se indica que "con este nuevo golpe propiciado
por la Junta de Andalucía no solo nos hunden social y económicamente,
sino que nos retrotrae más de 30 años" a la hora de exportar sus
productos.
En rueda de prensa, Salas ha incidido en las dificultades que
supone para las empresas y los ciudadanos de la comarca afrontar sus
desplazamientos, especialmente en la zona del mármol, que adolece una
tasa de desempleo del 60 por ciento, según sus cálculos. En esta línea,
ha apuntado que a las dificultades para exportar la producción, se ha
unido la merma de las infraestructuras a consecuencia del temporal de
'gota fría' de finales de septiembre.
"Los empresarios de Albox han facturado un uno por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado", ha puntualizado el presidente de la mancomunidad, quien han pedido que se agilice la obra, ya que es una "injusticia que se produce desde hace 20 años".
El secretario general de la Asociación de Empresarios del Mármol de
Andalucía (AEMA), José Pastor, ha ahondado también en la importancia de
esta infraestructura para "optimizar costes" y obtener competitividad en el mercado internacional.
En relación a la situación actual, ha manifestado que el temporal
ha conllevado cortes en varias carreteras que obligan a los
transportistas a dar "rodeos" para poder trasladar sus productos, con lo
que se han encarecido el precio de los portes que, por otra parte, ya
se encontraban pactados. Ante casos como este, ha urgido a terminar "de una vez por todas" la autovía en sus tramos.
Durante el acto, al que también ha asistido la alcaldesa de
Caniles (Granada), María del Pilar Vázquez (PA), y representantes de los
empresarios de la comarca, los regidores de Macael, Fines y Olula del
Río han rechazado que se trate de hacer "demagogia" con este asunto sino
que reclaman "las mismas ventajas competitivas que el resto de España".
Por otra parte, el regidor de Alcóntar ha anunciado que a
las 17,00 horas de este miércoles la mancomunidad ha convocado una
manifestación "pacífica" en el Puente de Carasoles de Zurgena para
exigir a la Junta de Andalucía el arreglo de las infraestructuras
dañadas por la 'gota fría', ya que muchas de ellas se mantienen cortadas
al tráfico de vehículos pesados.
El manifiesto firmado por 12 alcaldes de Almería, la alcaldesa de
Caniles y los representantes sociales y empresariales del Valle del
Almanzora expone que la paralización de la Autovía del Almanzora supone
un "ahogo social y económico" para la zona, de manera que "continuar con la incertidumbre"
sobre la finalización de la vía implica "sumir al territorio en un
periodo de recesión, que no solo impide la revitalización presente, sino
que compromete el futuro de nuestros pueblos".
Igualmente, apuntan que la paralización de la autovía hace
"imposible" el desarrollo del sector turístico y la dejaría en situación
"inacabada" con la existencia de "tramos en mal estado y peligrosos".
Asimismo, indican la "tardanza" que supone para los vecinos del Valle
del Almanzora desplazarse hasta el Hospital de Huércal-Overa, con
intervalos de hasta 60 minutos pese a que "está relativamente cerca".
Cajamar y Ruralcaja culminan la fusión
ALMERÍA.- Los presidentes de Ruralcaja, Eduardo Ferrer Perales, y de Cajamar Caja Rural,
Antonio Pérez Lao, han suscrito la escritura de fusión de
ambas entidades, lo que da conclusión al proceso legal aprobado en enero
por las asambleas generales y supone el paso previo para que la fusión
tenga efectos a mediados de noviembre tras la inscripción en el
registro.
Según ha informado Cajamar en un comunicado, a partir de ese
momento iniciará su andadura la nueva entidad resultante del proceso de
fusión, y un mes más tarde, en la segunda quincena de diciembre, quedará
asimismo constituido el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas al que ya han aprobado su integración otras 23 cajas rurales españolas.
La operación se ha demorado cinco meses sobre el calendario
inicialmente previsto para adaptar el proceso de fusión a las exigencias
y condicionantes establecidos como consecuencia de la posterior entrada
en vigor en febrero y mayo de los reales decretos-leyes sobre
saneamiento del sector financiero, en julio del memorando de
entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera y en
agosto del real decreto-ley de reestructuración y resolución de
entidades de crédito.
El presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que la fusión de Cajamar y de Ruralcaja es la iniciativa "de mayor calado y significación" de las llevadas a cabo hasta ahora en el sector de las cooperativas de crédito, puesto que supone la unión de la "primera y la segunda" cajas rurales españolas, y a su vez propicia la unión de los dos grupos financieros cooperativos de mayor tamaño y volumen.
La operación, según ha añadido, contribuirá a fortalecer el sector
cooperativo de crédito en España "impulsando entidades más eficientes y
competitivas, que contribuirán a garantizar el futuro de nuestro
modelo, basado en la proximidad, la calidad del servicio y el apoyo a
los sectores productivos locales".
Por su parte, el presidente de Ruralcaja, Eduardo Ferrer, ha
señalado que el proceso supone participar en una operación de "gran
relevancia para crear una entidad capaz de hacer frente a las cambiantes
exigencias y condicionantes regulatorias para el sector financiero y
cumplirlas con eficacia".
Asimismo ha destacado que se trata de una operación que "garantiza la continuidad de nuestro legado histórico de cooperativa de crédito valenciana" en una entidad de nueva creación, de ámbito nacional, "que seguirá atendiendo y dando respuesta a nuestros socios y clientes".
Ruralcaja, constituida en 1946 como Cooperativa de Crédito Caja
Rural Provincial de Valencia, aporta 433 oficinas, 1.861 empleados,
222.000 socios y 830.000 clientes, 14.655 millones de euros de negocio
gestionado y activos por importe de 9.185 millones. Se trata de la
tercera caja rural valenciana, después de Caja Campo y de Caja Rural
Castellón, que se fusiona con Cajamar Caja Rural.
Por su parte, Cajamar Caja Rural, a 30 de junio, cuenta con
964 oficinas y 4.521 empleados, más de 837.000 socios y 2,5 millones de
clientes, 55.771 millones de euros de negocio gestionado y activos por
importe de 32.999 millones. Es la primera cooperativa de crédito
española, con un coeficiente de solvencia del 14,41 % y un ratio de
capital principal del 14,10 % muy por encima de lo exigido en el real
decreto de medidas de reforzamiento del sistema financiero español.
Desde hace años, tanto Cajamar Caja Rural como Ruralcaja
han venido planteando la necesidad de constituir cajas rurales con más
tamaño para fortalecer y hacer más eficiente y competitivo el sector de
las cooperativas de crédito españolas. A sus proyectos, ya de ámbito
nacional, se han unido en los últimos años otras cajas rurales de
Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Baleares, Canarias y
Comunidad Valenciana.
Desde el lunes, las 588 oficinas pertenecientes a Ruralcaja, las
catorce entidades del Grupo CRM y Caja Rural Castellón comparten la
plataforma tecnológica de Cajamar. En las últimas semanas más de 1,1
millones de clientes han sido informados de todos los detalles relativos
a este proceso de integración de los sistemas informáticos, que a
partir de ahora les da acceso a más de 1.600 oficinas y 1.650 cajeros en
todo el territorio nacional.
Para facilitar la implantación de este cambio tecnológico, Cajamar
y Ruralcaja han enviado a 120 personas a reforzar durante dos semanas
todas las sucursales del Grupo CRM y de Caja Rural Castellón. Asimismo,
se ha reforzado el centro de atención telefónica a clientes con el fin
de que, también a través de este canal, se pueda solucionar cualquier
duda. De esta manera se trata de facilitar la adaptación de empleados y
clientes al nuevo sistema tecnológico.
En los próximos meses se incorporarán también a esta misma
plataforma tecnológica Caixa Rural de Vila-real y Caixa Rural Sant
Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó y Caja Rural de Canarias.
S&P recorta el rating de Andalucía
MADRID.- La agencia de calificación crediticia
Satandard % Poor's (S&P) ha recortado la calificación de cinco
comunidades autónomas después de haber rebajado dos escalones la nota
general de España la semana pasada y haberla dejado al borde del 'bono
basura'.
En concreto, S&P ha rebajado el rating de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y la Comunidad de Madrid. Andalucía y Aragón
pasan así de tener una nota de 'BBB' a una de 'BBB-', mientras que las
otras tres pasan del 'BBB+' al 'BBB-'. Además, la agencia de
calificación ha confirmado el rating de 'BBB-' de las Islas Baleares. Las perspectivas de las seis comunidades se mantienen en negativo.
Esta rebaja se debe a que las regiones españolas del régimen común
no pueden tener una nota superior a la del país soberano, que fue
rebajada dos escalones el pasado 10 de octubre, hasta 'BBB-'.
La rebaja refleja la opinión de S&P de que el Gobierno está
preparado y será capaz de apoyar el servicio de la deuda de las regiones
y financiar sus déficit fiscales en el horizonte temporal que abarcan
sus rantigs.
Esto se llevará a cabo a través del mecanismo de crédito
legalmente establecido denominado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)
que, según S&P, ha comenzado a cubrir "sin problemas y de forma coordinada" el servicio de la deuda financiera de las regiones adheridas.
Inicialmente se ha dotado al FLA con 18.000 millones, una cifra
que, según la agencia de calificación, debería ser suficiente hasta el
final de 2012. Para 2013, el FLA podría contar con una dotación de
alrededor de 32.000 millones.
Para S&P, el Gobierno está mostrando un "fuerte compromiso"
con la deuda de las comunidades, por lo que la rebaja parte de que se
mantendrá el FLA, si es necesario, al menos durante el horizonte de
análisis (2012-2014).
Asimismo, considera que el FLA contará con los fondos suficientes
para cubrir tanto la refinanciación actual de la deuda extranjera como
los objetivos de déficit y que se administrará de un modo "flexible" y
con un alto grado de coordinación con las comunidades. En cualquier
caso, la agencia cree que las seis comunidades solicitará adhesión al
FLA este año o el que viene.
Por otro lado, la decisión de alinear estos ratings con el
soberano se debe también a que S&P cree que las comunidades de
régimen común llevarán a cabo progresos en la consolidación fiscal y
cumplirán de forma aproximada con los objetivos de déficit.
Esta expectativa se fundamenta en el aumento de la supervisión por
parte del Gobierno, que ejercerá un control directo de la gestión de
las comunidades que potencialmente incumplan con los objetivos fiscales,
como se contempla en la ley española de estabilidad presupuestaria.
Miles de estudiantes participan en movilizaciones en Andalucía
SEVILLA.- Varios miles de estudiantes han participado
en las manifestaciones convocadas este miércoles en las capitales de
provincia andaluzas con motivo del segundo día de la huelga convocada en
3º y 4º de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional contra las medidas y recortes llevados a cabo por el
Gobierno central, y que está contando con un porcentaje de seguimiento
de en torno al 80 por ciento en Andalucía.
La secretaria general del Sindicato de Estudiantes en Sevilla,
Laura Calderón, ha explicado a Europa Press que la manifestación con un
mayor éxito de seguimiento se ha dado en la capital hispalense, donde,
según la organización, unos 10.000 jóvenes habrían participado en la
misma con una marcha que ha partido en torno al mediodía de la Plaza de
la Encarnación y ha llegado hasta el Parlamento.
De hecho, la masiva presencia de manifestantes obligó a la Policía
a establecer un dispositivo de control en las inmediaciones y cortar el
tráfico en la avenida de la Resolana y la calle San Juan de Ribera.
Según Calderón, la movilización, que se habría saldado sin incidentes de consideración, ha sido "muy pacífica, pero combativa y reivindicativa". La intención, ha añadido, es "continuar con la lucha",
habida cuenta de que para este jueves 18 de octubre, día en el que se
sumarán a la acción los principales colectivos de padres de alumnos, hay
convocada otra concentración a las 18,00 horas en la Puerta de Jerez.
Esta marcha ha tenido su eco en otras manifestaciones llevadas a
cabo en las capitales de provincia andaluzas. De esta forma, y siempre
según los datos del Sindicato de Estudiantes, unas 5.000 personas han
participado en el acto de Málaga, unas 3.000 lo han hecho en Granada y
en torno al millar en Córdoba.
En lo tocante al paro de la actividad académica, "tanto la jornada del martes como la del miércoles ha tenido bastante éxito",
según la secretaria general del sindicato, que ha aludido al buen
índice de participación en los piquetes informativos y a una respuesta "bastante amplia" de la juventud y la clase trabajadora "contra la política de recortes orquestada por un Gobierno socialmente aislado y cada vez más débil".
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